Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

N° 187

Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1.- AA50-T-2001-002792

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 12 de diciembre de 2001, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el abogado Douglas Alexander Mago Aguiar, en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano ÁNGEL RAFAEL MARTÍNEZ MORENO, contra sentencia dictada el 19 de septiembre de 2001, por el Dr. Gualberto Santiago Ríos Vallejo, Juez Temporal del Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. Ponente: Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión bajo la Presidencia del Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera y de los Magistrados Doctores José M. Delgado Ocando, Pedro Rafael Rondón Haaz y Antonio José García García.

Previamente, la Sala Constitucional se constituyó en el Salón de Audiencias, a las diez horas treinta minutos de la mañana (10:30am), para que tenga lugar la audiencia oral en la demanda de amparo constitucional que interpuso Ángel Rafael Martínez Moreno, mediante la representación del abogado Douglas Alexander Mago Aguiar, contra la sentencia que dictó, el 19 de septiembre de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia del abogado Douglas Alexander Mago Aguiar, representante judicial del demandante de amparo. Así mismo, se dejó constancia de la no comparecencia del ciudadano Juez del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, supuesto agraviante; así como de la presencia de la abogada Jennifer Celta Valarino, en su carácter de apoderada judicial de la empresa Productos Piscícolas Propisca, S.A. como tercero interviniente. Por último, se dejó constancia de la presencia de la Dra. Luisa Elena Monsalve, actuando en nombre del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Douglas Alexander Mago Aguiar, en representación del ciudadano Ángel Rafael Martínez Moreno, parte actora, quien consignó copia simple de la sentencia n° 35 de la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal. Seguidamente, se le concedió el derecho de palabra a la abogada Jennifer Celta Valarino, en su carácter de apoderada judicial del empresa Productos Piscícolas Propisca, S.A. Finalmente, se le concedió el derecho de palabra a la representación del Ministerio Público, quien al terminar de dar su opinión, consignó escrito contentivo de la misma, el cual se ordenó agregar al expediente. La demandante en amparo y el tercero coadyuvante ejercieron el derecho a réplica y contrarréplica. Los ciudadanos Magistrados no formularon preguntas a los comparecientes. En este estado, la Sala se retiró a deliberar. Luego de la deliberación, el Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente, de las respectivas exposiciones del demandante, del tercero interviniente y del Ministerio Público, la Sala observa:

Que la sentencia que se impugnó la dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, como tribunal de alzada, en un juicio que, por cobro de prestaciones sociales, incoó el ciudadano Ángel Rafael Martínez Moreno (supuesto agraviado). Tal decisión, según el alegato del representante legal del demandante de amparo, vulneró a su representado los derechos a la defensa, al debido proceso y a la legalidad, por cuanto el juez temporal del referido Juzgado Superior (supuesto agraviante) pronunció el fallo que ha sido impugnada sin que se abocara al conocimiento de la causa, lo cual constituye una omisión de tal gravedad que, de ser cierta, conlleva a la violación del derecho a la defensa del supuesto agraviante.

En este sentido, esta Sala, en múltiples oportunidades, ha señalado que el abocamiento de un nuevo juez, sea ordinario, especial o accidental, al conocimiento de una causa que ya está iniciada, debe notificarse a las partes, aunque no lo diga la Ley expresamente, para permitirle a éstas, en caso de que existiera alguna de las causales establecidas en la Ley, que oportunamente recusen al juzgador, y, en caso de que la recusación procediera, garantizarles su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial de acuerdo con ordenamiento jurídico vigente; derecho éste comprendido en el concepto más amplio del derecho a la defensa, a la tutela judicial eficaz y al debido proceso (vid. s.S.C. n° 96 del 15.03.00).

Ahora bien, de un análisis exhaustivo de las actas que componen el presente expediente, esta Sala observa que, en el juicio por cobro de prestaciones sociales (que motivó la decisión que se impugnó), el 27 de julio de 2001, la Jueza provisoria Myriam Carucí de Fermín fijó la oportunidad para la sentencia, y luego, el 19 de septiembre de 2001, el Juez temporal Gualberto Santiago Ríos Vallejo dictó la decisión definitiva de segunda instancia sin que se abocara al conocimiento de la causa y, por consiguiente, sin la notificación a las partes, con lo cual vulneró el derecho a la defensa del demandante de amparo que establece, el artículo 49, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, aún cuando las partes se encontraban a derecho, era impretermitible que el Juez Temporal dejara constancia de su abocamiento en el expediente de la causa, para que, de esta manera, las partes tuviesen conocimiento de la identidad del juzgador que decidiría su causa y, con ello, garantizarles el transcurso del lapso de tres días a que se refiere el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para la materialización, a favor de las partes, de su derecho a ser juzgadas por un tribunal competente, independiente e imparcial, derecho que, tal y como fue señalado ut supra, está contenido en el derecho a la defensa.

En este sentido, como no consta en autos el abocamiento del juez que decidió la causa, ni ningún otro acto procesal por el cual las partes hubieran podido conocer la identidad de su juzgador, no puede deducirse que haya transcurrido el referido lapso de tres días, dentro de los cuales aquellos hubieren podido ejercer, de ser procedente, su derecho a la recusación del juez. Por ello, estima la Sala que tal omisión violó el derecho a la defensa, máxime cuando el demandante de amparo alegó la existencia de dos causales de recusación, como son las que contienen los ordinales 9° y 12° de la Ley Adjetiva Civil. Así se declara.

Por último, considera esta Sala que, luego del pronunciamiento anterior, se hace innecesario e inoficioso hacer cualquier señalamiento con respecto a las demás denuncias que formuló la parte actora, y así se decide.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de amparo constitucional que interpuso Ángel Rafael Martínez Moreno, contra la sentencia que dictó, el 19 de septiembre de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, y, en consecuencia, se ANULA la referida decisión, así como todos los actos procesales posteriores a ella, y se ordena al Juez Superior respectivo se aboque al conocimiento de la causa, y proceda, previa notificación de las partes, a dictar sentencia, para que, de ser procedente, éstas ejerzan las acciones y recursos correspondientes para la garantía de sus derechos.

2.- AA50-T-2002-001375

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 06 de junio de 2002, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos JESÚS R. QUINTERO P. y FERNANDO QUINTERO C., apoderados judiciales del ciudadano GIOVANNI DI MASE URBANEJA, contra decisión dictada por la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de fecha 10/12/02. Ponente Magistrado ANTONIO GARCÍA GARCÍA.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, Presidente; con la asistencia de los Magistrados Doctores Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente; José Manuel Delgado Ocando, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz.

Constituida la Sala Constitucional en el Salón de Audiencias, a las once horas treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), a los fines de que tenga lugar la audiencia constitucional en la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Jesús Ramón Quintero P. y Fernando Quintero C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 5.508 y 58.858, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano GIOVANNI DI MASE URBANEJA, titular de la cédula de identidad número 3.549.565, contra la decisión dictada por la Sala Nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 10 de diciembre de 2001, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión del 23 de octubre de 2001, proferida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal para el Régimen Penal Transitorio del referido Circuito Judicial. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia del abogado Jesús Ramón Quintero P., quien representa al ciudadano Giovanni Di Mase Urbaneja, accionante; de la no comparecencia del ciudadano Juez Presidente de la Sala n° 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, accionado. Asímismo, se dejó constancia de la presencia de la doctora Ana Maria Padilla del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Jesús Ramón Quintero, en representación de la parte accionante. Finalmente, se le concedió el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público, la cual consignó escrito contentivo de su exposición. El ciudadano Magistrado doctor Jesús Eduardo Cabrera, formuló pregunta a la representación de la parte accionante, la cual fue debidamente respondida. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente; de las exposiciones del accionante y del Ministerio Público, la Sala observa: Se constata de los autos del presente expediente, que el 27 de enero de 1998, el suprimido Tribunal Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal Bancario y de Salvaguarda y del Patrimonio Público con Competencia Nacional de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con ocasión de las averiguaciones penales relativas a las operaciones de Británica de Seguros, C.A., dictó auto de detención contra el ciudadano Giovanni Di Mase Urbaneja (hoy accionante) y contra la ciudadana Pola Castro Lima, por la presunta comisión del delito de autorización de balances o estados financieros inexactos, previsto y sancionado en el artículo 182 de la entonces vigente Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.

Por otra parte, según lo expuesto por los abogados accionantes en su escrito libelar, la mencionada ciudadana apeló del auto de detención dictado en su contra, y el mismo, fue declarado con lugar por el extinto Tribunal Superior Décimo Tercero en lo Penal con Competencia Bancaria Nacional de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, revocó el auto de detención y declaró terminada la averiguación sumaria, de conformidad con lo que establecía el ordinal 1º del artículo 206 del entonces vigente Código de Enjuiciamiento Criminal, “por no revestir carácter penal la suscripción de los Estados Financieros de la Empresa ‘Británica de Seguros, C.A.’, al cierre económico 31-12-94...”.

Ahora bien, la Sala debe hacer referencia a lo establecido en el artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal (anteriormente 430), el cual establece:

“Artículo 438. Efecto extensivo. Cuando en un proceso haya varios imputados o se trate de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que les sea favorable, siempre que se encuentren en la misma situación y les sean aplicables idénticos motivos, sin que en ningún caso les perjudique” (Subrayado del presente fallo).

Al respecto, la Sala quiere destacar que efectivamente cuando en un mismo proceso se encuentren varios imputados, el recurso o los recursos que interponga uno de ellos debe extenderse a los otros en lo que les sea beneficioso, siempre y cuando los imputados se encuentren en la misma situación; vale decir, que cuando la referida disposición legal señala “... que se encuentren en la misma situación...”, ésta debe entenderse como una situación de hecho y no procesal; por tanto, en el caso de autos, el hecho de que a uno de los imputados le fue impuesto del auto de detención por el tribunal, y aún al otro no, no quiere decir que no se encuentren en la misma situación; razón por la cual, tal pronunciamiento resulta violatorio del derecho a la libertad personal del ciudadano Giovanni Di Mase Urbaneja.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Jesús Ramón Quintero P. y Fernando Quintero C., contra la decisión dictada por la Sala Nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 10 de diciembre de 2001.

2. REVOCA la referida decisión del 10 de diciembre de 2001 dictada por la mencionada Corte de Apelaciones.

3. ORDENA a dicha Corte de Apelaciones, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, que se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación interpuesto por los mencionados abogados, teniendo en cuenta las consideraciones esgrimidas en el presente fallo.

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1.- AA50-T-2002-002390

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 30 de septiembre de 2002, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano GUSTAVO MELÉNDEZ PÉREZ, apoderado del ciudadano ARSENIO LUGO, contra el Juzgado Superior Octavo Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Ponente Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA.