Cuenta de Salas - Sala Constitucional

CUENTA

N° 59

Se abrió la sesión presidida por el Presidente Magistrado Doctor IVÁN RINCÓN URDANETA, con la asistencia del Vicepresidente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO y los Magistrados Doctores, JOSE DELGADO OCANDO, ANTONIO J. GARCIA GARCIA Y PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Se publicaron las siguientes sentencias

1-AA50-T-2003-003052

Escrito presentado ante la Secretaría en fecha 25 de noviembre de 2003, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abogado HENRY ORLANDO SÁNCHEZ MONTES, en su carácter de Defensor del ciudadano JORFRAN RODRÍGUEZ PÉREZ, contra decisión dictada por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de septiembre de 2003. Ponente: Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

Sentencia Nro. 482 de fecha 29 de marzo de 2004, presentada por el Magistrado Dr. PEDRO RAFEL RONDÓN HAAZ, mediante la cual se ORDENA a la parte demandante subsanar la omisión que ha quedado en auto. exp. 03-3052.

Se celebraron las siguientes Audiencias Constitucionales

1-AA50-T-2003-001295

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 20 de mayo de 2003, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los Abogados ORESTES FRANCISCO PARILLI PÉREZ y AUSLAR LÓPEZ VILLEGAS, en su carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), contra actuación de la empresa INFORMÁTICA NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA, S.A. (INTESA). Ponente: Magistrado DR. ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA.

Acta de audiencia constitucional

Se abrió la sesión presidida por el Presidente de la Sala, Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta; con la asistencia del Vicepresidente, Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero y los Magistrados Doctores Antonio García García, José M. Delgado Ocando y Pedro Rafael Rondón Haaz.

Se constituyó la Sala Constitucional en el Salón de Audiencias, a las once horas treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), a los fines de que tuviera lugar la audiencia constitucional en la acción de amparo interpuesta por los abogados Orestes Parilli Pérez y Auslar López Villegas, en representación de la empresa estatal PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), en “contra la conducta lesiva de los derechos constitucionales de [su] representada, así como, de toda la comunidad venezolana”.

Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la comparecencia de los representantes del accionante, abogados Orestes Parilli Pérez y Auslar López Villegas; así mismo, se dejó constancia de la comparecencia de la abogada Caterina Balacios en representación del accionado, INFORMATICA, NEGOCIOS Y TECNOLOGIA, S.A. (INTESA). Luego, se dejó constancia de la comparecencia del abogado Sasha Fernández, en representación de la Defensoría del Pueblo. Y por último se dejó constancia de la comparecencia de la abogada Roxana Orihuela, en representación del Ministerio Público. Se le concedió el derecho de palabra al abogado Orestes Parilli Pérez, apoderado judicial del accionante. Se le concedió el derecho de palabra a la abogada Caterina Balacios en representación de INTESA, quien consignó escrito contentivo de sus alegatos. Se le concedió el derecho de palabra a la representación judicial de la Defensoría de Pueblo. Por último, se le concedió el derecho de palabra a la representación del Ministerio Público. Los comparecientes a la audiencia ejercieron el derecho a réplica y contra réplica. Los ciudadanos Magistrados formularon preguntas a los exponentes. Los ciudadanos Magistrados llamaron al estrado a los ciudadanos Argenis Puerta y Vladimir Adrianza. En este estado la Sala se retiró a deliberar.

Finalizada la deliberación, el Magistrado que presidió la sesión leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente y de las exposiciones del accionante, del accionado, de las representaciones del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo se observa: que INTESA de acuerdo con el contrato celebrado con PDVSA, el 30 de diciembre de 1996, de cuyo texto se desprende que los servicios ofrecidos por la accionada eran de gran trascendencia para la operación de PDVSA y la posterior comercialización del crudo, circunstancia que, en conjugación con el hecho de que la economía venezolana no es diversificada sino en líneas generales dependiente, casi en su totalidad, de la producción petrolera, hace que la violación de los términos contractuales se repliegue a un segundo término para dar paso a los intereses que el Estado, a través de la compañía accionante, está encargado de tutelar; no es ajeno a la Sala, pues, el conocimiento de los hechos por los cuales se incumple un contrato de tal envergadura con la principal compañía del país, ya que la economía de Venezuela es, con franqueza, la actividad petrolera, es decir, Petróleos de Venezuela, y muestra de ello son los acontecimientos del pasado reciente del país.

Siendo ello así, cualquier transgresión que afecte significativamente a PDVSA es, en línea directa, una transgresión de los derechos colectivos o difusos, una violación de los derechos de todos y cada uno de los venezolanos en los términos en que esta Sala ha ido delimitando en su jurisprudencia de los derechos colectivos o difusos, pues la actividad petrolera, según el constituyente de 1999, está calificada para un fin que condiciona de forma especial la actividad privada de la referida compañía: crear riqueza y bienestar para el pueblo, según lo dispuesto en el artículo 302 constitucional.

Siendo ello así, analizando ya el hecho desencadenante de la violación constitucional, determinada por el incumplimiento contractual, es menester indicar que la conducta omisiva de INTESA de entregar a PDVSA toda la información y programas que maneje de ella, ha lesionado la norma contenida en el artículo 26 constitucional así como también ha impedido que la referida compañía dé cumplimiento a la garantía dispuesta en el artículo 302 de la Carta Magna, de allí que se declare con lugar la acción de amparo propuesta y, por lo tanto, se ordena a INTESA de conformidad con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes de la República, reinstalar todos los sistemas informáticos que existían antes de la suspensión de los servicios que prestaba y entregar todos los equipos, centros de información, manuales, documentos, planos, planes, información sobre el estado de los proyectos en curso al 2 de diciembre de 2002, diagramas, claves, estudios, archivos y programas de PDVSA que posee o a los que tenía acceso antes de la suspensión del servicio. Así se decide.

Asimismo, dado que la compañía accionada es propiedad de PDV-IFT conjuntamente con Saic Bermuda, y ésta, a su vez, propiedad de Saic Corporation, compañías constituidas conforme con las leyes del Estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes, además, tenían libre acceso y disposición de todos los activos materiales e inmateriales que conforman el sistema de tecnología de información de toda la red institucional de PDVSA, esta Sala considera que la ejecución de este fallo requiere proyectar sus efectos al exterior, por lo que se deja a salvo el derecho de la parte accionante de realizar el pase de la sentencia definitiva de este procedimiento a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica para que se proceda a la ejecución de la decisión acordada y se ordene a las indicadas compañías remitir toda la información que posean de PDVSA. Así se decide.

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por los abogados Orestes Parilli Pérez y Auslar López Villegas, en representación de la empresa estatal PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), en “contra la conducta lesiva de los derechos constitucionales de [su] representada, así como, de toda la comunidad venezolana”.

SEGUNDO: Se ordena remitir copia certificada del fallo in extenso producto de este procedimiento de amparo al Ministerio Público para que determine las responsabilidades penales a que hubiere ha lugar.

TERCERO: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la presente decisión debe ser acatada por todas las autoridades y particulares de la República so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.

CUARTO: Quedan las partes mediante sus apoderados desde este momento notificadas del presente dispositivo.

Nuevos asuntos ingresados por la Secretaría de la Sala

1-AA50-T-2004-000791

Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 29 de marzo de 2004, contentivo del Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado GREGORIO THEIS LUGO, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano PEDRO F. SUTIL CEDEÑO, contra decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, de fecha 30 de octubre de 2003. Ponente: Magistrado DR. ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA.

Recepción del escrito de revisión

2-AA50-T-2004-000792

Oficio N° 143-04 de fecha 23 de marzo de 2004, mediante el cual la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remite expediente N° 2392-04, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana LUZMEY LORETO DE PAREDES, Defensora del ciudadano JOSÉ FRANCISCO BRAZAO RODRÍGUEZ, en virtud de la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por la Sala remite, de fecha 16/03/04. Ponente Magistrado Dr. PEDRO RAFEL RONDÓN HAAZ.