Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

Consta en autos que, el 14 de febrero de 2012, los abogados Ángel Lentino M., Edgar Alejandro Rodríguez Yustiz e Idania del Valle Martínez, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los n.ros 71.954, 109.314 y 125.514, respectivamente, en representación de la sociedad mercantil AUTO SERVICIOS 2000 S.R.L., con inscripción en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal, bajo el n.o 51, Tomo 42-A-Sgdo, del 20 de marzo de 1975, suficientemente facultados, según documento poder que fue otorgado ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Sucre del Estado Miranda el 10 de diciembre de 2008, que quedó anotado bajo el n.° 58, Tomo 86, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, solicitaron, ante esta Sala Constitucional, la revisión de la sentencia n.° 008 del 19 de enero de 2012, que expidió la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual declaró: i) con lugar el recurso de control de la legalidad que fue interpuesto por el co-demandante Yonis Augusto Ureche Olivares contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de julio del aĖo 2010; ii) nulo el fallo recurrido; y, iii) parcialmente con lugar la demanda que interpusieron los ciudadanos Álvaro Sequera, Fernando Sulbarán, Juan Rafael Villegas Terán, Wuilmer José Graterol Baptista, Patricio Antonio Materano Artigas, Jaime Jiménez Jiménez, Jorge Augusto Arias Cogollo, Rafael Alonso Leal Torcates y Yonis Augusto Ureche Olivares contra la ahora solicitante, por cobro de obligaciones laborales.

El 17 de febrero de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.  

El 22 de mayo de 2012, la representación judicial de la accionante consignó escrito, mediante el cual ratificó la solicitud de suspensión de los efectos del acto jurisdiccional objeto de revisión. Igualmente, consignó anexos referidos al informe de experticia complementaria del fallo objeto de revisión, el cual fue suscrito por la licenciada Ildemary Granado Arias.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA SOLICITANTE

 

1.         La representación judicial de la peticionaria de revisión alegó que:

1.1.      El 17 de mayo de 2010, el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas celebró audiencia de juicio, con ocasión de la demanda interpuesta por los ciudadanos Álvaro Sequera, Fernando Sulbarán, Juan Rafael Villegas, Wuilmer José Graterol, Patricio Antonio Materano, Yonis Ureche, Jaime Jiménez, Jorge Arias y Rafael Leal. Que “…si bien es cierto que en un principio la parte actora constituyó un litisconsorte activo conformado por nueve (09) trabajadores, representado en una primera oportunidad por los abogados Germán Morales y Luisa González, (…) tampoco es menos (sic) cierto que posteriormente antes de celebrarse la audiencia de juicio el ciudadano Yonis Ureche (…) revocó el poder conferido a la representación judicial descrita anteriormente, de manera tácita, (…) dado a que dicho ciudadano le otorga un poder judicial al Abogado Alejandro García PiĖero, (…). [E]s importante seĖalar que estas personas, es decir, Yonis Ureche ni su Abogado Alejandro García PiĖero, comparecieron a la Audiencia de Juicio, lo que trae como consecuencia jurídica la aplicación del Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, por cuanto no esta[ban] en presencia de un litisconsorte activo necesario, sino de un litisconsorte activo voluntario.”

1.2.      En virtud de la no comparecencia del accionante Yonis Ureche a la audiencia de juicio, “debió ser declarada desistida la demanda del ciudadano Yonis Ureche y haber continuado la demanda con el resto de los actores, lo cual trae como consecuencia, en primer lugar, que el ciudadano Yonis Ureche, no tendría el derecho de apelar de la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ni mucho menos tendría derecho de presentar Recurso de Control de Legalidad, por lo que es evidente que el Recurso de Apelación y el Recurso de Control de Legalidad fue interpuesto de forma MALICIOSA por la representación del ciudadano Yonis Ureche, ya que el mismo está en conocimiento que no comparecieron a la audiencia de Juicio, en consecuencia e insistimos en ello, debió ser declarada desistida la demanda interpuesta por el ciudadano Yonis Ureche, sin dejar de mencionar que en la audiencia de fecha 27 de octubre de 2011 celebrada por ante la Sala de Casación Social, uno de los Magistrados le realiza una pregunta al abogado Alejandro García, dicha pregunta fue específicamente ņPor qué no comparecieron a la Audiencia de Juicio? Y el abogado Alejandro García contestó de forma categórica, que había una estrategia porque habían evaluado la posibilidad de demandar nuevamente, como en efecto lo hicieron (toda esta situación se puede constatar en el video de la audiencia)…”.

1.3.      En consecuencia de lo anterior, “mal p[odría] considerarse que en la presente acción esta[ban] en presencia de un litisconsorte activo necesario toda vez de que la parte actora solo reclama días domingo y bono alimentación, es decir, cada litisconsorte (demandante) es autónomo e independiente”. Respecto de “la conexión impropia o intelectual” invocó la doctrina de la Sala de Casación Social, que fue establecida mediante sentencia n.° 1789 de 9 de agosto de 2007.

1.4.      Igualmente, cuando contestó el control de la legalidad que fue interpuesto por la parte actora, solicitó que “[a] todo evento de que e[sa] Sala decida que los recursos ejercidos por la representación judicial del ciudadano Jonis (sic) Ureche, fueron ejercidos dentro de la normativa legal, solicit[an] la aplicación del artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”, es decir, que “…la sentencia del presente recurso solo (sic) abarque al ciudadano Yonis Ureche y no al resto de los liticonsortes, por cuanto cada litisconsorte es individual, y las acciones ejercidas por el ciudadano Yonis Ureche no debe ser aplicada al resto de los demandantes, lo cual tampoco ocurrió por cuanto la sentencia de fecha 19 de enero dictada por la Sala de Casación Social determinó que el día domingo debía ser cancelado [a] todos los trabajadores…”. De manera que “…una vez más la sentencia ‘arropó’ al resto de los accionantes aun cuando estos no ejercieron ningún tipo de recurso salvo el ciudadano Yonis Ureche…”. Insiste, que en la demanda “…cada uno de los trabajadores reclama una cantidad distinta por pagos de días domingo y bono de alimentación...”.

2.         Denunció:

La lesión de sus derechos a la tutela judicial eficaz y al debido proceso que reconocen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la Sala de Casación Social “…no aplic[ó] la consecuencia jurídica que acarrea para el actor el no haber asistido a la audiencia de juicio, y que dicha consecuencia indudablemente e[ra] el desistimiento del procedimiento, tal como quedó establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”.

3.         Pidió:

3.1.      Como petitorio de fondo:

“Que la sentencia N° 0008 de la Sala de Casación Social de fecha 19 de enero de 2012, sea revisada de forma Constitucional por cuanto la misma desconoce los reiterados y constantes criterios vinculantes como es el desistimiento del procedimiento dada la incomparecencia del actor a la audiencia de juicio lo cual viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva debido a que los jueces autores de la sentencia recurrida soslayaron la intención de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 1184/2009 del 22 de septiembre, de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia respecto del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como también lo expresado en los artículos 49, 26 y 257 Constitucional, y sobrepusieron su voluntad, ocasionando con ello ANARQUÍA EN EL ORDEN JURÍDICO, por último permitir situaciones como estas generaría un caos, (…). De allí que resulta imperioso un pronunciamiento de la Sala Constitucional en ese sentido, a fin de ordenar la actuación de los Administradores u Operarios de Justicia en las materias de incomparecencia a las audiencia[s] de juicio de algún actor cuando estemos en presencia de un litisconsorcio activo no necesario producto de la conexión impropia ya que el constituyente reguló esta situación en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de esta manera de proteger, si es necesario, la tutela efectiva de quienes lo requieran consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Queda claro así que la Sala de Casación Social se basó para dictar su sentencia en una INTERPRETACIÓN GROTESCA que solapó los verdaderos efectos de la norma constitucional, y que condujo a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, afectando derechos constitucionales del justiciable.

Por todo lo anteriormente transcrito, solicit[ó] sea declarado ADMISIBLE, SE DICTE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS Y CON LUGAR el presente recurso de Revisión Constitucional de Sentencia en contra de la sentencia N° 0008 dictada por la Sala de Casación Social en fecha 19/01/2012”.

3.2.      Como medida cautelar:

“…la suspensión de los efectos de la sentencia de fecha 19/01/2012, dictada por la Sala de Casación Social, como Medida Cautelar como garantía de la Tutela Judicial Efectiva ya que es evidente que pagar hoy día una cantidad de dinero por concepto de día domingo laborado pudiera causar gravámenes irreparables para [su] representada, ya que en el supuesto de que esta Sala Constitucional declare con lugar [su] recurso de revisión constitucional de sentencia, [su] representada no tendría la oportunidad de solicitar la devolución del pago realizado dado el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual puede traducirse en pérdidas para la empresa…”.

 

 

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

El artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “…[r]evisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva…”.

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 25.10 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el presente caso, se requirió la revisión del acto de juzgamiento n.° 0008 de 19 de enero de 2012, que pronunció la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual declaró: i) con lugar la solicitud de control de la legalidad que fue interpuesta por la representación judicial del co-demandante Yonis Augusto Ureche Olivares contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de julio del aĖo 2010;  ii) nulo el fallo recurrido; y, iii) parcialmente con lugar la demanda que incoaron los ciudadanos Álvaro Sequera, Fernando Sulbarán, Juan Rafael Villegas Terán, Wuilmer José Graterol Baptista, Patricio Antonio Materano Artigas, Jaime Jiménez Jiménez, Jorge Augusto Arias Cogollo, Rafael Alonso Leal Torcates y Yonis Augusto Ureche Olivares contra la ahora solicitante -sociedad mercantil Auto Servicios 2000 S.R.L., por cobro de obligaciones laborales; razón por la cual esta Sala se declara competente para su conocimiento. Así se declara.

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

 

La Sala de Casación Social, mediante sentencia n.° 0008 del 19 de enero de 2012, declaró lo siguiente:

“…1) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad propuesto por el co-demandante Yonis Augusto Ureche Olivares contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de julio del aĖo 2010. Por consiguiente, ANULA el fallo recurrido de conformidad lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y resuelve, 2) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de obligaciones laborales incoada por los ciudadanos ÁLVARO SEQUERA, FERNANDO SULBARÁN, JUAN RAFAEL VILLEGAS TERÁN, WUILMER JOSÉ GRATEROL BAPTISTA, PATRICIO ANTONIO MATERANO ARTIGAS, JAIME JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JORGE AUGUSTO ARIAS COGOLLO, RAFAEL ALONSO LEAL TORCATES y YONIS AUGUSTO URECHE OLIVARES contra la sociedad mercantil AUTO SERVICIOS 2000, S.R.L.”.

Como motivación a su decisión, la referida Sala estableció lo siguiente:

“Denuncia el recurrente, que el sentenciador de alzada infringió por falta de aplicación los artículos 154, 217 y 218 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 213 ejusdem por errónea interpretación, por cuanto a su decir, de conformidad con el artículo 218 antes mencionado, le corresponde un día completo de salario, por la remuneración del servicio prestado el día domingo, cuando tiene como día de descanso semanal otro día de la semana distinto al domingo y en empresas cuya actividad no es susceptible de interrupción, y por otra parte, conforme al artículo 88 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde el recargo del 50% previsto en el artículo 154 de la Ley.

En consecuencia, solicita a esta Sala de Casación Social que mediante este recurso de control de la legalidad, resuelva la presente solicitud.

Una vez expuestos los alegatos de las partes, pasa esta Sala a decidirlo sobre la base de las siguientes consideraciones:

La sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de julio del aĖo 2010, estableció con respecto al pago del día domingo lo siguiente:

Así mismo quedó demostrado en la audiencia de juicio que los trabajadores demandantes, gozan de un día libre en la semana siguiente al domingo que laboran, de donde este tribunal entiende que estos elementos desvirtúan la admisión del hecho que a los trabajadores se le adeude el día domingo con su recargo, toda vez que, como lo asienta la decisión de la Sala Social del TSJ, en sentencia N°1.469 del 03 de noviembre de 2005, cuando el trabajador presta servicios para una empresa de trabajo continuo (art. 213 LOT) y labora en día domingo pero tiene su día de descanso en la semana siguiente a dicho domingo, no le corresponde el recargo legal. Y ello es así porque el domingo para este tipo de operario es un día normal de labores, y el pago de su día de descanso semanal, que lo disfruta en cualquier otro día de la semana siguiente, está incluido en su salario mensual; distinto sería si laborara en ese día de descanso obligatorio.

De manera que siendo que los trabajadores gozaban de su descanso semanal un día de la semana siguiente al domingo laborado, y que la empresa para la cual prestaban servicios (estación de servicios) se encuentra incluida en la excepción establecida en el artículo 213 de la LOT, no resulta aplicable a la omisión de la demandada de no haber hecho en su escrito de contestación de la demanda la debida determinación ni expuesto los motivos del rechazo al reclamo correspondiente a los días domingos laborados con su respectivo recargo, el supuesto del artículo 135 de la LOPTRA, de tener por admitido de tal reclamo; porque se entiende que para ellos el domingo es un día normal de trabajo, el cual, en cuanto al descanso obligatorio se refiere, se compensa con otro día de la semana siguiente y porque al estar incluida la empresa para la que laboran, en las excepciones del artículo 213 de la LOT, por prestar un servicio continuo al público, no está obligada al recargo del cincuenta por ciento a que se refiere el artículo 154 ejusdem.

Ciertamente, el sentenciador de alzada estableció que por el hecho de que los trabajadores gozaban de su descanso semanal un día de la semana siguiente al domingo laborado y por ser la empresa para la cual prestaban servicios, una empresa de trabajo continuo, encontrándose incluida en la excepción establecida en el artículo 213 de la Ley Orgánica del Trabajo, no resulta aplicable a su decir, el recargo legal, por ser el domingo un día normal para este tipo de operario.

En este sentido, es necesario revisar lo establecido por los artículos 154, 217 y 218 de la Ley Orgánica del Trabajo:

(omissis)

Y el artículo 88 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, publicado en Gaceta Oficial N° 38.426 de fecha 28 de abril del aĖo 2006 estatuye:

(omissis)

Por otra parte, considera la Sala necesario verificar lo establecido en sentencia N°449 de fecha 31 de marzo del aĖo 2009, en el Recurso de Interpretación interpuesto por METROGAS:

(omissis)

A mayor abundamiento, el citado artículo 88 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, si bien reproduce lo que establecía el artículo 114 del Reglamento derogado, contiene un addendum en el cual se dispone que ‘en todos los casos el día domingo trabajado deberá pagarse de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Trabajo’.

ii) Por excepción, en las empresas cuya actividad no es susceptible de interrupción, el descanso semanal obligatorio podrá ser igualmente el domingo -que también será feriado- o cualquier otro día de la semana, lo que dependerá de lo estipulado por las partes en el contrato individual de trabajo. Así, surgen las siguientes posibilidades:

a) Que se haya pactado el domingo como día de descanso semanal. Si el trabajador labora ese día, aplicarán las mismas consecuencias especificadas previamente.

b) Que se haya pactado otro día de la semana, distinto al domingo, como día de descanso semanal.

b.1) Si el trabajador presta servicios en su día de descanso semanal, tendrá derecho al descanso compensatorio y al salario del día laborado -adicional al comprendido en su remuneración-, según el tiempo en que lo haya efectuado (menos de 4 horas, o bien 4 horas o más), de acuerdo con los términos del artículo 218 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, tendrá derecho el laborante al recargo del 50% sobre el salario, toda vez que el artículo 217 eiusdem prevé dicho recargo para aquel que labore en un día feriado o en su día de descanso semanal obligatorio, siendo este último el supuesto planteado.

b.2) En cuanto al día domingo laborado por el trabajador, como el mismo forma parte de su jornada normal de labores, no será necesario resarcirlo con un descanso compensatorio en la semana siguiente, debido a que no habrá afectado su día de descanso semanal. En cuanto a la remuneración del servicio prestado ese día, conforme al artículo 218 de la Ley Orgánica del Trabajo, tendrá derecho a un día completo de salario si laboró durante 4 horas o más, o a medio día de salario si lo hizo por menos de 4 horas –adicional al comprendido en su remuneración-. Asimismo, conteste con el artículo 88 del Reglamento de dicha Ley, será aplicable el recargo del 50% previsto en el artículo 154 de la Ley, lo cual se explica porque el día domingo no deja de ser un feriado; entonces, si a pesar de ser un día inhábil para el trabajo, el mismo está incluido en la jornada del laborante por cuanto no puede interrumpirse la labor de la empresa, él tendrá derecho a cobrar el recargo indicado.

La Sala considera que las normas contenidas en los artículos 154 y 218 de la Ley Orgánica del Trabajo, deben ser entendidas en el sentido y con el alcance precisado, y así se establece.

A la luz de las normas antes transcritas y de la sentencia emanada de esta Sala de Casación Social, se observa que al haberse verificado que los trabajadores realizaban labores que por su naturaleza no son susceptibles de interrupción, debiendo trabajar los días domingos, es necesario en tal sentido, que dichos días domingos laborados deban ser cancelados con un (1) día completo de salario adicional, mas el recargo del cincuenta por ciento (50%), conforme lo estipulan las normas antes transcritas.

En consecuencia, al no haberlo efectuado así la recurrida, incurrió en la violación de las normas delatadas, razón por la cual resulta procedente el presente medio excepcional de impugnación. Así se decide.

Ahora bien, una vez constatada la infracción en la cual incurrió el Juez Superior Laboral, pasa esta Sala de seguidas a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO

Alega la parte actora en su escrito libelar que prestaron servicios personales para la empresa AUTOSERVICIOS 2000, S.R.L. (Estación de Servicios Macaracuay), cuya actividad comercial es la distribución de productos derivados del petróleo como la gasolina, los aceites de motor y todos sus derivados. SeĖalan que han percibido un salario mínimo nacional sin ningún otro beneficio de los establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, tales como días feriados, domingos y cesta tickets, por lo que proceden a reclamar su pago, demandando a la referida sociedad mercantil y subsidiariamente a los ciudadanos Vicente Torres Marina y Juan Cabana Villa, a los fines de que cancelen las cantidades que se les adeudan de la siguiente manera: 1) Álvaro Sequera: la cantidad de Bs.F.3.155,94 por concepto de recargo del día domingo trabajado y la cantidad de Bs.F.14.562,74 por concepto de bono de alimentación o cesta ticket. 2) Fernando Sulbarán: la cantidad de Bs.F.6.813,74  por concepto de recargo del día domingo trabajado y la cantidad de Bs.F.34.705,99 por concepto de bono de alimentación. 3) Juan Villegas: la cantidad de Bs.F.5.694,40 por concepto de recargo del día domingo trabajado y la cantidad de Bs.F.27.886,19 por concepto de bono de alimentación o cesta ticket. 4) Wuilmer Graterol: la cantidad de Bs.F.6.822,44 por concepto de recargo del día domingo trabajado y la cantidad de Bs.F.34.752,19 por concepto de bono de alimentación o cesta ticket. 5) Patricio Materano: la cantidad de Bs.F.5.532,45 por concepto de recargo del día domingo laborado y la cantidad de Bs.F.26.959,94 por concepto de bono de alimentación o cesta ticket. 6) Yonis Ureche: la cantidad de Bs.F.5.414,67 por concepto de recargo del día domingo trabajado y la cantidad de Bs. F. 26.268,34 por concepto de bono de alimentación. 7) Jaime Jiménez Jiménez: la cantidad de Bs.F.4.897,49 por concepto de recargo del día domingo laborado y la cantidad de Bs.F.23.647,34 por concepto de bono de alimentación o cesta ticket y, 8) Jorge Arias: la cantidad de Bs.F.2.951,00 por concepto de recargo del día domingo trabajado y la cantidad de Bs.F.13.638,74 por concepto de bono de alimentación o cesta ticket.

Por otra parte, alega la accionante la existencia de una unidad económica entre la demandada empresa AUTO SERVICIOS 2000, S.R.L. y las siguientes: Estación de Servicios SANTA ANA, S.R.L., Estación de Servicios LA URBINA, S.R.L. y la Estación de Servicios CHUAO, S.R.L., sin mencionar fundamento legal alguno de este alegato.

En ese sentido, la parte actora demandó subsidiariamente a los ciudadanos Vicente Torres Marina y Juan Cabana Villa, sin embargo, se observa que durante la celebración de la Audiencia Preliminar, la representación judicial de la parte actora, desistió del procedimiento en contra de los referidos ciudadanos, el cual fue homologado por el Tribunal de Sustanciación que conoció en fase de mediación.

Por su parte, la empresa demandada en su escrito de contestación a la demanda negó, rechazó y contradijo que a los trabajadores Álvaro Sequera, Fernando Sulbarán, Juan Rafael Villegas Terán, Wuilmer José Graterol Baptista, Patricio Antonio Materano Artigas, Yonis Augusto Ureche Olivares, Jaime Jiménez Jiménez, Jorge Augusto Arias Cogollo, Rafael Alfonso Leal Torcates, se les adeude el bono de alimentación, por cuanto en la empresa existen solo once (11) trabajadores, no cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Alimentación que establece que a los efectos del cumplimiento de la Ley, otorgarán el beneficio de una comida balanceada durante la jornada de trabajo, los empleadores del sector público y del sector privado que tengan a su cargo veinte (20) o más trabajadores.

De igual forma, negó, rechazó y contradijo que exista unidad económica entre las sociedades mercantiles Estación de Servicios Santa Ana, S.R.L., Estación de Servicios La Urbina, S.R.L. y Estación de Servicios Chuao, S.R.L., por cuanto a su decir, no son comunes los accionistas de las diversas sociedades mercantiles nombradas en el libelo de demanda y dichas empresas no fueron demandadas, sino únicamente nombradas por la actora en el libelo de demanda, por lo que no fueron debidamente identificadas. Que la sociedad mercantil demandada solo tiene un accionista que es el ciudadano Vicente Torres, por lo que no existe un grupo de empresas y mucho menos unidad económica, como lo pretende hacer ver la parte actora, ya que no se encuentran sometidas a una administración o control común y mucho menos constituye una unidad económica de carácter permanente.

Pues bien, teniendo esta Sala la facultad de emitir la sentencia de fondo de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a dictarla bajo las siguientes consideraciones, no sin antes advertir, que la distribución de la carga probatoria, así como el análisis de las pruebas se realizará a la luz de la legislación vigente y la jurisprudencia emanada de esta Sala de Casación Social.

Previamente, debe la Sala pronunciarse sobre la solicitud de la parte demandada, de la declaratoria del desistimiento de la acción por parte del trabajador Yonis Augusto Ureche Olivares, con fundamento en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de su incomparecencia a la audiencia de juicio, y en tal sentido, es preciso verificar la norma contenida en el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, que establece que cuando la relación litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, se extenderán los efectos de los actos realizados por los comparecientes a los litisconsortes contumaces en algún término o que hayan dejado transcurrir algún plazo.

En el caso que nos ocupa, nueve trabajadores demandaron mediante un mismo libelo a la empresa accionada, por lo que nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, en donde la sentencia que deba dictarse respecto a uno de ellos, afecta al resto de los co-demandantes, es decir, nos encontramos en presencia de una relación jurídica litigiosa que debe resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, por lo que siendo así, los efectos de la comparecencia a la audiencia de juicio por parte de los apoderados judiciales de los ocho litisconsortes que sí comparecieron y que conforman el litisconsorcio activo, se extiende al que no compareció, al ciudadano Yonis Ureche, conforme lo consagra la norma antes mencionada, razón por la cual debe declararse la improcedencia del alegato formulado por la representación de la parte accionada. Así se establece.

Ahora bien, la controversia en el presente caso consiste en determinar en primer lugar, la existencia o no de la unidad económica entre la empresa demandada y las sociedades mercantiles Estación de Servicios Santa Ana, S.R.L., Estación de Servicios La Urbina, S.R.L. y Estación de Servicios Chuao, S.R.L.. Asimismo, determinar la procedencia o no del pago del cesta ticket o bono de alimentación reclamado y, por último, determinar la procedencia o no del reclamo efectuado por los actores con relación al pago del recargo de los días domingos trabajados.

En consecuencia, en primer lugar pasa esta Sala de seguidas a verificar las pruebas presentadas por ambas partes, en los términos siguientes:

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

1.- Promovió copias de actas constitutivas, tanto de la empresa demandada como de las sociedades mercantiles Estación de Servicios Santa Ana, S.R.L. y Estación de Servicios La Urbina, S.R.L. -folios 72 al 90-, no así de la Estación de Servicios Chuao, S.R.L., a las cuales no se les otorga valor probatorio, por cuanto la demandada las impugnó al ser copias fotostáticas y la parte promovente no insistió en hacerlas valer, ni consignó copias certificadas de las mismas, motivo por el cual se desechan del material probatorio conforme al artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2.- Consignó copia fotostática de tarjeta de ‘ticket alimentación’ -folios 67 al 71-, a las cuales no se les otorga valor probatorio por haber sido impugnadas por la parte demandada en la audiencia de juicio, por lo que deben desecharse.

3.- Promovió documental cursante a los folios 50 al 57, constante de copias fotostáticas de acta constitutiva de una empresa que no fue demandada en el presente juicio, es decir, distinta a las seĖaladas en el libelo de demanda, motivo por el cual debe de igual forma desecharse del acervo probatorio, por no aportar nada a la solución de la presente controversia.

4.- Promovió prueba de informes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales -folios 201 al 218-; al haber sido consignada de forma extemporánea ante la alzada en fecha 20 de julio del aĖo 2010, debe desecharse.

5.- Promovió la exhibición de todos los recibos de pagos efectuados a los accionantes mientras duró la relación de trabajo, así como de la solvencia laboral y, al no haberlos exhibidos la parte demandada, deben tenerse como ciertos los datos afirmados por el solicitante, acerca de cada uno de los documentos indicados por el promovente, toda vez que no consignaron copias de dichos recibos de pago, conforme lo consagra el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

1.- Promovió documentales marcadas con la letra ‘A’, ‘B’, ‘C’ y ‘D’ constantes de copias fotostáticas de planillas de liquidación de prestaciones sociales de los co-accionantes Rafael Leal Torcates, Jaime Jiménez Jiménez, Wuilmer José Graterol y Jorge Augusto Arias, a las cuales se les otorga valor probatorio conforme al artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los efectos de determinar que los mencionados ciudadanos dejaron de prestar sus servicios personales a favor de la empresa demandada y, que les fueron canceladas sus prestaciones sociales.

2.- Documentales marcadas con las letras ‘G’, ‘H’ e ‘I’ -folios 99 al 101-, constante de copias fotostáticas de listado de nómina de los trabajadores pertenecientes a la empresa demandada, debidamente firmados por los trabajadores que allí se mencionan y entre los cuales se encuentran los accionantes, y al no haber sido impugnadas se les otorga valor probatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, evidenciándose que la empresa tiene ocho (8) trabajadores.

3.- Documental marcada ‘K’, la cual se desecha por tratarse de una prueba elaborada por la parte, violándose de esa forma el principio de alteridad de la prueba.

4.- Documentales marcadas ‘L’ –folios 103 al 112, constantes de diez recibos de pagos, de los cuales a sólo dos de ellos se les otorga valor probatorio -folios 106 y 107- pertenecientes a los trabajadores Álvaro Sequera y Juan Rafael Villegas-, por cuanto los restantes corresponden a terceros ajenos al juicio.

Valoradas como han quedado las pruebas, pasa de seguida esta Sala a realizar las siguientes consideraciones:

En primer lugar, con relación a la unidad económica, se observa que la parte actora no hace una fundamentación legal al respecto, ni mucho menos una narrativa de los hechos por los cuales considera la existencia de dicha unidad económica, lo cual era su carga. Por su parte y como antes se indicó, la accionada negó tal afirmación en su escrito de contestación, seĖalando que no existe unidad económica entre su representada y las empresas mencionadas. Tal y como se estableció anteriormente, la actora promovió documentales en copias fotostáticas consistentes de actas constitutivas de todas las empresas -cursantes a los folios 72 al 90-, a excepción de la Estación de Servicio Chuao S.R.L., a las cuales no se les otorgó valor probatorio como se estableció en el capítulo del análisis de las pruebas, por cuanto la demandada las impugnó al ser copias fotostáticas y la parte promovente no insistió en hacerlas valer, ni consignó copias certificadas de las mismas. Siendo así, al no desprenderse de autos algún elemento que lleve a la convicción de la existencia de la unidad económica alegada por la parte actora, resulta improcedente tal pedimento. Así se establece.

Por otra parte, con respecto al cobro de cesta ticket, no procede la reclamación del pago correspondiente al beneficio de alimentación, por no tener la accionada 20 o más trabajadores como lo exige el artículo 2 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, aplicable ratio temporis, tal y como quedó demostrado del análisis probatorio, específicamente de las documentales marcadas con las letras ‘G’, ‘H’ e ‘I’, de las cuales se desprende que la empresa tiene sólo 8 trabajadores. Así se establece.

Por último, con relación al pago por concepto de recargo de días domingos trabajados no cancelados, se observa: tal y como se declaró en el capítulo anterior, al haberse verificado que los trabajadores realizaban labores que por su naturaleza no son susceptibles de interrupción, debiendo trabajar los días domingos, dichos días domingos laborados deben ser cancelados con un (1) día completo de salario adicional, mas el recargo del cincuenta por ciento (50%). Por lo tanto, al no verificarse que la demandada hubiere cumplido con dicha cancelación, procede el pago por concepto de recargo de los días domingos trabajados, por cuanto quedó admitido en el transcurso del procedimiento el hecho invocado por los actores en el escrito libelar, de haber trabajado los días domingos de cada mes durante la existencia de la relación laboral de cada uno de ellos, ya que la demandada no hizo mención alguna con relación a ello en su escrito de contestación.

En ese sentido, procede el reclamo de los días domingos trabajados en los términos seĖalados por los accionantes en el libelo de la demanda, debiendo cancelar la demandada a los accionantes los siguientes montos: 1) Álvaro Sequera: Bs. 3.155,94; 2) Fernando Sulbarán: Bs. 6.813,74; 3) Juan Villegas: Bs. 5.694,40; 4) Wuilmer Graterol: Bs. 6.822,44; 5) Patricio Materano: Bs. 6.822,44; 6) Yonis Ureche: Bs. 5.414,67; 7) Jaime Jiménez: Bs. 4.897,49; 8) Jorge Arias: Bs. 2.951,00; y 9) Rafael Leal: Bs. 2.951,00.

En consecuencia, resulta parcialmente con lugar la demanda interpuesta. Así se resuelve.

En consecuencia, se ordena la corrección monetaria de los montos condenados, desde la fecha de notificación de la demanda hasta la oportunidad del pago efectivo, de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, excluyendo los lapsos en los cuales la causa hubiere estado paralizada por acuerdo entre las partes, caso fortuito o fuerza mayor, vacaciones judiciales y huelga de funcionarios tribunalicios, para lo cual se ordena una experticia complementaria del fallo, a través de un único experto contable que será designado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución designado para ello. Así se resuelve”.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISION

 

En el caso sub examine se pretende la revisión del acto de juzgamiento n.° 0008, que pronunció la Sala de Casación Social el 19 de enero de 2012, mediante el cual declaró: i) con lugar la solicitud de control de la legalidad, que fue interpuesta por la representación judicial del ciudadano Yonis Augusto Ureche Olivares contra la sentencia que dictó, el 27 de julio de 2010, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; ii) nulo el fallo recurrido; y, iii) parcialmente con lugar la demanda que interpusieron los ciudadanos Álvaro Sequera, Fernando Sulbarán, Juan Rafael Villegas Terán, Wuilmer José Graterol Baptista, Patricio Antonio Materano Artigas, Jaime Jiménez Jiménez, Jorge Augusto Arias Cogollo, Rafael Alonso Leal Torcates y Yonis Augusto Ureche Olivares contra la empresa ahora solicitante -sociedad mercantil Auto Servicios 2000 S.R.L.-, por cobro de obligaciones laborales.

El artículo 25 cardinales 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que recogió la jurisprudencia de esta Sala, disponen lo siguiente:

“Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: / (…)

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que seĖala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.”

 

En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala ha sostenido lo siguiente:

“...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional...” (s. S.C. n.° 93 del 06.02.01).

 

Es pertinente aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a la guarda de máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende en nada contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que ostenta la revisión.

En el caso sub iudice, la representación judicial de la peticionaria -sociedad mercantil Auto Servicios 2000 S.R.L.- requirió la revisión del acto jurisdiccional n.° 008, del 19 de enero de 2012, por cuanto -en su criterio- la Sala de Casación Social “…no aplic[ó] la consecuencia jurídica que acarrea para el co-actor -ciudadano Yonis Augusto Ureche Olivares- el no haber asistido a la audiencia de juicio, y que dicha consecuencia indudablemente e[ra] el desistimiento del procedimiento”, de conformidad con el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; todo lo cual habría vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de su representada. Como medida cautelar, solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia objeto de revisión, por cuanto “…[era] evidente que pagar hoy día una cantidad de dinero por concepto de día domingo laborado pudiera causar gravámenes irreparables para [su] representada, ya que en el supuesto de que esta Sala Constitucional declare con lugar [su] recurso de revisión constitucional de sentencia, [su] representada no tendría la oportunidad de solicitar la devolución del pago realizado dado el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual puede traducirse en pérdidas para la empresa…”.

Previo al pronunciamiento, esta Sala Constitucional considera oportuno hacer las siguientes precisiones:

El Tribunal Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia que emitió el 24 de mayo de 2010, consideró lo siguiente:

“…la parte actora está conformada por un litis-consorcio activo de nueve (9) trabajadores, de los cuales ocho (8) se encuentran representados por los abogados GERMÁN MORALES y LUISA KARELIA GONZALEZ; mientras que el co-demandante Yonis Augusto Ureche Olívares, se encuentra representado por el abogado ALEJANDRO GARCIA PIĄERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 35.841. Ahora bien, se observa igualmente que ni el referido trabajador, ni su apoderado judicial, comparecieron a la audiencia de juicio oral llevada a cabo el día diecisiete (17) de mayo del corriente aĖo, de lo cual se dejó expresa constancia en el acta levantada al efecto cursante a los folios 168 y 169. En ese sentido, ante tal incomparecencia la representación judicial de la empresa demandada solicitó durante la audiencia de juicio, se declarase el desistimiento de la acción por parte del trabajador Yonis Augusto Ureche Olívares, con fundamento en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Al respecto, previamente al fondo de la controversia, considera necesario este juzgador, resolver sobre la solicitud formulada por la representación judicial de la empresa demandada, en cuanto a que se aplique la consecuencia prevista en el referido artículo 151, dada la incomparecencia a la audiencia de juicio del co-demandante Yonis Augusto Ureche Olívares, para lo cual se hace preciso traer a colación el contenido del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, normativa ésta que se aplica al caso de autos, en forma supletoria, todo ello de conformidad a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

(…)

En el presente caso se observa, que nueve (9) trabajadores accionaron en una sola demanda en contra de la empresa AUTOSERVICIOS 2000, S.R.L. (Estación de Servicios Macaracuay), es decir, la parte actora se encuentra conformada por un litis-consorcio activo, en cuyo procedimiento, la sentencia a dictarse con respecto a uno de ellos, afecta a los otros co-demandantes, lo que indudablemente indica, que estamos en presencia de una relación jurídica litigiosa que debe resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, y siendo ello así, se concluye que los efectos de la comparecencia a la audiencia de juicio por parte de los apoderados judiciales de los ocho (8) litisconsortes que conjuntamente con el ciudadano Yonis Augusto Ureche Olívares, conforman el litis-consorcio activo en el caso de marras, se extienden a éste último, quien no compareció a dicho acto, lo que significa que mal puede este juzgador declarar el desistimiento de la acción en los términos solicitados por la representación judicial de la empresa demandada, y en virtud de ello, declara improcedente dicha solicitud, todo ello en aplicación supletoria del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA”. (Resaltado de la Sala).

 

El Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al conocer de las apelaciones que fueron interpuestas, tanto por la representación judicial del co-demandante -ciudadano Yonis Augusto Ureche Olívares- como por la de la empresa demandada, estableció lo siguiente:

“Ante esta alzada, la representación judicial del coactor Yonis Ureche, fundamentó su recurso en que la sentencia del a quo ordenó el pago de los intereses moratorios, pero desde que se interpuso la demanda, lo cual es incorrecto toda vez que tales intereses corren desde que se causó el derecho y es desde entonces que deben pagarse los mismos.

Sin embargo por razones de método, este tribunal resolverá el primer lugar el recurso de la parte demandada, puesto que de prosperar éste, resultaría inútil cualquier otro análisis, y al efecto, observa que:

(…)

Así las cosas, en atención al caso de autos, se declara improcedente la solicitud de aplicación de la consecuencia prevista en el referido artículo 151, a pesar de la incomparecencia a la audiencia de juicio del co-demandante Yonis Augusto Ureche Olivares vista la existencia de un litisconsorcio activo

(…)

DISPOSITIVO:

En fuerza de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con Lugar la apelación de parte demandada y Sin Lugar la apelación del coactor Jonis Ureche. SEGUNDO: Sin Lugar la demanda interpuesta por: ALVARO SEQUERA, FERNANDO SULBARAN, JUAN RAFAEL VILLEGAS TERAN, WUILMER JOSE GRATEROL BAPTISTA, PATRICIO ANTONIO MATERANO ARTIGAS, YONIS AUGUSTO URECHE OLIVARES, JAIME JIMENEZ JIMENEZ, JORGE AUGUSTO ARIAS COGOLLO y RAFAEL ALONSO LEAL TORCATES (…), contra la firma mercantil, de este domicilio, AUTO SERVICIOS 2.000 S.R.L. (ESTACION DE SERVICIO MACARACUAY),…”.

 

La Sala de Casación Social, al pronunciarse respecto de la solicitud de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial del ciudadano Yonis Augusto Ureche Olivares, mediante fallo n.° 008, que emitió el 19 de enero de 2012, expresó que era “preciso verificar la norma contenida en el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, que establece que cuando la relación litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, se extenderán los efectos de los actos realizados por los comparecientes a los litisconsortes contumaces en algún término o que hayan dejado transcurrir algún plazo…”. En tal sentido, concluyó que:

En el caso que nos ocupa, nueve trabajadores demandaron mediante un mismo libelo a la empresa accionada, por lo que nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, en donde la sentencia que deba dictarse respecto a uno de ellos, afecta al resto de los co-demandantes, es decir, nos encontramos en presencia de una relación jurídica litigiosa que debe resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, por lo que siendo así, los efectos de la comparecencia a la audiencia de juicio por parte de los apoderados judiciales de los ocho litisconsortes que sí comparecieron y que conforman el litisconsorcio activo, se extiende al que no compareció, al ciudadano Yonis Ureche, conforme lo consagra la norma antes mencionada, razón por la cual debe declararse la improcedencia del alegato formulado por la representación de la parte accionada. Así se establece”.

Para su juzgamiento, esta Sala observa:

La tutela judicial eficaz requiere respuestas de los órganos de administración de justicia que estén fundadas en motivos razonables, por lo que es necesario que toda sentencia contenga los motivos de hecho y de derecho en que apoye su dispositivo para el conocimiento y la comprensión del justiciable, como condición y presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante la proposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley otorgue a las partes que tengan legitimación para oponerlos. Sobre el particular, esta Sala Constitucional ha sostenido que:

“El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución seĖale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 ė 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual si bien no ha sido alegado por los accionantes, puede ser analizado de oficio por el juez constitucional, tal como ya lo ha dicho esta Sala en numerosos fallos.

Ha dicho esta Sala, reiteradamente, que los errores de juzgamiento en que pueda incurrir el juez en el cumplimiento de su función, en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, o en la apreciación de los hechos que se les someten y las infracciones legales, sólo será materia a conocer por el juez constitucional cuando constituyan, a su vez, infracción directa de un derecho constitucionalmente garantizado…”. (s.S.C. n.° 708 de 10.05.01. [Resaltado aĖadido]).

 

De manera que, el derecho a la tutela judicial efectiva exige no solamente el acceso a los tribunales, sino que estos resuelvan sobre las pretensiones que ante ellos se formulan, esto es, incluye el derecho de obtener una resolución sobre el fondo de la pretensión formulada, sea ésta favorable o desfavorable, y motivada; esto es, razonable, congruente y fundada en derecho.

Por otra parte, el debido proceso requiere que los actos jurisdiccionales estén debidamente fundamentados y no se adjudique la razón a una de las partes de cualquier manera. Es necesario que el juez, al momento de la consideración de los hechos a través del examen de las cargas probatorias, no incurra en arbitrariedad en su razonamiento. Dicho de otra manera, los fundamentos constituyen el análisis razonado y lógico de los hechos controvertidos y la justificación del dispositivo de la decisión.

Asimismo, esta Sala ha establecido que: “(…) El derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y, en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas...”. (s.S.C. n.° 05, del 24 de enero de 2001, caso: Supermercado Fátima S.R.L).

El derecho a la defensa y al debido proceso, contienen un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para las partes en un proceso, entre los que se encuentran el derecho que tienen a ser oídos, a tener acceso al expediente, a la articulación de un proceso debido, a presentar pruebas, a una decisión de fondo expresa, motivada y fundada en derecho, de acceder a los recursos legalmente establecidos, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho de acceso a la justicia, entre otros. También se puede afirmar que el debido proceso constituye un instrumento que garantiza el derecho a la defensa y posibilita la tutela judicial efectiva; todo ello, para preservar el principio del contradictorio y del equilibrio procesal de las partes que rige en todo proceso, el cual es un concepto único (en cualquiera de las sedes en las que se desarrolle: civil, mercantil, penal, laboral, contencioso-administrativo), que está regido por principios comunes y los jueces deben aplicar las normas adjetivas en el sentido de logro de este fin.

Para que exista un proceso es necesario que haya, por lo menos, dos personas en litigio (actor y demandado). En general, cuando alguna de las partes, o ambas, está constituida por dos o más personas -natural o jurídica- se constituye el litisconsorcio, cuya regulación como institución específica fue incorporada en el Código de Procedimiento Civil (artículos 146 al 149). Así, las modalidades clásicas del litisconsorcio son: a) activo, si existe mayoría de demandantes; b) pasivo, cuando prevalecen los demandados; y, c) mixto, cuando hay pluralidad de sujetos en ambas partes procesales. Otras categorías son: el litisconsorcio voluntario, que deriva del acuerdo de los litisconsortes; y el necesario, que lo establece la ley. El litisconsorcio uniforme -se ha dicho- no es un tercer género en la clasificación de litisconsorcio voluntario y forzoso; su concepto es diverso al de éstos y, por ello, puede ser tanto necesario como voluntario, según los casos. El elemento esencial que lo define es la necesidad de que la decisión sea uniforme para todos los co-litigantes, por depender esa decisión de hechos comunes a ellos, pero sin que esto signifique que, necesariamente, por disposición de la ley o por eficacia para todos de la cosa juzgada que emana de la sentencia, se incorporen al juicio todos los que participan de alguna forma en esos hechos comunes (vid. Henríquez La Roche, Ricardo. El litisconsorcio y sus efectos procesales. Publicado en la Revista Derecho y Sociedad. Universidad Monteávila. Página 80 y siguientes).

Además de las causas de conexión establecidas en el Código de Procedimiento Civil (artículos 146 y 52), ha sido tratada por la doctrina jurídica, a partir de los estudios de Calamandrei (vid. Calamandrei Piero. Instituciones de Derecho procesal Civil. V. 1 Ediciones Ejea. Buenos Aires. 1962), la llamada conexión impropia (“cuando la decisión depende, total o parcialmente, de la resolución de idénticas cuestiones”); es decir, “no se tiene verdadera conexión, en cuanto se trata de causas absolutamente autónomas, que no tienen en común, ni siquiera en parte, ni los elementos subjetivos, ni los objetivos”, pero respecto de las cuales se presenta la misma cuestión de derecho, en cuyo caso “como la decisión de todas estas causas diversas dependerá de la interpretación que los jueces den, en abstracto, (…), de una cuestión de derecho que si las causas fueran decididas separadamente se presentaría en los mismos términos en cada una de ellas, la ley permite reunirlas, por economía, en un solo proceso, a objeto de hacer que la idéntica cuestión prejudicial se decida en cuanto a todas del mismo modo”.

La Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, que en el pasado reguló el proceso laboral, no contenía normas relativas al litisconsorcio, por lo que los tribunales con competencia laboral asumieron, de manera supletoria (por remisión al artículo 52 eiusdem), las normas, doctrina y jurisprudencia que, al respecto, regían en el Derecho Procesal Civil. Bajo estas premisas, se creó la doctrina de acumulación impropia o intelectual en el Derecho Laboral.

El legislador laboral reconoció la necesidad de la existencia de un factor de conexión del cual derivara la interdependencia de las pretensiones cuya tutela se pretenda. Por tanto, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.ľ 37.504 del 13 de agosto de 2002, incorporó la figura del litisconsorcio, en los términos siguientes:

Artículo 49. Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, sea activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas, pudiera afectar a la otra.

Los actos de cada uno de los litigantes no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal de los restantes, sin que por ello se afecte la unidad del proceso; en consecuencia, varios trabajadores podrán demandar sus derechos y prestaciones sociales, en un mismo libelo y a un mismo patrono.

Artículo 50. Cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial que sea objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia útilmente sin la presencia o el emplazamiento de todos los interesados, tanto demandantes como demandados deberán comparecer y ser emplazados en forma legal.

Artículo 51. En el caso de litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el Tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto se cumpla ese requisito. La misma facultad tendrá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal”.

 

De manera que, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo aĖadió la figura del litisconsorcio y estableció una estructura semejante a las normas que, al respecto, se encontraban en el Código de Procedimiento Civil, con la inclusión de las formas más comunes del litisconsorcio (el facultativo -artículo 49- y el necesario -artículos 50 y 51-). Así, se incluyó lo concerniente a la llamada conexión impropia o intelectual.

Así, el encabezado del artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece las condiciones para que dos o más personas puedan litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, “sea activa o pasivamente”: a) siempre que sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto; o, b) cuando la sentencia que se dicte con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra. Seguidamente, en su único aparte, se establecen las condiciones procesales de estos litisconsortes y los efectos procesales de sus actos. En el único aparte de la norma en referencia, el legislador dejó establecido, con claridad, que los actos de uno de los litisconsortes no favorecerán ni perjudicarán al otro. El texto legal citado regula el aspecto procesal de los efectos de los actos. Una vez presente el litisconsorcio en el proceso, cada uno de los litigantes mantiene la individualidad en su actuación procesal. Finalmente, el artículo 49 eiusdem dispone: “…en consecuencia, varios trabajadores podrán demandar sus derechos y prestaciones sociales, en un mismo libelo y a un mismo patrono…”.

La Sala de Casación Social puntualizó que la posibilidad de acumulación de pretensiones en materia laboral, sobre la base de la existencia de una conexión impropia, derivaba de la especialidad de la norma adjetiva laboral, que privaba sobre las reglas generales. En efecto, expresó que:

“…[E]l régimen sobre conexión de pretensiones en la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo es diferente al de Derecho común y ahora se permite expresamente que varios trabajadores puedan demandar sus derechos y prestaciones sociales, en un mismo libelo y a un mismo patrono, lo que sin duda alguna es una norma especial y cuando la Ley especial tiene una previsión legal concreta para regular el supuesto de hecho examinado, esa es la norma jurídica aplicable. Sólo ante la ausencia absoluta de previsión legal en la legislación especial sobre un supuesto concreto, se puede aplicar el Derecho común que está excluido en este caso por las normas especiales del proceso laboral. Además son principios generales relativos a la aplicación de la ley que la ley especial excluye a la ley general, que la ley posterior excluye a la anterior, que la ley orgánica excluye a la ordinaria y, en materia procesal laboral, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es especial, posterior y orgánica, de forma tal que la existencia de una norma jurídica concreta en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo sobre conexión de pretensiones, excluye la aplicación de la norma general sobre conexión de pretensiones contenida en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil”. (s.S.C n.ľ 514, de 08 de octubre de 2002, caso: Eusebio Guédez, Rafael Guevara y otros contra el Municipio Valencia).

 

Asimismo, la Sala de Casación Social ha sostenido que, bajo el amparo de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, era posible la acumulación de pretensiones en una misma demanda a los efectos de demandar a un mismo patrono, “aun y cuando no exist[iera] identidad de causa” (Cf. s.S.C.S. n.ľ 498, de 26 de septiembre de 2002), lo cual respondía a “la óptica legislativa de preservar la unidad del proceso y garantizar la economía procesal”. (Cf. s.S.C.n.ľ 263, de 25 de marzo de 2004, caso: Sindicato Nacional de Trabajadores Caballericeros, Aprendices, Capataces, Serenos de Cuadra, Similares y Conexos de Venezuela contra el Instituto Nacional de Hipódromos [I.N.H.]).

La mencionada Sala introdujo un requisito para la admisión de demandas en las que se presentara la conexión impropia, pues “el relajamiento de la figura del litisconsorcio activo [podría] genera[r] serias situaciones atentatorias del derecho a la defensa de la parte demandada e inclusive, de los propios integrantes del litisconsorcio”, como era el hecho complejo del manejo de los medios probatorios a incorporar en la audiencia preliminar, su evacuación en la audiencia de juicio, las observaciones a las mismas, el soporte de la pretensión y la defensa de ésta en la audiencia de juicio, la cuantificación de las pretensiones individualmente consideradas, entre otras, razón por la que exhortó a los jueces de sustanciación, mediación y ejecución de la jurisdicción laboral, para que admitieran los litisconsorcios activos “exclusivamente cuando los mismos no exced[ieran] de veinte (20) integrantes, todo con el propósito (…)  de resguardar el derecho a la defensa y tutela judicial efectiva de las partes”. (Cf. s.S.C.n.ľ 263, de 25 de marzo de 2004).

En el caso sub examine, esta Sala Constitucional observa que la Sala de Casación Social declaró con lugar la solicitud de control de la legalidad que fue interpuesta por el co-demandante Yonis Augusto Ureche Olivares contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de julio del aĖo 2010, que había declarado sin lugar la demanda y, por tanto, anuló el fallo recurrido; en consecuencia, juzgó sobre el fondo de la controversia, de conformidad con el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y declaró  parcialmente con lugar la demanda que interpusieron los ciudadanos Álvaro Sequera, Fernando Sulbarán, Juan Rafael Villegas Terán, Wuilmer José Graterol Baptista, Patricio Antonio Materano Artigas, Jaime Jiménez Jiménez, Jorge Augusto Arias Cogollo, Rafael Alonso Leal Torcates y Yonis Augusto Ureche Olivares contra la sociedad mercantil ahora solicitante -Auto Servicios 2000 S.R.L.-, por cobro de obligaciones laborales.

La demanda de cobro de obligaciones laborales a que se hizo referencia supra fue interpuesta por un litisconsorcio activo conformado por “nueve trabajadores”, quienes habían prestado servicios para la empresa Autoservicios 2000 S.R.L. -hoy solicitante-. En su oportunidad, la representación judicial de los demandantes seĖaló los distintos montos y conceptos reclamados por cada uno de sus representados. Cabe destacar que, de la totalidad de los demandantes, “ocho estaban representados por los abogados Germán Morales y Luisa Karelia Gonzalez”, mientras que el ciudadano Yonis Augusto Ureche Olívares “estaba representado por el abogado Alejandro Garcia PiĖero”, tal como fue seĖalado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuya parte pertinente de la sentencia fue citada supra. Además, dicho Tribunal expresó que: “ni el referido trabajador -ciudadano Yonis Augusto Ureche Olívares-, ni su apoderado judicial, comparecieron a la audiencia de juicio”; por tanto, la empresa demandada solicitó al Tribunal a quo que ordenara el desistimiento de la acción del mencionado demandante, con base en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto no se trataba de “un litisconsorte activo necesario, sino de un litisconsorte activo voluntario.”

Ahora bien, esta Sala Constitucional observa que la razón le asiste al solicitante, por cuanto el único aparte del artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece las condiciones bajo las cuales deben actuar esos litisconsortes y los efectos procesales de sus actos. Así, la norma en referencia, en su parte pertinente, prevé con claridad que los actos de uno de los litisconsortes no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal del otro “sin que por ello se afecte la unidad del proceso; en consecuencia, varios trabajadores podrán demandar sus derechos y prestaciones sociales, en un mismo libelo y a un mismo patrono”.

De manera que, en el caso concreto, una vez presente el litisconsorcio en el proceso, cada uno de los litigantes mantenía la individualidad en su actuación procesal. Por tanto, la situación de los co-demandantes no podía asimilarse a la de un litisconsorcio activo “necesario”, ya que la unidad de partes activas no era imprescindible, debido a que no se trataba de una relación sustancial indivisible sino de una relación de conexión entre cada trabajador con un mismo patrono y la conveniencia de que fueran dirimidas en un solo proceso; en consecuencia, se insiste, los efectos procesales de unos no se extendían a los demás.

En otras palabras, cada trabajador pretendía montos distintos por motivo de sus prestaciones sociales, o lo que es igual, cada trabajador pretendía el pago por parte del patrono de sumas de dinero, diferentes en sus montos e independientes una de otra, en cuanto a su origen y a su causa. Cada pretensión demandada se fundamentaba en una causa petendi distinta, a saber: nueve relaciones individuales de trabajo, singularmente diferenciadas una de la otra con la demandada.

No obstante lo anterior, la Sala de Casación Social en la sentencia objeto de revisión declaró improcedente la solicitud de la demandada -que se declarara el desistimiento de la acción por parte del trabajador Yonis Augusto Ureche Olivares, por cuanto no compareció a la audiencia de juicio-, ya que se trataba de una relación jurídica litigiosa que debía resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, por lo que los efectos de la comparecencia a la audiencia de juicio de los apoderados judiciales de los ocho litisconsortes “que sí comparecieron y que conforman el litisconsorcio activo, se ext[endían] al que no compareció, al ciudadano Yonis Ureche”, de conformidad con el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia que fueron citadas supra, y vista la decisión objeto de revisión, esta Sala Constitucional considera que la Sala de Casación Social lesionó los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la peticionaria de revisión, que son reconocidos por los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando le otorgó al litisconsorcio activo voluntario conformado por los co-demandantes seĖalados supra, los efectos procesales de un litisconsorcio necesario, y aplicó el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, en contravención con su propia doctrina, pues “…cuando la Ley especial tiene una previsión legal concreta para regular el supuesto de hecho examinado, esa es la norma jurídica aplicable” (Cf. s.S.C.S n.° 514/2002); de modo que, lo que correspondía era un pronunciamiento con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que era la norma especial destinada a regular el supuesto fáctico examinado. En conclusión, visto que el co-demandante ciudadano Yonis Augusto Ureche Olívares no había comparecido a la audiencia de juicio, en consecuencia, la Sala de Casación Social debió haber declarado el desistimiento de la acción por parte de dicho ciudadano, en conformidad con el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y sin embargo no lo hizo.

Por lo anterior, esta Sala Constitucional declara que ha lugar a la solicitud de revisión; en consecuencia, anula la sentencia n.° 008, del 19 de enero de 2012, que expidió la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y repone la causa al estado de que la Sala de Casación Social Accidental se pronuncie acerca de la solicitud de control de la legalidad que fue interpuesta por la representación judicial del ciudadano Yonis Augusto Ureche Olívares contra el fallo que emitió el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de julio del aĖo 2010, con sujeción con el criterio que se expuso en el presente acto de juzgamiento. Así se establece.

En razón del pronunciamiento que antecede, es inoficioso cualquier pronunciamiento respecto de la medida cautelar que requirió la peticionaria de revisión. Así se establece.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, decide que HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpusieron, el 14 de febrero de 2012, los abogados Ángel Lentino M., Edgar Alejandro Rodríguez Yustiz e Idania del Valle Martínez, en representación de la sociedad mercantil AUTO SERVICIOS 2000 S.R.L., de la sentencia n.° 0008 del 19 de enero de 2012, que expidió la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se ANULA el acto jurisdiccional en referencia y se REPONE la causa al estado de que la Sala de Casación Social Accidental se pronuncie acerca de la solicitud de control de la legalidad que fue interpuesta por la representación judicial del ciudadano Yonis Augusto Ureche Olívares contra el fallo que emitió el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de julio del aĖo 2010, con sujeción al criterio que fue expuesto en la parte motiva del presente fallo.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los 16 días del mes de noviembre de dos mil doce. AĖos: 202ľ de la Independencia y 153ľ de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUĄO

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

…/

 

 

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                             Ponente

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

GMGA.

Expediente n.° 12-0246