Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

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Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1 AA50-T-2000-001541 20002824

Milagros Angélica Rodríguez, actuando en representación de sus menores hijos Cleibert Vásquez Rodríguez y Gregorio José Vásquez, interpone acción de amparo contra el auto de fecha 29-12-99, dictado por la Sala N° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas

Dada la Licencia otorgada a los ciudadanos Magistrados Doctores Iván Rincón Urdaneta y Antonio José García García, la Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, encargado de la Presidencia de la Sala; Magistrado Doctor José Manuel Delgado Ocando, encargado de la Vicepresidencia de la Sala; con el Magistrado Doctor Pedro Rafael Rondón Haaz, y con los ciudadanos Magistrados Suplentes, Doctores Pedro Luis Bracho Grand y Carmen Zuleta de Merchán, respectivamente.

Se abrió la sesión presidida por el Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, encargado de la Presidencia de la Sala, con la asistencia del Magistrado Doctor José Manuel Delgado Ocando, encargado de la Vicepresidencia; y de los Magistrados Doctores Pedro Rafael Rondón Haaz, Pedro Luis Bracho Grand y Carmen Zuleta de Merchán.

Constituida la Sala Constitucional en el Salón de Audiencias, a las once horas treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), a los fines de que tenga lugar la audiencia Constitucional en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Francisco Vargas, en representación de la ciudadana Milagros Angélica Rodríguez y sus menores hijos Cleibert Vásquez Rodríguez y Gregory José Vásquez Rodríguez, accionante; contra la decisión de fecha 29 de diciembre de 1999, dictada por la Sala Siete de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia de la ciudadana Milagros Angélica Rodríguez y del abogado Francisco Vargas, en representación de la parte accionante; y, de la ausencia del ciudadano Presidente de la Sala Siete de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, accionado. Por último se dejó constancia de la presencia de la abogada Elizabeth Matos, representante del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Francisco Vargas, en representación de la parte accionante. Por último, se le concedió el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público, quien al finalizar su exposición, consignó escrito, el cual se ordenó agregar al expediente. No hubo réplica. Los ciudadanos Magistrados no formularon preguntas a las partes. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente, de las exposiciones de la parte accionante y del Ministerio Público, la Sala observa: que efectivamente no consta en el expediente que el procesado Erick Rafael Vásquez, fue notificado personalmente de la apertura del término para anunciar recurso de casación tal como lo exige el artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dicha falta de notificación a juicio de esta Sala, es una trasgresión al debido proceso al cercenarle la oportunidad al procesado de interponer el recurso al cual tenía derecho.

Las notificaciones deben ser personales, y sólo excepcionalmente puede acudirse a otra forma de notificación no personal, como lo es la boleta fijada en la cartelera del Tribunal. El artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que los Defensores o representantes de las partes, pueden ser notificados en lugar de ellos, pero debe entenderse que tal notificación es personal en el Defensor.

No entiende la Sala, como conociendo la Sala de la Corte de Apelaciones la dirección en donde despacha el Defensor Público Vigésimotercero de Presos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien era el Defensor del procesado, éste no pudo ser notificado personalmente de la apertura del término para interponer el recurso de casación. El Código Orgánico Procesal Penal distingue entre notificaciones y citaciones, sin embargo, la necesidad de notificar personalmente al afectado está contemplada en el artículo 197 eiusdem, mientras, que en materia de citación, también el principio es que se practique personalmente, la cual en caso de urgencia podrá realizase verbalmente por teléfono, correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación interpersonal.

La clara intención del legislador, es que las notificaciones y citaciones se efectuaran personalmente, y que cuando no se localicen a las personas se encargue a la policía, al menos en materia de citación para que se practiquen en el lugar donde se encuentren.

En cuanto a la notificación la intención fue la misma, razón por la cual el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, expresa que las partes indicarán mediante diligencia ante el Secretario del tribual el lugar donde serán notificadas.

Lo anterior significa, que cuando la notificación no se pueda practicar personalmente, la boleta que se expida a esos fines se dejará en la dirección procesal constituida, al igual de lo que se prevé en el Código de Procedimiento Civil en materia de domicilio procesal (artículo 174).

Siendo este el espíritu del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez penal, tiene que tratar de agotar la vía de la notificación personal o de sus sucedáneos, y en ese sentido, sólo de manera excepcional podría notificarse mediante boleta fijada en la cartelera del tribunal.

La Sala está conciente que para el régimen procesal transitorio no se previno un sistema de notificación, ni el Código de Enjuiciamiento Criminal derogado preveía la constitución de un domicilio procesal para el juicio penal; sin embargo, siendo el Código Orgánico Procesa Penal un Código garantista de los derechos fundamentales, vigente este con su régimen procesal transitorio, el Juez debe extremar la diligencia por las notificación personales, y conociéndose quién es el Defensor, y hasta el lugar de reclusión del reo, en las oficinas del primero y a falta de notificación allí, en el lugar de reclusión, debe comunicarse el momento de inicio de los términos procesales que requieran de notificación.

Sólo si todos estos procedimientos resultan nugatorios, podrían los Tribunales penales que desarrollan el régimen procesal transitorio, acudir a otras formas de notificación las cuales serán públicas no siendo la más idónea las fijación de la boleta en las puertas del Tribunal.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Francisco Vargas, en representación de la ciudadana Milagros Angélica Rodríguez y sus menores hijos Cleibert Vásquez Rodríguez y Gregory José Vásquez Rodríguez, accionante.

Se anula la decisión de fecha 29 de diciembre de 1999, dictada por la Sala Siete de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y se ordena la reapertura del lapso para la fundamentación del recurso de casación previa notificación personal del reo o su defensor.

Exp. Nº: 00-2824

2 AA50-T-2001-000364

Los Representantes Judiciales del Instituto Nacional de Canalizaciones interponen Acción de Amparo Constitucional contra decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, de fecha 14/12/00.Ponente Magistrado Doctor Antonio García García.

Constituida la Sala Constitucional en el Salón de Audiencias, a las diez horas treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), a los fines de que tenga lugar la audiencia oral en la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Josgre Hernández Pérez y Gabriela Mejías, apoderados judiciales del Instituto de Canalizaciones, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure, del 14 de diciembre de 2000. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia de los abogados Josgre Hernández Pérez y Gabriela Mejías, apoderados judiciales de la parte accionante. Igualmente, se dejó constancia de la presencia del ciudadano Julián Silva Beja, Juez Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure, accionado; así como de la presencia del tercero coadyuvante, el ciudadano Wenceslao Rodríguez, asistido por el abogado Juan Navarro. Finalmente, se dejó constancia de la presencia de la representante del Misterio Público, Dra. Luisa Elena Monsalve. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Josgre Hernández Pérez, en representación de la parte accionante. Acto seguido, se le concedió el derecho de palabra al ciudadano Juez Julián Silva Beja, accionado; así como al abogado Juan Navarro, en representación del tercero coadyuvante. Por último, se le concedió el derecho de palabra a la ciudadana representante del Ministerio Público. El abogado Josgre Hernández Pérez en representación de la parte accionante, el tercero coadyuvante y su abogado asistente, ejercieron respectivamente el derecho a réplica y contra réplica. Por último, los abogados de la parte accionante, el accionado y la representación del Ministerio Público, consignaron escritos, los cuales se ordenaron agregar al expediente. Los ciudadanos Magistrados no formularon preguntas a las partes. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado Vicepresidente, encargado de la Presidencia, leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: Oídas las respectivas exposiciones del accionante, del accionado, del tercero coadyuvante y de la representante del Ministerio Público, y vista las actas que conforman el expediente, esta Sala observa que: es cierto que conforme al artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, quien interpone un recurso de hecho acompañará copias de las actas del expediente que crea conducente. Pero no es menos cierto que el artículo 306 ejusdem, previene que se puede introducir el recurso de hecho sin acompañar copias de esas actas conducentes, y que el Tribunal lo dará por introducido.

A juicio de esta Sala, es claro, debido a la letra del citado artículo 306, de que el recurrente podía acompañar las copias posteriormente, y el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, señala que el recurso se decidirá en el término de cinco días, desde la fecha en que se acompañen las copias conducentes, si el recurso hubiese sido introducido sin estas copias.

En consecuencia de la norma citada, es que el Juez de la alzada, quien consideró que el recurso de hecho fue introducido sin copias, al no ser estas auténticas, decidiere en el término de cinco días, contados a partir de la fecha de la introducción del mismo, pero ocurrida en tiempo útil la consignación de las copias, tal y como ha sido aceptado por las partes en este proceso, la fecha para decidir se prorrogaba en un término de cinco días a partir de la consignación de las copias certificadas, como en efecto sucedió. Resultado de esta situación, es que el tercero apelante, cuyo interés había sido reconocido, debido a que fue notificado del proceso, quedó en estado de indefensión, motivo por el cual se le infringió el derecho a la defensa contenido en el artículo 49 de la vigente Constitución de la República.

Ahora bien, quiere la Sala señalar, que en un estado social de derecho y de justicia el transcurso de un tan largo período como el ocurrido en el caso de autos, para la decisión de un asunto de interés laboral, obliga a esta Sala aplicar las formalidades legales ajustadas a las expectativas del estado de derecho, como en efecto se hace, pero al armonizarlo con el estado de justicia y la necesidad de una respuesta pronta y eficaz en la demanda laboral, en donde existe el interés social, esta Sala aunque declara con lugar la presente acción de amparo, ordena al Juez de la alzada decidir en tres días de despacho el recurso de hecho interpuesto; y de ser declarado con lugar, resolver la apelación dentro de los términos legales, y así se declara.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Josgre Hernández Pérez y Gabriela Mejías, apoderados judiciales del Instituto de Canalizaciones.

Se anula la decisión dictada en fecha 14 de diciembre de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, con sede en San Fernando de Apure.

Se exonera al Juez de responsabilidad en el presente caso, y no hay condenatoria en costas.

Exp Nº 01-0364

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1 AA50-T-2001-001057

Oficio N° 89-95 de fecha 16 de mayo de 2001, mediante el cual el Juzgado Superior Segundo Agrario del Estado Aragua, Carabobo y Cojedes remite expediente N° 89-95, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los Apoderados Judiciales de los ciudadanos ARMANDO ENRIQUE CEBALLOS, DANIEL JOSÉ RODRÍGUEZ GUILLERMO LÓPEZ CONTRERAS y otros, contra el Juzgado del Distrito Pao y Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Ponente Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA.