Sala de Casación Civil
Magistrado ponente Dr. FRANKLIN
ARRIECHE G.
En
el curso del juicio por reivindicación que sigue la SOCIEDAD CIVIL AGROPECUARIA GUANAPA mediante sus apoderados MARIA
ALEJANDRA SANTAELLA E., y JOSÉ SÁNCHEZ VILLAVICENCIO contra RENÉ BARBOZA y PASTOR ARNÁEZ, representados por el abogado AULIO RIVAS, el Juzgado Superior en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción
Judicial del Estado Barinas dictó sentencia en fecha 28 de julio de 1999 mediante
la cual modificó la decisión del juez de la causa que lo fue el Juzgado
Primero de Primera Instancia en lo
Civil y Mercantil de la misma circunscripción judicial, que declaró con lugar
la acción reivindicatoria intentada por la parte actora.
Contra
la sentencia de alzada anunció recurso de casación la parte actora en fecha 10
de agosto de 1999.
Admitido
dicho recurso se formalizó oportunamente, no hubo contestación a la
formalización.
Cumplidos
los trámites de ley se declaró concluida la sustanciación y siendo la
oportunidad para decidir se pasa a hacerlo bajo la ponencia del Magistrado que
con tal carácter suscribe, en los términos siguientes:
I
RECURSO POR DEFECTO DE
ACTIVIDAD
Con fundamento en el ordinal
1° del articulo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la
infracción del ordinal 4° del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los
artículos 12 y 509 ibidem, por incurrir la recurrida en el vicio de
inmotivación por silencio de pruebas.
El
formalizante arguye en su escrito, que la recurrida se abstuvo de entrar a
apreciar la prueba promovida y evacuada de posiciones juradas, por considerar a
este medio de prueba procesalmente inócuo e inconducente para evidenciar la
propiedad. Asimismo, el recurrente alega demostrar con la prueba de posiciones
juradas la mala fe en la posesión que los co-demandados vienen haciendo del
inmueble objeto de la presente acción reivindicatoria y que la recurrida obvio
analizar.
El
recurrente expresa textualmente:
“ ....resulta evidente que el juez incumplió con el
deber de analizar todas y cada una de las pruebas incorporadas al expediente,
incluso aquellas que estime inoficiosas e inútiles. Este proceder hace que el
fallo, en este aspecto se encuentra totalmente inmotivado por falta de análisis
de la prueba de posiciones juradas; la cual en ningún caso, puede ser
considerada como inoficiosa o inútil, como señala la recurrida, en un proceso
en el cual fue alegada la mala fe en la posesión que los co-demandados venían
haciendo del inmueble propiedad de mi mandante y objeto de la presente acción
(cosa que obvió el sentenciador), la cual, quedó efectiva y fehacientemente
demostrada con las posiciones juradas estampadas al co-demandado Pastor Arnáez.
Este medio de prueba, el Juez de la Segunda Instancia, se negó a analizar
debidamente, viciando de esta manera su decisión por falta de motivación en el
rechazo de la aludida prueba; existiendo por ende en el presente caso el
silencio de pruebas, el cual se sanciona con la nulidad de la sentencia que haya
incurrido en la misma conforme a lo dispuesto por el artículo 244 del Código de
Procedimiento Civil....”.
Por
otra parte, la recurrida en su decisión dispuso lo siguiente:
“ Respecto de las posiciones
juradas estampadas a la parte demandada y que cursan a los folios 116 y 117 del
expediente advierte quien aquí decide que tal medio de prueba no resulta ser el
conducente para evidenciar la propiedad en razón de lo cual resultan ser
procesalmente inocuas en el presente juicio y así se decide.”
Para decidir la Sala observa:
Esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades,
que existe a cargo del sentenciador, la obligación legal de resolver con apego
a lo alegado y probado en autos. Dicha actividad implica el estricto apego al
acervo probatorio que cursa en el expediente, y que en el momento en que el
juez evade tal obligación incurre en un error acusable en casación.
Ahora bien, en relación con la infracción del
artículo 243, ordinal 4°, del Código de Procedimiento Civil, la Sala observa que
el requisito de motivación impone al juez el deber de expresar los motivos de
hecho y de derecho de la decisión. El fin perseguido es permitir el
conocimiento del razonamiento del juez, pues ello constituye el presupuesto
necesario para obtener un posterior control sobre la legalidad de lo decidido.
Los motivos de hecho, están conformados por el
establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los
demuestran, y los motivos de derecho, en la aplicación de los principios y las
normas jurídicas a los hechos establecidos en el caso concreto. Es claro, pues,
que el examen de las pruebas forma parte de la motivación de hecho que el juez
debe expresar en su fallo. Por lo tanto, cuando el Juez incurre en el vicio de
silenciar una prueba, lo que efectivamente viola es el ordinal 4° del artículo
243 del Código de Procedimiento Civil.
Acorde con el requisito de motivación de hecho de
la decisión, el artículo 509 eiusdem, dispone que:
“ Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas
pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para
ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio
del juez respecto de ellas”.
Del
artículo transcrito se deduce que no importa que las pruebas no resulten idóneas
para ofrecer elementos de convicción sobre los hechos alegados por las partes,
esto es, que no sean conducentes para la demostración de los hechos, ya que de
resultar en ello la apreciación del juez, será el fundamento que justifique la
determinación de desecharla, mas no puede constituir razón para dejar de
analizarla. Con ello se quiere decir, que los jueces deben realizar el examen
de todo el material probatorio que cursa a los autos a fin de que la verdad
procesal surja del análisis y concatenación del conjunto de las pruebas
ofrecidas por los litigantes. Si en el expediente obraren pruebas que, a juicio
de los sentenciadores, sean inocuas, ilegales o impertinentes o que resultaren
aniquiladas por otras pruebas mejores, se deben expresar las razones que sirvan
para apoyar tal conclusión, mucho más cuando, como en el caso de autos se trata
de confesión, reina de las pruebas.
De
igual forma, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil ordena al juez
atenerse a lo alegado y probado en autos al dictar su decisión. Por esa razón,
la Sala ha indicado que la denuncia de inmotivación por silencio de prueba,
pueda ser coloreada con el alegato de infracción de los artículos 12 y 509 del
Código de Procedimiento Civil, sin que ello constituya un requisito de técnica,
cuyo incumplimiento constituya la desestimación de la denuncia.
Las consideraciones expuestas permiten concluir
que el sentenciador superior tiene el deber de examinar toda prueba que se haya
incorporado en el expediente, aun cuando ésta sea inocua, ilegal o
impertinente. Por consiguiente, el vicio de inmotivación por silencio de
pruebas se produce cuando el juez ignora totalmente la prueba, esto es, ni siquiera la menciona, o bien hace
referencia a ella, pero no la valora, o tan solo la aprecia parcialmente.
En el caso que nos ocupa, la recurrida
incurre en el segundo supuesto, que si bien es cierto, hace referencia a la
prueba de posiciones juradas, no la entra a valorar, y la desecha sin ningún
tipo de análisis ni fundamento. Además, la imperante jurisprudencia de esta
Sala de casación Civil, ha
señalado, que el llamado silencio de pruebas en todas sus manifestaciones
indicadas en la sentencia del 3 de marzo de 1993, no constituye en ningún caso
error de juzgamiento, sino vicio de actividad
en que incurren los sentenciadores en la formación de sus fallos, porque
lo que es error de juzgamiento, es la errada valoración de las pruebas. Por tanto en el particular esta valoración
de la prueba, no aparece en la decisión, y el juez no hace un alegato lo
suficientemente razonado de la prueba para desecharla, basándose en que no
sirve para demostrar propiedad pero, sin explicar las razones de esa
afirmación, ello ciertamente constituye falta de motivación, y por tanto, vicio
de actividad, lo cual ha sido siempre considerado en la doctrina de antigua
data de este Alto Tribunal. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de todo lo expuesto,
este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
declara CON LUGAR el recurso
de casación propuesto contra la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción
Judicial del Estado Barinas. En consecuencia, CASA la sentencia recurrida y SE
REPONE la causa al estado de que el Juez Superior competente subsane el vicio
que dio lugar a la nulidad del fallo.
Publíquese,
regístrese y remítase este expediente al Juzgado Superior de origen, todo de
conformidad con el articulo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada
y sellada en
la Sala de
Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en
Sala de Casación
Civil, en Caracas, a los treinta y uno ( 31 ) días del mes de marzo dos mil. Años:
189° de la Independencia y 141° de la Federación.
El Presidente de la Sala y Ponente,
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FRANKLIN
ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
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DILCIA QUEVEDO
Exp. N° 99-809