SALA DE
CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ.
En
el juicio por nulidad de convención, intentado ante el Juzgado Tercero de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe, por el
ciudadano PABLO ABEL RODRÍGUEZ, representado judicialmente por los
abogados Rafael A. Montes de Oca y Auristela Pérez, contra la sociedad de
comercio GRANJAS GIORDANO, C.A., representada
por la defensora judicial designada, la abogada Maribel Blanco Quiñonez; el
Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de
Protección del Niño y del Adolescente de la precitada Circunscripción Judicial,
dictó sentencia en fecha 22 de noviembre de 2004, mediante la cual declaró sin
lugar la apelación interpuesta por la parte demandante, contra la sentencia del
1 de abril de 2004, emanada del a quo, que declaró sin lugar la demanda,
confirmando por vía de consecuencia, la decisión apelada. Hubo condenatoria al
pago de las costas procesales del recurso al demandante.
Contra la referida decisión de alzada, el demandante
anunció recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 7 de
diciembre de 2004, por no cumplir con el requisito de la cuantía para acceder a
sede casacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica
que rige las funciones de este Supremo Tribunal.
Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la
negativa de admisión del de casación, la Sala recibió el expediente del cual se dio cuenta
del mismo en fecha 1° de marzo de 2005, pasándose a dictar la máxima decisión
procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, lo cual
se hace previas las siguientes consideraciones:
ÚNICO
Respecto al requisito de la cuantía para acceder a la
sede casacional, la Sala,
en sentencia N° RC-801, de fecha 4 de agosto de 2004, expediente N° 04-037, en
el caso de Inversiones Villa Castro, C.A.,
contra Diómedes Ezequias Méndez Vásquez, ratificó el criterio que venía
imperando desde el 30 de abril de 1996, en relación a que la fecha del anuncio
del recurso extraordinario de casación, era la determinante de la cuantía
requerida.
No obstante aquél
pronunciamiento, la Sala, en aras de garantizar a los usuarios de la
administración de justicia, un efectivo acceso a los órganos jurisdiccionales,
en garantía de la seguridad jurídica y del ejercicio legítimo de sus derechos y
garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, entre ellos, el de defensa y al debido proceso; tomando en cuenta
que el monto de la cuantía establecido para acceder a sede casacional es de
tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), conforme se desprende del segundo
aparte del artículo 18 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este
Supremo Tribunal, y visto que el monto de la unidad tributaria es reajustado
periódicamente por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT), modificó el anterior criterio, estableciéndose ahora que a
los fines de verificar el requisito de la cuantía para determinar el acceso a
sede casacional, se tomará en cuenta la fecha en que precluya la primera
oportunidad para dictar sentencia. En efecto, así quedó resuelto en novísima
sentencia N° RH-084, de fecha 31 de marzo de 2005, expediente N° 04-950, en el
caso de Turalca Viajes y Turismo C.A., contra Lito Alas, S.R.L., donde
estableció:
“…Ahora bien, antes de pasar a decidir el sub iudice, esta Sala,
obligada a asegurar el cumplimiento cabal de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con su
artículo 334, considera oportuno revisar el criterio anteriormente trasladado, en
lo atinente a que la fecha del anuncio sea la determinante de la cuantía
exigida para acceder en sede casacional, examen que se hará a la luz de los
postulados constitucionales que rigen en la actualidad nuestro ordenamiento
jurídico determinantes en el proceso, toda vez que garantizan una justicia
gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos
o reposiciones inútiles; en concordancia, con determinadas situaciones fácticas
que se pueden presentar en el transcurso de éste, tal como de seguidas serán
analizadas.
Así, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, dispone:
‘...Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses,
incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a
obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.’ (Resaltado de la Sala).
El artículo 257 eiusdem preceptúa:
‘...Artículo 257. El proceso constituye un instrumento
fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales
establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y
adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia
por la omisión de formalidades no esenciales.’ (Resaltado de la Sala).
Por su parte, el artículo 334 ibídem consagra lo siguiente:
‘...Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el
ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en
la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales,
correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo
conducente...’. (Resaltado de la
Sala).
Es oportuno señalar que los artículos supra transcritos
contienen principios relativos a la defensa del orden constitucional y
consagran para todos los usuarios de la administración de justicia el derecho
al debido proceso, por lo que, entendido éste como la garantía respecto a la
oportunidad que tienen las partes para incorporarse en las relaciones
procesales previamente establecidas y reguladas en el espacio y en el tiempo,
la Sala observa
que ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria (elemento de
cálculo para establecer la cuantía necesaria para acceder en casación), aunado
a que hasta ahora la fecha del anuncio del recurso extraordinario se ha
convertido en el factor temporal determinante de la misma, esta sede casacional
observa con preocupación que ello puede reducir o limitar el acceso en
casación, haciendo necesario entonces que la revisión del monto requerido
venga determinada por una etapa procesal diferente.
En este sentido, es oportuno destacar que el proceso civil venezolano
se rige por el principio de orden consecutivo legal con fases de preclusión, y
por cuanto el asunto que se examina involucra el derecho a la defensa que
tienen las partes para recurrir en casación, la interpretación ha de orientarse
en favor de su ejercicio.
Así, el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil señala la
oportunidad para dictar sentencia y, en tal sentido, establece:
‘...Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor
proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal
dictará su fallo dentro de los treinta días siguientes si la sentencia fuere
interlocutoria y sesenta si fuere definitiva.
Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos del
anuncio del recurso de casación...’. (Resaltado de la Sala).
Pudiendo el juez diferir tal lapso por una sola vez, de conformidad con
el artículo 251, que señala:
‘...El pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino
por una sola vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará
declaración expresa en el auto de diferimiento y por un plazo que no excederá
de treinta días. La sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento
deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para
interponer los recursos...’. (Resaltado del texto).
En cuanto al lapso para anunciar el recurso extraordinario el artículo
314 eiusdem, dispone:
‘...El recurso de casación se anunciará ante el Tribunal que dictó la
sentencia contra la cual se recurre, dentro de los 10 días siguientes al
vencimiento de los lapsos indicados en el artículo 521 según los casos...”.
De acuerdo con los artículos transcritos, se evidencia que la regla
prevista por el legislador es que, dictada la sentencia dentro del lapso legal,
una vez precluido éste se anuncie el recurso de casación dentro de los 10 días
siguientes al vencimiento del predicho lapso.
Ahora bien, en la actualidad se presenta una situación diferente y es
que a los sentenciadores en pocos casos, les es posible dictar sentencia dentro
del lapso del cual disponen legalmente para ello según las normas trasladadas supra,
siendo lo usual que las decisiones sean pronunciadas luego de vencida tal
oportunidad.
En el mismo orden de ideas, también se presenta otro escenario, cual
es, que quien haya resultado favorecido por el fallo del ad quem proferido
fuera del lapso, obstaculice la notificación que debe hacérsele de la
sentencia, pues en tal circunstancia ésta es indispensable para que el
perdidoso pueda anunciar el recurso extraordinario, consciente además que por
efecto de la actualización anual de la unidad tributaria, una vez ejercido
éste, resulte inadmisible ante el incremento del monto exigido para tales
fines.
Las circunstancias de hecho descritas, reflejan claramente que la
apertura del lapso para anunciar el recurso de casación en un gran numero de
casos puede verse dilatado, bien porque la sentencia sea dictada después de su
diferimiento como por la propia actitud de los litigantes, alejándose en lo que
respecta al factor temporal del lapso precedente (para dictar sentencia),
contraviniendo lo previsto por el legislador.
En atención a lo expuesto, la
Sala, a los fines de dar cumplimiento a los artículos 26 y
257 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, anteriormente transcritos y garantizar el acceso en casación a
las partes, establece que para todos los casos, inclusive el de autos, a
los fines de verificar el requisito de la cuantía para determinar el acceso a
sede casacional, se tomará en cuenta la fecha en que precluya la primera
oportunidad para dictar sentencia, a los fines de verificar el requisito de la
cuantía para determina el acceso a sede casacional, esto dicho, en otras
palabras significa que una vez constatado el último día del primer lapso para
pronunciar la decisión definitiva en la causa, la Sala procederá a verificar el
monto requerido conforme a las Unidades Tributarias para esa fecha, lo cual, a
su vez, permitirá comprobar si es posible o no recurrir en casación. De
esta forma, los justiciables tienen la seguridad que el momento a partir del
cual será verificado el requisito de la cuantía en modo alguno puede verse
afectado por el eventual retardo procesal de los sentenciadores, así como
tampoco por intención alguna de cualesquiera de las partes.
En cuanto al vencimiento del lapso para dictar sentencia, es necesario
aclarar que éste se refiere al previsto en el artículo 521 del Código de
Procedimiento Civil, sin tomar en consideración la fecha del diferimiento del
mismo, si lo hubiere, ni del que dispone a tales efectos el nuevo juez que se
pudiera incorporar a la causa en sustitución del anterior, pues solamente se
advertirá el vencimiento del lapso originario para pronunciar la decisión una
vez que éste se abre en la primera oportunidad para ello.
Por las motivaciones y razones jurídicas expresadas, la Sala abandona el
criterio establecido desde el 30 de abril de 1996, decisión N° 42, caso
María del Carmen Martín Maldonado y otras contra Carlos Bermúdez Mauriño y
otra, expediente N° 96-002 RH; que fuera recientemente ratificado en fallo N°
801, de fecha 4 de agosto de 2004, expediente 2004-000037, ut supra transcrito y, para facilitar la aplicación del criterio supra
establecido, esta sede casacional insta a través del presente fallo,
a todos los Jueces de la
República cuyas decisiones sean potencialmente revisables en
casación, por efecto o consecuencia de haberse anunciado en
contra de las mismas dicho recurso extraordinario, para que antes
de la remisión del expediente a esta Sala sea expedido el correspondiente
cómputo de los lapsos procesales para dictar sentencia a que se refiere el
artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.. Así se decide…”.
(Negrillas, mayúsculas y cursivas del texto).
De acuerdo con el
contenido de la decisión ut supra
transcrita, se observa que el momento que determina el monto que se exigirá
para verificar o no el cumplimiento del requisito de la cuantía, será aquel en
que precluyó la primera oportunidad que tenía el juez para dictar sentencia.
Dicho
lo anterior, la Sala
constata de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente,
específicamente del libelo de demanda, cursante de los folios 1 al 3, ambos
inclusive, que la demanda intentada en el presente juicio fue estimada por el
demandante en la cantidad de siete millones ciento sesenta y seis mil
seiscientos catorce bolívares (Bs.7.166.614, 00), la cual no fue impugnada en
su debida oportunidad por lo que aquélla quedó firme.
Por
su parte, el ad quem, mediante oficio Nº 153 de fecha 7 de junio de
2005, informó a este Supremo Tribunal lo siguiente:
“... el día 8 de septiembre de 2004 se celebró el acto de informes; los
ocho (8) días de despacho para recibir las observaciones transcurrieron así: 9,
10, 14, 15, 16, 17, 20 y 21 de
septiembre de 2004 y los sesenta (60) días continuos para dictar sentencia
vencieron el 22/11/2004, oportunidad en la que se profirió el fallo
correspondiente …”.
De acuerdo con el oficio emanado del
juzgado superior, el 22 de noviembre de 2004 fue el último día del lapso para
sentenciar la causa, encontrándose en vigencia la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual la cuantía requerida para acceder
en sede casacional para el presente caso es la que exceda de tres mil unidades
tributarias (3.000 U.T.), que para ese entonces equivalían a setenta y cuatro millones cien mil
bolívares (Bs. 74.100.000,00), cuestión que permite a este Supremo
Tribunal determinar el incumplimiento del requisito de la cuantía exigido para
la admisibilidad del recurso de casación al evidenciarse que el interés principal
del juicio quedó establecido en siete millones ciento sesenta y seis mil
seiscientos catorce bolívares (Bs.7.166.614, 00), y por vía de consecuencia, la
declaratoria sin lugar del recurso de hecho propuesto. Así se decide.
D
E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana
de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
declara SIN LUGAR el recurso
de hecho propuesto contra el auto de fecha 7 de diciembre de 2004, dictado por
el Juzgado Superior en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción
Judicial del estado Yaracuy, denegatorio del recurso
de casación anunciado contra la sentencia de fecha 22 de noviembre del mismo
año, dictada por el referido juzgado superior.
Se condena al recurrente al pago de las costas del
recurso, de conformidad con la ley.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al
Juzgado Tercero de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe.
Particípese la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección
del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial y sede,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento
Civil.
Dada, firmada y
sellada en la Sala
de Despacho de la Sala
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos
mil cinco. Años: 195º de la
Independencia y 146º de la Federación.
Presidente de la Sala,
__________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ.
Vicepresidenta,
_________________________
YRIS PEÑA DE ANDUEZA.
Magistrado,
______________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
Magistrada,
_________________________________
ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO.
Magistrado-Ponente,
____________________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ.
Secretario Temporal,
_____________________________
CHARLES
PRIETO LEHMANN
Exp.:
Nº AA20-C-2005-000059
