Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

N° 183

Se abrió la sesión presidida por el Presidente Magistrado Doctor IVÁN RINCÓN URDANETA, con la asistencia del Vicepresidente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO y los Magistrados Doctores, ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA, PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ y CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Se publicaron las siguientes sentencias

1.- AA50-T-2002-002908

Oficio N° 1316/02 de fecha 13 de noviembre de 2002, mediante el cual la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, remite expediente N° 1Aa-3389-02, contentiva de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada MARTHA CAROLINA RAMÍREZ, Defensora Pública Penal del ciudadano CARLOS ALBERTO GUDILLO CUELLO, contra decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, de fecha 23 de octubre de 2002. Ponente Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Sentencia Nro. 2302 de fecha 27 de septiembre de 2004, presentada por el Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, mediante la cual se REVOCA la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua. Exp. 02-2908.

2.- AA50-T-2004-000378

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 17 de febrero de 2004, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abogado JOSÉ LUIS GRAFFE ALBA, en su carácter de Fiscal Primero del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contra decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar de fecha, 26/08/03. Ponente: Magistrado Dr. JOSÉ DELGADO OCANDO.

Sentencia Nro. 2303 de fecha 27 de septiembre de 2004, presentada por el Magistrado Dr. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, mediante la cual ACUERDA la intervención de los prenombrados funcionarios en el presente amparo. Exp. 04-0378.

3.- AA50-T-2004-000561

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 10 de marzo de 2004, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los Abogados VIRGINIA MOLINA GUTIÉRREZ y OSCAR MARINO ARDILA ZAMBRANO, actuando en su carácter de Defensores del ciudadano MAURICIO PINZÓN ACOSTA, contra decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en fecha 22 de diciembre de 2003. Ponente: Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Sentencia Nro. 2300 de fecha 27 de septiembre de 2004, presentada por el Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, mediante la cual se declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo interpuesta por Mauricio Pinzón Acosta. Exp. 04-0561.

4.- AA50-T-2004-001189

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 12 de mayo de 2004, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por ciudadano RANGEL ANTONIO PRIMERA, actuando con el carácter de Presidente de la Asociación Civil COMITÉS DE LA DEFENSA DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO, contra el acto administrativo emanado de la OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN URBANA (O.M.P.U.), perteneciente al Centro de Procesamiento Urbano del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. Ponente: Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Sentencia Nro. 2299 de fecha 27 de septiembre de 2004, presentada por el Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, mediante la cual declara su INCOMPETENCIA para el conocimiento de la demanda de amparo interpuesta la Asociación Civil Comités de Defensa de la Costa Oriental del Lago (CODECOL). Exp. 04-1189.

5.- AA50-T-2004-001513

Oficio N° 2004/232 de fecha 03 de junio de 2004, mediante el cual la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, remite expediente N° RP01/0/2004/000014, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional (Habeas Data) interpuesta por el Abogado LUIS FELIPE LEAL TOTESAUT, actuando en su carácter de Defensor del ciudadano GUILLERMO JOSÉ VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, contra actuación del Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre. Ponente: Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Sentencia Nro. 2301 de fecha 27 de septiembre de 2004, presentada por el Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, mediante la cual declara su INCOMPETENCIA para el conocimiento dela demanda de amparo constitucional interpuesta por Guillermo José Vásquez Rodríguez. Exp. 04-1513.

Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1.- AA50-T-2003-002432

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 18 de septiembre de 2003, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abogado RAMÓN ALÍ SILVERA UZCÁTEGUI, Apoderado Judicial de la ciudadana LÉRIDA MERCEDES ALBORNÓZ DE PEÑA, contra decisión dictada por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, de fecha 12/06/03. Ponente: Magistrado Dr. ANTONIO GARCÍA GARCÍA.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Presidente de la Sala Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta; con la asistencia del Vicepresidente, Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores Carmen Zuleta de Merchán, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz.

Se constituyó la Sala Constitucional en el Salón de Audiencias, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del medio día (12:45 m.), a los fines de que tuviera lugar la audiencia constitucional en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Ramón Alí Silveira Uzcátegui, apoderado judicial de la ciudadana LÉRIDA MERCEDES ALBORNOZ DE PEÑA, contra la decisión dictada el 12 de junio de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la comparecencia de los abogados Emmanuel Albornoz Miliani y Ramón Alí Silveira Uzcátegui, apoderados judiciales de la ciudadana LÉRIDA MERCEDES ALBORNOZ DE PEÑA, accionante; así mismo, se dejo constancia de la no comparecencia del accionado, el ciudadano Juez Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Así mismo, se dejó constancia de la no comparecencia del ciudadano Evodio Bellorín; tercero coadyuvante. Finalmente, se dejó constancia de la no comparecencia de la representación del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Emmanuel Albornoz Miliani, en representación de la accionante. Los ciudadanos Magistrados no formularon preguntas a los comparecientes. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación del asunto objeto del presente acto, el Magistrado que presidió la sesión, leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: examinados los elementos pertinentes que obran en autos, de la exposición de la parte accionante, la Sala observa que la sentencia objeto de la presente acción de amparo constitucional, dictada el 12 de junio de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, vulneró los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa e igualdad de las partes, toda vez que la misma convalidó, en segunda instancia, la irregularidad cometida por el Juzgado Primero de Primera Instancia, consistente en el incumplimiento de la obligación procesal establecida en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, se evidencia del procedimiento que motivó el amparo, que durante la etapa probatoria, la accionante promovió prueba de experticia, para lo cual, presentó la aceptación de su experto. Por no acudir su contraparte al acto de nombramiento, el juez de primera instancia tuvo que designar a los dos peritos faltantes. Al momento de la juramentación, no se presentaron ni el perito promovido por la parte, ni los nombrados por el juez, por lo que la accionante pidió que se efectuara una nueva designación de los expertos, la cual, fue omitida por el juez de primera instancia, prosiguiendo la causa hasta el estado de dictarse sentencia definitiva.

Ese pedimento al no ser respondido por el tribunal de primera instancia, ocasionó el incumplimiento del deber que tenía el juez de designar inmediatamente los nuevos peritos, de conformidad con lo establecido en el aparte único del artículo 458 del Código de Procedimiento Civil.

Así pues, esa omisión, a juicio de esta Sala, ocasionó la violación de los derechos al debido proceso, defensa e igualdad de la parte accionante, siendo una situación de la cual no se percató el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección de los Niños y Adolescentes, al momento de conocer de la apelación interpuesta por la ciudadana LÉRIDA MERCEDES ALBORNOZ DE PEÑA, razón por la cual, la Sala encuentra procedente la presente acción de amparo.

En virtud de las razones precedentemente expuestas, esta Sala administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley, anula las decisiones dictadas tanto por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección de los Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 12 de junio de 2003, así como la emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial de esa misma Entidad, el 13 de agosto de 2001, que resolvieron a favor del ciudadano EVODIO JOSÉ BELLORÍN, el juicio de partición, y, a su vez, repone el procedimiento al estado de que un tribunal de primera instancia, constituido con un juez distinto, designe los peritos faltantes, como parte de las pruebas presentadas por la ciudadana LÉRIDA MERCEDES ALBORNOZ DE PEÑA, en cumplimiento del artículo 458 del Código de Procedimiento Civil.

2.- AA50-T-2004-001202

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 12 de mayo de 2004, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abogado WILLIAM ENRIQUE DAZA NIÑO, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ RONDÓN, contra decisión de fecha 04 de marzo de 2004, dictada por la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Ponente: Magistrado DR. ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, con la asistencia del Vicepresidente Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores, Antonio José García García, Pedro Rafael Rondón Haaz y Carmen Zuleta de Merchán.

Constituida la Sala Constitucional en el Salón de Audiencias, a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), con el fin de que tenga lugar la audiencia oral en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado William Enrique Daza Niño, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 26.154, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano José Miguel Márquez Rondón, titular de la cédula de identidad N° 4.830.522, contra la decisión dictada, el 26 de febrero de 2004, por la Jueza Lady Mena Niño Soto, integrante de la Corte de Apelaciones Accidental de la Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual ordenó la exclusión de los abogados Omar Ernesto Silva Martínez y Carlos Enrique Macero Núñez, como defensores del referido accionante, y declaró sin lugar la recusación que intentaron dichos profesionales del Derecho contra el Juez José Joaquín Bermúdez Cuberos. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la presencia de los abogados William Enrique Daza Niño y Patricia Ballesteros, apoderados judiciales del quejoso; de la no comparecencia del Presidente de la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, accionado; y de la comparecencia del Ministerio Público, representado por la abogada Ana María Padilla. Se le concedió el derecho de palabra a los abogados William Enrique Daza Niño y Patricia Ballesteros. Igualmente, se le concedió derecho de palabra a la representante del Ministerio Público, quien consignó el respectivo escrito. Los ciudadanos Magistrados Doctores Iván Rincón Urdaneta y Jesús Eduardo Cabrera Romero, formularon preguntas a la representación de la parte accionante y al Ministerio Público, la cuales fueron respondidas. En este estado la Sala se retiró a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente, de las exposiciones del accionante y del Ministerio Público, la Sala observa: la existencia de serias anomalías producidas durante la tramitación del proceso que la obliga a pronunciarse, más que sobre la simple impugnación hecha por el actor, sobre las necesarias garantías que abonen en la transparencia insita a todo acto de administración de justicia.

En tal sentido resulta igualmente evidente la imposible constitución del órgano jurisdiccional a propósito de los múltiples inhibiciones o recusaciones, lo que obliga a la Sala a adoptar medidas que garanticen, por una parte, la celeridad procesal, y por la otra las necesarias garantías que el artículo 49 Constitucional le establece al imputado, las cuales no parecieran estar presentes en este caso.

Por las razones expuestas, se anulan todas las actuaciones efectuadas por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira en la presente causa y se radica la misma en el Circuito Judicial Penal del Estado Mérida para que sea esa Corte de Apelaciones la que resuelva la apelación del sobreseimiento. Esta decisión tiene como fundamento el orden público constitucional y la transparencia e idoneidad de la administración de justicia, principios y valores en cuya observancia esta comprometida la función de esta Sala Constitucional.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo, que interpuso el abogado William Enrique Daza Niño, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano José Miguel Márquez Rondón, contra la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 26 de febrero de 2004 y se acuerda la radicación de la causa en la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida a quien deberá remitirse el expediente. Se anula todo lo actuado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Se mantiene la medida cautelar acordada el 30 de julio de 2004.

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1.- AA50-T-2004-002646

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 28 de septiembre de 2004, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano BERNARDO E. POLANCO CARVAJAL, asistido por los Abogados HUMBERTO MARVAL lLUGO y LORENZO RAÚL HUARI CASTAÑEDA, contra decisión dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Distrito Metropolitano de Caracas y de los Estados Miranda, Guárico, Amazonas y Vargas de Fecha 08/06/04. Ponente: Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN.

Recepción del escrito de amparo

2.- AA50-T-2004-002647

Oficio N° CM 245/04 de fecha 24 de septiembre de 2004, mediante el cual la Corte Marcial remite expediente N° 265/04, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la Abogada Capitán (EJ) MARISOL OMAÑA ZAMBRANO, actuando en su carácter de Fiscal Militar Superior en la Jurisdicción del CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE SAN CRISTÓBAL, en virtud de la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por la Corte Marcial remitente, de fecha 27 de agosto de 2004. Ponente: Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA.