TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACION
CIVIL.
Caracas, 21 de JUNIO de
2000. Años: 190º y 141º.
En el juicio por resolución de contrato de venta y
daños y perjuicios incoado por el ciudadano FERNANDO SANCHEZ, representado judicialmente por el abogado Jorge
Tahan Bittar, contra los ciudadanos ARMANDO
JOSÉ LUGO WETTEL y DORIS OMAIRA
CASTRO DE LUGO, representados
judicialmente por la abogada Veruska Delhom Hernández, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en
sentencia de fecha 13 de abril de 2000, declaró sin lugar la solicitud de
perención de la instancia y, en consecuencia, confirmó el auto de fecha 04 de
mayo de 1999, dictado por el Tribunal a-quo.
El
apoderado judicial del demandado anunció recurso de casación contra la referida
sentencia del Juzgado Superior, el cual fue negado por el juez de la recurrida,
mediante auto de fecha 23 de mayo de 2000, con base en que no está cumplido el requisito de cuantía.
Con
motivo del recurso de hecho propuesto contra la negativa de admisión del
recurso de casación, la Sala recibió el expediente, del que dio cuenta en fecha
07 de junio de 2000, y correspondió la ponencia al Magistrado que con tal
carácter suscribe el fallo.
Siendo la
oportunidad para ello, pasa la Sala a dictar sentencia, en los términos
siguientes:
La Sala observa, que en el
caso bajo examen, el libelo de la demanda no fue consignado por el recurrente
de hecho; documento necesario para determinar con certeza el requisito de la
cuantía. La doctrina de esta Sala ha establecido que el valor de la causa debe
determinarse con base en los elementos de cálculo contenidos en el libelo de la
demanda y no de documentos anexos, o de cualquier otra acta del expediente.
(Vid. Sentencia de fecha 15 de marzo de 1995, caso: Vicenta Golindano Padrón y
otros, contra José Ramón Golindano Padrón).
Así mismo, la Sala ha
establecido que el recurrente en casación tiene la carga de aportar los
elementos necesarios para la determinación de los presupuestos de admisión del
recurso de casación y, en consecuencia, está en la obligación de consignar la
copia certificada del escrito de demanda en el expediente. En caso contrario,
el Tribunal Supremo no podrá verificar el cumplimiento del requisito de la
cuantía.
Sobre este particular, la
Sala ha expresado que de no constar de modo cierto y definitivo en el
expediente el interés principal del juicio, porque no fue consignada la copia
certificada del escrito de demanda, debe considerarse que no fue cumplido el
requisito de la cuantía y, por ese motivo, el recurso de hecho debe ser
declarado inadmisible, “…sin que valgan consideraciones relativas a la duda que
pudiera surgir en cuanto a la probable cuantía del juicio, dado que los
términos de la mencionada ley no permiten otra solución que no sea la que
obliga a demostrar con toda certeza que el valor del juicio sobrepasa el límite
por aquélla establecido a los fines de la admisión del recurso…”. (Vid Sent. De
fecha 6 de marzo de 1997, caso: Giarmi Cordone Palandrini c/ Corporación Revi
C.A. y otra).
Por los motivos antes
expuestos, el recurso de casación anunciado es inadmisible y se debe declarar
sin lugar el recurso de hecho propuesto. Así se establece.
En mérito de las precedentes consideraciones, este
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el
recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 23 de
mayo de 2000, dictado por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitano de Caracas, que
negó la admisión del recurso de casación contra la sentencia dictada el 13 de
abril de 2000, por el referido juzgado superior.
De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se
condena en costas al recurrente.
Publíquese y
regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Particípese esta
decisión al juzgado
superior de origen,
de conformidad con lo establecido en el artículo 316 del
Código de Procedimiento Civil.
El Presidente de la
Sala,
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FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente y ponente,
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ANTONIO RAMÍREZ
JIMÉNEZ
Magistrado,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
La Secretaria,
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DILCIA QUEVEDO
Exp. Nº 00-108.
La Secretaria,