Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

N° 95

Se abrió la sesión presidida por el Presidente Magistrado Doctor IVÁN RINCÓN URDANETA, con la asistencia del Vicepresidente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO y los Magistrados Doctores, PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, JOSÉ DELGADO OCANDO y ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA.

Se aprobaron y publicaron las siguientes sentencias

1.- AA50-T-2001-001532

SALA ACCIDENTAL

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 11 de julio de 2001, contentivo del Recurso de Revisión intentado por los ciudadanos GLADYS JOSEFINA JORGE SAAD (vda.) DE CARMONA y RAMÓN OSCAR CARMONA JORGE, asistidos de Abogados contra sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de éste Máximo Tribunal. Ponente Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA.

Sentencia N° 956 de fecha 21 de mayo de 2002, presentada por el Magistrado Dr. JOSÉ DELGADO OCANDO, mediante el cual CORRIGE de oficio error material advertido y declaró IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria propuesta por la ciudadana Gladys Jorge Saad (vda) de Carmona. Exp N° 01-1532.

2.- AA50-T-2002-000467

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 25 de febrero de 2002, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano OCTAVIO CASTELLANOS, Defensor del ciudadano EDMUNDO RAFAEL RIVAS GASCÓN, contra la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. Ponente Magistrado Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA.

Sentencia N° 957 de fecha 21 de mayo de 2002, presentada por el Magistrado Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA, mediante declaró SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Octavio Rafael Castellanos Zacarías. Exp N° 02-0467.

Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1.- AA50-T-2001-001035

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 22 de mayo de 2001, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por las Apoderadas Especiales del ciudadano ROBINSÓN TOMAS RODRÍGUEZ MALDONADO, contra los autos de fecha 12/3/01, dictados por la Sala Seis de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Ponente Magistrado Dr. PEDRO LUIS BRACHO GRAND.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión bajo la presidencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores José Manuel Delgado Ocando, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz. El Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, no asistió por motivos justificados.

Previamente la Sala se constituyó en el Salón de Audiencias, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), para que tuviese lugar la audiencia constitucional con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Esther Bigott de Loaiza y Carmen Isabel Vargas Pérez, en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano Robinsón Tomás Rodríguez Maldonado, contra las decisiones del 12 de marzo de 2001, dictadas por la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia de las abogadas Esther Bigott de Loaiza y Carmen Isabel Vargas Pérez, en su carácter de representantes de la parte demandante; de la no comparecencia del ciudadano Presidente de la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, demandado, y por último, se dejó constancia de la presencia de la abogada Luisa Virginia González, representante del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra a la abogada Esther Bigott de Loaiza, en representación de la parte demandante, quien expuso sus alegatos con relación a la acción de amparo interpuesta y finalmente, se le concedió el derecho de palabra a la abogada Luisa Virginia González, representante del Ministerio Público, quien consignó escrito contentivo de sus alegatos, el cual fue ordenado agregar al expediente. Las partes asistentes no ejercieron el derecho de réplica y contra réplica. Los Magistrados no formularon preguntas a los asistentes. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Luego de la deliberación, el ciudadano Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente, de las exposiciones del demandante y de la representación del Ministerio Público, la Sala observa que: El objeto del presente amparo lo constituyen las decisiones del 12 de marzo de 2001, mediante las cuales la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó en la causa seguida al hoy accionante, se practicara el cómputo de las audiencias transcurridas desde el 5 de febrero de 2001 y posteriormente que se remitieran las actuaciones al Juzgado Decimoséptimo en función de juicio del mismo Circuito Judicial Penal por considerar vencido el lapso para anunciar el recurso de casación sin que ninguna de las partes lo haya anunciado.

La defensa del accionante alega que tales decisiones son vulneratorias de los derechos a la defensa, al debido proceso y “a recurrir del fallo”, con fundamento en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 192 al 206 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, hizo la notificación de la sentencia mediante llamada telefónica efectuada a la oficina donde labora la representación judicial del accionante y recibida por la secretaria de dicha oficina.

La Sala estima que efectivamente no consta en autos que se haya hecho la notificación de la sentencia dictada el 15 de enero de 2001 por la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible, por no cumplir los requisitos exigidos en los artículos 428 y 445 del entonces vigente Código Orgánico Procesal Penal, la apelación interpuesta por los defensores del accionante, Robinson Tomás Rodríguez Maldonado, contra la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2000 por el Juzgado Décimoséptimo en función de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que condenó al mencionado imputado por el delito de concusión.

Así las cosas, la Sala observa que en el presente caso, no consta en autos la notificación efectiva del accionante, del fallo cuestionado, toda vez que, a pesar de que se dejó constancia de haber efectuado llamada telefónica a su entonces defensor, dicha forma de notificación resulta insuficiente en este supuesto y constatándose que las respectivas boletas de notificación cursan en autos, de las mismas no se evidencia su recibo, por lo cual, no puede entenderse que se haya puesto al accionante en pleno conocimiento de la decisión condenatoria.

En este sentido, los artículos 192, 196, 197 y 199 del entonces vigente Código Orgánico Procesal Penal, reproducidos en los artículos 175, 179, 180 y 182 del actual Código, establecen la forma, lugar y modo de realizar las notificaciones en el proceso penal, de los cuales se desprende la obligación del Juez de notificar sus decisiones a través de boletas de notificación, dirigidas al procesado o su representante legal.

La notificación errónea equivale a falta de notificación y priva al condenado del conocimiento de la sentencia definitiva de la segunda instancia y le impide el ejercicio de los recursos procesales contra ella, como sería el recurso de casación.

En el presente caso, tal como se señaló ut supra, el trámite procesal -notificaciones- llevado a cabo por la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones infringió lo dispuesto en los artículos antes mencionados, por lo cual, a juicio de esta Sala, impidió al accionante ejercer sus defensas, previo a la decisión accionada, e igualmente le impidió ejercer el correspondiente recurso en contra de la misma, con lo cual le fueron infringidos los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. En consecuencia, se ordena a la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, notifique formalmente a las partes de su fallo dictado el 15 de enero de 2001.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Esther Bigott de Loaiza y Carmen Isabel Vargas Pérez, defensoras del ciudadano ROBINSON TOMÁS RODRIGUEZ MALDONADO, contra las decisiones del 12 de marzo de 2001, dictadas por la Sala Nº 6 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y en consecuencia se anulan las referidas decisiones y se REPONE LA CAUSA al estado que se notifique formalmente a las partes de su fallo dictado el 15 de enero de 2001, a los fines legales consiguientes.

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1.- AA50-T-2002-001195

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 21 de mayo de 2002, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano JESÚS JOAQUÍN CAMPOS GÓMEZ, en su carácter de Apoderado Judicial de la empresa ASFALTOS DELTA, C.A. (ASDELCA), contra decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro, de fecha 01/04/02. Ponente Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA.