SALA DE CASACIÓN
CIVIL
Ponencia
del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En
el juicio por interdicto restitutorio iniciado por la ciudadana ROSA AMÉRICA GARCÍA, representada por
los abogados Carlos Ron Rodríguez, José Miguel Del Corral Guazh y Luis Enrique
Ruiz, contra los ciudadanos JOSÉ QUILEN
PALENCIA y HERNANDO ROMERO JAIMES,
representado el primero de los nombrados por las abogadas Yoraima Claret
Liscano Sánchez y Maritza Isabel García de Torrealba, y el segundo, sin
representación judicial acreditada en autos; el Juzgado Superior en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción
Judicial del Estado Guárico, conociendo en apelación, dictó sentencia el día 5
de junio de 1998, en la cual declaró con lugar la querella interdictal
interpuesta y sin lugar la apelación ejercida por la parte querellada.
Contra
este fallo de Alzada la parte querellada anunció recurso de casación, el cual,
una vez admitido, fue oportunamente formalizado, impugnado, replicado y
contrareplicado.
Cumplidos
los trámites de sustanciación, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta
Sala, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente
fallo, previas las siguientes consideraciones:
RECURSO POR DEFECTO DE
ACTIVIDAD
ÚNICO
De
conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, se denuncia infracción de los artículos 12, 243, ordinal 4° y 509 del
mismo Código, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el
vicio silencio de pruebas.
Sostiene
el formalizante que la recurrida desechó en bloque todo el material probatorio
que había aportado a los autos, constante de 38 documentos, por el único
argumento de que dichos recaudos no están vinculados al lote de terreno cuya
posesión invoca la promovente de la querella.
Alega
el formalizante que la declaración de la recurrida contraría el principio de la
exhaustividad probatoria, pues el Juez debe analizar todas las pruebas
producidas en autos pero, no en bloque.
La
Sala para decidir, observa:
Dada
la naturaleza formal de la presente denuncia, la Sala ha extendido su examen al
estudio de las actas procesales y constató que la recurrida, al momento de
analizar las documentales aportadas por la parte querellada, las desechó
conjuntamente por un único razonamiento. En efecto, la recurrida en la parte
pertinente expresó lo siguiente:
“También hizo valer el querellado JOSÉ QUILEN
PALENCIA la serie de recaudos que anexa a su ya referido escrito del Primero de
marzo de 1993, a los que se refieren los apoderados judiciales en el escrito de
promoción de pruebas en la forma siguiente: ’2.- Así mismo, promovemos,
ratificamos y damos por reproducidos los documentos cursantes a los folios; 41;
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53: 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61;
62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81;
82; 83; 84; 85; 86; 87 y 88 del Expediente con los cuales se demuestra fehacientemente
la posesión pacífica, pública, ininterrumpida y continua que desde la época de
la adquisición legal del citado lote de terreno hiciera nuestro poderista, ha
venido ejecutando, destacando entre estos: la deforestación, los movimientos de
tierras, levantamientos topográficos, cercados, las diversas solicitudes de
permisos que se han tramitado a nivel de Organismos Gubernamentales, los cuales
fueron otorgados oportunamente dadas las condiciones claras e indubitables de PROPIETARIO
Y POSEEDOR del solicitante, sin cuya titularidad y posesión obviamente no
hubiera sido posible obtener, lo cual corrobora sin lugar a dudas, la
irrefutable e inobjetable condición de POSEEDOR LEGITIMO de nuestro
representado...’.
Con relación
a esta prueba, es decir, el valor probatorio de la documentación que ocupa los
folios 41 al 88 de la primera pieza del expediente invocada por las apoderadas
del querellado JOSE QUILEN PALENCIA, el Tribunal ha revisado dichos recaudos y
encuentra que si bien pudieran constituir actos posesorios en el sentido que
reflejan el ánimo del nombrado ciudadano de ejercer las facultades propias del
dueño, dichos recaudos no están vinculados al lote de terreno cuya posesión
invoca la promovente de la querella. Es decir, en nada se refieren tales documentos
a solicitudes, autorizaciones o permisos concedidos sobre el área de terreno
del que la promovente del juicio se dice despojada. Al faltar este vínculo toda
dicha documentación resulta irrelevante para los efectos del presente juicio y
así se deja establecido”.
Reiteradamente
se ha sostenido por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil que una de
las manifestaciones del vicio de inmotivación de la sentencia, se verifica
cuando el juez omite o silencia la valoración de las pruebas aportadas en el
proceso.
En el
caso que se examina, la recurrida, sin siquiera indicar el contenido concreto
de cada una de las documentales producidas por la parte querellada, les negó,
por un argumento común, todo valor probatorio. De esta manera, en lo que
respecta a la cuestión de hecho, la recurrida no satisface la exigencia de
bastarse a si misma, pues el lector de ella
no puede conocer, sin acudir a las actas del proceso, el contenido de
los documentos desechados del proceso.
La Sala
considera que el deber que a los jueces de instancia le imponen los artículos
509 y 243, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, no se limita a que
éstos dejen constancia de haber leído o revisado las pruebas, para luego,
desecharlas o acogerlas, sino que deben verter en la decisión las
consideraciones particulares de cada prueba aportada al proceso, señalar los
motivos por los que la toman o desechan y, en este último supuesto, establecer
los hechos que de la misma se deriva y se da por demostrado.
En
el caso concreto, la actividad desarrollada por la recurrida no se corresponde
con los postulados antes indicados, pues de su sola lectura, no es posible
determinar cuales fueron las pruebas aportadas por la parte querellada cuyo
valor probatorio se rechazara. Así mismo, el examen que en bloque realizó la
recurrida, contraría el deber de exhaustividad del juez en el análisis de las
pruebas, lo que, como señala el formalizante, ha sido sancionado anteriormente por
la propia Sala de Casación Civil, la que, en sentencia de fecha 25 de junio de
1998, expresó lo siguiente:
“Es deber impretermitible
del Juez, valorar todo el legajo probatorio existente en los autos, como se lo
ordena el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, así las pruebas no
sean idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, debiendo el Juez
expresar siempre su criterio respecto de ellas, bien para estimarlas, bien para
desecharlas.
En el caso que se examina el
sentenciador, si bien mencionó la prueba en la parte final de su decisión,
alegando que la desechaba junto con otras probanzas de autos porque ‘ninguna
vinculación y pertinencia guardan con la acción ejercida’, sin embargo, estima
esta Sala que tal proceder no se ajusta a las previsiones legales, incurriendo
así el Juez en el vicio de silencio de prueba, por falta de motivación
requerida en cuanto al rechazo de la aludida prueba.
Como quedó apuntado
precedentemente, el Juez debe examinar todas y cada una de las probanzas
cursantes en autos y dar su opinión respecto de ellas, pero no puede
desecharlas en bloque, por cuanto la normativa legal le exige que, aun cuando
las probanzas no sean idóneas para ofrecer algún elemento de convicción,
siempre debe expresar su criterio respecto de ellas, lo cual no se cumple en
este asunto, siendo por tanto, procedente la denuncia examinada y así se
decide”.
En el
caso que se examina, la recurrida infringió su deber de valorar las pruebas
aportadas por la querellada, lo que hace que la misma se encuentre viciada por
inmotivación, en razón de lo cual se incumple con el deber de juzgamiento de
todo Juez, contenido en el artìculo 12 del Código de Procedimiento Civil.
En
consecuencia, se declara procedente la presente denuncia.
De
conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 320 del Código
de Procedimiento Civil, declarada procedente esta denuncia por quebrantamiento
de forma, la Sala se abstiene de considerar y resolver las restantes denuncias
que contiene el escrito de formalización.
D E C I S I Ó N
Por
las razones antes, expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado contra la sentencia definitiva dictada por
el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de
Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en fecha 27 de
octubre de 1998 por la parte querellada, ciudadano JOSÉ QUILEN PALENCIA. En consecuencia, se decreta la nulidad del
fallo recurrido y se repone la causa al estado de que el Juzgado Superior que
resulte competente dicte nueva sentencia, corrigiendo el vicio indicado.
Publíquese,
regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil,
del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del
Estado Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de los Morros.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho
de la Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo de
Justicia en Caracas, a los diecinueve (19 ) días del mes de julio de dos mil. Años 190º de la Independencia y 141º de la
Federación.
El Presidente de la Sala,
__________________________________
FRANKLIN
ARRIECHE GUTIÉRREZ
El Vicepresidente y Ponente,
_________________________
ANTONIO
RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
La Secretaria,
________________
DILCIA QUEVEDO
RC 98-782