Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal interpone recurso contencioso tributario de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra los Decretos Nros. 001-04-03-15 del 4.3.2015; DDA-005-017 del 4.4.2017; 001-2018 AMSR del 19.1.2018 y AMA-DA-001-2018 del 15.2.2018, dictados por los Alcaldes de los Municipios Cabimas del Estado Zulia, Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico, Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui y Anaco del Estado Anzoátegui, respectivamente. Ponente Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta.

Por el abogado Manuel Murga, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco Mercantil, C.A. Banco Universal, a los fines de manifestar su interés en el proceso.

Fernando Carrero Silva interpone demanda de nulidad ejercida con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra la Resolución Nro. 01-00-000631 de fecha 7.12.2016, emitida por la Contraloría General de la República. Ponente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel.

Oficio N° 1206 de fecha 3.08.2021, emanado de la Secretaría de la Sala Político Administrativa, mediante el cual remite copia certificada de la decisión núm. 000109 del 27.5.2021, en la cual declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada.

Ricardo García de Longoria interpone demanda de nulidad contra la Resolución Nro. DGSL-3-1-0052 del 20.5.1991, emitida por la Contraloría General de la República. Ponente Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

Se ordenó oficiar al Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de ratificar el contenido de los oficios números 00583 y 00270 de fechas 31.7.2019 y 17.11.2020, respectivamente, en donde se le solicitó remitir copia certificada del acta de defunción del ciudadano Ricardo García de Longoria o cualquier otro documento que permita acreditar el fallecimiento del mencionado ciudadano.

Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal interpone recurso contencioso tributario de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra los Decretos Nros. 001-04-03-15 del 4.3.2015; DDA-005-017 del 4.4.2017; 001-2018 AMSR del 19.1.2018 y AMA-DA-001-2018 del 15.2.2018, dictados por los Alcaldes de los Municipios Cabimas del Estado Zulia, Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico, Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui y Anaco del Estado Anzoátegui, respectivamente. Ponente Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta.

Se acordó oficiar al Juez del Juzgado Distribuidor de Turno de los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas del Municipio Bolivariano Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y aquél que resultó comisionado, para que remita los oficios dirigidos al Juzgado al que correspondió conocer de las comisiones para las notificaciones del Alcalde del Municipio Anaco y del Síndico Procurador Municipal, del referido Estado.

Procuraduría General de la República interpone demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos contra el Laudo Arbitral de fecha 19.2.2018 dictado por el Tribunal Arbitral Independiente de Río de Janeiro de la República Federativa del Brasil, con ocasión a la solicitud de arbitraje intentada por la sociedad mercantil Huntington Ingalls INC., contra el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por incumplimiento del contrato Nro. CGA-CNALO-002-97.

Se acordó oficiar a la Directora General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a los fines de que informe el estado en que se encuentra la rogatoria encomendada.

República Bolivariana de Venezuela por órgano del entonces Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, hoy Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas interpone demanda por cobro de bolívares, ejecución de fianza de anticipo e indemnización de daños y perjuicios contra las sociedades mercantiles Grupo Santa Inés, C.A. y Universal de Seguros, C.A. Ponente Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

Se admitió la reforma de la demanda incoada. En consecuencia, se ratificó la orden de emplazamiento a las sociedades mercantiles Grupo Santa Inés C.A. y Universal de Seguros C.A. Asimismo, se ordenó notificar al Procurador General de la República. Se estableció que la audiencia preliminar se fijará una vez que consten en autos las citaciones de las empresas Grupo Santa Inés C.A. y Universal de Seguros C.A., así como la notificación referida supra. Finalmente, se reiteró que el lapso para dar contestación a la demanda y su reforma, se fijará una vez tenga lugar la audiencia preliminar.