Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

N° 7

Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1.-AA50-T-2000-001649-20002914

Acción de Amparo Constitucional, mediante el cual el abogado Antonio Mantilla Little, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Néstor Guillermo Angola Strauss, contra las sentencias emanadas del Juzgado Quinto de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Presidente Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera y los Magistrados Doctores José M. Delgado Ocando y Pedro Rafael Rondón Haaz. El ciudadano Magistrado Doctor Antonio José García García, no asistió a la sesión por motivos justificados.

Constituida la Sala Constitucional en el Salón de Audiencias, a las diez horas treinta minutos de la mañana ( 10:30 a.m.), a los fines de que tenga lugar la audiencia oral en la demanda de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Néstor Guillermo Angola Strauss, representado por el abogado Antonio Mantilla Little, contra la decisión dictada por la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 24 de mayo de 2000. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano Néstor Guillermo Angola Strauss, representado por el abogado Antonio Mantilla Little, parte demandante; así como de la no comparecencia del ciudadano Juez Presidente de la Sala n° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, presunto agraviante. Igualmente, se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano Carlos Armando Angola Strauss, asistido por el abogado Rodrigo Díaz Capriles, como tercero interviniente. Por último, se dejó constancia de la no comparecencia de la representación del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Antonio Mantilla Little, en representación del ciudadano Néstor Guillermo Angola Strauss. Acto seguido, se le concedió el derecho de palabra al abogado Rodrigo Díaz Capriles, en representación del tercero interviniente. Luego, a finalizar sus respectivas exposiciones, consignaron documentos, los cuales se ordenaron agregar al expediente; después, las mismas, ejercieron el derecho a réplica y contrarréplica. Los ciudadanos Magistrados Doctores Jesús Eduardo Cabrera Romero y Pedro Rafael Rondón Haaz, formularon preguntas a las partes, las cuales fueron debidamente respondidas. En este estado, la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente, de las respectivas exposiciones del accionante y del tercero interviniente, la Sala observa: PRIMERO: No concuerda la Sala con la apreciación de la Corte de Apelaciones según la cual, la exigencia de apelar a través de un escrito debidamente fundado, “alude a la necesidad de indicar la fuente normativa que concede el medio recursivo y los casos legalmente establecidos para ejercer dicho derecho”, aserto que queda contradicho por el principio general según el cual el juez conoce el Derecho. Es criterio de la Sala que la decisión de primera instancia es un auto que, en el caso concreto, causaba un gravamen irreparable ya que resultaba imposible su reparación por la definitiva por el hecho de que ésta la precedió. Tampoco podía interpretarse que dicho gravamen podía ser reparado en un juicio distinto y civil. Tampoco comparte la Sala el argumento según el cual la vía de impugnación idónea era el recurso de revocación, debido a que éste sólo procede contra los autos de mera sustanciación, naturaleza ésta que no es la que corresponde a la decisión impugnada. Así se declara. En consecuencia, la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas ha debido admitir la apelación interpuesta contra el auto del Juzgado Quinto de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictado el 2 de mayo de 2000, de conformidad con lo previsto por el artículo 439, cardinal 5, del Código Orgánico Procesal Penal y así se declara. SEGUNDO: Visto que la medida cautelar decretada por el suprimido Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas fue dictada con la finalidad de asegurar el presunto objeto pasivo del delito; visto que la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar fue decretada con base en la disposición establecida en el artículo 71 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal; visto que el proceso penal del cual pendía la medida finalizó una vez que fue declarada terminada la averiguación sumaria y esta decisión quedó definitivamente firme, la Sala considera que la demanda de amparo resulta procedente por haber sido vulnerado el derecho al debido proceso del demandante, ya que, una vez extinguida la acción penal por la declaración jurisdiccional definitivamente firme de prescripción, debían, asimismo, cesar todos los efectos derivados de ese proceso penal y extinguirse junto con éste cualquier providencia que hubiere sido tomada con la finalidad de asegurar las resultas del proceso de naturaleza penal y no las de un eventual juicio civil. Por tanto, la Sala nº 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ha debido admitir la apelación interpuesta y revocar la decisión denegatoria de primera instancia y, al no hacerlo, violó el derecho al debido proceso del demandante, quien se vio sometido a una ilegítima ultractividad de un proceso extinguido. Así se declara. En consecuencia, los autos deberían ser remitidos a esa sede para que actúe según lo expuesto en el presente fallo; sin embargo, para evitar mayores dilaciones procesales en el restablecimiento de la situación jurídica infringida, y ante la evidencia del derecho que asiste a la parte actora, la Sala acuerda, por sí misma, el levantamiento de la medida denegado por los jueces penales. Así se decide. TERCERO: Es pertinente aclarar que no hay evidencia en autos de que se hubiere producido la violación del derecho de propiedad, por cuanto no está comprobada sino, por el contrario, discutida, la propiedad del inmueble objeto de la medida, respecto del cual sólo se ha debido ordenar el levantamiento de la medida que sobre él pesaba. Es al juez civil, y no al penal ni a esta Sala, al que corresponde determinar la titularidad del bien, asunto que no ha sido discutido en esta sede. Así se declara.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. CON LUGAR la demanda de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano NÉSTOR ANGOLA STRAUSS contra la decisión dictada por la Sala n° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 24 de mayo de 2000, la cual REVOCA.

2. ACUERDA el levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar acordada por el extinto Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 30 de septiembre de 1993 sobre el inmueble constituido por una casa quinta de dos plantas constituida en un terreno compuesto de tres parcelas adyacentes situado en la Parroquia San Juan, Urbanización El Pinar, El Paraíso, Municipio Libertador del Distrito Capital, con una superficie de un mil quinientos dieciocho metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados (1.518, 75 M2), identificada con el nombre de “Los Néstor” y alinderada, por el Norte: con Avenida E; Sur: lotes n^os 147, 148 y 149; Este: Lote nº 128 y Oeste: lote nº 124 y cuyos datos de registro no constan en autos por lo que deberán ser proporcionados a esta Sala por la parte actora.

3. Y ORDENA se oficie al ciudadano Registrador Subalterno competente informándole que ha sido levantada la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el suprimido Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas referida en el aparte anterior.

2.-AA50-T-2001-000407

Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Apoderado Judicial de los ciudadanos MANUEL FERNANDEZ RODRÍGUEZ y GLADYS YOLANDA DELGADO, contra decisión dictada por el Juez intinerante Dr. José E. Rodríguez Noguera del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 25/10/00. Ponente Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores José M. Delgado Ocando y Pedro Rafael Rondón Haaz. El Magistrado Doctor Antonio José García García, no asistió por motivos justificados.

Constituida la Sala en el Salón de Audiencias, a las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), a los fines de que tuviese lugar la audiencia constitucional en la acción de amparo intentada por el abogado Over Arnesto Cipriani González, apoderado judicial de los ciudadanos Manuel Fernández Rodríguez y Gladys Yolanda Delgado, contra sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 25 de octubre de 2000. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia de los abogados Over Arnesto Cipriani González y Dielixa Caballero, representantes judiciales del accionante en amparo; de la no presencia del ciudadano Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, accionado. Igualmente se deja constancia de la presencia de los abogados Juan Pablo Livinalli y Jorge Kiriakidis Longhi, representantes judiciales del ciudadano Antonio José Rodríguez Guzmán, tercero coadyuvante Finalmente se deja constancia de la presencia de la Dra. Ana María Padilla, representante del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra a la abogada Dielixa Caballero, en representación del accionante, quien expuso sus alegatos con relación a la acción de amparo interpuesta. Acto seguido, se le concedió el derecho de palabra al abogado Juan Pablo Livinalli, en representación del tercero coadyuvante. Finalmente se le concedió el derecho de la palabra a la representante del Ministerio Público. Al finalizar ésta consignó escrito contentivo de sus alegatos, los cuales fueron ordenados agregar al expediente. Las respectivas representaciones de las partes presentes Dra. Dielixa Caballero, Jorge Kiriakidis y Ana María Padilla, hicieron uso del derecho a réplica y contra réplica. Los Magistrados no realizaron preguntas. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado Presidente leyó la decisión la cual es del siguiente tenor: oídas las respectivas exposiciones del accionante, del tercero coadyuvante y de la representante del Ministerio Público, y vista las actas que conforman el expediente, esta Sala observa: la parte accionante alega que la sentencia accionada le transgredió su derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución, por cuanto la misma fue dictada por un tribunal incompetente por el territorio, por la cuantía y por el grado. Ello en razón, por una parte, de que el 14 de septiembre de 1993 se creó la Circunscripción Judicial del Municipio Vargas, y posteriormente se amplió a toda la Jurisdicción del Municipio Vargas el recién creado Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Municipio Vargas del Distrito Federal; y, por la otra, de que mediante Decreto presidencial se modificó la cuantía que deben conocer los Juzgados Superiores contra las sentencias que conozcan en apelación.

Al respecto, esta Sala debe indicar que, salvo los casos previstos en la última parte del artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, la incompetencia por el territorio no es de orden público, de allí que, en caso de presentarse una incompetencia de este tipo, de manera sobrevenida, tal como ha sucedido en el caso de autos, la parte interesada debe alegar dicha incompetencia en la primera oportunidad procesal siguiente a la alteración de la misma, so pena de operar la sumisión tácita a ese foro. Ello así, en el caso de autos no se evidencia que la parte accionante, en el juicio donde se generó la presunta transgresión constitucional, haya alegado en la primera oportunidad procesal la incompetencia por el territorio, de manera que, conforme a lo indicado supra, operó la sumisión tácita al fuero del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, mal podría ahora accionar en amparo alegando tal situación.

En lo que respecta a la incompetencia por el valor, se debe indicar que la preclusión para alegarla se consuma con el pronunciamiento de primera instancia, según lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. De manera que, siendo que la sentencia de primera instancia fue dictada el 5 de mayo de 1993, y la apelación fue oída el 29 de septiembre de ese mismo año, esto es, con anterioridad a que se modificara la competencia por la cuantía, resulta obvio que para la oportunidad en que se dictó la decisión de primera instancia y la alzada asumió el conocimiento de la apelación, el valor de la demanda se encontraba dentro de la cuantía estipulada para que dicha causa tuviera apelación y, por tanto, perfectamente ajustado a derecho la competencia por la cuantía del Juzgado accionado en amparo, razón por la cual, esta Sala también desestima en este sentido la pretensión de la parte accionante en amparo.

Por último, en cuanto a la aludida incompetencia funcional, esta Sala debe indicar que, al haber sido dictada la sentencia accionada por un Juzgado de Primera Instancia, jamás la alzada podría ser conocida, tal como lo pretende el accionante en su escrito, por otro juzgado de Primera Instancia, dado que con ello se desnaturaliza el principio de la doble instancia consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, por lo cual, estando el valor de la demanda dentro de lo estipulado por la cuantía y siendo dictada la sentencia por un Tribunal de Primera Instancia, resulta claro que el Juzgado Superior accionado en amparo sí tenía competencia funcional para dictar la decisión, y en tal sentido, esta Sala desecha dicho alegato. La Sala no encuentra que exista violación constitucional alguna y menos la prevista en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara sin lugar la acción de amparo interpuesta por el abogado Over Arnesto Cipriani González, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Manuel Fernández Rodríguez y Gladys Yolanda Delgado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 25 de octubre de 2000.

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1.-AA50-T-2002-000074

Oficio N° 9385 de fecha 03 de enero de 2001, mediante el cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remite expediente N° 8600, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos ASMA ABDUL HADI DE LOERO y LUIS ANTONIO LOERO ROJAS, asistido por los Abogados FAIEZ ABDUL HADI B. y JOSÉ VICENTE MARCANO URRIOLA, contra el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Ponente Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA.

Recepción del expediente de amparo en apelación

2.-AA50-T-2002-000075

Oficio Nº 9384 de fecha 03 de enero de 2002, mediante el cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite Expediente Nº 8632, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados ALEJANDRO BOUQUET GUERRA y ANIELLO DE VITA CANABAL, en su carácter de Apoderados Judiciales de los ciudadanos MARÍA LUISA REDAELLI DE DETTO, PAOLA SABINA DETTO REDAELLI, ANNA LISA DETTO REDAELLI y ROBERTO DETTO REDAELLI, contra la decisión del 21 de mayo de 2001, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Ponente: Magistrado DR. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO.

Recepción del expediente de amparo en apelación

3.-AA50-T-2002-000076

Oficio Nº 9382 de fecha 03 de enero de 2002, mediante el cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite Expediente Nº 8627, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados SANTIAGO HERNÁNDEZ, VESTALIA HURTADO DE QUIRÓZ, VESTALIA MARÍA QUIRÓZ HURTADO e INGRID BORREGO, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil D-TODO IMPORT, EXPORT, TRAIDING y DISTRIBUITOR, CD, C.A., contra la sentencia dictada el 23 de mayo de 2001, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Ponente: Magistrado DR. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO.