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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: FRANKLIN
ARRIECHE G.
En
el juicio por cumplimiento de contrato, seguido por ORANGEL ABREU BARCELÓ,
representado por los abogados Jesús Enrique Aponte D., y Deltri Tamaira
Ávila, contra la empresa AGENCIA DE FESTEJOS ÉLITE C.A., representada
judicialmente por los abogados Carlos Asuaje Crespo, Guillermo Trujillo
Hernández y Jesús Enrique Guzmán Quiva; el Juzgado Octavo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, el 18 de marzo de 2002 dictó sentencia mediante la
cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada y, en
consecuencia, confirmó la decisión del a quo dictada el 10 de abril de
2001, la cual, a su vez, declaró con lugar la demanda incoada. Hubo
condenatoria al pago de las costas procesales.
Contra
el referido fallo, la demandada anunció recurso de casación, el cual fue negado
por auto de fecha 29 de julio de 2002, con fundamento en que no cumple con el
requisito de la cuantía para su admisión.
Con motivo del recurso
de hecho interpuesto contra la negativa de admisión del de casación, la Sala
recibió el expediente del cual se dio cuenta en fecha 23 de abril de 2003,
correspondiendo la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el
presente fallo.
Siendo la oportunidad para decidir, la Sala procede a
dictar sentencia, en los siguientes términos:
El caso bajo análisis versa sobre una
demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento, que fue intentada ante
el extinto Juzgado Quinto de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas; posteriormente, fue modificada su nomenclatura y
suprimida la categoría “D” del escalafón judicial conformada por los jueces de
parroquia, de conformidad con la Resolución N° 133 de fecha 19 de julio de
1999, dictada por el extinto Consejo de la Judicatura (hoy Dirección Ejecutiva
de la Magistratura), por lo que su conocimiento correspondió al Juzgado Décimo
Cuarto de Municipio de la misma Circunscripción Judicial.
Ahora bien, de acuerdo con el Decreto N°
1.029, vigente desde el 22 de abril de 1996, publicado en Gaceta Oficial el día
22 de enero de 1996, y conforme a la sentencia de fecha 31 de julio de 2001
dictada por esta Sala, (caso: María Alejandra Ostos Núñez contra Elsy María
Rincones Guerra y Elizabeth Guerra de Rincones), la competencia está
distribuida así: los juzgados de municipios, son competentes para conocer los
juicios cuyo interés principal sea hasta cinco millones de bolívares (Bs.
5.000.000,oo); y los juzgados de primera instancia, son competentes para
conocer los juicios cuyo interés principal sea superior a cinco millones de
bolívares (Bs. 5.000.000,oo). De igual manera establece que esta cuantía es la
exigida para las decisiones dictadas en juicios civiles, mercantiles, del
tránsito y las dictadas por los tribunales superiores que conozcan en apelación
de laudos arbitrales; y para las sentencias recaídas en juicios laborales y
agrarios, que sean superiores a tres millones de bolívares (Bs.3.000.000,oo).
A tales fines, se constata de las actas del proceso que la
demanda del juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento fue estimada
por el accionante en la cantidad de doscientos cuarenta mil bolívares
(Bs.240.000,oo), cifra ésta en la que también fue estimada la demanda de
reconvención. Pues bien, al no haber sido impugnada por las partes del juicio
la estimación de la demanda y de la reconvención, esta quedó firme, cuestión
que permite a este Alto Tribunal determinar el incumplimiento del requisito de
la cuantía, ya que el interés principal del juicio no excede la cantidad de
cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,oo), monto exigido para la
admisibilidad del recurso de casación, lo que determina, por vía de consecuencia,
la declaratoria sin lugar del recurso de hecho propuesto. Así se decide.
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 29 de julio de 2002, dictado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial Área Metropolitana de Caracas, denegatorio del de casación anunciado contra la sentencia de fecha 18 de marzo del mismo año, emanada del referido tribunal.
Se condena a la demandada al pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Dada la reiterada doctrina de esta Sala, acerca del
expresado requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso de
casación, se considera que en este caso se configura uno de los supuestos
contenidos en el último aparte del artículo 316 del Código de Procedimiento
Civil, es decir, la interposición maliciosa del recurso. En consecuencia, se
impone multa a la parte recurrente por la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES
(Bs.20.000,oo), a cuyo efecto se ordena al tribunal de la causa expedir la
correspondiente planilla de liquidación para ser pagada en una oficina
receptora de fondos nacionales, dependiente del Ministerio de Finanzas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y siguientes de la Ley de Abogados, 4, ordinales 1 y 4, del Código de Ética del Abogado Venezolano y 170 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de la determinación de interposiciones maliciosas del recurso de casación por parte de los abogados recurrentes, se ordena a Secretaría llevar el registro y control respectivo para que, en caso de reincidencia en más de tres (3) oportunidades, informe a esta Sala con el propósito de que ésta ordene oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados respectivo, con el fin de que resuelva sobre la procedencia o no de la eventual medida disciplinaria contra los referidos profesionales del derecho.
Publíquese y regístrese.
Remítase el expediente al Juzgado Décimo Cuarto del Municipio de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese la
presente decisión al Juzgado
Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma
Circunscripción Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del
Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de Julio de dos mil tres. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente de la
Sala-Ponente,
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FRANKLIN
ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
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ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. N° 2003-000312