Magistrado
Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ.
En el juicio por cobro de
bolívares, intentado mediante el procedimiento por intimación o monitorio, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil
y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, por el ciudadano EZEQUIEL
SIMÓN HERNÁNDEZ URDANETA, representado judicialmente por los abogados en
ejercicio de su profesión Ricardo J. Tamayo B., Miguel A. Rojas U. y Jesús M.
Meneses H., contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación
mercantil DESARROLLOS M.B.K., C.A., patrocinada
por los profesionales del derecho Carlos Manuel Guillermo Padrón, Laura Veiga
Hernández, Felipe Octavio Padrón Ojeda y Marling Boada Peña; el Juzgado
Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la precitada
Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica
vertical, por decisión de fecha 7 de marzo de 2007, declaró sin lugar el
recurso procesal de apelación propuesto por la representación judicial del
demandante, contra la decisión de fecha 2 de agosto de 2006, dictada por el
tribunal a quo, que declaró sin lugar
la demanda propuesta. Confirmada así la decisión apelada y finalmente la demandante
fue condenada al pago de las costas procesales del recurso.
Contra el precitado fallo de la alzada, la
representación judicial del demandante anunció recurso extraordinario de
casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
Concluida
la sustanciación, pasa la
Sala a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia
del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previa a
las siguientes consideraciones:
DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Al amparo del
ordinal 1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la
infracción de los artículos 267 y 269 eiusdem, al incurrir, según el
formalizante, en el vicio de omisión de pronunciamiento
Se
fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
“…el sentenciador de
Alzada debió corregir el vicio en el que incurrió el Juez de Primera Instancia,
y declarar extinguida la instancia, una vez que transcurrieron mas de treinta
(30) días continuos luego del auto de admisión de la demanda, y de la citación
de la demandada, por el incumplimiento incurrido por el actor con las
obligaciones que le imponía la Ley,
para impulsar la citación. Además, el Juez de Primera Instancia, no atendió las
solicitudes realizadas por las partes, durante el juicio con relación a la
declaratoria de ‘Perención’, quebrando con esto, una forma sustancial del
proceso, ya que la perención se verifica de pleno derecho y no es renunciable
por las partes.
Al respecto, los
artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil establecen:
‘Artículo
267.- Toda instancia se extingue por el
transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las
partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la
perención. También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar
desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con
las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del
demandado.
2° Cuando transcurridos treinta días a contar
desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el
demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para
que sea practicada la citación del demandado…(Omissis)…’
‘Artículo 269.-
‘Perención se verifica de derecho y no es
renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la
sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es
apelable libremente.’
De acuerdo con las
disposiciones procesales transcritas, el Juez de Primera Instancia debió
declarar perimida la instancia, y establecer una forma procesal correcta, y
brindar el mejor desenvolvimiento del juicio, garantizando el derecho de las
partes; por el contrario, el Juez de la causa continuó con el juicio y omitió las
solicitudes realizadas por las partes
respecto a la perención, petición ratificada en los informes ante el
Superior; por tanto, la recurrida quebrantó las formas procesales establecidas
en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, con lo que
incurrió en una omisión de pronunciamiento, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 12 eiusdem, que señala: ‘(…)
Debe atenerse a lo alegado y probado en autos (…) es una formalidad esencial a
la validez del juicio.’
Como consecuencia de
la falta de pronunciamiento, el juicio continuó su curso, hasta que mi
representado, en la fase probatoria, no pudo demostrar el hecho (objeto de la
demanda) ya que no se enteró oportunamente de la articulación probatoria, sino,
después de vencido el lapso para la evacuación de la prueba, por tanto, no pudo
ejercer ninguna acción, mucho menos, apelar de la sentencia ya había concluido
la oportunidad.
Sin embargo, mi
representado actuó ante el Superior y solicitó la reposición al estado de que
se pronunciara respecto a la ‘Perención’, lo cual fue negado sin motivación
alguna. Al respecto, establece el artículo 208 del mismo Código, lo siguiente:
‘Si la nulidad del acto la observare y
declarare un Tribunal Superior que conozca en grado de la causa, repondrá ésta
al estado de que se dicte nueva sentencia por el Tribunal de la instancia en
que haya ocurrido el acto nulo, disponiendo que este Tribunal antes de fallar,
haga renovar dicho acto conforme a lo dispuesto en el artículo anterior’.
Al negar la
reposición, por considerar extemporánea la solicitud, el sentenciador de la Recurrida cercenó a mi
representado, la oportunidad de defenderse en el juicio, mas aun, al haber sido
declarada sin lugar la demanda, infringiendo así el artículo 15 del Código de
Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: ‘Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las
partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni
desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente,
según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que
puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.’
En efecto, al
negar la reposición, se menoscabó el derecho de defensa de mi representado
porque se le impidió alegar ante la
Alzada, con lo cual se cercenó su derecho de defensa…”.
Para
decidir, la Sala
observa:
Plantea el recurrente una denuncia de
incongruencia negativa, en lo que respecta a la ausencia de pronunciamiento expreso,
positivo y preciso por parte de la recurrida acerca de la solicitud que se
hiciere respecto a la corrección de un supuesto vicio en el que incurrió el
Juez de Primera Instancia en la tramitación del juicio y al no declarar la
perención breve del juicio. Es decir el demandante acusa en casación
que el superior no declaró la nulidad de la sentencia apelada por que, a su
decir el a quo no declaró la perención de la instancia al evidenciarse que el
incumplió con las obligaciones que le imponía la Ley para impulsar la citación.
La legitimación para recurrir en sede
casacional comprende tres aspectos, a
saber: 1) Es necesario haber sido parte en la instancia; 2) Es indispensable
tener legitimación procesal para anunciar el recurso; y 3) Es menester que haya
un perjuicio, es decir, ser parte vencida total o parcialmente, en la causa.
Por otra parte, desde la perspectiva de
las denuncias en casación, la legitimación se expresa en la imposibilidad de
plantear faltas dentro del juicio que ningún agravio le han causado al
formalizante, ni puede hacer la respectiva denuncia, a quien la infracción de
existir, le pueda favorecer.
A la luz de los postulados
anteriormente expuestos, se observa que el hoy recurrente en casación carece,
como demandante en el presente juicio, de la legitimación necesaria para
denunciar presuntas omisiones en que incurrió el a quo al no declarar la
perención breve pues él, como
demandante, un pronunciamiento declarando la perención breve, como lo está
solicitando lo perjudicaría, por contrario, si el Juez no se pronunció y
resolvió al fondo, esto lo aprovecha al recurrente no teniendo, en
consecuencia, legitimidad para hacer esta denuncia. Así se establece.
No obstante lo anterior, la Sala estima necesario
pronunciarse sobre la institución de la perención de la instancia, toda vez que
la misma es materia de eminente orden
público, opera de pleno derecho y no es renunciable, debiendo ser declarada de
oficio por el órgano jurisdiccional de existir artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
La doctrina define la perención de la
instancia como un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir el
período de tiempo estatuido en la ley sin ejecutar ningún acto de
procedimiento. La perención extingue la instancia o el proceso, pero no impide
que se vuelva a proponer la demanda pasado noventa días continuos después de
verificada la perención.
La perención constituye una sanción
contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es oficioso,
cuando no se cumpla, aquel debe instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Del detenido análisis de las actas que
conforman el presente expediente, se evidencia que la presente demanda fue
propuesta el día 26 de junio de 2003 y fue admitida en cuanto ha lugar en
derecho por auto de fecha 4 de julio de 2003; por diligencia de la misma fecha,
el demandante estampó diligencia en el expediente, dejando expresa constancia
de haber recibido las copias certificadas del escrito de la demanda, del auto
de admisión con la orden de comparecencia, de la diligencia de la solicitud y
del auto que la acordó; posteriormente, por diligencia de fecha 22 de
septiembre de 2003, el demandante consignó las referidas copias certificadas, a
los fines de que se expidiera la respectiva compulsa para la práctica de la
citación de la sociedad mercantil demandada, por auto de fecha 26 de septiembre
de 2003, se acordó librar la correspondiente compulsa.
En fecha 20 de octubre de 2003, el
demandante solicitó al tribunal de la cognición librar nueva compulsa;
solicitud que fue acordada por auto de fecha 29 de octubre de 2003, siendo
consignadas las correspondientes copias mediante diligencia de fecha 4 de noviembre de 2003, practicándose
la citación del representante legal de la intimada el 17 de febrero de 2004,
conforme consta en la diligencia estampada en el expediente por el alguacil del
tribunal en fecha 18 del mismo mes y año.
De lo anterior, se colige que
efectivamente el lapso de los treinta (30) días computados desde la fecha de la
admisión de la demanda hasta la práctica de la citación del demandado, conforme
lo establece el ordinal 1°) del artículo 267 de la
Ley Procesal Adjetiva, transcurrió en
demasía, por lo que debió ser declarada la perención de la instancia, por haber
el demandante incumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la
citación del demandado.
De allí que surja la duda acerca de
cuáles son esas obligaciones que impone la Ley al demandante; así tenemos, que en la Ley de Arancel Judicial se establecen
obligaciones a las partes, entre ellas, el pago de los aranceles judiciales,
cuyas normas reguladoras perdieron vigencia, quedaron derogadas con la promulgación
de la Constitución
de la República
Bolivariana de Venezuela, aprobada por referéndum popular el
15 de diciembre de 1999, y publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 36.860 del 30 de diciembre del mismo año, la cual propicia en su
artículo 26, el principio de la justicia gratuita; tal derogatoria, en
principio fue interpretada por la doctrina jurisprudencial aplicable a todo el
texto de la Ley
de Arancel Judicial, es decir, que a partir de la publicación del novel Texto
Constitucional, no resultaba aplicable ni existía la posibilidad de la
aplicación de la disposición contenida en el ordinal 1°) del artículo 267 del
Código de Procedimiento Civil, de la perención breve, por la falta de
cancelación de los derechos arancelarios correspondientes a la compulsa para
los efectos de la citación del demandado.
Posteriormente, la Sala reinterpretó y modificó
su criterio en relación al contenido y alcance de las disposiciones contenidas
en la Ley de
Arancel Judicial, en lo atinente a las cargas y obligaciones de las partes en
el proceso, quedando con plena aplicación y vigencia, la disposición contenida
en el artículo 12 de la precitada ley, las
cuales deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes
dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda,
mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil
los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado,
cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede
del Tribunal; de otro modo su omisión
o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo
obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la demandante
le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias
pertinentes a la consecución de la citación.
En relación con las
cargas y obligaciones que deben ser observadas y cumplidas por las partes en el
proceso, la Sala
en sentencia N° RC-00537, de fecha 6 de julio de 2004, Exp. N° 2001-436, caso: José Ramón
Barco Vásquez, contra Seguros Caracas Liberty Mutual, bajo la ponencia del Magistrado
que con tal carácter suscribe, puntualizó lo que a continuación se
transcribe:
“…A
propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe
cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda
o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas
bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina
que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los
procedimientos.
Ciertamente el legislador patrio en el artículo
321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de
instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos
análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la
jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación
contemplada en el artículo 12 de la
Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido
sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de
casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la
instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en
el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o
de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido
afirmado la casación- esto es, que si es procedente la perención de la
instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la
gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código
de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON
SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.
El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial
señala:
‘Cuando
haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población
en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la
parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de
justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para
su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione.
Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en
la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías
Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.
El
Consejo de la Judicatura
y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante
resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de
pagar los interesados’.
En ese sentido, es imperante profundizar sobre
razonamientos valederos tanto para la emergencia arancelaria como para la
actual concepción de la gratuidad en la justicia, con mayor fundamento para
esta última:
Las obligaciones a que se contrae el ordinal
primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas
destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al
pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa
del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del
funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a
la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I,
numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que
se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de
los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al
contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución
de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita
que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no
cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente
obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual
se encuentra la persona a citar, asi como el transporte o traslado y gastos de
manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de
quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente
manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero
que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.
Conforme al contenido del artículo 2 de la Ley Arancel Judicial, el
arancel se constituía en un ingreso público que tenía por objeto coadyuvar
en el logro de la mayor eficiencia del Poder Judicial, permitiendo que dicho tributo
fuese proporcional y facilitara el acceso a la justicia de todos los sectores
de la población; y como tal ingreso público, quedaba dentro de la clasificación
que el legislador ha consignado en el artículo 42 de la Ley Orgánica
de la Hacienda
Pública Nacional como rentas ordinarias.
Empero, al lado de esta derogada obligación
tributaria (ingreso público, según el art. 2 de la Ley de Arancel Judicial, que
era percibido por los institutos bancarios con convenio con la hoy suprimida
Oficina Nacional de Arancel Judicial), están las obligaciones PREVISTAS EN LA MISMA LEY DE ARANCEL
JUDICIAL QUE NO CONSTITUYEN INGRESO PÚBLICO NI TRIBUTOS NI SON PERCIBIDAS POR
LOS INSTITUTOS BANCARIOS en sus oficinas receptoras de fondos
nacionales, es decir, obligaciones que no son aranceles judiciales y, por ende,
dichas obligaciones que pueden ser o no dinerarias NO SON DESTINADAS A
COADYUVAR EL LOGRO DE LA
EFICIENCIA DEL PODER JUDICIAL NI A PERMITIR EL ACCESO A LA JUSTICIA
(art. 2 de la Ley
de Arancel Judicial) NI A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL (art. 42, ord. 4º de la Ley Orgánica
de la Hacienda
Pública Nacional) las cuales mantienen plena vigencia.
Estas obligaciones son las contempladas en el
artículo 12 de la Ley
de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de
los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en
diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o
Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo
–además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione-
los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o
diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que
disten más de 500 metros
del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.
Nadie osaría discutir ni poner en duda que el
contenido del artículo 12 de la
Ley de Arancel Judicial, constituye una obligación que el
demandante debe satisfacer cuando la citación del demandado haya de practicarse
en un sitio que diste más de 500
metros del lugar o recinto donde el Tribunal tiene su
sede, ni nadie podría afirmar que
el contenido económico de esta obligación pueda ser calificado de arancel
judicial o ingreso público tributario. En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del
funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la
demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder
Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en
las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de
Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los
pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y
hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera
de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del
peticionante o demandante –según el caso- ya que se repite, no responde
al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos
ingresan al patrimonio del transportista, hotelero o proveedor de estos
servicios. No ingresaban al patrimonio nacional que administraba la
extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a
cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen
plena vigencia en todos los procedimientos que hoy están exentos de la
obligación tributaria (ingreso público) que estaba prevista en la Ley de Arancel Judicial, en
razón de la justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
Dentro de las normas presupuestarias del extinto
Consejo de la Judicatura
no existían partidas destinadas (ni hoy existen en el Presupuesto del Poder
Judicial) para satisfacer estos gastos en que necesariamente habrían de
incurrir los funcionarios o auxiliares de justicia, cuando hayan de practicar
diligencias fuera de la sede el Tribunal, Registro o Notaria, ni
existe norma alguna que imponga a estos funcionarios a soportar en su
patrimonio tales gastos, habida cuenta que tales diligencias, como se indicó,
son del único y exclusivo interés de los peticionantes o demandantes,
salvo aquellos que son inherentes al funcionamiento del tribunal, para lo cual
si existe una partida poco significante, que se le otorga a los alguaciles para
transporte de esas diligencias.
Entonces, siendo claro que se trata de
obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige
el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil,
no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de
practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el
demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones, independientemente
de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace
sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario.
El Estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias,
pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o
prestadores de servicios de manutención, etc.) a soportar la gratuidad de los
juicios. De manera, pues, que tales sumas de dinero para pagar
transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso
público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al
de renta ordinaria previsto en el ordinal 4º del artículo 42 de la Ley Orgánica
de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía
de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el
vigente texto Constitucional.
Las razones que avalan la afirmación anterior,
radican en lo siguiente: Los pagos que se hagan por transporte, por manutención
y por hospedaje se le hacen directamente al funcionario para ser invertidos en
el servicio que personas particulares han de recibir o directamente lo hará el
interesado, al transportista, al hotelero o restaurant o fonda proveedora de
alimentos. No se liquidan planillas como ocurría con el arancel judicial
y con toda otra renta, ni se pagan en oficinas receptoras de Fondos Nacionales.
En este orden de ideas, y según sean proveídos los conceptos de transporte,
manutención y hospedaje por el demandante, interesado en el cumplimiento de la
diligencia al funcionario judicial (alguacil en el caso de citación para la
contestación de la demanda), nos revelaría una relación de derecho privado
entre el que suministra el transporte (el interesado) y el prestador de
servicio de transporte, de manutención y de hospedaje, configurándose típico
“acto de comercio”, objetivo definido en los ordinales 6 y 9 del artículo 2 del
Código de Comercio. Mientras
que la relación que existía entre el particular que pagaba o liquidaba el
arancel judicial (entendido como ingreso público o tributo, tal como lo definía
el artículo 2 de la Ley
de Arancel Judicial), y el estado, daba paso a una relación de derecho público.
De manera, pues, que existía una marcada y notoria diferencia en la
naturaleza jurídica de ambas relaciones, pero que coincidían en que ambas
estaban impuestas o previstas por la
Ley para el logro de la citación, las cuales debían ser
cumplidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la demanda
por la parte del demandante interesado, so pena de que operara la perención de
la instancia o extinción del proceso. Con lo dicho no debe entenderse que
la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión
de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe
cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la
citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de
esos 30 días.
No obstante, dado en principio constitucional
actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había
entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación
cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el
Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos
públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con
dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en
especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de
transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el
artículo 12 de la Ley
de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario
o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación,
satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma
diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia
tributaria o de ingreso público.
Siendo así esta Sala establece que la obligación
arancelaria que previó la Ley
de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad
constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado
artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas
por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la
demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del
alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del
demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de
500 metros
de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento,
acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil
dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo
exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la
consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de
esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará
para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se
produzca ésta. Así se establece. (Negrillas, mayúsculas cursivas y subrayado del texto).
Conforme al criterio jurisprudencial supra transcrito, es a partir del 6 de
julio de 2004, oportunidad en que fue publicado el fallo, que los jueces deben declarar
la perención breve en los casos de inactividad del demandante en impulsar el
proceso, conforme lo establece el ordinal 1°) del artículo 267 del Código de
Procedimiento Civil, es decir, por el incumplimiento de las cargas y obligaciones
establecidas en la Ley,
en específico la contenida en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial.
En el caso bajo análisis, el Juez de la recurrida
declaró improcedente la solicitud de pronunciamiento en cuanto a la
declaratoria de la perención breve solicitada por la demandada, por haber
transcurrido ampliamente el lapso de los treinta (30) días contados a partir de
la fecha de la admisión de la demanda hasta la oportunidad en que se practicó la
citación, toda vez que la presente demanda fue admitida en cuanto ha lugar en
derecho conforme se evidencia de los autos, el 4 de julio de 2003, oportunidad
en la que no resultaba procedente ni existía la posibilidad de declararla, conforme
a la doctrina jurisprudencial que imperaba para la época, y en acatamiento al
principio constitucional de gratuidad de la justicia establecido en el artículo
26 del Texto Constitucional, razón suficiente así lo estimó la recurrida para
declarar improcedente la presente denuncia por defecto de actividad. Así se
decide.
II
Al amparo del
ordinal 1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la
infracción del ordinal 4°) del artículo 243 eiusdem, por considerar que
la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación.
Para apoyar su delación el
formalizante alega:
“…De acuerdo con la disposición
cuya infracción se denuncia, toda sentencia debe contener los motivos de hecho
en que se sustenta. El Juez de Alzada, para establecer la existencia de la
perención se limitó a expresar: ‘(…)
aunado al hecho de que ninguna manera (Sic) se evidencia que durante el
transcurso de una (Sic) año los involucrados hubiere (Sic) dejado de ejecutar
acto alguno, siendo forzoso para este Juzgador declarar improcedente la perención
de la instancia solicitada (…)’.
La decisión transcrita deja sin
fundamento un aspecto trascendental de la controversia, como lo es ‘Perención
Breve’, requisito necesario para la continuación o no del juicio
(procedimiento).
En efecto, el sentenciador no
examinó el aspecto de la perención, por tanto omitió toda fundamentación al
respecto, impidiendo al fallo alcanzar su fin de resolver la controversia con
suficientes garantías para las partes. La inmotivación del fallo tiene como
finalidad procesal permitir el control de la legalidad, el cual se ve impedido,
a al menos gravemente restringido, si no expresa el Sentenciador las razones
por las cuales consideró la verificación de la perención de la instancia.”
Respecto
a lo denunciado, la recurrida resolvió la solicitud de perención breve en los
términos siguientes:
“…La figura jurídica de
perención de la instancia, se encuentra establecida en el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, fue
concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los
involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y
como un correctivo a la pendencia indefinida de esto, tendente a garantizar su
desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional
a la tutela judicial efectiva.
(…Omissis…)
Se observa que en el
presente caso el Juzgado de la causa admitió la demanda en fecha 04 de julio
del (Sic) 2003, y en diligencia de esa misma fecha el apoderado judicial de la
parte actora dejó constancia expresa de haber recibido las copias certificadas
correspondiente; consignado en fecha 22 de septiembre del (Sic) 2003, las
copias certificadas a los fines de la elaboración de la compulsa
correspondiente; en fecha 20 de octubre del (Sic) 2003 solicito se expidiera
nueva compulsa a la parte demandada consignando el 04 de noviembre las copias
certificadas correspondiente; en auto de fecha 10 de noviembre del (Sic) 2003,
se ordenó la notificación del Procurador General de la república; y en fecha 18
de febrero del (Sic) 2004, el alguacil del a-quo consignó la boleta de
notificación librada a la parte demandada dejando constancia de haber cumplido
con su misión.
Ahora bien, de la
jurisprudencia anteriormente transcrita se colige que en atención al principio
de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, las obligaciones arancelarias
previas en la Ley
de Arancel Judicial perdieron su vigencia, en el presente caso si bien es
cierto de acuerdo con la fecha de admisión de la demanda, el criterio señalado
no es aplicable al caso, por haber sido admitida con posterioridad a la fecha
de dicho fallo, no es menos cierto que de ninguna manera podría verificarse el
pago del arancel judicial, toda vez que el mismo se encontraba derogado para la
referida oportunidad, pues ya imperaba el principio constitucional de gratuidad
de la justicia, por lo que considera este sentenciador que en mondo alguno se
configuró la perención de la causa por falta de impuso procesal del actor,
aunado al hecho de que de ninguna manera se evidencia que durante el transcurso
de un año los involucrados hubiere dejado de ejecutar acto alguno, siendo
forzoso para este juzgador declarar improcedente la perención de la instancia
solicitada y así se declara…”.
Para
decidir, la Sala
observa:
Sobre el vicio de inmotivación esta Máxima Jurisdicción
Civil, mediante su reiterada doctrina, ha venido sosteniendo el criterio que el
mismo se configura en los supuestos en los que el jurisdicente no expresa de
ninguna manera fundamentos de hecho y de derecho, que apoyen su decisión.
Sobre el particular, la Sala, en sentencia N° 808 de fecha 31 de octubre
de 2006, Exp. N° 06-376, caso: Inversiones González y Velazco, S.A. contra
Inversiones Solano López, C.A., bajo
la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, se
ratificó:
“…La inmotivación o falta de fundamento es el
vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos fundamentales de la
sentencia, consagrado en el ordinal 4º) del artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil, que ordena que la sentencia deberá contener los motivos de
hecho y de derecho en que se apoya, ello con la finalidad de garantizar al
justiciable que no se dictaran fallos arbitrarios.
La motivación en la sentencia conlleva a la
establecer con certeza la justificación de lo ordenado en ella.
Ha sido jurisprudencia consolidada y constante de este
Alto Tribunal, que el vicio de inmotivación existe, cuando la sentencia carece
totalmente de fundamentos, pues no debe confundirse la escasez o exigüidad de
la motivación, con la falta de motivos, que es lo que da lugar al recurso de
casación.
Hay falta absoluta de fundamentos, cuando los
motivos del fallo, por ser impertinentes o contradictorios, o integralmente vagos
e inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que
es la finalidad esencial de la motivación. Es clásica la doctrina de la Sala, que dice: ‘Tampoco se
viola el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, porque en el auto no
falta ninguno de los requisitos que este precepto exige en las sentencias o
decisiones. El que más se acerca al defecto denunciado, es el requisito de la
mención de los fundamentos en que se apoya, y no puede decirse que una decisión
carece de tales fundamentos cuando sólo resultan inexactos o errados. Se
necesitaría que se tratara de una carencia absoluta de fundamentos, ya que,
según doctrina y jurisprudencia corriente, bastará que uno al menos, fuese
bastante a sostener la parte dispositiva para que no resulte violado el
artículo 162’ (Sentencia. De fecha 6-5-39. M. 1940. Tomo II. Pág.
136)…”.
Respecto a la infracción del ordinal 4º)
del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que trae como consecuencia
el vicio de inmotivación, esta Suprema Jurisdicción Civil, habiendo realizado
la lectura de la denuncia planteada así
como el estudio analítico de la recurrida ut supra transcrita, observa que la misma
expuso amplia y acertadamente las razones y motivos que lo llevaron a la
convicción de declarar improcedente la solicitud de perención propuesta.
Con base a las consideraciones
expuestas las que han evidenciado que la recurrida no se encuentra inficionada
de falta de motivación y, por vía de consecuencia, no infringió el ordinal 4°
del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil se declara improcedente la
presente denuncia. Así se declara.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Con
fundamento en el ordinal 2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, el recurrente denuncia la infracción por parte de la recurrida de los
artículo 267 y 269 eiusdem, por falta
de aplicación.
Para
apoyar su delación el formalizante alega:
“…En efecto, la Recurrida expresa: ‘Señala la parte demandada como defensa la
perención de la instancia en su escrito de contestación de la demanda alegando:
‘en el caso de autos todo el procedimiento, incluso antes de haberse trabado la
litis, se llevó a cabo habiendo operado la perención de la instancia
establecido en el ordinal 2° del artículo 267, del Código de Procedimiento
Civil, en efecto dicha situación se evidencia plenamente tanto del decreto
intimatorio de fecha 04 de julio de 2003, en donde en su parte final se dejó
constancia de lo siguiente: ‘No se libró la respectiva compulsa por faltar los
fotostatos requeridos’. (sic), como de la diligencia estampada el 22 de
septiembre de 2003 por el abogado JESUS M. MENESES apoderado del demandante, en
la cual este ente otros particulares expone lo siguiente OTRO SI: consigno
copias fotostáticas del libelo de la demanda y del auto que la admite, a los
fines de que se expida la respectiva compulsa para la práctica de la citación
de la demandada…’ (sic), es decir, que el demandante cumplió con su obligación
tardíamente, esto es noventa (90) DÍAS CONTINUOS, que se traducen en CUARENTA Y
TRES (43) DIAS DE DESPACHO, después que se admitió la demanda y se requirieron
los fotostatos fecha ésta para la cual ya había operado de pleno derecho la
perención de la instancia, y así pedimos que se declare…’. Para mas
adelante establecer: ‘Se observa que
en le presente caso el Juzgado de la causa admitió la demanda el 04 de julio de
2003, y en diligencia de esa misma fecha el apoderado judicial de la parte
actora dejó constancia expresa de haber recibido las copias certificadas
correspondientes; consignando en fecha 22 de septiembre del 2003, las copias
certificadas a los fines de la elaboración de la compulsa correspondiente; en
auto de fecha 10 de noviembre de 2.003, se ordenó la notificación del
procurador General de la
República; y en fecha 18 de febrero de 2004, el alguacil del
a quo consignó la boleta de notificación librada a la parte demandada dejando
constancia de haber cumplido su misión. Ahora bien, de la jurisprudencia
anteriormente transcrita – sentencia del 6 de julio de 2.004 de la Sala de Casación Civil – se colige que en atención al principio de
la gratuidad contenido en el artículo 26 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, las
obligaciones arancelarias previas en la
Ley de Arancel Judicial perdieron su vigencia, en el presente
caso si bien es cierto que de acuerdo con la fecha de admisión de la demanda,
el criterio señalado no es aplicable al caso, por haber sido admitida con
posterioridad a la fecha de dicho fallo, no es menos cierto que de ninguna
manera podría verificarse el pago del arancel judicial, toda vez que el mismo
se encontraba derogado para la referida oportunidad, pues ya imperaba el
principio constitucional de la gratuidad de la justicia, por lo que considera
este Sentenciador que en modo alguno se configuró la perención de la causa por
falta de impulso procesal del actor, aunado al hecho de que de ninguna manera
se evidencia que durante el transcurso de un año los involucrados hubiere (Sic)
dejado de ejecutar acto alguno, siendo forzoso para este Juzgador declarar
improcedente la perención de la instancia solicitada y así se declara.’
La Sala estableció acerca del instituto procesal de la Perención de la Instancia, lo siguiente:
(…Omissis…)
Dichas disposiciones legales debieron ser
aplicadas por el Juez de Alzada al momento de decidir el Punto Previo de la Recurrida, toda vez que
resulta manifiesta la perención de la instancia ocurrida en la presente causa,
en vista de la extemporaneidad con que fueron suministrados los fotostatos
requeridos para la elaboración de la compulsa, lo cual ciertamente constituye
una obligación establecida en la ley (ex artículo 267 del Código de
Procedimiento Civil), para lograr la citación de la parte demandada, cuyo
incumplimiento acarrea como sanción el decaimiento del proceso, siendo ésta una
carga procesal adicional, que escapa del marco de aplicación del principio de
la gratuidad de la justicia consagrado en la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela. Por
consiguiente, que la
Recurrida haya infringido por falta de aplicación los artículos anteriormente señalados, al negar
la situación jurídica que estaba bajo el alcance de las comentadas normas
adjetivas.
En consecuencia, como quedó evidenciado, que
habiendo violado Recurrida por falta de aplicación los artículos 267 y 269 del
Código de Procedimiento Civil, y siendo dichas violaciones determinantes en su
dispositivo, solicito que el fallo en cuestión sea anulado, ordenándose la
aplicación de las normativas mencionadas a los fines de la decisión que recaiga
sobre el mérito del asunto controvertido.”. (Negrillas, mayúsculas, cursivas y
subrayado del texto).
Para decidir, la Sala observa:
De la trascripción de los argumentos que sustentan esta denuncia se
infiere que la misma se refiere a la perención de la instancia no decretada por
el juez superior, la cual no puede ser analizada bajo un recurso por infracción
de ley, pues los hechos que configuran
la perención no son pertinentes a la litis, sino a un aspecto del proceso que
resulta desistido de forma tácita.
Así lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala
de Casación Civil, al señalar la técnica
para denunciar la perención como motivo de casación; en su sentencia N°
RC-00031 de fecha 15 de marzo de 2005, Exp. 1999-000133, caso: Henry Enrique Cohens Adens, contra Horacio
Esteves Orihuela, en la que se
modificó el criterio jurisprudencial
sentado en decisión de fecha 30 de noviembre de 2001, caso: Perisponio, C.A., contra Ismael Benito Silva,
estableciendo lo siguiente:
“…Hechas estas
consideraciones, la Sala
observa que las normas sobre perención suponen el examen del íter procedimental
para constatar el incumplimiento de actos impuestos a las partes por mandato de
la ley, con el propósito de garantizar el desenvolvimiento del proceso hacia el
final y evitar su paralización o suspensión indefinida. Por consiguiente, esas
normas no son atinentes a la relación jurídico material discutida por las
partes, sino a un aspecto meramente procesal, que consiste en la falta de
interés para continuar el juicio.
Esa es la razón
por la cual la perención declarada en primera instancia no impide proponer de
nuevo la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 271 del Código
de Procedimiento Civil. En efecto, por no ser ese pronunciamiento atinente a la
relación jurídico material discutida, sino a un aspecto meramente procesal, no
puede causar cosa juzgada respecto de la pretensión.
Asimismo, si la
parte opta por impulsar una nueva instancia al apelar de la sentencia de mérito
y luego abandona este segundo grado del proceso, ello sólo causa la extinción
del impulso obtenido por la apelación y por ende, la decisión definitiva de
primera instancia adquiere fuerza de cosa juzgada, sin resultar sustituida por
la sentencia que declaró la perención, de acuerdo con lo pautado en el artículo
272 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el pronunciamiento sobre
perención no guarda relación con el fondo de la controversia, sino con un
aspecto referido al proceso de segunda instancia y el desinterés de las partes
de obtener su conclusión.
Por otra parte,
cabe advertir que en el examen de las denuncias de infracción, la Sala sólo puede examinar
otras actas del expediente en los supuestos de excepción establecidos en el
artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, todos ellos relacionados con el
juzgamiento de los hechos controvertidos por las partes, entre los cuales no
pueden ser ubicadas las normas sobre perención, por cuanto no regulan el
establecimiento ni apreciación de los hechos discutidos ni de las pruebas, ni se
refieren a algún caso de suposición falsa, todos ellos relacionados con el
error de percepción del juez en el examen de los hechos controvertidos que
resultan demostrados en las pruebas.
En
todo caso, si el juez atribuye una mención que no contiene a una acta
del proceso que se refiere a la tramitación y desenvolvimiento del juicio, como
sería la citación, o hace referencia a un acto procesal que no fue practicado,
está alterando la forma real en que ocurrió el iter procedimental, y ese
error es atinente al orden, conducción y desenvolvimiento del proceso, el cual
debe ser atacado con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, salvo que la regularidad y eficacia del acto sea examinada
por el juez para resolver la controversia, como ocurre con las pruebas, que es
precisamente uno de los supuestos de excepción que permite el control sobre el
juzgamiento de los hechos, previstos en el artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil. En particular, los
hechos que configuran la perención, no son pertinentes a la litis, sino a un
aspecto del proceso que resulta desistido de forma tácita.
Por consiguiente, esta Sala modifica el
precedente jurisprudencial sentado en decisión de fecha 30 de noviembre de
2001, (caso: Perisponio, C.A.,
c/ Ismael Benito Silva), y deja sentado que las infracciones de las
normas sobre perención sólo pueden ser alegadas en el contexto de una denuncia
de quebrantamiento u omisión de formas procesales con menoscabo del derecho de
defensa, prevista en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil.
El anterior
criterio tiene efectos ex nunc; en consecuencia, deberá ser aplicado en
aquellos recursos anunciados a partir del día siguiente de la publicación del
presente fallo.
Sin embargo, no
escapa a la consideración de la
Sala que el razonamiento expuesto en este fallo respecto del
adecuado enfoque de la perención como motivo del recurso de casación, no era
conocido por el recurrente en la oportunidad de formalizar y, por tanto, sería
contrario al derecho de defensa y debido proceso imponerle la carga de
ajustarse a un criterio que desconocía, más aún en el supuesto de la perención,
por cuanto interesa al orden público procesal y puede dar lugar a una casación
de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento
Civil…”. (Negrillas del texto).
En aplicación del precitado criterio
jurisprudencial al caso bajo estudio, se observa que a los folios 343 y 344 del
expediente, consta que la representación judicial del demandante anunció
recurso extraordinario de casación mediante diligencias de fechas 21 y 29 de marzo
de 2007; es decir, con posterioridad a la publicación de la precitada sentencia
de fecha 15 de marzo de 2005, mediante la cual se modificó el criterio jurisprudencial sentado en decisión de fecha 30
de noviembre de 2001, caso: Perisponio,
C.A., contra Ismael Benito Silva; y en
su escrito de formalización, el recurrente denunció la violación de normas que
regulan la figura jurídica de la perención, bajo el amparo del ordinal 2°) del
artículo 313 eiusdem, lo que impide a
la Sala
descender a las actas del expediente a los fines de verificar si las partes del
juicio efectuaron o no algún acto de procedimiento tendente a impulsar el
proceso, pues como bien lo señala la precitada sentencia, dichas actas sólo pueden ser
examinadas en los supuestos de excepción establecidos en el artículo 320 del
Código de Procedimiento Civil, todos ellos relacionados con el juzgamiento de
los hechos controvertidos por las partes, entre los cuales no pueden ser
ubicadas las normas sobre perención, por cuanto las mismas no regulan el
establecimiento ni apreciación de los hechos discutidos ni de las pruebas, ni
se refieren a alguno de los casos de la denominada suposición falsa.
Aunado a lo
anterior, esta Sala constata que la presente denuncia tiene igual
fundamentación que la presentada en el capítulo primero, bajo el motivo de
casación de defecto de actividad, a la cual la Sala resolvió estableciendo que la recurrida
acertó al establecer que en el presente asunto no operó la perención breve;
fundamentos que se dan por reproducidos en esta denuncia, para declararla
improcedente. Así se decide.
II
Con
fundamento en el ordinal 2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, el recurrente denuncia la infracción por parte de la recurrida de los
artículo 267 y 269 eiusdem, por
errónea de aplicación.
Para
apoyar su delación el formalizante alega:
“…Ahora bien, como quiera que la Recurrida acogió el
criterio expuesto por la Sala
en sentencia de fecha 6 de julio de 2.004, (…) en torno a las obligaciones de
suministrar las expensas al Alguacil del Tribunal para practicar la citación de
la accionada en un determinado juicio, resulta evidente que dicho criterio no
era aplicable al Casio sub iudice,
toda vez que la demanda fue admitida con anterioridad a la fecha de
pronunciamiento de ese fallo jurisdiccional por nuestro Alto Tribunal. No
obstante, la Recurrida
desnaturaliza el sentido de las normas denunciadas como infringidas, habida
cuenta que verificada como se encontraba el supuesto de hecho de la norma, es
decir, la falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley
adjetiva para la citación de demandado, mal podría entonces desconocer la
consecuencia jurídica que su incumplimiento acarreaba, como sería el haber
decretado la perención de la instancia.
De lo expuesto se desprende que la Recurrida, de haber
aplicado correctamente al asunto bajo su examen, el contenido de los artículos
267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, habría tenido que declarar la Perención de la Instancia, y en tal
razón no hubiera podido confirmar la sentencia del Tribunal a quo que declaró sin lugar la
pretensión de mi mandante. En consecuencia, habiendo violado la Recurrida por errónea interpretación, los artículos
267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, y siendo dicha violación
determinante en el dispositivo de la misma, solicito que ella sea anulada,
ordenándose la aplicación correcta de las mencionadas normas, a los fines de la
decisión que recaiga sobre el mérito del asunto controvertido.”.
Del detenido
análisis de la presente denuncia, se observa que la misma guarda una estrecha
relación con la denuncia anteriormente
desestimada, a tal efecto, la
Sala, a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles
considera innecesario realizar nuevamente los razonamientos expuestos
precedentemente, los cuales da por aplicados y reproducirlos aquí íntegramente
para desechar la denuncia de errónea interpretación de los artículos 267 y 269
del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
declara: SIN LUGAR el recurso
de casación ejercido por la
representación judicial de la
demandante contra la sentencia de fecha 7 de marzo de 2007, dictada por el
Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Se condena a la parte recurrente al pago de las
costas del recurso, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Publíquese
y regístrese. Remítase este expediente al tribunal de la causa, es decir, al
Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al precitado
Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326
del Código de Procedimiento Civil.
Dada,
firmada y sellada en la Sala
de Despacho de la Sala
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los
veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil ocho. Años: 197° de la Independencia y 148°
de la Federación.
Presidenta de la Sala,
______________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
__________________________
ISBELIA
PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
______________________
CARLOS
OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
______________________________
ANTONIO
RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
_______________________________
LUÍS
ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
_____________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp.:
Nº AA20-C-2007-000357
