Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

N° 207

Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1-AA50-T-2001-000361

Acción de Amparo Constitucional interpuesto por los Apoderados Judiciales del ciudadano Abigaíl Leonardo Medina Quiróz, contra de la decisión de fecha 25/01/01, dictada por la Juez Superior del Tránsito del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Ponente Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores José M. Delgado Ocando, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz.

Constituida la Sala en el Salón de Audiencias, a las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), a los fines de que tuviese lugar la audiencia constitucional en la acción de amparo, intentada por Gladys Dudamel, en representación del ciudadano Abigail Leonardo Medina Quiroz, contra la sentencia dictada por Juzgado Superior del Tránsito, del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 25 de enero de 2001. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia de la Dra. Gladys Dudamel en representación del accionante en amparo; de la no comparecencia del Juez Superior del Tránsito, del Trabajo y Estabilidad Laboral del Estado Lara, accionado. Asimismo se deja constancia de la no comparecencia de la representación del tercero coadyuvante, ciudadanos abogados José Eugenio Ballesteros y Luis Bernardo Meléndez. Finalmente se deja constancia de la presencia de la Dra. Ana María Padilla en representación del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra a la Dra. Gladys Dudamel en representación del accionante, quien expuso sus alegatos con relación a la acción de amparo interpuesta, donde consignó escrito contentivo de su exposición, el cual fue ordenado agregar al expediente. Finalmente se le concede el derecho de palabra a la Dra. Ana María Padilla, en Representación del Ministerio Público, quien después de exponer sus alegatos, consignó escrito contentivo de su alegato, el cual fue ordenado agregar al expediente. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado Presidente leyó la decisión la cual es del siguiente tenor: de las Actas del Expediente; de las exposiciones de la representación judicial del accionante, y del Ministerio Público, la Sala observa: la decisión del 26 de octubre de 1999 dictada por el Juzgado Superior del Tránsito, de Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró con lugar el juicio de calificación de despido, ordenó “el reenganche del actor a su cargo de soldador de primera en la empresa demandada perdidosa” con la respectiva actualización del salario “... como si no hubiera ocurrido la injusta ruptura en las mismas condiciones que ocupaba para la fecha de despido, previo al pago de los SALARIOS CAIDOS cuantificados desde el 20-03-95 fecha del despido, hasta su total readmisión a su centro de trabajo”. Asimismo, en atención al principio de equidad dicho Juzgador ordenó hacer la exclusión del lapso comprendido desde el 19 de marzo de 1997 hasta el 1° de julio de 1999, en virtud de la paralización del proceso sufrida en dicho período y el 15 de agosto de 1999 hasta el 15 de septiembre de 1999, en razón de las vacaciones judiciales.

En ese sentido, se observa que remitido el expediente para la ejecución voluntaria de la sentencia, el 3 de abril de 2000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara ordenó emitir un oficio a la Inspectoría del Trabajo para que informara el salario actual del cargo que desempeñaba el accionante, con el fin de que, una vez que constase en autos dicha información, fijar el lapso para el cumplimiento voluntario de la sentencia de fondo. No obstante, consta de las actas del expediente que este auto fue revocado por el mismo órgano jurisdiccional el 6 de noviembre de 2000, acordándose ordenar por Secretaría el cómputo de los salarios caídos “... desde la fecha del despido con las exclusiones contenidas en la sentencia del Tribunal Superior y con la exclusión de los salarios transcurridos desde el 17 de diciembre de 1999, fecha en la cual el Tribunal ha debido de pronunciarse sobre el cálculo hasta el día del presente auto con base a los salarios establecidos como mínimo por el Ejecutivo Nacional o Ministerio del Trabajo en el transcurso del proceso...”.

De modo, pues, que cuando el Juzgado Superior del Tránsito, de Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, conoció del recurso de apelación interpuesto contra el referido auto del 6 de noviembre de 2000, confirmó el criterio expuesto por él a quo, pues estimó que la vía utilizada para el ajuste del salario había sido la más propicia dado que no podía pretenderse la aplicación de una convención colectiva, no mencionada por el actor, en la solicitud de calificación de despido, e impugnado por el patrono. Asimismo, ratificó la exclusión de un nuevo período para el cálculo del salario, que aunque no estaba incluido en la sentencia de fondo, había sido producto de una nueva paralización procesal. En ese sentido, en la aclaratoria de la sentencia dictada por el mismo agregó que la pretensión del accionante de que se le pagase un salario superior a lo establecido por los ajustes saláriales excedía de lo dispuesto en la sentencia de fondo del 26 de octubre de 1999, y que dicha solicitud escapaba al procedimiento de estabilidad.

En consideración a todo lo expuesto, a juicio de esta Sala, cuando el Juzgado Superior del Tránsito, de Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la dispositiva del fallo de fondo ordenó la actualización del salario que le correspondía al accionante por el cargo que ocupaba en la empresa, dejó a criterio del órgano jurisdiccional pertinente la determinación del mismo, por lo tanto, le correspondía al Juzgado de Primera Instancia ejecutor dictar una experticia complementaria para establecer el medio a través del cual debía ejecutarse lo dispuesto por el Superior. En ese sentido, considera la Sala que los pronunciamientos al respecto que se suscitaron en las dos instancias judiciales mencionadas, en ningún momento contradijeron, como así lo quiso dejar ver la recurrida, lo dispuesto en la sentencia dictada por el Superior, pues sólo se dilucidó la vía idónea de ejecutar lo ordenado por el mismo.

No obstante, efectivamente se constata que cuando por el auto del 6 de noviembre de 2000 dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral, que quedó firme en virtud de la sentencia confirmatoria del 19 de enero de 2000 dictada por el Juzgado Superior, se acordó ordenar por Secretaría el cómputo de los salarios “con las exclusiones contenidas en la sentencia del tribunal Superior y con la exclusión de los salarios transcurridos desde el 17 de diciembre de 1999 fecha en la cual el Tribunal ha debido pronunciarse sobre el cálculo hasta el día del presente auto con base a los salarios establecidos como mínimo por el Ejecutivo Nacional o Ministerio del Trabajo en el transcurso del proceso...”. ¸ Se contrarió lo dispuesto en la dispositiva de la sentencia de fondo dictada por el Juzgado Superior en la cual se ordenó realizar el referido cálculo de salario desde la oportunidad del despido hasta su total readmisión del hoy accionarte a su puesto de trabajo.

De modo, pues, se evidencia que cuando la sentencia accionada confirmó el criterio expuesto por él a quo y ordenó el calculo de los salarios hasta la oportunidad en que se dictó el auto por dicho órgano jurisdiccional de primera instancia, esto es, 6 de noviembre de 2000, modificó el limite en el tiempo del cálculo de los salarios caídos como estaba dispuesto en la decisión de fondo que ordenó el pago de salarios caídos durante todo el procedimiento, con las referidas exclusiones, hasta la definitiva reincorporación del trabajador, violando con ello, a juicio de esta Sala, el derecho fundamental a un debido proceso, específicamente al haberse irrespetado el principio de la cosa juzgada, dado que dicha decisión, no sólo había adquirido firmeza, y, como tal, constituía ley entre las partes y no podía ser modificado por ningún juez, salvo en los casos que la ley expresamente lo permitiere y siempre que los recursos previstos para ese fin fueren oportunamente ejercidos, excepciones éstas que no se concretaron en el caso de autos.

Por todo lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Gladys Dudamel, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano ABIGAIL LEONARDO MEDINA QUIROZ contra la sentencia del 25 de enero de 2001 dictada por el Juzgado Superior del Tránsito, de Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se anula sendas sentencias del 25 de enero de 2001 y el 19 de enero de 2001 dictadas por el Juzgado Superior del Tránsito, de Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y la sentencia del 6 de noviembre de 2000 proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por lo cual se confirma el auto del 3 de abril de 2000 proferido por el mismo órgano jurisdiccional de primera instancia que se dictó en ejecución directa de lo dispuesto en la sentencia de fondo del juicio de calificación de despido dictada por el Juzgado Superior del Tránsito, de Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el 26 de octubre de 1999, que ordenó la reincorporación del accionante, previo el pago de los salarios caídos cuantificados desde la oportunidad del despido, esto es, el 20 de marzo de 1995, hasta su reincorporación efectiva a su puesto de trabajo.

2.AA50-T-2001-001944

Oficio Nº 1271 de fecha 14 de agosto de 2001, mediante el cual la Sala Político-Administrativa de este Tribunal remite Expediente Nº 1999-16459, contentiva de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los Apoderados Judiciales del ciudadano ISRAEL ANTONIO CORONIL PÉREZ, contra la sentencia del 12 de agosto de 1999 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Ponente: Magistrado DR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA.

Acta de Audiencia Constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores José Manuel Delgado Ocando, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz.

Constituida la Sala en el Salón de Audiencias, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), a los fines de que tuviese lugar la audiencia constitucional en la demanda de amparo constitucional interpuesta por los abogados Carlos Miguel Escarrá, Luz María Gil de Escarrá, Victor Robayo de la Rosa y Gustavo Martínez Morales, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Israel Antonio Coronil Pérez, contra la sentencia dictada el 12 de agosto de 2001, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia los abogados Luz María Gil de Escarrá y Gustavo Martínez Morales, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Israel Antonio Coronil Pérez, demandante; de la no presencia del ciudadano Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, demandado; de la presencia del abogado Guillermo Maurera, apoderado judicial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, tercero coadyuvante; y por último, se dejó constancia de la no presencia del representante del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Gustavo Martínez Morales en representación del demandante, quien expuso sus alegatos con relación a la acción de amparo interpuesta. Finalmente, se le concedió el derecho de palabra al abogado Guillermo Maurera, representante del Tercero Coadyuvante. Las partes asistentes consignaron escritos contentivo de sus alegatos, los cuales fueron ordenados agregar al expediente. Las partes ejercieron el derecho a réplica y contra réplica. Los Magistrados no formularon preguntas a las partes asistentes. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el ciudadano Magistrado que presidió la sesión, leyó la decisión la cual es del siguiente tenor, de las actas del expediente, de las exposiciones del demandante y del tercero coadyuvante, la Sala observa que: se invoca como fundamento de la acción de amparo la violación de derechos constitucionales que se configuró, a juicio del accionante, cuando la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo al dictar la decisión accionada que, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido contra la sentencia del 24 de abril de 1998 dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa, “en vez de evaluar las pretensiones deducidas en el recurso de nulidad, los términos en que quedó trabada la litis, las defensas opuestas y los hechos controvertidos”, pasó a analizar un hecho ajeno al fondo de la controversia, como lo era el reintegro de la suma otorgada al accionante por el entonces Ministerio de Educación.

A tal efecto, en primer lugar observa esta Sala que, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo consideró configurado el vicio de la incongruencia de la sentencia sometida a apelación, por cuanto detectó que el Tribunal de la Carrera no había emitido el pronunciamiento correspondiente a los argumentos expuestos por la entonces apelante, sustituta del Procurador General de la República, declarando así, la nulidad de la sentencia apelada y conociendo del fondo de la controversia en atención a lo dispuesto en el artículo 209 eiusdem, motivo éste por el cual no le estaba dado a dicho juzgador la potestad de analizar los razonamientos expuestos por el a quo como así lo pretendió el solicitante.

Ahora bien, si tal como alegó el accionante para que se configurase la causal de destitución consagrada en el artículo 62 numerales 2 y 3 de la Ley de Carrera Administrativa, es necesario que exista la comprobación previa de los hechos imputados, esta Sala observa que en el caso bajo examen, el hecho estaba por sí mismo plenamente demostrado pues el referido accionante reconoció que no había reintegrado el dinero que le había sido otorgado por el entonces Ministerio de Educación. Ahora con respecto al criterio objetivo que pudiera utilizarse como guia para determinar la intencionalidad y el posible daño que se pudo haber ocasionado al patrimonio de la República, el artículo 208 del Reglamento General de la Ley de la Carrera Administrativa, consagra el supuesto de que en caso de cancelación del viaje el funcionario que haya recibido viáticos debe en un plazo no mayor de cinco días laborales, contados a partir de la notificación de la cancelación o del regreso reintegrar la cantidad que se le hubiere asignado.

En este sentido, considera esta Sala que cuando la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo centró el análisis de sus razonamientos en el referido artículo 208 del Reglamento para declarar la conformidad del acto impugnado, no se apartó del fondo de la controversia, sino contrariamente a lo expuesto por el solicitante se pronunció sobre las pretensiones expuestas en el recurso de nulidad, pues expresó las razones por las que consideraba se le había causado un daño al patrimonio de la República, haciendo uso del citado criterio objetivo para determinar el elemento intencional que se desprendía, a su juicio, del transcurso de trescientos sesenta y un (361) días para que operase el reintegro del dinero otorgado en viáticos, y que asimismo –añadió- no fue reintegrado sino después del inicio de una investigación administrativa disciplinaria contra el referido funcionario. Además se consagró que la referida Corte desestimó los argumentos de vicio de abuso de autoridad denunciado, falso supuesto y violación del principio de razonabilidad alegados por el accionante con base en posiciones sustentadas en razonamientos y normas positivas del ordenamiento jurídico, cumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil.

De modo, pues, que del análisis de las actas que cursan en el expediente esta Sala considera que en la sentencia accionada sí existe la motivación que responde al estudio y razonamiento de los argumentos y defensas expuestas por ambas partes del juicio principal, pues se explanaron plenamente las razones por las cuales se apreciaron y se desestimaron las pretensiones del entonces recurrente, por lo que no siendo la sentencia como ha señalado en anteriores oportunidades esta Sala, un acto arbitrario que responde a la voluntad del juzgador, resulta forzoso declarar que en el caso bajo examen, no se configuró la violación de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica invocados, pues se satisfizo el objeto del recurso de nulidad, y se declaró la validez del acto impugnado, esto es, la resolución del entonces Ministerio de Educación, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y así se decide.

Por todo lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la presente acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Carlos Miguel Escarra, Luz María Gil de Escarra, Victor Robayo de la Rosa y Gustavo Martínez Morales, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano ISRAEL ANTONIO CORONIL PÉREZ contra la sentencia del 12 de agosto de 1999 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Se deja sin efecto la medida cautelar acordada por esta Sala en fecha 31 de agosto de 2001.

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1-AA50-T-2001-002416

Oficio N° 1740 de fecha 18 de octubre de 2001, mediante el cual la Sala Político administrativo de éste Máximo Tribunal remite expediente N° 1999-16297, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos CARLOS RAFAEL ALFONZO MARTÍNEZ, RAFAEL SALAZAR BLANCO Y MIGUEL EDUARDO BARRETO, contra el Acta de Embargo Preventivo N°CO-DRN-DRN-DRRA-RSB-001/99 de fecha 29/01/99 y el Acta de Verificación Fiscal del mismo Número y fecha. Ponente Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Recepción del expediente relativo a la declinatoria de competencia

2-AA50-T-2001-002417

Oficio Nº 374-2001 de fecha 19 de octubre de 2001, mediante el cual el Juzgado Superior cuarto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite Expediente Nº 11833, contentivo del Recurso de Revisión interpuesto por la Apoderada Judicial de la ciudadana PETRA DEL VALLE VALDIVIEZO, contra el auto dictado por el Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 20 de febrero de 2001. Ponente: Magistrado DR. IVÁN RINCÓN URDANETA.

Recepción del expediente relativo al recurso de revisión

3-AA50-T-2001-002418

Escrito presentando ante la Secretaría de la Sala el 25 de octubre de 2001, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Representante de la ciudadana ROXANA DE JESÚS APONTE ESPINOZA, contra decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 26/4/01. Ponente Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA.