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En
el juicio por cobro de bolívares (vía intimatoria), seguido ante el Juzgado
Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe, por la
sociedad mercantil DISTRIBUIDORA GIORDANO, S.R.L., representada judicialmente por el abogado
Rubén Rafael Rumbos Gil, contra el ciudadano PAULO ABEL RODRÍGUEZ en su
carácter de representante de la sociedad de comercio FRIGORÍFICO SANTA EDUVIGEN, C.A.,
representado judicialmente por los abogados Bernardo A Patiño, Marianela C.
Abdel Pérez, Auristela Pérez y Rafael Montes De Oca; el Juzgado Superior en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la misma Circunscripción
Judicial, conociendo en apelación, dictó
sentencia en fecha 3 de agosto de 2004, mediante la cual declaró sin lugar el
recurso procesal de apelación interpuesto por el demandado Paulo Abel
Rodríguez, contra el fallo dictado por el a quo, en fecha 19 de febrero de
2001, que declaró con lugar la demanda y, en consecuencia, confirmó el fallo
apelado. Condenó a los demandados al pago de las costas procesales.
Contra la referida decisión de alzada anunciaron recurso de
casación el accionado, el cual fue negado por auto de fecha 20 de agosto de
2004, con fundamento en lo siguiente:
“...este Juzgado Superior Accidental en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del
Estado Yaracuy; niega la admisión del mismo por considerar que la cuantía de la
presente demanda no excede de las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T) por
lo que no cumple con los requisitos establecidos en el segundo aparte del
artículo 18 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para su
procedencia y así se declara”.
Con motivo del recurso de hecho
interpuesto contra la negativa de admitir el de casación, la Sala recibió el
expediente, del cual se dio cuenta en fecha 21 de septiembre de 2004,
designándose ponente al Magistrado que con el carácter suscribe y quien lo hace
previa las siguientes consideraciones:
Entre los requisitos de admisibilidad del recurso de
casación, es de impretermitible cumplimiento el de la cuantía. De conformidad
al artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, el monto que se exigía era
el que excediera de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,oo); luego,
a partir del 22 de abril de 1996, por Decreto Presidencial N° 1.029, se
modificó dicha cuantía, aumentándola en la cantidad que exceda de cinco
millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo). Ahora bien, con la entrada en
vigencia de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela, dicha cuantía se vuelve a modificar,
exigiéndose ahora que el interés principal del juicio exceda de tres mil
unidades tributarias (3.000 U.T.).
Respecto a esta nueva cuantía, su elemento de
cálculo y la oportunidad de su exigibilidad para determinar la admisibilidad
del recurso de casación, la Sala en decisión N° RC.00801, de fecha 4 de agosto
de 2004, expediente N° AA20-C-2004-000037, estableció:
“...La
Sala en uso de sus atribuciones y con el ánimo de prestar la mayor seguridad
jurídica a los justiciables, pasa a determinar cual es el monto actual
exigido para la admisibilidad del recurso de casación y el momento desde que el
mismo deberá ser exigido en atención a la novísima Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, supra
referida:
Efectivamente,
la cuantía que se viene exigiendo es la prevista en el tantas veces precitado
Decreto Presidencial y cuya cantidad debía exceder de cinco millones de
bolívares (Bs. 5.000.000,oo); sin embargo, como consecuencia de la entrada en
vigencia el 20 de mayo de 2004 de la citada Ley Orgánica que rige a esta Máxima
Jurisdicción, antes comentada, dicha cantidad fue modificada tanto en su
elemento de cálculo como en su incremento cuantitativo, pues en el aparte
cuarto de su artículo 18, estableció:
‘...Conocerá
y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban
conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades
tributarias (3.000 U.T.)...’.
En
aplicación del contenido de este artículo, el elemento de cálculo de la
cuantía necesaria para la admisibilidad del recurso de casación, que
conoce esta Sala por disposición del ordinal 41 del artículo 5 eiusdem, en
concordancia con los artículos 312 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, es la unidad tributaria, permitiendo de esta manera la actualización
en el tiempo del monto a través de los índices que rigen la economía nacional
emanados del Banco Central de Venezuela, y la suma exigida, es la que
exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) lo que significa que,
teniendo en cuenta que hoy el valor de cada una de éstas, fijado por el
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT),
mediante providencia N° 0048 dictada el 9 de febrero de 2004 publicada en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.877 del 11 de
febrero de 2004 lo es de veinticuatro mil setecientos bolívares (1 U.T. X Bs.
24.700,oo), la cantidad debe exceder de setenta y cuatro millones cien mil
bolívares (Bs. 74.100.000,oo), constituyéndose éste en el monto
requerido para acceder a casación.
Ahora
bien, al igual que con aquel Decreto Presidencial N° 1.029, la Ley Orgánica
que rige a este Supremo Tribunal omitió establecer a partir de cuál momento se
aplica la nueva cuantía a los juicios en curso para determinar la admisibilidad
del recurso de casación.
En
aquella oportunidad, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de
Justicia, resolvió la temporalidad de la aplicación de la cuantía, mediante
decisión N° 42, de fecha 30 de abril de 1996, expediente N° 96-002 RH, en el
juicio intentado por María del Carmen Martín Maldonado y otras contra Carlos
Bermúdez Mauriño y otra, en los siguientes términos:
‘...El
Código de Procedimiento Civil estableció, entre sus disposiciones transitorias,
en el artículo 941, que los recursos interpuestos para la fecha de entrada en
vigencia se regirán por el Código derogado. Tal regla, referida
exclusivamente a la aplicabilidad de ese cuerpo legal, no lo es directamente a
la resolución sobre la entrada en vigor de la nueva cuantía establecida por
Decreto del Poder ejecutivo, sin embargo los principios que determinaron esa
solución pueden orientar la decisión de esta Corte al respecto.
De
acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, (hoy artículo 24 de la
Constitución de 1999), las leyes de procedimiento se aplicará desde el momento
mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso. En
desarrollo de la disposición constitucional, el artículo 9 del Código de
Procedimiento Civil establece. ‘La ley procesal se aplicará desde que entre en
vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este
caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados
todavía, se regularan por la ley anterior.’ Así armonizó el legislador
el principio de inmediata entrada en vigor de las leyes procesales con la
prohibición de otorgar efectos retroactivo a la ley, excepto cuando imponga
menor pena, contenido en el mismo artículo 44 de la Constitución.
En el
supuesto del recurso ya interpuesto para la fecha de entrada en vigencia de la
modificación de la cuantía, debe considerarse, además, el derecho de petición
garantizado por el artículo 67 de la Constitución (hoy artículo 51 de la
Constitución de 1999), de acuerdo al cual todos tienen el derecho de representar
o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre
asuntos que sean de la competencia de éstos y a obtener oportuna respuesta.
El
presente recurso fue interpuesto en fecha 19 de septiembre de 1995, estando
vigente la cuantía de más de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs.
250.000,oo), necesaria, conforme a los ordinales 1° y 2° del artículo 312, para
la admisión del recurso, es un efecto no verificado todavía de su anuncio, por
lo cual de acuerdo al citado artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, se
rige por la ley anterior.
Por
otra parte, si bien el ejercicio del recurso de casación no implica, de acuerdo
a las tendencias actuales del derecho procesal, el ejercicio de una nueva
acción, constituye una petición dirigida a un funcionario público, por lo cual
con su interposición nace a favor del recurrente un derecho subjetivo de rango
constitucional, a obtener respuesta, el cual sería vulnerado si se considerase
que una modificación posterior a la interposición del recurso, de la cuantía
necesaria para su admisión, lo haría inadmisible.
Por
tanto, la solución legal y constitucionalmente apropiada resulta idéntica a la
dada por el legislador en el artículo 941 del Código de Procedimiento Civil: Los
recursos ya interpuestos para la fecha de entrada en vigor de la nueva cuantía
se regirán por la cuantía en el Código de Procedimiento Civil...’.
El
texto trasladado ofreció la solución, en el entendido que la fecha del
anuncio del recurso de casación es la determinante de la cuantía requerida, solución
que acoge la Sala en esta oportunidad, inclusive a los fines de armonizar
dicho criterio, para los casos que versen sobre decisiones dictadas en reenvío,
para establecer que la nueva cuantía que exceda de tres mil unidades
tributarias (3.000 U.T.), requerida para determinar la admisibilidad del
recurso de casación, será exigida en aquellos casos en que el anuncio del
referido recurso extraordinario se haya formulado desde el 20 de mayo de 2004 (inclusive);
mientras que, en aquellos asuntos en que el recurso se haya anunciado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, el requisito de la cuantía se examinará conforme con el monto que
se venía exigiendo conforme al citado Decreto Presidencial 1.029, es decir, en
la cantidad que exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo). Así
se decide”.
De lo transcrito resalta la importancia del momento en que
se anuncia el recurso de casación, pues es el determinante temporal del monto
requerido para cumplir con el requisito de la cuantía, lo que significa que si
se anuncia el 19 de mayo de 2004 o antes el
interés del juicio debe exceder de cinco millones de bolívares (Bs.
5.000.000,oo), pero si se anuncia el 20 de mayo de 2004 o en fecha posterior
el monto exigido será el equivalente al que exceda de tres mil unidades
tributarias (3.000 U.T.).
En atención a lo expuesto, constata la Sala que en el sub
iudice el anuncio del recurso de casación fue formulado por el demandado en
fecha 6 de agosto de 2004, es decir, en fecha posterior
a la publicación en Gaceta Oficial de la novísima Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, cuestión que determina exigir como cuantía el monto
que exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T), que a la fecha del
anuncio equivalen a setenta y cuatro millones cien mil bolívares ( Bs.
74.100.000,00).
Ahora bien, de la revisión de las actas
que conforman el expediente, particularmente del libelo de demanda, se
evidencia que la accionante intimó a los
demandados al pago de las siguientes cantidades: 1°- La cantidad de Veintiún
Millones Doscientos Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Bolívares
(Bs. 21.228.347,00), que comprende el monto
de las facturas que se reclaman; 2°- La cantidad de Quinientos Veintitrés Mil
Doscientos Ochenta y Ocho Bolívares (523.288,00), por concepto de intereses
moratorios calculados a la rata del uno por ciento (1%) mensual desde el
13 de junio de 2.000, hasta el 20 de noviembre de 2000 y; 3°-Los intereses
moratorios que se sigan causando desde el 13 de noviembre de 2000, hasta el
pago definitivo calculado a la misma rata; cantidades que suman el monto de
Veintiún millones setecientos cincuenta y un mil seiscientos treinta y cinco
bolívares (Bs. 21.751.635,00), que al no
haber sido impugnada por el demandado, quedó firme la estimación hecha en el
escrito de demanda, lo que determina el
incumplimiento del requisito de la
cuantía exigido para la admisibilidad del recurso de casación y, por vía de
consecuencia, la declaratoria sin lugar del recurso de hecho propuesto. Así se
decide.
En fuerza de las anteriores consideraciones, este
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara SIN LUGAR el recurso
de hecho propuesto contra el auto de fecha 20 de agosto de 2004, dictado por el
Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la
Circunscripción Judicial del estado
Yaracuy, con sede en San Felipe, denegatorio del recurso de casación
anunciado contra el fallo de fecha 3 del mismo mes y año, pronunciado por el
referido juzgado superior.
Se
condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley.
Publíquese
y regístrese, remítase el expediente Juzgado Primero de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado
Yaracuy, con sede en San Felipe. Particípese esta decisión al Juzgado Superior
en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la misma Circunscripción
Judicial, de conformidad con lo establecido por el artículo 316 del Código de
Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13)
días del mes de octubre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y
145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
__________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ.
El Vicepresidente-Ponente,
______________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
________________________
TULIO
ÁLVAREZ LEDO
El
Secretario,
________________________________
ENRIQUE
DURÁN FERNÁNDEZ
Exp.: Nº AA20-C-2004-000800