SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

 

Caracas, 9 de septiembre de 2004

194º y 145º

 

 

Mediante escritos de fechas 25 de agosto de 2004 y 1º de septiembre de 2004, presentados por el abogado Luis Alberto Sánchez López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 44.765, actuando en su carácter de apoderado de la ciudadana Dalinda Josefina Viloria Peña, promovió pruebas en la demanda que incoara su representada contra la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de  Venezuela (CANTV), por daños y perjuicios y daño moral.

 

 

En esta misma fecha se ordenó practicar cómputo por Secretaría de los días de despacho transcurridos durante el lapso de promoción de pruebas, en el presente juicio.

 

Ahora bien, debe este Juzgado, antes de proveer sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas, hacer el siguiente señalamiento:

 

Se observa que la acción propuesta versa sobre una demanda por daños y perjuicios y daño moral, contra una empresa en la cual el Estado ejerce un control decisivo (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de  Venezuela, CANTV, C.A.), cuyo conocimiento, conforme al  artículo 5 numeral 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra atribuido a esta Sala.

 

         Así, en relación con el procedimiento aplicable a las acciones de esta naturaleza,  el encabezamiento del artículo 21 eiusdem, dispone que:

 

“En los juicios en que sea parte la República deberá agotarse previamente el procedimiento administrativo establecido en el Título  Cuarto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y supletoriamente se aplicará lo contenido en las normas del procedimiento ordinario, salvo lo establecido en esta Ley”. (Destacado de este Juzgado)

 

 

De acuerdo al texto de la disposición transcrita, sólo en el caso en que la Ley en comento no regule la actividad procesal a realizar, se aplicará supletoriamente lo previsto en el procedimiento ordinario; y, en este sentido, se observa, en lo que respecta específicamente a la etapa de promoción y evacuación de pruebas, que en juicios como el de autos, la Ley vigente  ––a diferencia de la derogada (artículo 107)–– no hace remisión expresa a las reglas del Código de Procedimiento Civil, por ello, el lapso probatorio que rige en este tipo de demandas, al igual que en los procedimientos de juicios de nulidad de actos de efectos particulares y generales, es el previsto en el aparte doce del artículo 21 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (5 días hábiles para promover y 30 días continuos para evacuar las pruebas), como así lo señaló este Juzgado de Sustanciación en decisión N° 654 del 13 de julio de 2004, y que en esta oportunidad se ratifica.

 

De tal manera que, en este juicio, disponían las partes de un lapso de cinco (5) días hábiles, siguientes al vencimiento del lapso de contestación, para la promoción de pruebas, el cual –según el referido cómputo– quedó abierto a partir del día 22 de julio de 2004 hasta el 3 de agosto de 2004, ambas fechas inclusive; y, como quiera que el apoderado de la ciudadana Dalinda Josefina Viloria Peña,  presentó los escritos de pruebas vencido como se encontraba el aludido lapso de promoción, esto es, el 25 de agosto de 2004 y el 1º de septiembre de 2004, resulta forzoso concluir en la inadmisibilidad de las pruebas, por extemporáneas, y así se decide.

         La Juez,

 

 

María Luisa Acuña López

                                                                           La Secretaria,

 

 

                                                                      Noemí del Valle Andrade

 

 

 

Exp. N° 2002-696/ech.