Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

N° 16

Se abrió la sesión presidida por el Presidente Magistrado Doctor IVÁN RINCÓN URDANETA, con la asistencia del Vicepresidente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO y los Magistrados Doctores, JOSÉ DELGADO OCANDO, ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA y PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Se publicaron las siguientes sentencias

1.- AA50-T-2002-001212

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 22 de mayo de 2002, contentivo de la Acción Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana RORAIMA BERMÚDEZ GONZÁLEZ, en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano LUIS MANUEL DÍAZ FAJARDO, contra decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de fecha 14/03/02. Ponente Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA.

Sentencia N° 33 de fecha 26 de enero de 2004, presentada por el Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, mediante la cual declara CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por la abogada Roraima Bermúdez Rosales. Exp N° 02-1212.

2.- AA50-T-2003-002109

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 12 de agosto de 2003, contentivo del Recurso de interpretación interpuesto por los ciudadanos VESTALIA SAMPEDRO DE ARAUJO, RAFAEL OCTAVIO RIVERO ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ y PEDRO CASTILLO, en su carácter de Diputados de la Asamblea Nacional, asistidos por el Abogado DIONINICIO SCOTT LOYO en relación al alcance y contenido del Artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ponente Magistrado Dr. JOSÉ DELGADO OCANDO.

Sentencia N° 34 de fecha 26 de enero de 2004, Presentada por el Magistrado Dr. JOSÉ DELGADO OCANDO, mediante la cual declara resuelta en los términos expuestos en el presente fallo, la solicitud de interpretación presentada por los ciudadanos Vestalia Sampedro de Araujo y otros. Exp N° 03-2109.

Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1.- AA50-T-2003-000953

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 09 de abril de 2003, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los Abogados ZORAIDA DÍAZ MARTÍNEZ y JOSÉ RAMÍREZ, en su carácter de Apoderados de la Empresa C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL (HIDROCAPITAL), contra decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Ponente: Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores José M. Delgado Ocando, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz.

Constituida la Sala en el Salón de Audiencias, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.), a los fines de que tuviese lugar la audiencia constitucional en la acción de amparo interpuesta por los abogados Zoraida Díaz Martínez y José Daza Ramírez, apoderados judiciales de C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGION CAPITAL (HIDROCAPITAL), contra la decisión del 24 de septiembre de 2001, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la comparecencia de los abogados Zoraida Díaz Martínez y José Daza Ramírez, representantes judiciales del accionante en amparo; de la comparecencia del abogado Ildelfonso Ifill Pino, Juez Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, accionado. Igualmente se deja constancia de la comparecencia del abogado Mario Lugo Tovar, apoderado judicial de los ciudadanos Víctor Romero, Marino Bolívar, Francisco Regalado, José Meza y otros, demandantes en el juicio de prestaciones sociales, terceros coadyuvantes. Finalmente se deja constancia de la comparecencia de la abogada Lesbia Bandres en representación del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado José Daza Ramírez, en representación del accionante, quien expuso sus alegatos con relación a la acción de amparo interpuesta. Acto seguido, se le concedió el derecho de palabra al abogado Ildelfonso Ifill Pino, Juez Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, accionado. Seguidamente se le concede el derecho de palabra al abogado Mario Lugo Tovar, representante de los terceros coadyuvantes. Finalmente se le concedió el derecho de la palabra a la abogada Lesbia Bandres, representante del Ministerio Público, quien al finalizar consignó escrito contentivo de sus alegatos, el cual fue ordenado agregar al expediente. Las respectivas representaciones de la parte accionante, accionado y Ministerio Público ejercieron el derecho de réplica y contra réplica. Consignando la parte accionada escrito, el cual fue ordenado agregar al expediente. El Magistrado doctor Jesús Eduardo Cabrera realizó preguntas a la representación de la parte accionante, a la parte accionada y al Ministerio Público, las cuales fueron debidamente respondidas. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado Presidente leyó la decisión la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente; de la exposición de la representación judicial del accionante, del accionado, del tercero coadyuvante y de la representante del Ministerio Público, la Sala observa: evidencia la Sala que la presente acción de amparo constitucional tiene como objeto las presuntas violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso en el curso de un juicio por cobro de diferencia de prestaciones sociales incoado por los ciudadanos Marín Bolívar, Víctor Romero, Francisco Regalado, Henry Regalado, José Meza y otros contra Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL).

Al respecto, se observa que el 31 de mayo de 1999, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas declaró parcialmente con lugar la demanda incoada, decisión que fue apelada por ambas partes y fue conocida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. El 24 de septiembre de 2001, dicho Juzgado declaró parcialmente con lugar la apelación de la demandante y sin lugar la apelación ejercida por Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL).

Ahora bien, señalan los apoderados judiciales de la accionante, que el mencionado Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas no ordenó la notificación de la sentencia a las partes ni a la Procuraduría General de la República, a pesar de que la decisión fue dictada fuera del lapso legal y fuera de la prórroga que dicho Tribunal había acordado, lo cual impidió a su representada ejercer el recurso de casación.

Al respecto, evidencia la Sala de las actas que conforman el presente expediente que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas el 1 de noviembre de 1999, dictó un auto, mediante el cual fijó un lapso de sesenta días para dictar sentencia. Posteriormente, el 17 de febrero de 2000, dicho Juzgado difirió el lapso para sentenciar, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente se constata que el 5 de junio de 2001, se abocó un nuevo Juez al conocimiento de la causa y ordenó la notificación a las partes, mediante cartel fijado en las puertas del Tribunal.

Por ultimo, observa la Sala que por auto del 28 de junio de 2001, el mencionado Juzgado, fijó, nuevamente un lapso de sesenta (60) días para dictar su decisión, la cual fue proferida el 24 de septiembre de 2001.

Ahora bien, de las actas del expediente no aprecia la Sala que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas notificara a las partes del auto dictado el 5 de junio de 2001, mediante el cual el Juez encargado de la causa se abocara al conocimiento de la misma, a través del mecanismo de la citación personal, en el domicilio del demandado, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la ley Orgánica del Trabajo, a pesar de que en libelo de la demanda (folio 57 del expediente) la parte demandante solicitó expresamente al Tribunal de la causa la citación “del Gerente encargado del sistema del Litoral Central, (HIDROCAPITAL, C.A.) (omissis) en la siguiente dirección: Calle los baños, Edificio Centro Caribe Vargas, Piso trece (13), Gerencia, Maiquetía, Municipio Vargas”.

Esta omisión impidió el que las partes estuviesen a derecho en el juicio a los efectos de imponerlas de la sentencia que posteriormente dictó el referido Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, lo cual, a su vez, trajo como consecuencia la inhibición del lapso para ejercer los recursos que fueren pertinentes respecto de la decisión dictada por el mencionado Tribunal Superior. En razón de lo anterior, estima este alto Tribunal que dicho Juzgado vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso de Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), y así se declara.

En virtud de lo expuesto, se anulan todas las actuaciones posteriores a la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas y se repone la causa al estado de que el mencionado Juzgado Superior notifique a las partes de la sentencia anteriormente aludida, y así finalmente se decide.

Por los razonamientos antes señalados, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Zoraida Díaz Martínez y José Daza Ramírez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL) contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, del 24 de septiembre de 2001. Se ANULAN todas las actuaciones posteriores a la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas y se REPONE la causa al estado de que el mencionado Juzgado Superior notifique a las partes de la sentencia anteriormente aludida.

2.-AA50-T-2003-001085

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, en fecha 24 de abril de 2003, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la Abogada ANA BEATRIZ MADRID AGELVIS, actuando en nombre propio, contra omisión del ciudadano JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ, en su carácter de FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ponente: Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión bajo la Presidencia del Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera y de los Magistrados Doctores José M. Delgado Ocando, Pedro Rafael Rondón Haaz y Antonio José García García.

Se constituyó la Sala en el Salón de Audiencias, a las 11:30 am, para que tuviese lugar la audiencia oral y pública en la demanda de amparo que intentó la abogado Ana Beatriz Madrid Agelvis, en su propio nombre, contra la supuesta omisión del ciudadano Fiscal General de la República “en resolver la petición que le fuera formulada al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos” respecto de la nulidad del acto administrativo que el mismo dictó el 30 de mayo de 2002. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia de la abogado Ana Beatriz Madrid Agelvis, en su condición de parte actora; y de la abogada Alicia Monagas Borges en su condición de representante de la parte demandada. Por último, se dejó constancia de la no comparecencia de la representante del Ministerio Público.

Se le concedió el derecho de palabra a la parte actora. Acto seguido, se concedió el derecho de palabra a la abogada Alicia Monagas Borges, en representación del demandado. Las partes ejercieron el derecho a réplica y la parte demandada consignó sendo escrito contentivo de su exposición, el cual se ordenó agregar al expediente. En este estado, la Sala se retiró a deliberar y, después de la deliberación, el Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente, de las respectivas exposiciones de la parte actora y del Ministerio Público, la Sala observa:

Que la demanda de amparo debe declararse INADMISIBLE, de conformidad con el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En el caso de autos la parte actora intentó una solicitud de declaratoria de nulidad absoluta en sede administrativa, contra el acto administrativo de 30 de mayo de 2002, razón por la cual el silencio administrativo que se produjo, ante la falta de respuesta de la Administración, se verificó en el marco de un procedimiento de revisión de un acto previo, por ello resulta posible el ejercicio del medio que preceptúa el artículo 42.23 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (abstención o carencia), el cual constituye el medio judicial preexistente para la salvaguarda de los derechos de la actora. En atención al criterio reiterado de esta Sala, para la introducción de dicho medio procesal y en aplicación del principio pro actione, se tendrán como disponibles los lapsos de interposición que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia preceptúa, los cuales se computaron a partir de la publicación de esta decisión.

Por los razonamientos que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda de amparo constitucional que ejerció la abogado Ana Beatriz Madrid Agelvis, en su propio nombre, contra el Fiscal General de la República, ciudadano Julián Isaías Rodríguez Díaz.

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1- AA50-T-2004-000157

Oficio N° 215200300-02, de fecha 14 de enero de 2004, mediante el cual el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda, remite expediente N° 03-5134, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana YOLANDA ELENA PINTO GONZÁLEZ, Apoderada Judicial de la ciudadana MARÍA CHACÓN DE VIVAS, en virtud de la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda fecha 14/11/03. Ponente Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO.

Recepción del expediente relativo al amparo en apelación

2.- AA50-T-2004-000182

Oficio N° 0540/002 de fecha 07 de enero de 2004, mediante el cual el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, remite expediente N° 1099/03, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abogado LUIS GUILLERMO FERNÁNDEZ VERA, actuando en su carácter de mandatario judicial de la Sociedad Mercantil PROMOCIONES GIMECA, C.A., en virtud de la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de fecha 21 de agosto de 2003. Ponente: Magistrado DR. IVÁN RINCÓN URDANETA.

Recepción del amparo en apelación

3.- AA50-T-2004-000183

Oficio N° 13006 de fecha 14 de enero de 2004, mediante el cual el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite expediente N° 8766, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano JESÚS ENRIQUE PERERA CABRERA, Apoderado Judicial de SEGUROS SOFITASA C.A, en virtud de la Apelación interpuesta contra decisión dictada por el Juzgado remitente, de fecha 08/01/04. Ponente: Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO.

Recepción del amparo en apelación

4.- AA50-T-2004-000184

Oficio N° 12945 de fecha 25 de noviembre de 2003, mediante el cual el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite expediente N° 8653, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los Abogados ALFREDO AGUSTÍN ARANGO GARCÍA y FERNANDO GARCÍA, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano GUSTAVO MEDINA ROSALES, en virtud de la consulta a que se encuentra sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior remitente, de fecha 19 de noviembre de 2003. Ponente: Magistrado DR. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO.