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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia
del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el juicio por cobro de bolívares, vía
intimación, iniciado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Agrario y Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Bolívar, por el abogado ROGER ELÍAS HURTADO RAMOS,
actuando en defensa de sus derechos e intereses, contra el ciudadano LUIS
REDONDO REDONDO, sin representación judicial acreditada en autos, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” del Segundo Circuito de la
misma Circunscripción Judicial, en la incidencia de oposición del ciudadano GEORGE
BACHOUR LAY, quien interviene como tercero opositor a la medida de embargo
ejecutivo, representado judicialmente
por los abogados Claudio Marcano Marval, Alexander Rojas Pino, Luisa Cedeño
Naranjo, Ramón Hernández Gago y Yaneira Rojas Campos, dictó sentencia en fecha
30 de mayo de 2002, declarando sin lugar la apelación intentada por la parte
actora y con lugar la oposición ejercida por el tercero opositor, confirmando
la decisión de primera instancia que se pronunció en igual sentido.
Contra esa decisión del mencionado Juzgado
Superior, la parte actora, abogado Roger Elías Hurtado Ramos, anunció recurso
de casación. Admitido el recurso, se remitió el expediente a la Sala de
Casación Civil.
El 9 de julio de 2003, la parte actora,
abogado Roger Elías Hurtado Ramos, presentó escrito de formalización al recurso
de casación. No hubo impugnación.
En fecha 5 de agosto de 2003, se dio cuenta
en Sala del presente asunto, designándose ponente al Magistrado que con tal
carácter suscribe el presente fallo.
Cumplidos los trámites de sustanciación, siendo la
oportunidad para decidir, lo hace esta Sala previa las consideraciones siguientes:
RECURSO
POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Al amparo del
ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el
formalizante la violación por parte de la recurrida, de los artículos 12, 244 y
243 ordinal 5° eiusdem, al haber incurrido en el vicio de incongruencia
negativa.
Sostiene el
formalizante que en la incidencia de oposición al embargo ejecutivo, por parte
del tercero opositor, alegó que ese tercero no tenía un legítimo derecho de
propiedad, pues habría adquirido el inmueble en remate judicial, a pesar de que
el demandado en ese juicio, Centro de Especialidades Médicas Asociados, C.A.,
(Cemedica) no era a su vez propietario del bien. Que mal podría haberse
trasmitido la propiedad, del demandado al adjudicatario en remate, cuando el
primero no fue el legítimo propietario del bien rematado.
Continúa
alegando el formalizante, que la sentencia impugnada no se pronunció sobre el
alegato antes referido, incurriendo en quebrantamiento de los artículos 12, 244
y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.
Para decidir, la
Sala observa:
La recurrida, resumió así el
señalado alegato de la parte actora:
“...A su vez, la parte actora ejecutante se opuso a la pretensión
del tercero alegando que el referido inmueble es de la única y exclusiva
propiedad del ejecutado Luis Redondo Redondo y que la parte demandada en el
juicio que concluyera con el remate del cual pretende extraer su derecho de
propiedad el tercero opositor, lo fue el Centro de Especialidades Médicas
Asociados, C.A., (Cemedica), sociedad que nunca ha sido propietaria del bien en
litigio, por lo que mal podría haber transmitido derecho de propiedad alguno
por virtud del remate al tercero George Bachour Lay...(Omissis).”.
Luego, la sentencia
impugnada señaló lo siguiente:
“...a los folios 37 al 40,
corre inserto copia certificada de Título Supletorio, a nombre de Centro
Clínico Médico Asociados, C.A., registrado por ante la Oficina Subalterna de
Registro Público del Municipio Sotillo del Estado Monagas, bajo el Nro. 19,
folios vuelto del 28 al 32, protocolo primero adicional Nro. 1, primer
trimestre del año 1983.
(Omissis).
Los documentos insertos a
los folios 37 al 40, y 43 al 45, ambos inclusive del presente expediente,
correspon-diente (sic) título supletorio y documento de venta, respectivamente,
señalados con los numerales 1 y 2, del aparte 2.2 de los argumentos de esta
decisión, demuestran la tradición del bien.
Por su parte el tercero
opositor al consignar la copia certificada expedida por el Registrador
Principal del Estado Monagas, que riela a los folios 15 al 24, logró
demostrar que en el juicio de intimación de sumas de dinero seguido por el
ciudadano George Bachour Lay en contra de la empresa Centro Clínico Médico
Asociados, representada por el ciudadano Luis Rafael Redondo, por ante el
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 27 de
febrero de 1.991, le fue adjudicado en plena propiedad el inmueble ubicado
en la calle principal...(Omissis)...copia certificada que este Tribunal
Superior valora de conformidad con los artículos 1.384 del Código Civil y 429
del Código de Procedimiento Civil...”.
La sentencia
impugnada determinó, que el acta de remate constituía prueba fehaciente de la
propiedad del inmueble, a favor del tercero opositor, ciudadano George Bachour
Lay y que en los documentos acompañados a los folios 37 al 40, consta la copia
certificada del título supletorio, a nombre de Centro Clínico Médico Asociados,
C.A. De igual forma, el Juez Superior determinó que de los documentos insertos
a los folios 37 al 40, y 43 al 45, ambos inclusive del presente expediente,
quedó probada la tradición del bien inmueble.
El Juez de Alzada
llegó a la convicción, que el acta de remate constituía el título de propiedad
del inmueble, con fuerza suficiente para declarar con lugar la oposición del
tercero, dando por demostrada la tradición del inmueble en litigio. Por tal
motivo, no puede señalarse que el Juez Superior ignoró el alegato de la parte
actora, pues lo resolvió, pero en sentido adverso al pretendido por el
accionante.
Advierte la
Sala, que tampoco tenía jurisdicción el Juez Superior para analizar y resolver
un problema anterior al acta de remate de otro proceso terminado, pues el
asunto de la debida tradición de ese bien inmueble, debió plantearse antes de
llegar al acto de ejecución judicial. La presente demanda, tampoco es una
acción reivindicatoria, que pretenda recuperar un derecho de propiedad
vulnerado sobre el bien inmueble rematado. El Juez, en obsequio al principio de
congruencia, debe pronunciarse sobre el
thema decidendum que le corresponda, sin extralimitarse a otros procesos
ajenos a su margen de decisión.
Por las razones
señaladas, la presente denuncia por quebrantamiento de los artículos 12, 244 y
243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil se declara improcedente. Así
se decide.
II
Al amparo del
ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el
formalizante la violación por parte de la recurrida, de los artículos 243
ordinal 4°, 244 y 12 eiusdem, al haber incurrido en el vicio de
inmotivación.
Sostiene el
formalizante que la sentencia impugnada, afirmó por una parte que el ciudadano
Luis Redondo Redondo, fue propietario del inmueble objeto de litigio. Que
luego, el referido ciudadano dejó de ser propietario del bien, sin señalar los
motivos referidos a “...cuándo y cómo dejó de ser propietario del inmueble
en referencia...” Que tal circunstancia, comporta el quebrantamiento del
artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, generando el vicio
de inmotivación.
Para decidir, la
Sala observa:
La recurrida, en
torno al derecho de propiedad por parte del tercero opositor, y la pérdida de
este derecho respecto al ciudadano Luis Redondo Redondo, señaló lo siguiente:
“...Por su parte el tercero
opositor al consignar la copia certificada expedida por el Registrador
Principal del Estado Monagas, que riela a los folios 15 al 24, logró
demostrar que en el juicio de intimación de sumas de dinero seguido por el
ciudadano George Bachour Lay en contra de la empresa Centro Clínico Médico
Asociados, representada por el ciudadano Luis Rafael Redondo, por ante el
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 27 de
febrero de 1.991, (sic) le fue adjudicado en plena propiedad el inmueble
ubicado en la calle princi-pal...(Omissis)...copia certificada que este
Tribunal Superior valora de conformidad con los artículos 1.384 del Código
Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil.
Del análisis de ambas
pruebas documentales se desprende fehacientemente que el ciudadano Luis Redondo
Redondo, fue propietario del inmueble supra-identificado por venta que le
hiciera la ciudada-na Romelia Castillo en fecha antes mencionada, pero que para
la fecha en que practicó el embargo ejecutivo el dominio del bien en cuestión
lo tenía el tercero opositor, adquirido en remate judicial suficientemente
señalado y así se declara...” (Negritas de la Sala).
Como puede
observarse de la transcripción anterior, la recurrida estableció la propiedad a
favor del tercero opositor, en razón de un remate judicial del bien inmueble
objeto de litigio, donde el adjudicatario habría sido ese tercero. De esta
forma, justificó que el actual propietario no fuese el ciudadano Luis Redondo
Redondo sino el tercero, ciudadano George Bachour Lay.
La sentencia impugnada expresó sus motivos, fundados
en el remate judicial a favor del tercero. Por ello, no hubo quebrantamiento
del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, y la presente
denuncia se declara improcedente. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código
de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación por parte de la
recurrida, de los artículos 534 y 546 eiusdem, ambos por “...falta o
indebida aplicación...”.
Argumenta el formalizante que la sentencia
impugnada, estableció la propiedad del bien inmueble a favor del tercero
opositor, a pesar de que también determinó, una vez analizadas las pruebas, que
ese bien le había sido vendido al demandado, ciudadano Luis Redondo Redondo.
Que de las pruebas analizadas en la sentencia, se estableció el derecho de
propiedad a favor del demandado, no del tercero opositor.
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante plantea la infracción de los
artículos 534 y 546 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación
y simultáneamente por “...indebida aplicación...”. La indebida
aplicación, término usado para hacer referencia a la falsa aplicación, es un
motivo de infracción de ley incompatible con la falta de aplicación. Son
situaciones excluyentes, que no pueden darse al mismo tiempo. Aunque tal error
en la fundamentación, es suficiente para desestimar la denuncia, la Sala
efectúa otras consideraciones:
El formalizante indica que el Juez Superior no podía
determinar la propiedad del inmueble en litigio, a favor del tercero opositor,
pues de las actas del expediente se desprendería que ese inmueble era propiedad
del ciudadano Luis Redondo Redondo. La sentencia impugnada, contrariamente a lo
aseverado por el formalizante, expresó que esa propiedad fue adquirida
posteriormente por el tercero opositor, a través de un acto de remate. Tal
situación jurídica no fue desvirtuada por el formalizante.
De esta forma, el Juez Superior dio sus argumentos,
no rebatidos por el recurrente, para indicar que el tercero opositor, ciudadano
George Bachour Lay, adquirió el inmueble en remate judicial. Por ello, la Sala
no puede considerar infringidos los artículos 534 y 546 del Código de
Procedimiento Civil, en razón de esta situación jurídica establecida por el
Juez de Alzada, que desvirtuaría cualquier posibilidad de atribuirle la
propiedad al ciudadano Luis Redondo Redondo.
Por las razones señaladas, la presente denuncia por
infracción de los artículos 534 y 546 del Código de Procedimiento Civil se
declara improcedente. Así se decide.
II
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código
de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem,
denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida, del artículo
12 ibidem, al haber incurrido en
el segundo caso de suposición falsa.
Sostiene el formalizante que la sentencia impugnada,
inicialmente habría establecido que el inmueble objeto de litigio, era
propiedad del ciudadano Luis Redondo Redondo, y que luego señaló que el
inmueble pasó a manos del tercero opositor, ciudadano George Bachour Lay. Que
en el presente proceso, no existe prueba alguna que el ciudadano Luis Redondo
Redondo, para el momento del referido remate, habría dejado de ser propietario
del inmueble referido.
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante plantea la denuncia aislada del
artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, para indicar que el Juez
Superior incurrió en el segundo caso de suposición falsa. No obstante que la
denuncia aislada de este artículo, constituye una fundamentación ya abandonada
por la doctrina de la Sala de Casación Civil, se procede al análisis de los
alegatos planteados por el recurrente, en los siguientes términos:
La sentencia impugnada, respecto a la propiedad del
inmueble objeto de litigio, señaló lo siguiente:
“...Por su parte el tercero
opositor al consignar la copia certificada expedida por el Registrador
Principal del Estado Monagas, que riela a los folios 15 al 24, logró
demostrar que en el juicio de intimación de sumas de dinero seguido por el
ciudadano George Bachour Lay en contra de la empresa Centro Clínico Médico
Asociados, representada por el ciudadano Luis Rafael Redondo, por ante el
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 27 de
febrero de 1.991, le fue adjudicado en plena propiedad el inmueble ubicado
en la calle principal...(Omissis)...copia certificada que este Tribunal
Superior valora de conformidad con los artículos 1.384 del Código Civil y 429
del Código de Procedimiento Civil.
Del análisis de ambas
pruebas documentales se desprende fehacientemente que el ciudadano Luis Redondo
Redondo, fue propietario del inmueble supra-identificado por venta que le
hiciera la ciudadana Romelia Castillo en fecha antes mencionada, pero que para
la fecha en que practicó el embargo ejecutivo el dominio del bien en cuestión
lo tenía el tercero opositor, adquirido en remate judicial suficientemente
señalado y así se declara...” (Negritas de la Sala).
La recurrida estableció la propiedad del inmueble a
favor del tercero opositor, sobre la base del acta de remate donde habría
adquirido el referido bien, acta cursante a los folios 15 al 18 en copias
certificadas. El formalizante indica que tal prueba no existe en el expediente.
Al respecto la Sala se percata de la existencia de la referida prueba, donde
expresamente se señala que la buena pro en el remate, le fue concedida al
ciudadano George Bachour Ley, tal como señala la recurrida, y en consecuencia, “...se
le adjudicó en propiedad el inmueble objeto del remate..:”.
No hubo suposición falsa, pues la prueba sí consta
en las actas del expediente y coincide con lo establecido por el Juez Superior,
en cuanto a la celebración del acto de remate y la adjudicación del inmueble al
tercero opositor, ciudadano George Bachour Lay. Por tal motivo, la presente
denuncia por infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, se
declara improcedente.
III
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código
de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem,
denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida de los
artículos 1.359, 1.360 y 1.384 del Código Civil, al haber incurrido en
suposición falsa.
Sostiene el formalizante, que la recurrida
estableció el derecho de propiedad a favor del tercero opositor, ciudadano
George Bachour Lay, a través del análisis de un acta de remate. Que esa acta,
no indica que el referido ciudadano haya adquirido el inmueble objeto de litigio,
incurriendo en suposición falsa.
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante plantea la existencia de suposición
falsa, sin indicar a cuál de los tres casos establecidos en el artículo 320 del
Código de Procedimiento Civil se refiere. Tampoco fundamenta los motivos por
los cuales, considera que fueron infringidos los artículos 1.359, 1.360 y 1.384
del Código Civil, vale señalar, por falsa aplicación, falta de aplicación o
errónea interpretación, ni la trascendencia de las supuestas infracciones en la
suerte de la controversia. Si bien tales omisiones son suficientes para
desestimar la denuncia, la Sala profundiza el punto señalando lo siguiente:
Como ya fue expresado en el análisis de las dos
denuncias de infracción de ley, la recurrida estableció el derecho de propiedad
a favor del tercero opositor, ciudadano George Bachour Lay, en razón de un acta
de remate, que sí consta en el expediente a los folios 15 al 18 en copias
certificadas. El formalizante indica que tal prueba no existe en el expediente.
Al respecto la Sala reitera la existencia de la referida prueba, donde
expresamente se señala que la buena pro en el remate, le fue concedida al
ciudadano George Bachour Ley, tal como señala la recurrida, y en consecuencia, “...se
le adjudicó en propiedad el inmueble objeto del remate..”.
Por tales motivos, no puede considerarse la
suposición falsa alegada, y en razón de ello, la presente denuncia por
infracción de los artículos 1.359, 1.360 y 1.384 del Código Civil se declara
improcedente. Así se decide.
En mérito de las precedentes
consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por
autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación
anunciado por la parte actora, contra la sentencia de fecha 30
de mayo de 2002, emanada del Juzgado
Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores
del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
Como
consecuencia de haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena
a la parte recurrente al pago de las costas.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Constitucional del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen antes identificado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de
Despacho de la
Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas, a los diecinueve
(19) días del mes de agosto de dos mil
cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
El Vicepresidente Ponente,
__________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
_______________________
El Secretario,
___________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp.
N° AA20-C-2003-000736