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SALA CONSTITUCIONAL

                                           

MagistradA Ponente: Carmen Zuleta de Merchán

El 7 de noviembre de 2005, el abogado José Luis Rodríguez Macías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 18.961, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana OTIS COROMOTO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad número 4.818.146, solicitó la revisión constitucional de la sentencia dictada, el 14 de octubre de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada, el 26 de agosto del mismo año, por el Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó, de conformidad con el numeral 1 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento de la causa seguida contra los ciudadanos José Altagracio Díaz, Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Rafael Gerardo Farnataro Herrera, Carmen Benilde Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnataro Herrera, por la presunta comisión del delito de fraude.

El 8 de noviembre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien asume la ponencia y con tal carácter la suscribe.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

            Señaló el solicitante como fundamentos de su solicitud, lo siguiente:

1.1. Que la sentencia de la cual solicita la revisión incurrió en un error grotesco de interpretación constitucional, al atribuirle a su mandante, víctima en la causa seguida contra los ciudadanos José Altagracio Díaz, Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Rafael Gerardo Farnataro Herrera, Carmen Benilde Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnataro Herrera, por la presunta comisión del delito de fraude, el hecho de no haber demostrado los alegatos de su denuncia con las respectivas pruebas, siendo ésta, según lo establecido en el numeral 3 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una atribución del Ministerio Público.

1.2. Que su mandante consignó pruebas suficientes y toda la documentación relevante para fundamentar su denuncia, sin embargo, el Ministerio Público no cumplió su facultad constitucional de ordenar y dirigir la investigación criminal, “…situación ésta que no fue advertida por la colegiada (Ponente Abogado Dulce Mar Montero Vivas), miembro de la Corte de Apelaciones de Barquisimeto al efectuar el análisis lógico y racional de los hechos sometidos a investigación criminal y penal…”.

1.3. Que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en la sentencia cuya revisión se solicita, violó las reglas de valoración de la prueba “…al no pronunciarse sobre aspectos importantes probados en la causa que constituyen plurales y concordantes elementos de prueba, que se revierten en contra de los imputados…”.

1.4. Que “…La victima (sic) tal como consta en autos, consignó toda la documentación relevante para fundamentar su denuncia, pero el Ministerio Público no cumplió su facultad constitucional de ordenar y dirigir la investigación criminal, situación esta solamente acotada por la Jueza de Control I Abogada Carmen López al negar la solicitud de sobreseimiento, porque se debía profundizar la investigación, tal como consta el folio 350 del expediente principal KP-01-S-2002-000552, que anexo marcado con la letra (C), por lo que la CORTE DE APELACIONES, al no percatarse de la omisión en la actuación del Ministerio Público, violó los Derechos y Principios Constitucionales contenido (sic) en los artículos 26 y 49 del texto constitucional, es decir el de la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y el del debido proceso y además pretende que la víctima sea la que ordene y dirija la investigación penal lo que es un Error Grotesco de interpretación del texto constitucional, la victima (sic) consignó las pruebas suficientes para fundamentar su denuncia, a las que podía tener acceso pero la colegiada no se percato (sic) de analizar las declaraciones de los imputados de donde surge (sic) evidentes indicios plurales y concordantes que se revierten en contra de los imputados (Folios 111 Declaración de Otis Rodríguez, Folio 118 Declaración del imputado José Antonio Farnataro Herrera, Folio 119 Declaración de Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Sin Foliatura la declaración de Carmen Venidle Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnanataro); dentro del análisis lógico y racional para dictar la sentencia no se valoró lo relacionado con el Registro Mercantil de F.H. INVERSIONES C.A., cuyos accionistas son los imputados, así como tampoco se valoró el hecho cierto y probado que el librado aceptante de la letra de cambio por DOSCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 200.000.000,00), JOSÉ ALTAGRACIO DÍAZ era un obrero de los imputados, configurándose con todo ello una violación expresa de los principios y derechos constitucionales de la víctima, mi poderdante OTIS COROMOTO RODRÍGUEZ (TUTELA EFECTIVA, DEBIDO PROCESO) y por consiguiente sus derechos humanos contenidos en tratados y convenios internacionales especialmente en la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, suscrita y ratificada por Venezuela según Gaceta Oficial Número 31.526 de fecha 14 de junio de 1977, en su artículo 8, numerales 1 y 2, que tienen Jerarquía Constitucional razón por la cual los mismos prevalecen al orden interno en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicios a las establecidas en la Constitución vigente y en las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los Tribunales y demás Órganos del Poder Público…”.  

1.5. Que en definitiva, era mas fácil para la referida Corte de Apelaciones “…acoger la solicitud fiscal de sobreseimiento que aplicar las reglas de valoración de la prueba, haciendo un análisis lógico y racional ajustado a derecho sin menoscabar los derechos constitucionales de OTIS COROMOTO RODRÍGUEZ…”.

Por tales motivos, indicó que la decisión del 14 de octubre de 2003, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, transgredió los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la que peticionó que se revise y se anule la citada decisión y, se dicte una nueva sentencia “…consecuencia directa  e inmediata de la revisión que se haga a dicho fallo…”.

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

 

Mediante decisión del 14 de octubre de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado Leonardo Sciscioli Labrador, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Otis Coromoto Rodríguez, contra la decisión dictada el 26 de agosto del mismo año, por el Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos José Altagracio Díaz, Manuel Jacinto Farnataro Herrera, Rafael Gerardo Farnataro Herrera, Carmen Benilde Herrera de Farnataro y Rosalbo Simón Farnataro Herrera, por la presunta comisión del delito de fraude, teniendo como fundamento para ello, lo siguiente:

“…La sentencia recurrida, se fundamenta, en primer lugar, en la solicitud que hace el Fiscal del Ministerio Público, al Tribunal de Primera instancia, para que sea decretado el sobreseimiento, el cual procede a decretarlo, basado en el artículo 318 ordinal 1° (sic), del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, al respecto observa esta Alzada, que si bien es cierto que la víctima fue desalojada del inmueble que ocupaba, no es menos cierto, que lo ocupaba en condición de arrendataria, por lo que el Tribunal Ad-Quo, valoró esta fundamental condición al momento de decidir, y de declarar procedente el sobreseimiento de la causa, valoración ésta, que es compartida por esta Corte, en vista de que la misma configura la premisa que encuadra, en el ordinal 1° (sic) del artículo 318 referido supra, ya que de los autos, no puede concluirse, el hecho que funge como objeto del proceso, y de ninguna manera entonces, podría atribuírsele algún hecho a los imputados en este caso. En este sentido, cabe destacar que, cuando el legislador expresa que ‘el hecho no se realizó’, hay que entender, a todo evento que se trata, tanto del supuesto de que se haya acreditado la falsedad del hecho imputado, como de que no se haya podido probar la existencia de tal hecho. Lo mismo ocurre por lo que respecta a que el hecho ‘no pueda atribuírsele al imputado’, pues ello comprende tanto el caso de que el imputado haya probado su no participación, como que no se haya podido probar su participación. En este sentido, puede observar esta Alzada, del análisis exhaustivo, del presente asunto, que es evidente, que de las actuaciones respectivas, no se prueba, la existencia del hecho objeto del proceso, por lo que no puede atribuírsele a los imputados hecho alguno, todo lo cual, además de haber sido considerado de esta forma por el Ministerio Público, fue ratificado por el Tribunal que decretó el referido sobreseimiento de la causa. Y ASI SE DECLARA.

Sin embargo es imperante que esta Alzada, en aras de la debida valoración, del recurso de apelación respectivo, debe hacer un análisis del mismo, y en tal sentido procede a hacerlo en los siguientes términos:

El recurrente, fundamenta el recurso de apelación, en:
’…/ Fraude Procesal,…/ con elementos simulados,…/ partiendo de una supuesta deuda…/ la firma mercantil F.H INVERSIONES, C.A beneficiaria y demandante…/ no existía jurídicamente, lo que hacía nula de pleno derecho el instrumento cambiario…’.

Al respecto, esta colegiada, debe destacar, que cada una de estas denuncias, deben ser lógicamente respaldadas, con las pruebas respectivas, sin las cuales se hace imposible, comprobar los hechos en los que se fundamenta el recurrente, es por lo que, el mismo no logra, desvirtuar la decisión recurrida, en virtud de que, es evidente que nada puede probarse, es decir no existe hecho alguno, y por supuesto, no puede existir atribución de hecho alguno, por lo que, no tienen asidero los principios constitucionales, que pretende denunciar el recurrente, como violados por la sentencia recurrida. Siendo entonces, que esta Alzada forzosamente, debe compartir el criterio del tribunal Ad-Quo. Y ASÍ SE DECLARA.
En virtud de que el sobreseimiento procede, cuando el hecho que motivó la apertura de la averiguación resulte ser inexistente, no aparezca suficientemente probado, o resulte no ser constitutivo de delito, o cuando no conste la participación de los imputados en ninguno de los supuestos de autoría, complicidad o encubrimiento previstos por la ley sustantiva, y encuadrando el presente asunto, como supuesto incurso en el ordinal 1°
(sic) del artículo 318, que al respecto estipula lo conducente, y que no es otra cosa que la procedencia en este caso, de la declaración del sobreseimiento, es por lo que es forzoso para esta Alzada, confirmar en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada por el Tribunal Ad-Quo. Y ASÍ SE DECIDE…”.(Subrayado y destacado de la Corte de Apelaciones).

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala determinar previamente su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, a tal efecto, observa:

En fallos anteriores se ha determinado la facultad que detenta la Sala Constitucional para revisar las actuaciones judiciales que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como de las decisiones que se opongan a las interpretaciones que sobre los mismos haya realizado esta Sala en ejercicio de las atribuciones conferidas de forma directa por el Texto Constitucional, partiendo de lo preceptuado en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 eiusdem, en el que se establece la competencia de este órgano judicial para “Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”, cuyo desarrollo fue configurándose por la doctrina de esta misma Sala (vid. sentencias números 1312/2000, 33/2001 y 192/2001), hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de mayo de 2004, donde se delimitó de manera más específica esta competencia.

Siendo ello así, observa esta Sala que la solicitud de revisión de autos fue interpuesta contra la sentencia dictada, el 14 de octubre de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, respecto a la cual se alegó la violación de los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva.  

En virtud de lo anterior, y en atención a lo dispuesto en el artículo 5 numeral 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala considera pertinente asumir su competencia para conocer y decidir la revisión solicitada, advirtiendo que la misma estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existencia de un error evidente o inexcusable en la interpretación de la Constitución, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas y principios constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, así como también de algún tipo de violación constitucional en la que, por estar envuelto el orden público, sea necesaria la intervención del máximo intérprete constitucional.  Así se declara.

IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

            Llevado a cabo un estudio individual del expediente, corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de la solicitud de revisión presentada por la ciudadana Otis Coromoto Rodríguez y, en tal sentido, observa:

Tal como se dejó sentado en sentencia del 6 de febrero de 2001, caso: “CORPOTURISMO”, la potestad de revisión consagrada en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de