Sala Constitucional
Mediante escrito presentado el 1 de octubre de 2002 ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano OLEG ALBERTO OROPEZA MUÑOZ, titular de la cédula de identidad número 6.350.489, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 51.164, actuando “como ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela y en (su) carácter de agraviado por los sucesos acaecidos los días 11, 12 y 13 de abril de 2002”, intentó solicitud de revisión de la sentencia del 14 de agosto de 2002, que dictó la Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia que “declaró la inexistencia del mérito para el enjuiciamiento” de los ciudadanos Efraín Vásquez Velasco, Héctor Ramírez Pérez , Pedro Pereira Olivares y Daniel Lino José Comisso Urdaneta, “todos suficientemente identificados en el escrito de decisión que procedo a impugnar formalmente y en la querella propuesta por el ciudadano Fiscal General de la República”.
El 14 de noviembre de 2002, se dio cuenta en Sala de la anterior solicitud.
I
DE LA CAUSA
El 1 de octubre de 2002, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano Oleg Alberto Oropeza Muñoz presentó solicitud de revisión de la decisión del 14 de agosto de 2002 que pronunció la Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia.
El 14 de octubre de 2002, el abogado Cornelio Vegas Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 1.733, presentó diligencia en la que expuso: “Me adhiero en todas y cada una de sus partes a la Demanda de Anulación de La Sentencia de La Sala Plena de este alto tribunal de fecha 14 de agosto de 2002”.
El 24 de octubre de 2002, el ciudadano General de División (Ej) Efraín Vásquez Velazco, titular de la cédula de identidad número 4.023.794, asistido por los abogados René Buroz Arismendi, Carlos Martínez Ceruzzi, Dorsimari Vega Villalobos, Silvana A. Gómez Mercado y Rosa Virginia Cabrera Carpio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 1.240, 35.473, 51.866, 75.042 y 75.075, respectivamente, presentó escrito y anexos a los fines de intentar formal oposición a la solicitud de revisión de sentencia definitivamente firme que interpuso el ciudadano Oleg Alberto Oropeza Muñoz.
El 25 de octubre de 2002, el ciudadano General de División (Ej) Efraín Vásquez Velazco compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional y otorgó poder apud acta a los abogados René Buroz Arismendi, Carlos Martínez Ceruzzi, Dorsimari Vega Villalobos, Silvana A. Gomez Mercado y Rosa Virginia Cabrera Carpio.
El 6 de noviembre de 2002, los ciudadanos Luis Reynaldo Zamora, Rafael Hernández Fuenmayor e Ylsia Jimenes, titulares de las cédulas de identidad números 3.020.168, 4.163.544 y 4.244.997, respectivamente, presentaron diligencia en la que indicaron que “actuando en este acto con el carácter de Presidente, Secretario General y Secretario de Organización del Sindicato Nacional Autónomo de Empleados Públicos del IPASME (SINAEP-IPASM) (...) manifestamos nuestra voluntad de adherirnos al recurso extraordinario de revisión contra las sentencia dictada en Sala Plena de este máximo Tribunal, relacionado con el antejuicio de mérito solicitado a un grupo de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, Interpuesto por el abogado OLEG OROPEZA”.
El 7 de noviembre de 2002, los
ciudadanos Pablo Jiménez, Hildemaro Ramírez y María Guaina, titulares de las
cédulas de identidad números 3.409.786,
6.440.685 y 3.852.045, respectivamente, actuando en este acto con el carácter de
Secretario General, Secretario de Actas y Correspondencias, y Secretaría de
Organización, respectivamente(sic) del Sindicato Nacional Autónomo de Obreras y
Obreros del Instituto de Previsión y Asistencia Social, para el personal del
Ministerio de Educación Cultura y Deportes (SINAOBRES-IPASME) (...)Manifestamos
nuestra voluntad de adherirnos al Recurso Extraordinario de Revisión”.
El 12 de noviembre de 2002, el ciudadano Carlos Enrique González Urdaneta, titular de la cédula de identidad número 4.401.936, presentó diligencia “para formalizar mi adhesión en todos los términos y cada una de sus partes tanto en los hechos como en el derecho, al recurso extraordinario de revisión”.
El 13 de noviembre de 2002, los abogados Oleg Oropeza y Omaira Corredor acudieron ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y consignaron diligencia contentiva de la solicitud de adhesión a la presente solicitud de revisión en nombre de un conjunto de ciudadanos , cuyas firmas adjuntaron a su solicitud.
II
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
La parte demandante solicitó la revisión del fallo del 14 de agosto de 2002, publicada el 19 de septiembre del 2002, que dictó la Sala Plena de este Supremo Tribunal que declaró que no hay mérito para el enjuiciamiento de los ciudadanos Efraín Vásquez Velazco, Héctor Ramírez Pérez, Pedro Pereira Olivares y Daniel Lino José Comisso Urdaneta, que requirió el Fiscal General de la República, ciudadano Julián Isaías Rodríguez Díaz; decretó el sobreseimiento según el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal y, como consecuencia de lo anterior, ordenó la suspensión de las medidas de cautela que fueron decretadas en dicha causa.
El recurrente planteó, en primer término, la competencia de la Sala Constitucional para conocer de la solicitud de revisión interpuesta con fundamento en la doctrina jurídica y en la decisión del 6 de febrero de 2001 (Caso: Corpoturismo), en concordancia con los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Denunció el solicitante que la decisión que expidió la
Sala Plena “declaró la inexistencia del
mérito para el enjuiciamiento de los oficiales identificados(...) del golpe de
estado en contra del Presidente de la República y por extensión en contra de todos los Venezolanos”.
Indicó que la sentencia recurrida se apartó de la interpretación de normas constitucionales para su construcción y es por tanto deficitaria de “justicia inconstitucional” de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de la República.
Expone el solicitante que la Constitución es una norma fundamental y ha de mantenerse obligatoriamente la vigencia de la misma conforme a los “artículos 7 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Carácter supremo del carácter normativo de la carta magna cuyos valores son la base del ordenamiento jurídico entero. Tales valores son consagrados en el Titulo I “De los Principios Fundamentales”. (sic).
Sostuvo que dentro de tales valores, el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela determina la potestad de administrar justicia, el artículo 281 eiusdem insta al defensor del pueblo a la investigación de violaciones de los derechos humanos y el artículo 285 ibidem otorga al Ministerio Público la responsabilidad del adelantamiento de las investigaciones.
Planteó el solicitante que el artículo 7 de la
Constitución preceptúa la supremacía de la Constitución, y el artículo 131 eiusdem
la obligatoriedad del cumplimiento con los actos que dicten los órganos del
Poder Público.
El demandante, como punto previo, denunció la incompetencia por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para el pronunciamiento de la sentencia recurrida con fundamento en los votos salvados de los Magistrados Carlos Alfredo Oberto y Levis Ignacio Zerpa. Consideró que tal incompetencia para dictar el fallo recurrido deriva del hecho de que se trata de una Sala accidental que no fue conformada por los Magistrados principales y en virtud de la ilegal conformación de la Sala la sentencia es nula por incompetencia, “Nula de nulidad radical y absoluta”.
El solicitante relató una serie de incidencias y señaló que, ante las sucesivas recusaciones, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia escogió los suplentes “de una lista elaborada para ello al Magistrado Antonio García García de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”. Denunció que la resolución del 26 de junio de 2002, cesaba ipso iure en sus funciones al juez dirimente Antonio García García “cuyas funciones habían cesado por cumplimiento de su objeto”, a consecuencia del espíritu propósito y razón de los dispositivos del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 93 del Código de Procedimiento Civil.
El solicitante denunció que el
Magistrado Antonio García García ya no
disponía de las potestades para decretar la desincorporación de los Magistrados
recusados y, por ello, carecía de “facultad
para desincorporar a los magistrados recusados y, consecuencialmente provocar
con ello la instalación de una Sala Accidental mediante la desincorporación de
sus suplentes”. Planteó que los recaudos han tenido que ser devueltos al
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con el artículo 93
del Código de Procedimiento Civil, “ya
que no existe proceso alguno en la etapa preparatoria del antejuicio y la
incidencia recusatoria, en todo caso está regulada en dicha Ley (...) siendo
mayor fuerza y lógica jurídica el criterio previsto en los artículos 81 y 102
eiusdem que ha debido regir igualmente para el caso de las apelaciones
ejercidas por los Magistrados recusados quienes ilegalmente fueron apartados de
sus obligaciones y funciones”.
Que al convocarse a los Magistrados suplentes quedó “mal configurada la Sala Plena Accidental y , por ende dejo de estar integrada por sus jueces naturales, que la ley provee para resolver en el caso presentado lo cual conduce a establecer que la disentida sea nula de nulidad radical y absoluta”.
Señaló el solicitante que el llamado “Magistrado Dirimente ya había cesado en sus funciones desde el día 26 de junio de dos mil dos” oportunidad cuando declaró inadmisibles las recusaciones que planteó la defensa de los ciudadanos Héctor Ramírez Pérez y Efraín Vásquez Velasco contra el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y por ello, aquel carecía del poder jurisdiccional para decidir sobre las recusaciones que fueron propuestas. Señaló que procedía la reposición de la causa al estado de que las recusaciones fueran decididas “por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”.
Denunció que la decisión impugnada
infringe el debido proceso conforme a lo que preceptúa el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y carece de validez jurídica “conforme
lo dispone expresamente el artículo 25 eiusdem”.
Denunció la infracción de principios constitucionales que establecen los artículos 2, 3, 5, 6, 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, expuso que la decisión recurrida se apartó del mandato que imponen los artículos 334 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del principio iura novit curia. Expuso que se realizó una interpretación errónea derivada de instrumentos legales como el Código Orgánico de Justicia Militar, que se encuentra subordinado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y, al valorar la conducta de los ciudadanos sometidos al antejuicio se obvió el análisis de los hechos que infringieron -en su opinión- principios constitucionales.
Adicionalmente señaló que se vulneraron los artículos 19, 25 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y derechos civiles que acogió el artículo 49 eiusdem, derechos políticos y del “referendo popular” que reconoció el artículo 62 ibidem así como lo que disponen los artículos 228, 333, 334, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Indicó que se produjo una “solicitud de renuncia bajo coacción”, una “detención ilegal del Presidente” y con ello se vulneraron los artículos 19, 22, 62, 131, 136, 137, 139, 225, 226, 328, 335, 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Expuso que la Sala Plena quebrantó los artículos 44 y los numerales 1 y 2 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, a su juicio, al ciudadano Presidente de la República le fueron infringidos derechos constitucionales. Explanó que la conducta de los imputados, cuando designaron un gobierno provisorio “violento los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 19, 21, 22, 25, 62, 63, 70, 136, 137, 138, 139, 156, 225, 226, 228, 230, 233, 234, 326, 328 y 330 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 27 (veintisiete) artículos vulnerados”.
Denunció, con fundamento en el voto salvado del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, que fue consignado con la sentencia objeto de la solicitud, que la decisión de la Sala Plena Accidental resulta incongruente, ya que “el argumento de que no existe el delito de rebelión militar porque no tiene pena” resulta contrario a derecho e indicó, en consecuencia, que se infringieron los artículos 476 y 479 del Código de Justicia Militar. Estimó que se ha debido aplicar la analogía de conformidad con lo establecido en los artículos 174, 204 y 358 del Código Penal.
Finalmente, solicitó que se declare “la nulidad de la decisión de la Sala Plena de fecha 14 de agosto de 2002 por inconstitucional, y que exoneró de enjuiciamiento a los militares ya identificados en el cuerpo del presente recurso y proceda a restituir el estado de derecho quebrantado por dicha decisión y que el imperio constitucional proceda a cobijar nuevamente a nuestra patria. Así mismo, se aboque a conocer nuevamente de la querella interpuesta por el Fiscal General de la República y de todas aquellas que hayan podido ser introducidas posteriormente, todo en jurisdicción constitucional ya que como queda demostrado en el presente escrito la conducta de los militares golpistas lesiona en primer lugar los principios fundamentales y las normas constitucionales”.
III
DE LA COMPETENCIA
Como es la oportunidad para decidir sobre la admisibilidad de la presente solicitud, debe esta Sala previamente determinar su competencia para el conocimiento de la presente causa y, en tal sentido, observa:
El artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, como atribución de esta Sala Constitucional, la revisión de “sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva” (Subrayado de esta Sala).
En el presente caso, el ciudadano Oleg Alberto Oropeza Muñoz solicitó la revisión de la decisión del 14 de agosto de 2002, publicada el 19 de septiembre del 2002, que expidió la Sala Plena de este Supremo Tribunal, que declaró la no existencia de mérito para el enjuiciamiento de los ciudadanos Efraín Vásquez Velazco, Héctor Ramírez Pérez, Pedro Pereira Olivares, y Daniel Lino José Comisso Urdaneta, cuya declaración de existencia solicitó el Fiscal General de la República, ciudadano Julián Isaías Rodríguez Díaz; decretó el sobreseimiento según el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal; y, como consecuencia de lo anterior, ordenó la suspensión de las medidas de cautela que se decretaron en dicha causa.
En este sentido, la Sala reitera su criterio, que ha sostenido en diversas decisiones, como por ejemplo, la sentencia Nº 520 del 7 de junio de 2000, en la que se sentó:
“En consecuencia, por constituir la facultad
de revisión de los actos o sentencias dictadas por los tribunales de la
República y de las otras Salas de este Tribunal Supremo, en especial en materia
de amparo, una disposición constitucional vinculante para el funcionamiento de
esta Sala, no obstante que no se ha promulgado la ley orgánica correspondiente,
puede este órgano jurisdiccional, en resguardo del orden público
constitucional, ejercer esa facultad en interés de la aplicación y correcta
interpretación de los valores constitucionales, lo que a su vez es exigido por
el numeral 10 del artículo 336 de la vigente Constitución”.
De conformidad con el argumento expuesto, esta Sala resulta competente para el conocimiento de la solicitud de revisión que se examina, y así se decide.
IV
DE LA ADMISIBILIDAD
En el presente caso se pretende la revisión de una
sentencia definitiva de única instancia definitivamente firme, que se dicto en
un procedimiento de solicitud de antejuicio de mérito que interpuso el Fiscal
General de la República.
Una vez determinada la competencia de la Sala para
conocer del presente asunto debe en consecuencia referirse al análisis de los
elementos que condicionan la admisibilidad del presente juicio. En tal sentido
se observa que la acción que se propuso ha sido ejercida por el ciudadano Oleg
Alberto Oropeza Muñoz, quien actuó “como
ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela y en (su) carácter de agraviado por los sucesos acaecidos los días 11
12 y 13 de abril de 2002”. Igualmente observa la Sala que con posterioridad
a la presentación del escrito que da lugar al presente fallo, un grupo de
ciudadanos diligenció a los fines de adherirse al recurso que planteo el
demandante.
Ahora bien, en sentencia de 6 de febrero de 2001, caso
Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo), esta Sala, cuando
interpretó el alcance de la atribución que le confiere el numeral 10 del
señalado artículo 336 de la Constitución, estableció en cuanto a la forma de
iniciación de una demanda de esta naturaleza, que la misma puede tramitarse :
“...de oficio o a solicitud de la
parte afectada por una decisión de alguna otra Sala del Tribunal Supremo de
Justicia; o de algún Tribunal o Juzgado de la República”.
En efecto, en dicho fallo se reconoció no sólo la
legitimación de la demandante sino también de su opositora, porque consideró que la misma “posee interés directo en el presente proceso por haber sido parte demandante en el juicio ordinario que resultó
en el fallo que se impugna”.
Las limitaciones establecidas por la Sala en esta
materia devienen del carácter extraordinario de la solicitud de revisión lo
cual obliga “a ser excesivamente prudente en cuanto a la admisión y procedencia de
recursos que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido dicho
carácter de cosa juzgada judicial”.
En consecuencia, para la interposición de la solicitud
de revisión constitucional es necesario que el solicitante posea interés
directo y personal en el proceso que pretende iniciar, por haber sido
demandante, demandado o tercero en el juicio que dé lugar al pronunciamiento
que se impugna.
Al respecto, esta Sala Constitucional ha sentado de
manera constante que el requisito del interés procesal, como elemento de la
acción, proviene de la esfera del derecho individual que ostente el solicitante
le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los
órganos de administración de justicia. Tal presupuesto procesal es entendido
como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia
imposibilita el examen de la pretensión.
El interés surge así de la necesidad que tiene una
persona, por la situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía
judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal
o colectivo. El interés personal y directo ha de manifestarse de la demanda o
solicitud y mantenerse a lo largo del proceso y, más aún, frente al carácter
extraordinario, excepcional y estrictamente limitado que ostenta la revisión
constitucional.
En este contexto debe señalarse que en los procedimientos
de revisión no es posible invocar un derecho o interés difuso o colectivo, tal
y como lo pretenden el solicitante y los diversos ciudadanos que se adhirieron
a la presente solicitud. En efecto, ya esta Sala en sentencia del 30 de junio
de 2000 (Caso: Dilia Parra Guillén),
señaló que tales derechos se determinan:
“...porque
se difunde entre todos los individuos de la comunidad, aunque a veces la lesión
a la calidad de la vida puede restringirse a grupos de perjudicados
individualizables como sectores que sufren como entes sociales, como pueden
serlo los habitantes de una misma zona, o los pertenecientes a una misma
categoría, o los miembros de gremios profesionales, etc. Sin embargo, los
afectados no serán individuos particularizados, sino una totalidad o grupo de
personas naturales o jurídicas, ya que los bienes lesionados, no son
susceptibles de apropiación exclusiva por un sujeto. Se trata de intereses
indiferenciados, como los llamó el profesor Denti, citado por María Isabel
González Cano (La Protección de los Intereses Legítimos en el Proceso
Administrativo. Tirant. Monografías. Valencia-España 1997). Como derecho
otorgado a la ciudadanía en general, para su protección y defensa, es un
derecho indivisible (así la acción para ejercerlo no lo sea), que corresponde
en conjunto a toda la población del país o a un sector de ella. Esta
indivisibilidad ha contribuido a que en muchas legislaciones se otorgue la
acción para ejercerlos a una sola persona, como pueden serlo los entes públicos
o privados que representan por mandato legal a la población en general, o a sus
sectores, impidiendo su ejercicio individual. ...(Omissis)... De la idea
anterior surge otro de los elementos esenciales para calificar la existencia de
un derecho o interés difuso o colectivo, cual es que el obligado (estado o
particular) debe una prestación
indeterminada, que puede hacerse concreta debido a la intervención judicial.
Desde este punto de vista, lo importante es que el objeto jurídico que se exija
al obligado es de carácter general, opuesto a las prestaciones concretas
señaladas por la ley”.
Como consecuencia de las anteriores consideraciones en
cuanto a la admisibilidad de la solicitud extraordinaria de revisión y a la
exigencia formal y sustantiva del interés, derivada del carácter de parte en el
juicio que da lugar a la sentencia cuya revisión se solicita, se concluye que
en el presente caso no se dan los supuestos necesarios para que esta Sala pueda
conocer de la revisión de una sentencia que ha adquirido el carácter de cosa
juzgada, puesto que no se evidencia el interés de los demandantes para la
impugnación de la decisión que pretenden sea revisada, por cuanto el fallo
recurrido no condenó en ningún momento a los recurrentes a cumplir lo que
dispuso, ni causó una lesión a su esfera particular, por lo que, aun cuando la
misma adoleciere de algún vicio, no ha sido capaz de producirle agravio
constitucional alguno, lo que determina, forzosamente, su inadmisibilidad, por
falta de legitimación procesal. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal
Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre
de la República por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de
revisión interpuesto por el ciudadano OLEG
ALBERTO OROPEZA MUÑOZ contra la decisión nº 38 dictada el 14 de agosto de
2002, por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y archívese el presente expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días
del mes de noviembre de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de
la Federación.
El Presidente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
José
Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Antonio José García García
Magistrado
Pedro
Rafael Rondón Haaz
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 02-2467
IRU/