Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

N° 17

Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1.- AA50-T-2000-001908-20002295

Plásticos Ecoplast, c.a., interpone acción de amparo contra la Juez del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Magistrado Ponente .Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Vicepresidente de la Sala, Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y con la asistencia de los Magistrados doctores José M. Delgado Ocando, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz. El Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, no asistió por motivos justificados

Constituida la Sala en el Salón de Audiencias, a las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), a los fines de que tuviese lugar la audiencia constitucional en la acción de amparo intentada por el abogado HUGO LUIS DAM SUAREZ, representante judicial de la Sociedad Mercantil PLÁSTICOS ECOPLAST C.A., contra sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, el 23 de febrero de 2000. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia del abogado HUGO LUIS DAM SUAREZ, representante judicial del accionante en amparo; de la no presencia del Juez Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción del Estado Miranda, accionado. Igualmente se deja constancia de la no presencia del ciudadano Pio Segundo Delgado, tercero coadyuvante Finalmente se deja constancia de la presencia de la doctora Luisa Virginia González, representante del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado HUGO LUIS DAM SUAREZ, en representación del accionante, quien expuso sus alegatos con relación a la acción de amparo interpuesta. Acto seguido, se le concedió el derecho de la palabra a la representante del Ministerio Público. Al finalizar ésta consignó escrito contentivo de sus alegatos, los cuales fueron ordenados agregar al expediente. Las partes presentes hicieron uso del derecho de réplica y contra réplica. El Magistrado doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, realizó pregunta a la parte accionante, la cual fue debidamente respondida. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado Presidente Encargado leyó la decisión la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente; de la exposición de la representación judicial del accionante y del Ministerio Público, la Sala observa: que es cierto que una persona que no ha sido demandada, no puede ser condenada, y que en consecuencia exista cosa juzgada contra ella.

En el caso de autos, se demandó a una persona aparentemente inexistente, denominada Inversiones IRS Ecoplast, cuyos datos de registro, aparentemente no fueron aportados por el demandante, y sin que se especifique que Inversiones IRS Ecoplast, sea la denominación de un fondo de comercio, a pesar de que se demanda a dicha empresa en la persona de su dueño Roberto Rosas.

Llama la atención a esta Sala, que no habiendo sido demandado Plásticos Ecoplast C.A., su representante Roberto Rosas, el 21 de mayo de 1999, procedió a darse por notificado en el juicio por calificación de despido, y acto seguido otorgó poder apud acta a los abogados que asumieron la representación de Plásticos Ecoplast C.A. en la Primera Instancia.

Los apoderados constituidos dieron contestación a la demanda, en nombre de Plásticos Ecoplast C.A., y formalmente no opusieron la falta de cualidad de la demandada, sino que condicionalmente expresaron “el demandante no ha indicado los datos de registro de nuestra representada, para saber así, si efectivamente está demandando a Ecoplast, o si por el contrario, a otra empresa, como se indica en el acta de amparo, de nombre IRS, caso en el cual opondríamos nuestra falta de cualidad”. Exige el Código de Procedimiento Civil en su artículo 506, que se prueben las afirmaciones, mientras que el artículo 170 eiusdem crea el deber en las partes de aseverar la verdad. La verdad no está sujeta a condiciones, ella es una sola, y por lo tanto la falta de cualidad invocada condicionalmente, no puede estar sujeta a si se consignaron o no unos datos de registro. O se tiene, o no se tiene la cualidad.

Quien contesta la demanda, Plásticos Ecoplast, C.A., procede a negar una serie de hechos de la relación laboral, que sólo puede hacerlo quien los conoce, y entre esos hechos niega que el patrono sea Inversiones IRS Ecoplast, lo que significa que el patrono es otro, el cual no señala, quien contesta la demanda, y al no hacerlo, opone una defensa insuficiente.

La conjugación de estos hechos, permite a la Sala concluir, que si bien es cierto, que literalmente Plásticos Ecoplast C.A., no fue mencionada en el libelo como demandada, asumió tal condición, y procedió a crear una relación procesal, la cual en materia laboral, adquiere una especial significación.

Tal situación crea una aceptable laxitud en la identificación del demandado, correspondiéndole a éste utilizar todos los medios de defensa a fin de que se identifique con precisión quien es el demandado.

Con tal carga no cumplió el hoy accionante en el proceso laboral, ya que no sólo se dio por citado, sino que procedió a contestar el fondo, y con ello a juicio de esta Sala, y especialmente en materia laboral, corrigió el error en que pudo incurrir el accionante en el juicio laboral sobre la persona del demandado, cuya representación atribuyó al ciudadano Roberto Rosas que efectivamente es el representante de Plásticos Ecoplast C.A., hasta el punto que se dio por citado en la causa laboral.

Por todas estas razones, y tratándose de un proceso de amparo, donde se juzgan infracciones constitucionales, considera esta Sala, que en el presente caso no se violaron los artículos 19, 21, 25, 26, 27 y 28 de la vigente Constitución. Apunta la Sala que la sentencia impugnada no violó derechos humanos alguno, ni que la sentencia haya discriminado a una de las partes, ni se trata de la violación del artículo 26 constitucional, ni se trata de impedir el acceso a la justicia al accionante, ya que él se defendió durante el proceso, ni los artículos 27 y 28 pueden ser objeto de infracción alguna, ya que el amparo lo conoce esta Sala, y el artículo 28 se refiere al habeas data que nada tiene que ver con lo discutido en el proceso laboral.

Observa la Sala que para que exista amparo contra sentencia (artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) se requiere que el juez actúe fuera de su competencia, y que además haya infringido algún derecho constitucional.

A juicio de la sala, la sentencia impugnada no fue dictada fuera de la competencia de la juez que la dictó, y si hubo algún error, fue de juzgamiento, lo cual no da lugar al Amparo Constitucional menos cuando la Sala no encuentra que los artículos denunciados de la Carta Fundamental hayan sido infringidos por la sentencia, ya que ninguno se refiere a los hechos alegados, y que de haber producido algún efecto, constituiría violación del artículo 49 de la Constitución el cual no fue denunciado.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado HUGO LUIS DAM SUAREZ, representante judicial de la Sociedad Mercantil PLÁSTICOS ECOPLAST C.A., contra sentencia dictada por el por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, el 23 de febrero de 2000. Se deja sin efecto la medida cautelar acordada por la sala en decisión del 01 de diciembre de 2000.

2.-AA50-T-2000-002100

Antonio María Peñaloza y Maritza J. Mayo interponen acción de amparo contra sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. Magistrado Ponente Dr. PEDRO RONDON HAAZ.

Se abrió la sesión presidida por el Vicepresidente de la Sala, Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera, con la asistencia de los Magistrados Doctores José M. Delgado Ocando, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz. El ciudadano Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, no asistió a la sesión por motivos justificados.

Constituida la Sala Constitucional en el Salón de Audiencias, a las diez horas treinta minutos de la mañana ( 10:30 a.m.), a los fines de que tuviera lugar la audiencia oral en la demanda de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Antonio María Peñaloza Argüello y Maritza Josefina Mayo, representados por el abogado Anselmo Manuel Reyes González, contra la sentencia dictada el 11 de enero de 2000, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la comparecencia del abogado Anselmo Manuel Reyes González, apoderado judicial de los ciudadanos Antonio María Peñaloza Argüello y Maritza Josefina Mayo, demandantes. Así mismo, se dejó constancia de la no comparecencia del ciudadano Juez Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui y de la ciudadana Petra Celestina Sifontes Martínez, tercero coadyuvante. Por último, se dejó constancia de la comparecencia de la representación del Ministerio Público, la Dra. Luisa Virginia González Zambrano. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Anselmo Manuel Reyes González, en representación de los demandantes. Acto seguido, se le concedió el derecho de palabra a la representación del Ministerio Público. Ambas partes, a finalizar sus respectivas exposiciones, consignaron escritos, los cuales se ordenaron agregar al expediente. Estando ambas partes de acuerdo en sus alegatos, no se otorgó el derecho a réplica y contra réplica. Los ciudadanos Magistrados no formularon preguntas a los comparecientes. En este estado, la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente, de las respectivas exposiciones del demandante y del Ministerio Público, la Sala estima que: visto el escrito del 12 de diciembre de 2001, mediante el cual la ciudadana Petra Celestina Sifontes Martínez solicitó que se declare la perención de la causa, en virtud del abandono en que ha incurrido la parte actora; visto que la parte actora denunció la violación del debido proceso, en virtud de la errada aplicación de las normas del proceso penal al procedimiento de amparo y porque el juez de control no era el competente para conocer del amparo; y visto que las denuncias señaladas involucran el orden público, considera esta Sala necesario emitir un pronunciamiento sobre el fondo.

En ese sentido considera la Sala que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui debió conocer de la apelación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que dicha norma es de aplicación específica en el procedimiento de amparo -tal como se desprende del artículo 48 eiusdem- y, al no hacerlo, violó el derecho de los demandantes a un debido proceso. Además, la Sala observa que los juzgados penales son incompetentes para conocer del amparo intentado por Antonio María Peñalosa Argüello y Maritza Josefina Mayo, contra Petra Celestina Sifontes Martínez, por cuanto los derechos que se denunciaron como violados son afines a la materia civil, ello virtud de que los hechos que le dieron origen al amparo son de naturaleza contractual (arrendamiento). Por tanto era el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el competente para conocer del amparo y la Corte de Apelaciones debió percatarse de ello, anular la sentencia del juez de control y remitir el expediente al Tribunal competente.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Antonio María Peñaloza Argüello y Maritza Josefina Mayo, representados por el abogado Anselmo Manuel Reyes González, contra la sentencia dictada el 11 de enero de 2000, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui y, en consecuencia, se ANULAN las sentencias proferidas por el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión El Tigre, el 26 de octubre de 1999 y por la Corte de Apelaciones del mencionado circuito judicial, el 11 de enero de 2000. Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui para que dicte sentencia de primera instancia en el referido caso.

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1.- AA50-T-2002-000197

Oficio N° 7821 de fecha 22 de enero de 2002, mediante el cual el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite expediente N° 4542, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano VÍCTOR DURÁN NEGRETE y JUDITH OCHOA SEGUIAS, Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil, RENA WARE DISTRIBUTORS, C.A., contra decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Ponente Magistrado Dr. JOSÉ DELGADO OCANDO.

Recepción del expediente de amparo en apelación

2.- AA50-T-2002-000198

Oficio Nº 035-02 de fecha 22 de enero de 2002, mediante el cual la Sala Nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remite Expediente Nº 10Aa-785-01, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados JOSÉ LUIS SÁNCHEZ y HUGO CONTRERAS MOLINA, en su carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano RAFAEL HUMBERTO MÁRQUEZ PRADA, contra decisión dictada el 14 de enero de 2002, por la Sala Nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Ponente: Magistrado DR. ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA.

Recepción del expediente de amparo en apelación

3.- AA50-T-2002-000199

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 28 de enero de 2002, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos EDDÍ C. PERNÍA DE PÉREZ, SABINA DEL C. PÉREZ MÉNDEZ, MERBYS J. ZAMBRANO, EDITH A. COLMENARES, YAJAIRA E. RAMÍREZ L., MARLENE NOGUERA, OSCAR B. PADRÓN PERALES, EMILIA DEL C. SALÓN A., YELITZA COROMOTO GÓMEZ y YOLEIDA T. RAMÍREZ R., actuando en nombre propio, contra actuación de la JUNTA CALIFICADORA Y EVALUADORA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL ESTADO TÁCHIRA. Ponente: Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Recepción del escrito de amparo

4.- AA50-T-2002-000200

Oficio Nº 3631-2002, de fecha 09 de enero de 2002, mediante el cual el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remite expediente Nº 1844, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano ALEJANDRO JESÚS GARCÍA PIÑERO, Apoderado Judicial de la "CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTO y SERVICIOS AGRÍCOLAS, S.A. (LA CASA, S.A.)", contra decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas en fecha 20/12/01. Ponente Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA.

Recepción del expediente de amparo en apelación

5.- AA50-T-2002-000201

Oficio Nº 045-2002 de fecha 23 de enero de 2002, mediante el cual el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, remite expediente Nº 2002-4527, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana MARJORY GÓMEZ CAMACHO, Apoderada Judicial del ciudadano JOSÉ GREGORIO MANRIQUE RAMÍREZ, contra decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico de fecha 02/01/02. Ponente Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO.

Recepción del expediente de amparo en apelación

6.- AA50-T-2002-000202

Oficio Nº 2002-07 de fecha 25 de enero de 2002, mediante el cual el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite Expediente Nº 6732, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos YANEXI ARREDONDO DE HERNÁNDEZ y EDGAR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, asistidos por la abogada AWILDA CARVALLO CARUTO, contra la decisión del 17 de enero de 2002, dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Ponente: Magistrado DR. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO.

Recepción del expediente relativo al amparo en consulta

7.- AA50-T-2002-000203

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 28 de enero de 2002, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana NELIDA MORA RODRÍGUEZ, asistida por la Abogada MATILDE LÓPEZ GUERRERO, contra el Coordinador General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de éste Tribunal Supremo de Justicia. Ponente Magistrado Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA.

Recepción del escrito de amparo

8.- AA50-T-2002-000204

Oficio Nº 12 de fecha 16 de enero de 2002, mediante el cual el Juzgado Superior Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, remite Expediente Nº 851, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana BENILDE GEORGINA GONZÁLEZ DE LEÓN, actuando en nombre propio, contra LA RESOLUCIÓN Nº 443 DE FECHA 3o de octubre de 2001, Nº 37.313, emanado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. Ponente: Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.