SALA DE CASACIÓN CIVIL
Caracas,
14 de 03
de 2000. Años: 189º y 141º.
En
el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, seguido por la ciudadana
ZAHIA NEEMEH DE YAMMINE, representada
judicialmente por los abogados José Elías Azpillaga García de Vicuña y Argimiro
Sira Medina, contra el ciudadano PASQUALE
DI PASQUALE CIMOROSI, representado judicialmente por los abogados Juan José
Anuel Valdivieso, María Marcelina Martínez Salazar y Eduardo González Rojas, el
Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area
Metropolitana de Caracas, en sentencia de fecha 13 de agosto de 1999, declaró
con lugar la demanda y condenó a la parte demandada a entregar el bien
inmueble, libre de personas y bienes; en consecuencia, revocó el fallo apelado.
Contra
la mencionada decisión de alzada, el representante judicial de la parte
demandada anunció recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por el
juez de la recurrida, mediante auto de fecha 03 de noviembre de 1999, sobre la
base de que no está cumplido el requisito de la cuantía.
Con
motivo del recurso de hecho propuesto contra la negativa de admisión del
recurso de casación, la Sala recibió el expediente, del que dio cuenta en fecha
24 de febrero de 2000, y correspondió la ponencia al Magistrado que con tal
carácter suscribe el fallo.
Siendo
la oportunidad para ello, la Sala dicta sentencia, en los términos siguientes:
La cuantía fijada en los ordinales 1º y
2º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, como presupuestos para
la admisibilidad del recurso de casación, fue modificada por el Decreto Nº
1.029, vigente desde el 22 de abril de 1996, el cual fue dictado por el
Presidente de la República, en ejercicio de la facultad conferida en el
artículo 945 del Código de Procedimiento Civil, previa opinión de las extintas
Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura.
El referido Decreto estableció que en los
juicios civiles, mercantiles y los referidos a laudos arbitrales es admisible
el recurso de casación, siempre que el interés principal exceda de cinco
millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo).
Este requisito no está cumplido en el
caso concreto, pues consta del escrito de demanda que la cuantía fue estimada
en la suma de catorce mil cuatrocientos bolívares (Bs. 14.400,oo), y la
reconvención en la suma de dos millones cuatrocientos mil bolívares (Bs.
2.400.000,oo), las cuales no superan el monto de cinco millones de bolívares
(Bs. 5.000.000,oo), exigido para la admisibilidad del recurso de casación.
En consecuencia, la Sala estima que el
recurso de casación es inadmisible, como fue establecido por el juez de la
recurrida en el auto de fecha 03 de noviembre de 1999. Por este motivo, el
recurso de hecho debe ser declarado sin lugar. Así se establece.
Esta
Sala no puede pasar por alto la censurable conducta del abogado Juan José Anuel
Valdivieso, al intentar un recurso de casación en un juicio cuyo interés
principal no excede la cuantía exigida para la admisibilidad de dicho recurso
extraordinario.
El
proceso, por su naturaleza y fines, requiere que las partes, apoderados y
abogados asistentes observen un adecuado comportamiento, pues es deber
insoslayable de los intervinientes en el mismo, colaborar con la recta administración
de justicia, en conformidad con el artículo 8 del Código de Etica Profesional
del Abogado. Además, deben actuar en el proceso con lealtad y probidad,
exponiendo los hechos de acuerdo con la verdad y no interponiendo defensas
manifiestamente infundadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 170
del Código de Procedimiento Civil; y se presume, salvo prueba en contrario, que
la parte ha actuado con temeridad o mala fe cuando deduzca en el proceso
pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas
y cuando maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa, o cuando
obstaculicen el desenvolvimiento normal del proceso, en conformidad con lo
establecido en el artículo 170, Parágrafo Unico del mismo Código.
En
este sentido, el Tribunal Constitucional Español mediante sentencia Nº 104/90
de fecha 04 de junio de 1990, estableció que “no se obra con la necesaria
probidad y buena fe al formular la demanda basada en premisas fácticas que
tanto el actor como su Letrado deberían saber que eran contrarias a la verdad,
desconociendo así la obligación de buena fe que debe respetarse en todo tipo de
procedimiento… e incurriendo en temeridad y abuso de derecho”. Mutatis mutandi, igualmente actúa con
temeridad y abuso de derecho el abogado que anuncia recurso de casación en un
juicio que no alcanza la cuantía necesaria para la admisibilidad del señalado
recurso extraordinario.
Por
lo anteriormente indicado, esta Sala, de conformidad con el artículo 17 del
antes mencionado Código de Procedimiento Civil, considera necesario apercibir
severamente al abogado Juan José Anuel Valdivieso, que debe abstenerse, en lo
sucesivo, de incurrir en tal censurable conducta, no sólo en este asunto, sino
en cualquier otro que le corresponda asistir o representar intereses ajenos; y
para evitar que tal comportamiento vuelva a repetirse, se ordena oficiar al
Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, para que
resuelva, sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el
prenombrado profesional del Derecho, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide.
Por las razones expuestas, este Tribunal
Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho
propuesto contra el auto de fecha 03 de noviembre de 1999, dictado por el Juzgado
Noveno de Municipio de la Circunscripción
Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que negó el recurso de casación anunciado contra la
sentencia dictada por dicho Tribunal en fecha 13 de agosto de 1999.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del
recurso al recurrente.
Dada la reiterada doctrina de esta Sala
acerca del expresado requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso
de casación, se considera que en este caso se configura uno de los supuestos
contenidos en el último aparte del artículo 316 del Código de Procedimiento
Civil, es decir, la interposición maliciosa del recurso. En consecuencia, se
impone al recurrente multa de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,oo). Se ordena
al Tribunal de la causa expedir la correspondiente planilla de liquidación,
para ser pagada en una oficina receptora de fondos nacionales, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Ofíciese
al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, para
que resuelva, sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el
abogado Juan José Anuel Valdivieso, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
El Presidente de la Sala y Ponente,
El
Vicepresidente,
La Secretaria,
DILCIA QUEVEDO
Exp. Nº
00-037