SALA DE CASACIÓN CIVIL

Caracas,  14 de 03 de 2000.  Años: 189º y 141º.

 

En el juicio por cumplimiento de contrato  incoado por el ciudadano MAURO RANGHI MANDOLINI, representado judicialmente por los abogados Juan Fernando Amaro Robertson y Yolimar Quintero Vásquez, contra el ciudadano SALVADOR RUIZ PERIS, representado judicialmente por los abogados Nerio Enrique Lozada, Gustavo Alvarez Vázquez y Carlos José Sevira, el Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación dictó sentencia de fecha 11 de octubre de 1999, mediante la cual declaró con lugar la demanda interpuesta por la parte actora; en consecuencia, confirmó el fallo apelado.

               El apoderado de la parte demandada anunció recurso de casación contra la referida sentencia de alzada, el cual fue declarado inadmisible por el juez de la recurrida, mediante auto de fecha 14 de diciembre de 1999, sobre la base de que no está cumplido el requisito de la cuantía.

               Con motivo del recurso de hecho propuesto contra la negativa de admisión del recurso de casación, la Sala recibió el expediente, del que dio cuenta en fecha 17 de febrero de 2000, y correspondió la ponencia al Magistrado, que con tal carácter suscribe el fallo.

               Siendo la oportunidad para ello, la Sala dicta sentencia, en los términos siguientes:

I

 

               La cuantía fijada en los ordinales 1º y 2º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, como presupuestos para la admisibilidad del recurso de casación, fue modificada por el Decreto Nº 1.029, vigente desde el 22 de abril de 1996, el cual fue dictado por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 945 del Código de Procedimiento Civil, previa opinión de las extintas Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura.

               El referido Decreto estableció que en los juicios civiles, mercantiles y los referidos a laudos arbitrales es admisible el recurso de casación, siempre que el interés principal exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo).

               Este requisito no está cumplido en el caso concreto, pues consta del escrito de demanda que el interés principal del juicio fue estimado en la suma de un millón seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos bolívares (Bs. 1.674.400,oo), lo que no supera el monto de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), exigido para la admisibilidad del recurso de casación.

               En consecuencia, la Sala estima que el recurso de casación es inadmisible, como fue establecido por el juez de la recurrida en el auto de fecha 14 de diciembre de 1999. Por este motivo, el recurso de hecho debe ser declarado sin lugar. Así se establece.

II

               Esta Sala no puede pasar por alto la censurable conducta del abogado Carlos José Sevira, al intentar un recurso de casación en un juicio tramitado ante un Juzgado de Municipio, lo cual hace evidente que el interés principal no excede la cuantía exigida para la admisibilidad de dicho recurso extraordinario.

               El proceso, por su naturaleza y fines, requiere que las partes, apoderados y abogados asistentes observen un adecuado comportamiento, pues es deber insoslayable de los intervinientes en el mismo, colaborar con la recta administración de justicia, en conformidad con el artículo 8 del Código de Etica Profesional del Abogado. Además, deben actuar en el proceso con lealtad y probidad, exponiendo los hechos de acuerdo con la verdad y no interponiendo defensas manifiestamente infundadas, según lo dispone el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil; y se presume, salvo prueba en contrario, que la parte ha actuado con temeridad o mala fe cuando deduzca en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas y cuando maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa, o cuando obstaculicen el desenvolvimiento normal del proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170, Parágrafo Unico del mismo Código.

 

               En este sentido, el Tribunal Constitucional Español mediante sentencia Nº 104/90 de fecha 04 de junio de 1990, estableció que “no se obra con la necesaria probidad y buena fe al formular la demanda basada en premisas fácticas que tanto el actor como su Letrado deberían saber que eran contrarias a la verdad, desconociendo así la obligación de buena fe que debe respetarse en todo tipo de procedimiento… e incurriendo en temeridad y abuso de derecho”. Mutatis mutandi, igualmente actúa con temeridad y abuso de derecho el abogado que anuncia recurso de casación en un juicio que no alcanza la cuantía necesaria para la admisibilidad del señalado recurso extraordinario.

               Por lo anteriormente indicado, esta Sala, de conformidad con el artículo 17 del antes mencionado Código de Procedimiento Civil, considera necesario apercibir severamente al abogado Carlos José Sevira, que debe abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en esta censurable conducta, no sólo en este asunto, sino en cualquier otro que le corresponda asistir o representar intereses ajenos; y para evitar que tal comportamiento vuelva a repetirse, se ordena oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, para que resuelva sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el prenombrado profesional del Derecho, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide.

D E C I S I O N

               Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 14 de diciembre de 1999, dictado por el Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que negó el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada en fecha 11 de octubre de 1999, por ese Tribunal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso al recurrente.

               Dada la reiterada doctrina de esta Sala acerca del expresado requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación, se considera que en este caso se configura uno de los supuestos contenidos en el último aparte del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la interposición maliciosa del recurso. En consecuencia, se impone al recurrente multa de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,oo). Se ordena al Tribunal de la causa expedir la correspondiente planilla de liquidación, para ser pagada en una oficina receptora de fondos nacionales, dependiente del Ministerio de Hacienda.

 

               Ofíciese al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, para que resuelva sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el abogado Carlos José Sevira, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide.

               Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al  hoy Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ

 

Magistrado,

 

CARLOS OBERTO VELEZ

 

        La Secretaria,

 

    DILCIA QUEVEDO

Exp. Nº 00-028.