TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACION CIVIL.
Caracas, 13 de abril de 2000.
Años: 189º y 141º.
En
el juicio por resolución de contrato incoado por la ASOCIACION CIVIL PLAYA MANSA, representada judicialmente por los abogados
Pedro José Negrón Méndez, José Rafael Galavis y Nelson Ramírez Torres, contra
la empresa mercantil MACHIHEMBRADORA
CARACAS TECNICA, C.A., representada judicialmente por el abogado Samuel
Jaimes Machado, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito
de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en sentencia
de fecha 27 de octubre de 1999, declaró sin lugar la apelación interpuesta por
el abogado Nelson Ramírez Torres contra el auto de 13 de noviembre de 1998 dictado
por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
El
apoderado de la demandante anunció recurso de casación contra la referida
sentencia de alzada, en diligencia de fecha 9 de noviembre de 1999, el cual fue
declarado inadmisible por el juez de la recurrida, mediante auto de fecha 17 de
noviembre de 1999, sobre la base de que la sentencia recurrida no pone fin al
juicio.
Con
motivo del recurso de hecho propuesto contra la negativa de admisión del
recurso de casación, la Sala recibió el expediente, del que dio cuenta en fecha
10 de febrero de 2000, y correspondió la ponencia al Magistrado que con tal
carácter suscribe el fallo.
Siendo
la oportunidad para ello, pasa la Sala a dictar sentencia, en los términos
siguientes:
U N I C O
Observa la Sala
en el caso bajo análisis, que el Juzgado Superior fundamentó la decisión
recurrida en que:
“En el caso de autos se observa que en las copias traídas a esta Superioridad
faltan tanto la diligencia que apela de la decisión como el auto apelado, razón
por la cual este Juzgador no tiene los elementos de juicios suficientes para
declarar con lugar la apelación interpuesta. Así se declara de conformidad con
lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil”.
Ahora bien, la
labor de un Juez es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero sólo
podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicio necesarios para ello; es
decir, es deber irrenunciable de las
partes suministrar las copias certificadas de las actuaciones pertinentes en
las cuales estén esos elementos de juicio que el juez necesita para producir su
decisión.
Es de hacer notar
que dentro del proceso, existen lapsos
en los cuales se realizan ciertos y determinados actos que no podrán ser
realizados en ningún otro, dado su carácter preclusivo. Este breve resumen
académico se hace con la finalidad de señalar que dentro del proceso las
actuaciones tienen una oportunidad previamente establecida para su realización
y que de no hacerse en ese lapso, no podrán practicarse en ningún otro. Esto
dicho significa, que la consignación de los recaudos para que sea resuelto un
recurso, deben ser realizados en su oportunidad.
En este orden de
ideas, la Sala ha dicho, en auto de 11 de febrero de 1987, (Rockwell
International Corporation General Aviation Division contra Inversiones Goecab,
C.A), lo siguiente,
“... si el apelante, cuyo recurso de apelación se le oyó en el solo
efecto devolutivo, no produce ante la alzada la copia certificada del auto
apelado, como le corresponde por ser su carga procesal, dando lugar a que el
Tribunal Superior declare que “no tiene materia sobre qué decidir”, ello entraña
una renuncia a la apelación, pues apelar de un fallo y no ejercer luego los
recursos que da la Ley contra la omisión del sentenciador en providenciar la
apelación, equivale a no ejercer ese recurso ordinario, o mejor dicho, a
renunciar o desistir del mismo,
...
(OMISSIS) ...
Ciertamente,
apelar de un fallo de instancia y oído en su solo efecto dicho Recurso, y no
tratar de que éste se haga efectivo en la alzada, al no producir legalmente las
copias certificadas pertinentes y no incluir entre ellas la correspondiente al
fallo apelado, para que pueda conocer el Superior del mismo, equivale también,
a renunciar o desistir de la misma apelación. Por otra parte, no es del caso
alegar en descargo de dicha irregular actuación, como lo expresa el recurrente
en la fundamentación del Recurso de Hecho, que se vulnera el derecho
constitucional de la defensa y se le castiga por una irregularidad imputable
únicamente al Tribunal de la causa, pues es de doctrina que constituye una
carga procesal del apelante producir ante el Tribunal de la alzada las copias
de las actuaciones del tribunal a quo, a fin de que la recurrida se forme
criterio con total y absoluto conocimiento de lo ocurrido y pueda en
consecuencia hacer una revisión científica de lo apelado, a fin de dictar una
decisión justa, con base en lo alegado y probado en autos.
En consecuencia, al renunciar
o desistir de dicha apelación, debido a la conducta adoptada ante la alzada,
el recurrente carece de legitimación procesal para anunciar Casación, que como
Recurso Extraordinario que es, impone necesariamente ejercer previamente en la
instancia respectiva los recursos ordinarios; y como su falta de diligencia en
hacer llegar al Superior la copia certificada de la actuación más importante,
como era el fallo apelado, entraña a juicio de la Sala una renuncia o
desistimiento de la susodicha apelación que habría interpuesto, mal podía en
consecuencia anunciar Casación, al no haber agotado el recurso ordinario de
apelación, ...”. (Subrayado de la Sala).
En este aspecto
señala el eximio Dr. Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho
Procesal Civil Venezolano, según el nuevo código de 1987”, página 428, lo siguiente,
“La casación tiene decidido que el no enviarse al tribunal superior el
expediente en virtud de una apelación
oída en ambos efectos sino parte de las actuaciones, constituye un error o
falta en la sustanciación imputable al juez a quo cuyo remedio debe procurarse
en las instancias, pero que la Corte no es la llamada a corregir tal error y,
también, que si el apelante, cuyo recurso ha sido oído en el solo efecto
devolutivo, no produce en la alzada la copia certificada del auto apelado, como
le corresponde, por ser su carga procesal, ello entraña una renuncia a la
apelación; ...”. (Subrayado de la Sala).
Pero hay más, en doctrina
reiterada y pacífica de la Sala, establecida en sentencia de 21 de junio de
1995 (Rodolfo José Estrada Tobía contra Jesús María Olano López y Ana María
Alonso de Olano), que:
“... que el recurrente debe
presentar las copias certificadas del recurso en el lapso que se fije para
ello. De no hacerlo, según lo dispuesto en el artículo 307 del Código de
Procedimiento Civil, la alzada podrá declarar que no tiene materia sobre la
cual decidir, ante la falta de consignación de las copias certificadas que
permitieran conocer el mismo”.
Dada la falta de los recaudos
imprescindibles como son la
diligencia que contiene la apelación y el auto apelado, los cuales no fueron
acompañados en su oportunidad por la hoy recurrente; la Sala al igual que el
Tribunal Superior, no puede suplir –como lo prevé el artículo 12 del Código de
Procedimiento Civil- la negligente actuación del apoderado de la actora de no
consignarlos en su momento, ya que de la conducta omisiva del apelante al no
haber cumplido con su carga procesal, mal podría entonces beneficiarse de su
propia inactividad.
De todo lo
anteriormente expuesto se desprende, que era un deber del apelante consignar
las copias certificadas en la alzada y que su conducta omisiva no puede como
pretende, imputársela a una conducta del tribunal de la causa, en consecuencia,
la oportunidad para la consignación precluyó, se extinguió, feneció; razón por
lo cual se tiene como renunciada o desistida la apelación interpuesta, y sin “legitimación procesal para anunciar
casación”. Y así se decide.
Cabe destacar que la decisión
recurrida no tiene revisión en casación, ya que no es de las previstas en el
artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, por ser una interlocutoria que
no pone fin al juicio.
Por las razones expuestas, el
recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 27 de octubre de
1999, es inadmisible, por lo que el presente recurso de hecho debe ser
declarado sin lugar, y así se establece.
D E C I S I O N
Por las razones
expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara SIN LUGAR el recurso
de hecho propuesto contra el auto de fecha 17 de noviembre de 1999, dictado por
el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que negó el recurso
de casación anunciado contra la sentencia dictada por dicho Tribunal en fecha
27 de octubre de 1999.
De conformidad con el artículo 274 del Código de
Procedimiento Civil, se condena en costas al recurrente.
Publíquese y regístrese. Remítase directamente este
expediente al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad
con el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
El Presidente de la Sala y Ponente,
__________________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
______________________________
ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ
____________________________
CARLOS OBERTO VELEZ
La Secretaria,
__________________
DILCIA QUEVEDO
Exp. Nº 00-014.