SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro.  AA20-C-2017-000278

Magistrado Ponente: VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

 

En la solicitud de divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, interpuesta conjuntamente por los ciudadanos ALBERTO ARMENI y ZOILA MARISOL CONTRERAS DE ARMENI, representados judicialmente, el primero por los abogados David Enrique Castro Arrieta y Oscar Santa Cruz Carmona, y la segunda por los abogados Ismael Barrera Guerrero y Luz Marina Visconti Guillén; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, dictó sentencia el día 14 de diciembre de 2016, mediante la cual declaró inadmisible la solicitud de divorcio fundamentada en el artículo 185-A, revocando de esta manera la sentencia apelada, dictada por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 1 de agosto de 2016, que había declarado con lugar la presente solicitud de divorcio.

 

Contra la referida decisión de la alzada, el cónyuge anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 8 de marzo de 2017 y posteriormente formalizado. Hubo impugnación y réplica.

 

En fecha 20 de abril del 2017 se designó ponente a la Magistrada Dra. Vilma María Fernández González.

 

Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

 

Con fundamento de lo establecido en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 320 eiusdem, el formalizante delata que la recurrida ha infringido los artículos 12 ibídem; igualmente, denuncia la infracción del artículo 185-A, penúltimo aparte y 1.159 del Código Civil, por falta de aplicación, así como, de los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, y de los artículos 20, 26 y 49, encabezamiento, y ordinal 1°, 75 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por falta de aplicación.

Así, el recurrente para soportar su denuncia sostiene lo siguiente:

 

“…la recurrida no tuvo por norte de sus actos la verdad y tampoco se atuvo a lo alegado y probado en autos y sacó elementos de convicción fuera de éstos, y con mayor gravedad por haber desconocido los efectos definitivos e irrevocables de mis declaraciones de voluntad y las de mi cónyuge Zoila Marisol Contreras de Armeni consignadas conjunta y conscientemente en nuestra solicitud de divorcio presentada en el tribunal a quo el 17 de diciembre de 2015, las cuales estaban destinadas intencionalmente a producir el pronunciamiento del tribunal sobre nuestro divorcio, así como tampoco tuvo en cuenta la recurrida que ´mantener un matrimonio desavenido`, atenta contra el ´libre desenvolvimiento de la personalidad individual y el desarrollo integral de las personas, con las secuelas que ello deja tanto a cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado’ (…)

Las infracciones delatadas están reflejadas elocuentemente en los trozos de la recurrida a través de los cuales trasladó in intenso las declaraciones expresadas libremente en nuestra solicitud de divorcio, la cual presentamos para que fuese tramitada por los cauces del artículo 185-A del Código Civil, declaraciones que transcribo a continuación:

…Omissis…

De la doctrina vinculante de la Sala Constitucional

(…) Las expresiones reiteradas de las que nos valimos voluntaria y soberanamente los cónyuges para elevar al conocimiento del juez competente la situación real y verdadera por la cual estaba atravesando nuestra unión conyugal, configuraron sin la menor duda la ratificación del hecho relevante sobre la inexistencia del libre consentimiento de los cónyuges para mantener nuestro matrimonio, que es una de las razones primordiales para solicitar con éxito la disolución del vínculo conyugal, como lo tiene proclamado la doctrina paradigmática y vinculante de la Sala Constitucional en su conceptuoso fallo número 446, de 15 de mayo de 2014, así:

…Omissis…

La comparación entre los hechos alegados en nuestra
solicitud de divorcio como configurativos de la ruptura prolongada de nuestra vida en común por haber permanecido separados de hecho por más de cinco [5] años, con las hipótesis contempladas en la doctrina vinculante de la Sala Constitucional como susceptibles de ocasionar dicha ruptura y subsiguientemente desencadenar en una sentencia de divorcio, pone de relieve que
la existencia del consentimiento libre es el
fundamento para mantener vivo el matrimonio
, además que ´en el derecho venezolano el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges es causal de divorcio`, y entonces se infiere con facilidad de las claras e inequívocas expresiones
de voluntad consignadas en la solicitud de divorcio que en nuestra relación conyugal había desaparecido
´el libre consentimiento` para conservar vivo el matrimonio por la ruptura prolongada de nuestra vida en común, circunstancias trascendentes que ha debido tener en cuenta la recurrida para declarar con lugar el divorcio, en lugar de haber preferido el mantenimiento a toda costa de ´un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deia tanto a los cónyuges como a las familias` (…)

Del relato de la recurrida sobre el ilegal desistimiento del procedimiento de la cónyuge Zoila Marisol Contreras de Armeni

(…) La recurrida también relató la conducta impropia de la

cónyuge Zoila Marisol Contreras de Armeni, cuando en su diligencia de 13 de enero de 2016 caprichosa y unilateralmente desistió ´del procedimiento de solicitud de divorcio` (…), cuya diligencia es del tenor siguiente:

De conformidad con lo previsto en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, DESISTO del presente procedimiento de solicitud de divorcio de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil. (…)

Además la recurrida dejó constancia que la cónyuge Zoila Marisol Contreras de Armeni había presentado otra diligencia el 25 de enero de 2016, a través de la cual contrarió su propia declaración de voluntad expresada voluntariamente en nuestra solicitud de divorcio presentada el 17 de diciembre del 2015, al punto que negó la autenticidad de sus propios dichos, al expresar sin rubor lo siguiente:

Las razones [sic] que me indujeron a ello es la siguiente:

Ambos cónyuges comparecimos asistidos de abogados voluntariamente al tribunal y presentamos una solicitud de divorcio con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil, el cual contempla un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo que no existe obstáculo alguno para que uno solo de nosotros, con posterioridad desista del procedimiento en cuestión, sin que sea necesario su justificación, ya que estamos facultados y tenemos la capacidad procesal para desistir del procedimiento, antes de la sentencia que resuelva la solicitud de divorcio, y dado que se encuentran llenos los extremos de ley previstos en los artículos 265 y 266 del Código Procedimiento Civil, y por cuanto de conformidad con el artículo 263 eiusdem, el desistimiento es irrevocable, solicito su homologación. A todo evento y en caso de que se requiera razones de hecho y de derecho, indico al tribunal que no es cierto que haya existido entre nosotros separación de hecho por más de cinco [5] años, como tampoco ruptura prolongada de nuestra vida en común, hasta el día 27 de octubre de 2015, fecha en que mi cónyuge ALBERTO ARMENI se marchó del hogar sin dar explicación alguna, sin existir causa o motivo justificado, dejándome abandonada a mi suerte. A partir de esa fecha comenzó a presionarme para que le firmara el 185-A y amenazarme con no aportar los recursos para sostener y afrontar los gastos de mantenimiento de mi casa y de mi persona. Fue tal la presión de que he sido objeto, que me indujo a comparecer el día 17 de diciembre de 2015 al tribunal a firmar el 185-A y lo hice con una abogada que él mismo me contrató (…)

Frente a las posiciones antagónicas asumidas por mi cónyuge Zoila Marisol Contreras de Armeni en nuestra solicitud de divorcio, por una parte y por la otra, en su diligencia contentiva del desistimiento unilateral del procedimiento y su pretendida explicación, particularmente la deplorable antinomia cometida con extravagancia por mi cónyuge al indicar que ´comparecimos asistidos de abogados voluntariamente al tribunal v presentamos una solicitud de divorcio con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil`, lo cual es cierto y comprobable con la simple lectura de la indicada solicitud de divorcio, aunque más adelante y con absoluto desconcierto expresó opuestamente que ´Fue tal la presión de que he sido objeto que me indujo a comparecer el día 17 de diciembre de 2015 al tribunal a firmar el 185-A y lo hice con una abogada que él mismo me contrató`, y con ese comportamiento reñido con la verdad mi cónyuge pretendió zafarse de las legales y lógicas consecuencias jurídicas que inevitablemente producirá nuestra solicitud divorcio presentada conforme al artículo el artículo 185-A del Código Civil, y con mayor preponderancia esa censurable conducta de mi cónyuge fue reprimida por la citada sentencia vinculante de la Sala Constitucional de 15 de mayo de 2014, al dejar establecido que ´las conductas procesales individuales no pueden condicionar el desarrollo y final resolución del iter procesal, esto es, en el que una de las partes pueda unilateralmente poner fin a un proceso instado por la otra`, y siendo así la recurrida se separó de las declaraciones de voluntad expresadas en nuestra solicitud conjunta de divorcio, las cuales tenían el propósito de producir los efectos de la futura sentencia de divorcio, y resolvió equivocadamente lo siguiente:

…Omissis…

Yerra ostensiblemente el sentenciador de alzada con el pronunciamiento previamente trasladado, por cuanto no advirtió en la naturaleza jurídica y los efectos irreversibles que producen las declaraciones consignadas voluntaria y conjuntamente por los cónyuges en la solicitud de divorcio prevista en el artículo 185-A del Código Civil, que únicamente pueden revocarse por el mutuo consentimiento de los cónyuges y la opinión favorable del Ministerio Público, declaraciones que la mejor doctrina nacional considera como actos jurídicos y están destinadas a producir las consecuencias jurídicas inmediatas que sus autores aspiran lograr, por tratarse de actos humanos realizados consciente y voluntariamente y que la ley les atribuye efectos jurídicos, y concuerdan con la tercera categoría de actos jurídicos elaborada por el reconocido autor patrio doctor José Melich Orsini en su Doctrina General del Contrato, así:

…Omissis…

Asimismo advertimos que si el propio artículo 185-A del
Código Civil contempla la hipótesis que los cónyuges declaren ante el juez competente que han permanecido separados de hecho por más de cinco [5] años, equivalente a la ruptura prolongada de la vida en común,
esa declaración conjunta no puede quebrantarse con la sola manifestación de voluntad unilateral de uno de los cónyuges como lamentablemente lo consideró la recurrida, antes bien requiere el consentimiento de ambos cónyuges como lo determinó la Sala Constitucional al predicar que ´
las conductas procesales individuales no pueden condicionar el desarrollo y final resolución del iter procesal, esto es, en el que una de las partes
pueda unilateralmente poner fin a un proceso instado por la otra
` (…).

De la doctrina vinculante de la Sala Constitucional sobre la existencia del libre consentimiento como soporte del matrimonio

(…) Interesa ahora referirnos nuevamente al contenido de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, consignada en la invocada sentencia 446, del 15 de mayo de 2014, la cual proclamó que ´el libre
consentimiento
` es el sustrato que subyace en el artículo 77 de la Constitución y que influye en la protección constitucional del matrimonio para justificar el mantenimiento de la vida en común de los cónyuges, de
lo que se deduce que sin el libre consentimiento de los cónyuges el matrimonio no puede subsistir jurídicamente, y entonces
si los cónyuges expresaron conjunta y libremente que había ocurrido la ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco años, es irrevocable a más de que esa declaración conjunta de los cónyuges jamás podría perder su eficacia jurídica por la voluntad unilateral de uno de ellos, a riesgo de quebrantar el artículo 1159 del Código Civil y rebelarse contra el invocado criterio vinculante de la Sala Constitucional copiado en el párrafo precedente. Pido así se decida.

Del desistimiento malicioso y unilateral que atenta contra el orden público y otras garantías constitucionales

(…) Viene al caso agregar que el desistimiento malicioso y unilateral de mi cónyuge Zoila Marisol Contreras de Armeni, con el que pretendía el abandono del trámite de nuestra solicitud conjunta de divorcio, también desconoció que en ella están involucrados intereses de estricto orden público que no pueden ser vulnerados por el capricho y/o mala fe de uno de los cónyuges, con menoscabo de las garantías constitucionales sobre el debido proceso, derecho defensa y tutela judicial efectiva, porque ese impropio proceder con el que se aspiraba infructuosamente desistir unilateralmente de nuestra solicitud de divorcio, significaría subvertir las reglas legales sobre la tramitación de las solicitudes conjuntas de divorcio, al paso que también lesionaría mi derecho de defensa puesto que un desistimiento unilateral me dejaría sin posibilidad de defenderme, y al mismo tiempo dejaría vacío de contenido mi derecho constitucional de acceder al órgano jurisdiccional para hacer valer mis derechos y obtener la tutela judicial efectiva de los mismos, por lo que el pronunciamiento de la recurrida que consideró idóneo el desistimiento malicioso y unilateral de la solicitud de divorcio condujo a la violación grosera de las apuntadas garantías constitucionales consagradas en los artículos 26 y 49 de la Constitución.

(…)

Además el censurado pronunciamiento de la recurrida también sirvió para poner de manifiesto la patente violación de los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación acerca de sus contenidos y alcances, porque la recurrida al darle curso al desistimiento caprichoso y unilateral de mi cónyuge a nuestra solicitud conjunta de divorcio y considerar equivocadamente que ´desde el inicio del presente procedimiento comenzaron a falsear las verdades que el juez, por razones lógicas desconocía, y esto se afirma por cuanto en el escrito libelar los prenombrados ciudadanos alegan que habitaban en la misma propiedad hasta finales del año 2009, y posteriormente asiste una [sic] de las solicitantes [sic] a contradecir esa aseveración medularmente [sic] el ciudadano ALBERTO ARMENI cuando este (sic) explana que habitaban en la misma vivienda`. (…), porque la recurrida se encontraba en el imperativa posición de respetar íntegramente las declaraciones bilaterales, voluntarias y definitivas expresadas en nuestra solicitud de divorcio, -como ya se expresó- sin que le fuere posible cuestionarlas y desconocerlas por el simple y antijurídico arrepentimiento unilateral y caprichoso de mi cónyuge, y mucho menos darle curso a un ilegal desistimiento de la demanda o del procedimiento, puesto que las hipótesis previstas los artículos 263 y 265 del Código de trámites que permiten al demandante desistir de la demanda en cualquier estado y grado de la causa y desistir del procedimiento antes de la contestación de la demanda, son potestades procesales exclusivamente reservadas para ser ejercidas en los juicios propiamente dichos, esto es, en ´las controversias judiciales suscitadas por conflictos intersubjetivos de intereses en el que el órgano jurisdiccional debe resolver por sentencia previa sustanciación de la causa, a través de las formas procesales previstas en la ley` (…), y nunca pueden ser ejercidas caprichosamente en las solicitudes conjuntas de divorcio que deben tramitarse con arreglo a lo previsto en el artículo 185-A de Código Civil, en las que no hay ni demandante ni demandado, no existe contestación de la demanda y tampoco tiene que tramitarse a través de los cauces de un juicio ordinario con la debida sustanciación del proceso y el acatamiento de las formas procesales previstas en la ley, al contrario el juez lo que debe constatar al momento de la recepción de la solicitud conjunta de divorcio es la autenticidad de las firmas de los solicitantes, que sus declaraciones conjuntas y voluntarias de los cónyuges no contraríen el orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, para luego comprobar la alegación relatada en la solicitud de divorcio sobre la ruptura prolongada de la vida en común por haber permanecido los cónyuges separados de hecho por más de 5 años, y si el Ministerio Público no tuviese ´objeción al procedimiento en virtud de estar llenos los extremos de ley` (…), -como ocurrió en el (sic) situación particular- la recurrida no tenía otra opción que declarar nuestro divorcio como lo dispone imperativamente el artículo 185-A, penúltimo aparte, del Código Civil, aunque la recurrida prefirió darle curso al arrepentimiento malicioso e ilegal de mi cónyuge, como ha sido suficientemente explicado en esta extensa denuncia, y de allí derivan las infracciones delatadas. Pido así se decida.

De la inexactitud de los pronunciamientos de la recurrida por interpolar la solicitud de divorcio con mi exposición en el tribunal a quo

(…) Conviene señaladamente al planteamiento correcto de esta denuncia y a su apropiada resolución, destacar la intercalación de palabras o frases en el texto de la recurrida tomando como referencia las claras afirmaciones de la solicitud de divorcio y mi declaración rendida en el tribunal a quo el 16 de mayo de 2016, que dada de la índole de esta denuncia esa Sala puede examinar y comprobar que textualmente alegué lo siguiente:

…Omissis…

En nuestra solicitud conjunta de divorcio del 17 de diciembre del 2015, manifestamos inequívocamente que durante más de cinco [5] años estuvimos separados de hecho, específicamente desde finales del mes de noviembre de 2009, lo que equivalía a la ruptura prolongada de nuestra vida en común, de cuyas declaraciones dio cuenta la recurrida y las comprueban los fragmentos siguientes:

…Omissis…

La interpolación en que incurrió la recurrida es evidente, esto es, puso más entre las declaraciones de la solicitud de divorcio y mi exposición en el tribunal a quo, o mejor dicho intercaló palabras y frases en la sentencia impugnada que no constan en nuestra solicitud de divorcio y mucho menos en mi exposición rendida en el tribunal a quo el 16 de mayo de 2016, copiadas en los párrafos que anteceden, puesto que en la referida solicitud nos circunscribimos a declarar que desde el año 2000 nos mudamos a Lecherías, avenida 12, zona Las Villas Este, sector Aguavilla, casa No. 494, Complejo Turístico El Morro, municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, ´En donde habitamos juntos hasta finales del mes de noviembre de 2009`, y también declaramos que ´de mutuo y común acuerdo a finales del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009), decidimos separarnos de hecho, y hemos permanecido separados de hecho durante todo este tiempo, no habiendo desde esa fecha vida conyugal en común, ni afectiva entre nosotros`, mientras que en mi exposición en el tribunal a quo me limité a expresar que ´debido a que si bien es cierto, vivíamos en la misma vivienda, pero NO había vida en común y no había asistencia recíproca en la satisfacción de las necesidades por más de cinco [5] años, es decir, desde aproximadamente finales del mes de noviembre del 2009`, declaraciones que lejos de contradecirse se complementan para reforzar la idea sobre nuestra ruptura conyugal prolongada y acordada voluntariamente, aunque alguna parte de nuestra separación de hecho por más de cinco años hubiese transcurrido en la misma vivienda, porque lo trascendente es que desde el inicio del lapso de la ruptura prolongada por más de cinco años que comenzó en noviembre de 2009, había desaparecido ´el libre consentimiento` que es el fundamento para mantener vivo el matrimonio, o expresado en palabras de la Sala Constitucional ´la suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado`, lo cual contrasta notablemente con lo decidido de manera interpolada por la recurrida que ´habitaban en la misma propiedad hasta finales del año 2009`, puesto que lo declarado fue que en el identificado inmueble de Lechería ´habitamos juntos hasta finales de noviembre de 2009`, puesto que el uso de la preposición ´hasta` denota que a finales de noviembre 2009 se agotó ´el término del tiempo`, en el que los cónyuges vivimos juntos, hicimos vida en común, que es notoriamente diferente con lo decidido por la recurrida que ´habitaban en la misma propiedad hasta finales del año 2009`, lo que quiere decir que los cónyuges según la recurrida habitamos en la misma propiedad hasta finales de 2009, y de allí en adelante uno de ellos o los dos se mudaron a otro inmueble, expresiones que no aparecen en ninguna parte de las actas procesales, y que corresponden a una invención de la recurrida para pretender justificar el mantenimiento a todo trance de un matrimonio desavenido, y de allí el imperdonable error de la recurrida acerca de que los cónyuges habíamos comenzado a ´falsear las verdades` y utilizar ´el estrado judicial, pretendiendo engañar al juzgador y pretendiendo conseguir una sentencia favorable en contravención con los principios de lealtad que deben tener los justiciables y con desmedro a la justicia.` (…), razonamientos que en definitiva ratifican procedencia de las infracciones denunciadas. Pido así se establezca.

De las normas que la recurrida debió aplicar y no aplicó o aplicó mal para resolver la controversia

…Omissis…

De la relación de causalidad entre las infracciones denunciadas y lo dispositivo de la sentencia recurrida

(…) En atención a lo dispuesto en el artículo 313, parte in fine, del Código de Procedimiento Civil, señalo que las infracciones acusadas resultaron determinantes de lo dispositivo del fallo recurrido, puesto que éste no advirtió que las declaraciones conjuntas, voluntarias y definitivas consignadas con claridad y precisión en nuestra solicitud conjunta de divorcio tenían que ser respetadas íntegramente por la recurrida por tratarse de actos jurídicos consolidados destinados a producir consecuencias jurídicas específicas, en especial la ulterior declaratoria sobre nuestro divorcio, lo cual fue ignorado abiertamente por la recurrida, y en su lugar tomó el camino equivocado de darle curso a un desistimiento unilateral, malicioso y contrario a la ley.

(…) En fuerza de las consideraciones expuestas, solicito de esa honorable Sala que declare con lugar la primera denuncia por errores de juzgamiento…”. (Resaltado del texto).

 

A propósito de lo expuesto, aprecia la Sala que conforme a los fundamentos planteados por el formalizante, la denuncia se encuentra orientada a delatar un error de juzgamiento, vale decir, el vicio de suposición falsa en el que incurre el juez, pues -a su decir- el ad quem ha debido considerar lo expuesto en la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, bajo el amparo del artículo 185-A del Código Civil, dado que en dicha solicitud se manifiesta la voluntad de ambos cónyuges de disolver el matrimonio, siendo que desde más de cinco (5) años no existe vida en común entre éstos. Arguyendo de igual forma, que el juez de alzada “intercaló palabras y frases en la sentencia impugnada que no constan en (la) solicitud de divorcio y mucho menos en (su) exposición rendida en el tribunal a quo…”. En ese sentido, este Máximo Tribunal, extremando sus funciones, en aplicación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que atiende a la necesidad de flexibilizar las formas procesales no esenciales, procederá a su análisis en esos términos.

Para decidir, la Sala observa:

 

Respecto al vicio de suposición falsa, esta Sala en múltiples sentencias entre otras la N° 490 de fecha 4 de agosto de 2016, caso: Promociones Y Construcciones Gamal, C.A., contra Cesar Eloy Flores Geraud y otra, exp. N° 15-796, se indicó lo siguiente:

 

“…El Art. 320 del C.P.C permite a la Sala extenderse al establecimiento o valoración de los hechos que hayan efectuado los jueces de instancia, en los siguientes casos de excepción: a) Denuncia de infracción de una norma jurídica expresa que regule: 1) el establecimiento de los hechos, 2) la valoración de los hechos, 3) el establecimiento de las pruebas; o b) Denuncia de alguna de las tres hipótesis de suposición falsa, porque el juez de alzada: 1) atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o 2) dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, o 3) cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo. En los cuatro primeros casos, se trata de un error de derecho, pues lo denunciado es la infracción de normas jurídicas…[…] En los tres casos restantes, relativos a la suposición falsa, se trata de un error de hecho que conduce, por vía de consecuencia, a un error de derecho, pues la causa directa no es la incorrecta aplicación de una norma jurídica, sino la fijación de un determinado hecho que resulta falso o inexacto, porque no tiene asidero en la verdad objetiva del expediente, lo que conduce por vía de consecuencia a la infracción, por falsa aplicación, de la norma jurídica en que fue subsumido el hecho positivo y concreto que resultó falso o inexacto…`.

De acuerdo a la doctrina antes transcrita, el falso supuesto o suposición falsa, tiene como premisa el establecimiento por parte del Juez, de un hecho positivo y concreto que resulta falso o inexacto en relación a la verdad objetiva del expediente, bien sea por atribuir a un acta o documento del expediente menciones que no contiene, o por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos; o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo.

De manera que, la figura de suposición falsa, tiene que referirse obligatoriamente a un error de hecho que conduce a un error de derecho por parte del juez de alzada al resolver la controversia, quedando fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la Ley y la doctrina entienden por suposición falsa. [Vid. Sentencia N° 187, de  fecha 26 de mayo de 2010, caso: Vicente Emilio Capriles contra Desarrollos Valle Arriba Athetic Club, C.A., exp. 09-532]…”. (Cursivas de la sentencia).

 

De la jurisprudencia antes transcrita se desprende que la suposición falsa consiste en la afirmación de un hecho positivo y concreto que resulta falso o inexacto, porque el juez atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo. Asimismo, tenemos que el vicio de suposición falsa consiste en el establecimiento de un hecho particular, positivo y preciso, que es falso, y no se encuentra comprendido dentro de las conclusiones a las que arriba el sentenciador una vez analizados los hechos establecidos en el expediente.

 

Ahora bien, en el presente caso, en la recurrida el juez de alzada expresó lo siguiente:

 

“…- Pruebas promovidas por la ciudadana Zoila Marisol Contreras De Armen (sic).-

…Omissis…

Promovió

´…marcado letra ´B` constante de un [1] folio útil de zarpe de embarcaciones deportivas expedida en fecha 25 de marzo de 2012, por VENETUR, GERENCIA DE MARINAS MARGARITA…`

Promovió:

´…marcada letra ´C` constante de cuatro [4] folios útiles los siguientes documentos:

a) REGISTRO DE ENTRADA DE EMBARCACION nº 118/2013, expedido por VENETUR MARGARITA, de fecha 04 de mayo de 2013. relacionada con la entrada de la embarcación MR. TERRIBLE, PROCEDENTE DE Puerto La Cruz, y con fecha de salida 06 de mayo de 2013

b) ENTRADA DE ADUANAS [CONCORDE] ADUANA DE PAMPATAR, ISLA DE MARGARITA, de fecha 04 de mayo de 2013, relacionada con la embarcación MR.TERRIBLE, procedente de Puerto La Cruz en fecha 04 de mayo de 2013;

c) SOLICITUD DE DESPACHO DE ADUANA de fecha 05 de mayo de 2013, de la embarcación MR.TERRIBLE, expedido por la Aduana Subalterna de Pampatar:

d) ZARPE DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS nº 078/2013, expedido por VENETUR MARGARITA para la embarcación MR.TERRIBLE…`

Promovió:

´…marcada letra ´D` constante de un [1] folio útil de ZARPE DE EMBARCACIONES DEPORTUVAS (sic) de fecha 30 de septiembre de 2013, expedido por VENETUR MARGARITA, de la embarcación MR. TERRIBLE, con destino a Puerto La Cruz…`

Referente a estas probanzas, identificadas con las letras ´B`, ´C` y ´D`, se aparta del criterio del tribunal de origen cuando aduce ´…por cuanto dicha documentación no prueba que los cónyuges Alberto Armeni y Zoila Marisol Contreras de Armeni, se hayan separado de hecho en fecha 27 de octubre de 2015, motivo por el cual se desechan…`; y esto se realiza por cuanto las citadas probanzas pueden considerarse como indicios para resolver la incidencia suscitada y aperturada. Así se declara.-

Promovió:

´…CONFESIÓN JUDICIAL ESPONTANEA de ALBERTO ARMENI… en escrito de contestación de fecha 16 de mayo de 2016, expuso lo siguiente: ´Ahora bien ciudadano Juez, paso hacer las siguientes consideraciones por cuanto es Totalmente Falso toso (sic) los argumentos a que hace mención la ciudadana ZOILA MARISOL CONTRERAS, debido a que si bien es cierto, vivíamos en la misma vivienda, pero NO había vida en común y no había asistencia recíproca en la satisfacción de las necesidades por más de 5 años, es decir, desde aproximadamente el mes de noviembre…` (…).

En la relación a esta invocación, este Tribunal le otorga valor probatorio como demostrativo de las afirmaciones realizadas por el ciudadano Alberto Armen. Así se decide.-

- Pruebas promovidas por el ciudadano Alberto Armen (sic).

Promovió:

´…testimonial jurada de los ciudadanos VÍCTOR ARNALDO LOIODICE CHÁVEZ (…) ROSCIO KATHERINE RODRÍGUEZ RUIZ (…) DAMARYS LILIANA PADRÓN PÉREZ (…) ANTONIO DA SILVA MARTÍNEZ (…) JOSÉ VICENTE POLANCO ANDERSON (…)`

…Omissis…

Referente a la declaración del ciudadano JOSÉ VICENTE POLANCO ANDERSON, cursante a los folios treinta y uno al treinta y tres de la segunda pieza del cuaderno principal, de la lectura en extenso de su exposición, se verifica que el mismo no entró en contradicción al momento de ser preguntado y repreguntado, ante tal consideración esta alzada le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-

…Omissis…

Por otra parte, el artículo 185-A del Código Civil Venezolano, establece de forma textual, lo siguiente:

…Omissis…

De la norma supra transcrita se evidencia que existen ciertos requisitos para la procedencia de la presente acción, los cuales serán examinados de seguidas, a los fines de determinar su cumplimiento en el caso de autos.

1) Que exista una separación de hecho entre los cónyuges.-

2) Que dicha separación lleve aparejado el incumplimiento de los deberes conyugales, entre ellos la cohabitación,-

3) y que dicho periodo de separación sea mayor a cinco [05] años (…)

Subsumiendo todo lo anterior al presente caso, este Tribunal traerá a colación los siguientes actos procesales suscitados en la presente acción con la finalidad de dirimirla:

1) En el escrito libelar los solicitantes ciudadanos: ALBERTO ARMENI y ZOILA MARISOL CONTRERAS DE ARMENI, entre otras cosas indican: ´…nos mudamos a la ciudad de Lechería… en donde habitamos juntos hasta finales del mes de noviembre del año 2009. (…).

2) La ciudadana solicitante ZOILA MARISOL CONTRERAS DE ARMENI, desiste del procedimiento aduciendo una serie de situaciones siendo una de ellas que no existe tal ruptura durante cinco años.-

3) La ciudadana Zoila Contreras promovió, confesión, la cual se le otorgó valor probatorio, y en la cual quedaba al descubierto el siguiente hecho. ´CONFESIÓN JUDICIAL ESPONTANEA de ALBERTO ARMENI …en escrito de contestación de fecha 16 de mayo de 2016, expuso lo siguiente: ´Ahora bien ciudadano Juez, paso hacer las siguientes consideraciones por cuanto es totalmente falso toso (sic) los argumentos a que hace mención la ciudadana ZOILA MARISOL CONTRERAS, debido a que si bien es cierto, vivíamos en la misma vivienda, pero NO había vida en común y no había asistencia recíproca en la satisfacción de las necesidades por más de 5 años, es decir, desde aproximadamente el mes de noviembre…` (…).

4) El testimonio del ciudadano JOSÉ VICENTE POLANCO ANDERSON, el cual esta alzada le dio valor a su deposición, en la cual afirmó: que los solicitantes vivían en habitaciones separadas.-

5) Este tribunal le otorgó valor probatorio a las pruebas relacionadas a los viajes que realizaron los solicitantes en fechas 25 de marzo de 2012, por, 04 de mayo de 2013, 06 de mayo de 2013, 30 de septiembre de 2013.

De las consideraciones supra citadas, no cabe duda primeramente que los ciudadanos ALBERTO ARMENI y ZOILA MARISOL CONTRERAS DE ARMENI, desde el inicio del presente procedimiento comenzaron a falsear las verdades que el juez, por razones lógicas desconocía, y esto se afirma por cuanto en el escrito libelar los prenombrados ciudadanos alegan que habitaban en la misma propiedad hasta finales del año 2009, y posteriormente asiste una de las solicitante a contradecir dicha aseveración medularmente el ciudadano ALBERTO ARMENI, cuando este explana que habitaban en la misma vivienda.

Así mismo, de los viajes realizados por los solicitantes es claro que estos mantenían para esa fecha, es decir 2012-2013, una relación donde se expide convivencia familiar la cual da a entender una relación amorosa afectiva para ese momento.-

Por último, se verifica entonces, que los solicitantes de autos utilizaron el estrado judicial, pretendiendo engañar al juzgador y queriendo conseguir una sentencia favorable en contravención con los principios de lealtad que deben tener los justiciables, y con desmedro a la justicia; en consecuencia le resulta forzoso a este juzgador declarar INADMISIBLE, la presente solicitud por cuanto es claro que los ciudadanos ALBERTO ARMENI y ZOILA MARISOL CONTRERAS DE ARMENI, no tenían el tiempo necesario para interponer el presente asunto, es decir cinco años de separación de hecho…”. (Resaltado del texto).

 

De lo antes transcrito, esta Sala observa que el ad quem fundamentó su decisión en una supuesta confesión espontanea, en la que el cónyuge manifiesta que vivían en la misma vivienda, pero no compartían vida en común; de igual forma, manifestó desde más de cinco (5) años no existía asistencia reciproca “en la satisfacción de las necesidades”; asimismo, consideró la testimonial del ciudadano José Vicente Polanco Anderson, el cual expuso que los cónyuges vivían en habitaciones separadas; igualmente, consideró unas pruebas relacionadas con viajes que realizaron los solicitantes en fechas 25 de marzo de 2012, 04 de mayo de 2013, 06 de mayo de 2013 y 30 de septiembre de 2013, pruebas éstas que no se evidencia de que manera fueron valoradas; concluyendo que los conyugues “mantenían para esa fecha, es decir 2012-2013, una relación donde se expide convivencia familiar la cual da a entender una relación amorosa afectiva”.

 

Ahora bien, evidencia esta Sala que de dichas probanzas lo que se observa es la inconformidad del ciudadano Alberto Armeni para seguir compartiendo la vida en común con la ciudadana Zoila Marisol Contreras de Armeni, pues de la supuesta confesión espontanea del cónyuge y de la referida testimonial lo que se desprende es la ruptura de la vida en común de los cónyuges y la falta de consentimiento del cónyuge de seguir casado con la prenombrada ciudadana; puesto que los presuntos viajes realizados por dichos ciudadanos no demuestran tal vida amorosa, como lo señala el juez de alzada en la motiva de la recurrida.

 

En ese sentido, esta Sala encuentra pertinente traer a colación lo establecido por la Sala Constitucional mediante sentencia N° 446, de fecha 15 de mayo de 2.014, caso: Victor José de Jesús Vargas Irauquín, indicando lo que sigue:

 

“…Planteada así la situación, no hay razón alguna, salvo una estrictamente formal, para sostener que en casos de que se invoque el abandono voluntario para solicitar el divorcio [artículo 185.2 del Código Civil] o que se pida la conversión en divorcio de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento decretada judicialmente [artículo 185 del Código Civil], se pruebe en el procedimiento de divorcio que el abandono existió, o que no hubo reconciliación [artículos 759 y 765 del Código de Procedimiento Civil], mientras que para el caso de que en base al artículo 185-A del Código Civil, se pida que se declare el divorcio por existir una separación de hecho permanente por más de cinco años, no se ventile judicialmente la existencia real de tal situación por el solo hecho de que uno de los cónyuges [el citado] no concurriere a la citación, o no reconociere el hecho, o el Ministerio Público simplemente se opusiere. Sostener esta última solución, a juicio de esta Sala Constitucional crea una discriminación ante una situación de naturaleza idéntica en los mencionados casos de suspensión de la vida en común, suspensión que denota que un presupuesto constitucional del matrimonio: el libre consentimiento para mantenerlo de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir.

Ante la negativa del hecho de la separación por parte del cónyuge demandado prevista en el artículo 185-A del Código Civil, el juez que conoce la pretensión debe abrir una articulación probatoria para constatar si es cierto lo que señala el solicitante, la cual será la del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, ya que ante un caso de igual naturaleza: la petición de conversión de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento en divorcio, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 765 prevé que si citado el cónyuge que no solicitó la conversión, éste alegare reconciliación, se abrirá la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para que se pruebe la reconciliación, habiendo quedado ya probada la suspensión de la vida en común con el decreto judicial que autoriza la separación de cuerpos.

Por ello, no encuentra esta Sala ninguna razón para que una articulación probatoria similar no sea ordenada, para probar la separación de hecho, si al aplicarse el artículo 185-A del Código Civil, el cónyuge demandado [quien no solicitó el divorcio] no compareciere, o se limite a negar los hechos, o el Ministerio Público objete la solicitud. La diferencia es que en el caso de la conversión de la separación de cuerpos en divorcio, la carga de la prueba de la reconciliación la tiene quien la invocó, y en el caso del mencionado artículo 185-A, la carga de la prueba de la separación de hecho prolongada la tiene quien solicita el divorcio. Debe advertir la Sala, que la interpretación del artículo 185- A del Código Civil, en razón de la actual Constitución [artículo 77], del desarrollo de la personalidad, de la expresión del libre consentimiento, que se ha manifestado por aquel [cónyuge] quien suspendió la vida conyugal por un tiempo que el legislador lo consideró suficiente, no puede ser otra que ante la no comparecencia del otro cónyuge o la negativa por éste de los hechos, o la objeción del Ministerio Público, por tratarse de una negativa u objeción a los hechos [negativa que está involucrada en la no comparecencia del cónyuge de quien solicitó el divorcio], resulta absurdo interpretar que los hechos afirmados no los puede probar quien los alega. Es un principio de derecho que cuando se alegan hechos, ellos tienen que ser objeto de prueba, ya que ésta tiene como fin primordial y material constatarlos; y el artículo 185-A, plantea la negativa del hecho alegado por el solicitante del divorcio, quien, ante tal negativa, debe probar que no existe tal separación…”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

De la sentencia antes transcrita se desprende que la Sala Constitucional, en interpretación del artículo 185-A del Código Civil, flexibilizó el contenido del mismo, dejando abierta la posibilidad de que una vez interpuesta la solicitud de divorcio, amparada en el referido artículo, si uno de los cónyuge no compareciera o se opusiera al mismo, el juez de la causa debe abrir una articulación probatoria, conforme a los dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para que las partes puedan hacer valer las pruebas que estimen pertinentes para comprobar sus aseveraciones, en razón de la expresión “el libre consentimiento para mantenerlo (el matrimonio) de al menos uno de los esposos, ha dejado de existir…”, pues ese libre consentimiento no sólo opera para contraer matrimonio, sino también para no mantener el matrimonio en contra de la voluntad. De igual forma, indicó que el cónyuge que niega la veracidad del fin de la vida en común que pruebe sus dichos ante el juez, evitando así que el caso sea desechado automáticamente.

 

En ese sentido, mal puede considerar el juez ad quem como comprobada una convivencia familiar “amorosa” de los cónyuges, pues lejos de haberse comprobado la reconciliación de las partes solicitantes, lo que se evidencia es la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges; puesto que –tal como se indicó ut supra- de la supuesta confesión espontanea del cónyuge, el cual manifiesta que vivían en la misma vivienda, pero no compartían vida en común; de igual forma, expuso que desde más de cinco (5) años no existía asistencia reciproca “en la satisfacción de las necesidades” y de la referida testimonial del ciudadano José Vicente Polanco Anderson, el cual señaló que los cónyuges vivían en habitaciones separadas, lo que se desprende es la terminación de la vida en común de los cónyuges y la falta de consentimiento del cónyuge de seguir casado con la prenombrada ciudadana, siendo que el consentimiento libre para mantener el matrimonio es el fundamento de éste y cuando el mismo se modifica por cualquier causa y por parte de cualquiera de los cónyuges surge el cese de la vida en común.

 

En virtud de las consideraciones antes expuestas, se declara procedente la presente denuncia, pues con tal proceder el ad quem incurrió en el vicio de suposición falsa. Así se establece.

 

II

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el recurrente delata la infracción de los artículos 12 ibídem, y ordinal 1° del 1.141 del Código Civil, ambos por falta de aplicación y de los artículos 1.142 ordinal 1° y 1.146 eiusdem, por falsa aplicación.

 

Así, el recurrente para soportar su denuncia sostiene lo siguiente:

 

“…la recurrida no tuvo por norte de sus actos la verdad y tampoco se atuvo a lo alegado y probado en autos y sacó elementos de convicción fuera de éstos, y señaladamente por haber ignorado el indispensable consentimiento de los cónyuges para desvirtuar las declaraciones consignadas en nuestra solicitud de divorcio, y en su lugar haber considerado que mi cónyuge (…) había incurrido en un vicio del consentimiento cuando suscribió expresada la solicitud conjunta de divorcio, equivocaciones que dieron motivos a la recurrida para dar por bueno el desistimiento caprichoso y unilateral formulado por mi cónyuge, el cual desembocó en el pronunciamiento de la recurrida sobre la inadmisibilidad de la solicitud de divorcio presentada conjuntamente por los cónyuges en el tribunal a quo el 17 de diciembre de 2017, la cual solicitud debía que tramitarse por los cauces del artículo 185-A del Código Civil.

(…) La recurrida transcribió con amplitud las declaraciones de voluntad expresadas libremente en nuestra solicitud de divorcio, a través de las cuales dejamos constancia que ´habitamos juntos hasta finales del mes de noviembre del año 2009`, en el inmueble ubicado en la avenida 12, de la zona de Las Villas Este, sector Aquavilla Complejo Turístico El Morro, casa número 124, Lechería estado Anzoátegui, y también dejó establecido que ´de mutuo v común acuerdo a finales del mes de noviembre del año dos mil nueve [2009], decidimos separarnos de hecho y hemos permanecido separados de hecho durante todo este tiempo no habiendo desde esa fecha vida conyugal en común, ni afectiva entre nosotros` (…).

La recurrida igualmente dio cuenta del caprichoso, unilateral y antijurídico desistimiento del procedimiento de nuestra solicitud conjunta de divorcio, el cual está contenido en la diligencia estampada por mi cónyuge Zoila Marisol Contreras de Armeni el 13 de enero del 2016 (…), así como también relató que había presentado otra diligencia el 25 enero del 2016, en la que admitió que ´Ambos   cónyuges   comparecimos   asistidos   de   abogados voluntariamente al tribunal y presentamos una solicitud de divorcio con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil, el cual contempla un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo que no existe obstáculo alguno para que uno solo de nosotros, con posterioridad desista del procedimiento en cuestión, sin que sea necesario su justificación, ya que estamos facultados y tenemos la capacidad procesal para desistir del procedimiento, antes de la sentencia que resuelva la solicitud de divorcio`, para luego expresar con el mayor desparpajo que ´no es cierto que haya existido entre nosotros separación de hecho por más de cinco [5] años, como tampoco ruptura prolongada de nuestra vida en común, hasta el día 27 de octubre de 2015, fecha en que mi cónyuge ALBERTO ARMENI se marchó del hogar sin dar explicación alguna, sin existir causa o motivo justificado, dejándome abandonada a mi suerte. A partir de esa fecha comenzó a presionarme para que le firmara el 185-A y amenazarme con no aportar los recursos para sostener y afrontar los gastos de mantenimiento de mi casa y de mi persona. Fue tal la presión de que he sido objeto, que me indujo a comparecer el día 17 de diciembre de 2015 al tribunal a firmar el 185-A y lo hice con una abogada que él mismo me contrató` (…)

Esa simple e infundada alegación de mi cónyuge sobre una supuesta presión para que firmara nuestra solicitud de divorcio, quedó absolutamente desvirtuada cuando ella misma en su diligencia de 25 de enero de 2016, expresó libre de apremios que ´Ambos cónyuges comparecimos asistidos de abogados voluntariamente al tribunal y presentamos una solicitud de divorcio con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil`, por lo que quedó descartada de plano posibilidad de que hubiese existido presión alguna de mi parte, al contrario lo que ella reconoció fue plena voluntad y libertad absoluta para presentar nuestra solicitud conjunta de divorcio y, sin embargo, la recurrida en su confusión y propósito definido de preservar a como de lugar un matrimonio desavenido y contrariando la doctrina vinculante de la Sala Constitucional contenida en la sentencia número 446 de 15 de mayo de 2014, consideró que la inventada presión a la que alude mi cónyuge en su diligencia de 25 de enero de 2016, configuraba un vicio del consentimiento, específicamente el vicio de violencia, por haber perturbado el proceso psíquico de formación de su voluntad consignada en nuestra separación conjunta de divorcio, cuando en realidad la violencia moral [vis compulsiva] considerada por la ley como susceptible de ´arrancar el consentimiento por violencia` o coacción moral se concretiza cuando el sujeto objeto de la violencia moral es ´colocado en la alternativa de escoger entre la celebración del negocio o el riesgo de sufrir el mal con el que se le amenaza, decide optar por la celebración del negocio.` (…), y en la situación particular mi cónyuge no llegó a demostrar que la supuesta amenaza consistía en que yo no aportaría ´los recursos para sostener y afrontar los gastos de mantenimiento de mi casa y de mi persona` y esa infundada y no demostrada alegación le sirvió a la recurrida para darle curso al ilegal y caprichoso desistimiento del procedimiento de solicitud de divorcio, al extremo que la recurrida llegó a considerar que los cónyuges solicitantes del divorcio habíamos falseado la verdad y utilizado el estrado judicial para pretender engañar al juzgador y, por consiguiente, declaró inadmisible la solicitud de divorcio, cuando en realidad lo único censurable fue el desistimiento malicioso y unilateral de mi cónyuge, y de ese modo quebrantó groseramente el artículo 1141, ordinal 1°, del Código Civil al ignorar que nuestra solicitud conjunta de divorcio contiene el ´consentimiento de las partes`, y al mismo tiempo violó el artículo 1142, ordinal 2°, eiusdem, al reputar el arrepentimiento unilateral y malicioso de mi cónyuge como vicio del consentimiento y, por vía de consecuencia, la recurrida vulneró el artículo el artículo 1146 ibídem, por falsa aplicación, al considerar que la libre y soberana voluntad expresada por mi cónyuge en nuestra solicitud de divorcio había sido arrancada por violencia, con la alegación final que doy aquí por reproducida toda la argumentación explanada en la denuncia anterior en obsequio del principio de economía procesal.

Del criterio de la mejor doctrina nacional sobre el alcance de los vicios de consentimiento

(…) La más reputada doctrina nacional sobre esta interesante materia, siempre encabezada por el recordado maestro José Mélich-Orsini al estudiar los efectos y alcances de los vicios del consentimiento dejó establecido el incuestionable criterio que se copia de seguida:

…Omissis…

La aplicación del invocado criterio doctrinal al caso
particular sirve para ratificar que los vicios del consentimiento no sólo se producen en los contratos y negocios jurídicos, sino que también
comprenden todos aquellos actos voluntarios del hombre destinados a producir efectos jurídicos, como por ejemplo los consignados en una solicitud conjunta de divorcio.

De las normas que la recurrida debió aplicar y no aplicó o aplicó mal para resolver la controversia

(…) De conformidad con el artículo 317, ordinal 4°, del Código Procedimiento Civil atiendo la carga procesal de señalar que las normas que la recurrida debió aplicar y no aplicó son los artículos 12 del Código Procedimiento Civil, y 1141, ordinal 1°, del Código Civil, y también quebrantó los artículos 1142, ordinal 1°, y 1146 ibídem, por falsa aplicación.

De la relación de causalidad entre las infracciones denunciadas y lo dispositivo de la sentencia recurrida

(…) En atención a lo dispuesto en el artículo 313, parte in fine, del Código de Procedimiento Civil, señalo que las infracciones acusadas resultaron determinantes de lo dispositivo del fallo recurrido, puesto que el sentenciador de alzada no comprendió que el simple arrepentimiento unilateral de mí cónyuge de la solicitud de divorcio no era equivalente a un vicio del consentimiento, o sea, violencia moral [vis compulsiva] considerada por la ley como susceptible de ´arrancar el consentimiento por violencia` o coacción moral…”. (Resaltado del texto).

 

De la confusa y enrevesada denuncia, la Sala observa que de acuerdo con los argumentos explanados por el formalizante, la misma va dirigida a delatar un vicio por error de juzgamiento, esto es, el vicio de suposición falsa en el que incurre el juez, dado que –a su decir el ad quem ignoró “el indispensable consentimiento de los cónyuges para desvirtuar las declaraciones consignadas en nuestra solicitud de divorcio, y en su lugar haber considerado que mi cónyuge (…) había incurrido en un vicio del consentimiento cuando suscribió expresada solicitud conjunta de divorcio…”. Aduciendo asimismo, que de la solicitud de divorcio se desprende la voluntad de ambos cónyuges de terminar su matrimonio, a su vez, que quedó desvirtuada la supuesta presión con que la cónyuge presentó la solicitud de divorcio; por lo que este Máximo Tribunal, extremando sus funciones en acatamiento de los postulados que propugnan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procederá a su conocimiento en esos términos.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Tal como se señaló en la anterior denuncia, el vicio de suposición falsa consiste en la afirmación de un hecho positivo y concreto que resulta falso o inexacto, porque el juez atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.

 

Expuesto lo anterior, a los fines de verificar el vicio denunciado la Sala estima necesario transcribir lo pertinente de la recurrida, sin embargo, para no caer en repeticiones inútiles, haciendo tediosa la lectura de la presente decisión y como quiera que la recurrida ya fue transcrita en la denuncia anterior, la misma se da por reproducida en la presente denuncia.

 

En ese sentido, tal como se indicó en la anterior denuncia, la Sala Constitucional a través de sentencia N° 446, de fecha 15 de mayo de 2.014, caso: Víctor José de Jesús Vargas Irauquín; flexibilizó el contenido del artículo 185-A del Código Civil, estableciendo la posibilidad de que una vez interpuesta la solicitud de divorcio, conforme a dicho artículo, si uno de los cónyuge no compareciera o se opusiera al mismo, el juez de la causa abrirá una articulación probatoria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para que las partes puedan hacer valer las pruebas que estimen pertinentes para demostrar sus argumentos. Asimismo, estableció que el cónyuge que se oponga al divorcio y objete la separación por más de cinco (5) años, debe probarlo y de esa manera no sea desechada la acción; cuestión que no realizó la cónyuge que se opuso al divorcio, tal como se determinó en la denuncia ut supra estudiada, siendo su obligación probar su reconciliación y así desvirtuar la solicitud de divorcio, conforme lo establecido en la jurisprudencia antes citada, la cual indica que “el artículo 185-A, plantea la negativa del hecho alegado por el solicitante del divorcio, quien, ante tal negativa, debe probar que no existe tal separación…”.

 

A lo anterior, conviene agregar que el matrimonio sólo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad, de conformidad con el artículo 77 constitucional y en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento– la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem), ya que el consentimiento libre para mantenerlo es el fundamento del matrimonio, y cuando éste se modifica por cualquier causa y por parte de cualquiera de los cónyuges, surge el cese de la vida en común, lo cual significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado. En virtud de lo cual, la Sala considera procedente la presente denuncia. Así se establece.

 

CASACIÓN SIN REENVÍO

 

De conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, la Sala puede casar sin reenvío el fallo recurrido cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo o bien cuando los hechos hayan sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces de fondo y ello permita aplicar la apropiada regla de derecho. En esos casos, el fallo dictado y el expediente deben ser remitidos directamente al tribunal al cual corresponda la ejecución.

 

En virtud de que esta Sala constató que en el presente caso la cónyuge que desistió de su voluntad de disolver el matrimonio, argumentando que no es cierto la ruptura de la vida en común por más de cinco (5) años, no logró probar tal aseveración; siendo obligación de ésta demostrar tal alegato, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia antes citada, vale decir, la dictada por la Sala Constitucional, a través de sentencia N° 446, de fecha 15 de mayo de 2.014, caso: Víctor José de Jesús Vargas Irauquín, en la que se indicó que el cónyuge que niega la veracidad del fin de la vida en común que pruebe sus dichos ante el juez, evitando así que el caso sea desechado automáticamente.

 

Asimismo, se constató que de las pruebas aportadas al proceso lo que se evidencia es la terminación de la vida en común de los cónyuges y la voluntad de uno de éstos de disolver el matrimonio; entendiéndose que dicha institución social sólo existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad, de acuerdo a lo previsto en artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado.

 

Así las cosas, con apoyo en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, la Sala casa sin reenvío el fallo recurrido, visto que es innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, y declara así, con lugar la solicitud de divorcio 185-A del Código Civil, presentada por los ciudadanos, Alberto Armeni y Zoila Marisol Contreras de Armeni, los cuales contrajeron matrimonio civil por ante el Juzgado Primero de los Municipios Urbanos de la Circunscripción Judicial del estado Aragua (hoy Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua), en fecha 14 de diciembre de 1.979. En consecuencia, se declara disuelto el vinculo matrimonial que los une, cuya acta quedó inserta bajo el N° 34 del Libro de Registro de Matrimonios llevado por el referido Juzgado en el año 1.979. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el apoderado judicial del cónyuge, ciudadano Alberto Armeni, contra la sentencia dictada en fecha 14 de diciembre de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui y CASA SIN REENVÍO dicho fallo de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se declara: CON LUGAR la solicitud de divorcio 185-A del Código Civil, presentada por los ciudadanos, Alberto Armeni y Zoila Marisol Contreras de Armeni, los cuales contrajeron matrimonio civil por ante el Juzgado Primero de los Municipios Urbanos de la Circunscripción Judicial del estado Aragua (hoy Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del estado Aragua), en fecha 14 de diciembre de 1.979. En consecuencia, se DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL que los une, cuya acta quedó inserta bajo el N° 34 del Libro de Registro de Matrimonios llevado por el referido Juzgado en el año 1979.

 

No hay condenatoria en las costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de cognición, Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

__________________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

Vicepresidente,

 

 

___________________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

Magistrado,

 

_________________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

Magistrada-Ponente,

 

_______________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Magistrada,

 

________________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

Secretaria  Temporal,

 

________________________________________

MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

Exp. Nro. AA20-C-2017-000278

Nota: Publicada en su fecha a la

 

Secretaria Temporal