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Mediante oficio
n° 215 del 20 de febrero de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, remitió a esta Sala la causa
signada con el n° 3405-03, contentiva de los autos relacionados con la acción
de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos Luis Loreto y Luis
Perdomo, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social
del Abogado bajo los núms. 75.643 y 50.789, en su carácter de defensores de los
ciudadanos ALEXANDER ACOSTA MORENO, EDGAR VARGAS JAIMES y HENRY MURCIA
PERDOMO, venezolanos y extranjero el último de los nombrados, mayores de
edad y titulares de las cédulas de identidad núms. 11.750.399, 13.351.665 y
68.324.225, contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del mismo
Circuito Judicial Penal, por la presunta violación de los derechos
constitucionales consagrados en los artículos 44, 46, 47 y 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de que los
actores se encuentran en detención preventiva desde hace más de ochenta y tres
(83) días, sin que hasta la fecha de interposición del amparo, el Ministerio
Público hubiese formulado acto conclusivo de la investigación, en la causa
penal seguida contra los mencionados ciudadanos por la presunta comisión del
delito de hurto calificado en grado de frustración, ocultamiento de arma de
fuego, aprovechamiento de objetos provenientes del delito y agavillamiento.
La referida acción se fundamentó,
también, en los artículos 8, 9, 10 y 243 del
Código Orgánico Procesal Penal y, 4, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Tal remisión
obedece a la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.
El 1° de marzo de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando. Acordada la jubilación de este último, en fecha 23 de agosto de 2004, reasume la ponencia la Magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán, y con tal carácter la suscribe.
Con base en los
elementos que cursan en autos y, siendo la oportunidad procesal para ello, se
pasa a decidir sobre la consulta en los términos siguientes:
I
1.- El 17 de diciembre de 2003, la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda recibió,
dio entrada a la causa con el n° 3405-03 y fue designado como ponente al Dr.
Luis Armando Guevara Risquez.
2.-
El 12 de enero de 2004, la citada Corte de Apelaciones ordenó corregir la
solicitud a los accionantes. El 16 del mismo mes y año, fue presentado escrito
donde se subsanó el escrito libelar.
3.-
El 19 de enero de 2004, la referida Corte admitió la acción interpuesta, ordenó
notificar a las partes y fijó la celebración de la audiencia constitucional
dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes, a la constancia en autos de
la última notificación.
4.-
El 3 de febrero de 2004, dicha Corte recibió informe proveniente del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Estado
Miranda.
5.-
El 9 de febrero de 2004, la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito
Judicial Penal celebró la audiencia constitucional, de conformidad con lo
previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales.
6.-
El 16 de febrero de 2004, la referida Corte publicó sentencia que declaró
inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la defensa de los
ciudadanos Alexander Acosta Moreno, Edgar Vargas Jaimes y Henry Murcia Perdomo,
contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito
Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
7.-
El 20 de febrero de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del Estado Miranda acordó remitir la causa a esta Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo
35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
II
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta de acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:
De conformidad con lo previsto en el literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el n° 37.942, el 20 de mayo de 2004, que permite a la Sala Constitucional de este máximo Tribunal integrar el régimen procesal del amparo, a través de las interpretaciones vinculantes que realiza dicha Sala, con base en el artículo 335 y 266, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la misma debe reiterar la inveterada jurisprudencia sentada, la cual puede reducirse a la afirmación de que a la misma le corresponde conocer de apelaciones y consultas sobre las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en su condición de instancia superior a las mismas, cuando éstas conozcan de la acción de amparo en primera instancia, por tanto, esta Sala se declara competente para conocer la causa, pues la consulta tiene por objeto un fallo dictado, en sede constitucional, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda. Así se establece.
III
FUNDAMENTOS
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Alegó
la defensa de los accionantes, en el escrito contentivo de la acción de amparo
constitucional, lo siguiente:
Indicaron
que el 29.8.03, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito
Judicial Penal del Estado Miranda decretó medida de privación judicial
preventiva de libertad contra los ciudadanos Alexander Acosta Moreno, Edgar
Vargas Jaimes y Henry Murcia Perdomo, por la presunta comisión del delitos de
hurto calificado en grado de frustración y resistencia a la autoridad,
tipificados en los artículos 455, en relación con el 80 y 219 del Código Penal.
Expresaron
que “... desde hace más de tres meses y medio, a pesar de que la
Representación Fiscal no solicitó en su debida oportunidad legal la prórroga
correspondiente así como tampoco presentó en su oportunidad legal la
correspondiente acusación fiscal(...), nos encontramos privados ilegítimamente
de nuestra libertad, violando de manera flagrante los principios fundamentales
que establece tanto nuestra Carta Magna como el ordenamiento adjetivo, amén que
desde hace más de un (1) mes se nos decretó medida cautelar sustitutiva de
imposible cumplimiento que hasta la fecha de manera inexplicable no ha hecho
efectiva nuestra libertad...”.
Manifestaron
que existió incongruencia en la decisión proferida por el Juzgado de Control,
al considerar la procedencia de la detención preventiva por concurrir los
elementos previstos en el artículo 250 del
Código Orgánico Procesal Penal.
Señalaron que “...
a pesar de que no se ha interpuesto por parte de la Representación Fiscal la
Acusación y en fecha reciente pasada se introdujeron sendos (sic) solicitud de
revisión de medida ante ese mismo Juzgado, siendo declarado con lugar y hasta
la fecha no se ha hecho efectiva la libertad y en irregularidades (sic) en el
Juzgado agraviante la causa reposa en dicho tribunal a la espera de un
pronunciamiento por parte de la Juez Segundo de Control, amparándose en una
revisión de unos supuestos fiadores, violentándose el lapso que establece el
artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal y que la misma haya sido
retardada en forma irregular y sin fundamento jurídico, incurriendo esta
Juzgadora en denegación de justicia...”.
Fundamentaron
la acción de amparo constitucional en los artículos 44, 46, 47 y 49 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 8, 9, 10 y 243 del
Código Orgánico Procesal Penal y, 4, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Finalmente, solicitaron la restitución de sus derechos
constitucionales, la nulidad del procedimiento penal seguido en su contra,
declaratoria con lugar de la acción propuesta y la inmediata libertad de los
accionantes.
IV
DE LA
SENTENCIA
La
sentencia objeto de consulta dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Miranda, el 16 de febrero de 2004, declaró
inadmisible la acción de amparo constitucional incoada, contra el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La referida sentencia fundamentó su decisión en las
siguientes consideraciones:
“... Alegan los accionantes que el
Fiscal del Ministerio Público no ha presentado en la presente causa el
respectivo acto conclusivo, observando este Tribunal de Alzada, que cursa a los
folios 150 al 154 (...), resultando evidente para esta Corte de Apelaciones,
que no sólo ya existe acto conclusivo, presentado por el Representante del
Ministerio Público, como lo es la acusación, sino que ya está fijada la
celebración de la audiencia preliminar en donde el Tribunal de Control tiene la
facultad de pronunciarse sobre las medidas impuestas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal (...).
En consecuencia, analizadas como han
sido por este Tribunal de Alzada las actas que se acompañan a la presente
solicitud de amparo constitucional, puede perfectamente evidenciarse que la
pretensión de los hoy accionantes es materia del proceso ordinario, pues el examen
y revisión de las medidas cautelares impuestas, pueden ser solicitadas por el
imputado las veces que este lo considere necesario, y en todo caso el
mantenimiento de dichas medidas cada tres meses de conformidad con lo previsto
en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo tanto los
defensores de los imputados de autos tienen la posibilidad de ejercer en
cualquier momento del proceso el recurso de revisión de las medidas
impuestas...”.
V
MOTIVACIÓN
PARA DECIDIR
En atención a la reiterada y
pacífica jurisprudencia establecida por esta Sala, la acción de amparo
constitucional procede contra todo acto, hecho u omisión que violen o amenacen
violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por la Constitución y
leyes de la República, o los tratados, convenios y acuerdos internacionales
suscritos por Venezuela, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y
eficaz acorde con la protección constitucional invocada.
Los abogados Luis Loreto y Luis
Perdomo, en su carácter de defensores de los ciudadanos Alexander Acosta
Moreno, Edgar Vargas Jaimes y Henry Murcia Perdomo ejercieron acción de amparo
constitucional, contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del
Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en virtud de que los actores se
encuentran en detención preventiva desde hace más de ochenta y tres (83) días,
sin que hasta la fecha de interposición del amparo, el Ministerio Público
hubiese formulado acto conclusivo de la investigación, en la causa penal seguida
contra los mencionados ciudadanos. Alegaron la violación de los derechos
constitucionales consagrados en los artículos 44, 46, 47 y 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Estado Miranda fundamentó su
declaratoria de inadmisibilidad, en que el restablecimiento de la situación
jurídica presuntamente infringida por el citado Juzgado de Control se hubiere
logrado con la interposición del examen y revisión de medida de coerción
personal, consagrado en el artículo 264 en la Ley adjetiva penal.
En el caso bajo
análisis, el asunto que subyace tras la acción de amparo incoada, consiste en el
excesivo tiempo en que los imputados se encuentran en detención preventiva, sin
que hasta la fecha de interposición del amparo hubiese el Ministerio Público
formulado acto conclusivo. Ahora bien, consta en autos, que el 12 de diciembre
de 2003, el Fiscal Tercero del Ministerio Público presentó formal acusación
contra los accionantes, por la comisión de los delitos de hurto calificado en
grado de frustración, ocultamiento de arma de fuego, aprovechamiento de objetos
provenientes de delito y agavillamiento, “tipificados en los artículos 455.4.6, (sic) en relación con
el 80; 278, 472 y 287 del Código Penal”.
Asimismo, el 18 de diciembre de
2003, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial
Penal del Estado Miranda fijó la celebración de la audiencia preliminar para el
14 de enero de 2004, a las 10.00 am, diferida para el 4 de febrero de 2004. En
tal sentido, siendo la cesación una causal de inadmisión expresamente contenida
en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales debe esta Sala declarar que en el caso de autos ha
sobrevenido una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo incoada.
Por otra parte, en relación a la
solicitud de examen y revisión de medida cautelar privativa de libertad
requerida por los actores ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de
Control del citado Circuito Judicial Penal, consta en las actuaciones que tal
solicitud fue acordada por el referido Juzgado, el 8 de octubre de 2003, sólo que los imputados no habían cumplido
con las obligaciones impuestas por el Juzgado de Control para la
materialización de la medida cautelar.
La Sala debe
recordar a la parte actora que mediante el ejercicio de la acción de amparo no
es admisible la impugnación contra los actos de los operadores de justicia,
pues ella se convertiría en un mecanismo para solucionar conflictos de
intereses, además ello implicaría sustituir de recursos ordinarios y
extraordinarios que prevé el ordenamiento jurídico vigente; asimismo, los presuntos agraviados aún
tienen la oportunidad para solicitar nuevamente la revisión y examen de la
medida impuesta, durante las demás fases del proceso penal y antes de la
sentencia definitiva.
Desde esta perspectiva, la Sala considera
que la aludida acción de amparo, también se encuentra incursa, en la
causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que, en
el presente caso reitera el criterio
establecido en la sentencia nº 963/2001 del 5 de junio, recaída en el caso: José
Angel Guía y otros
Por las consideraciones precedentes, esta
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma en los términos
expuestos, la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Miranda, el 16.2.04; en consecuencia, declara
inadmisible la acción interpuesta, de conformidad con lo dispuesto en los
numerales 1 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica en referencia. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, esta
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República
y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en los términos expuestos, la
sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
Estado Miranda, el 16 de febrero de 2004, y en consecuencia, declara INADMISIBLE
la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Luis Loreto y Luis Perdomo, en su carácter de
defensores de los ciudadanos ALEXANDER ACOSTA MORENO, EDGAR VARGAS JAIMES y
HENRY MURCIA PERDOMO, contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Control
del mismo Circuito Judicial Penal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6, numerales 1 y 5 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Queda resuelta
así la consulta ordenada.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Corte
de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los
Teques. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada
en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes de octubre dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º
de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO JOSÉ GARCÍA
GARCÍA CARMEN ZULETA
DE MERCHÁN
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
CZdeM/
Exp.
04-0452
...trado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su
disentimiento con la mayoría de Magistrados que suscribió la antecedente
decisión; por consecuencia, salva su voto respecto de la misma, en los términos
siguientes:
1.
La mayoría sentenciadora estimó que la presente
pretensión de amparo era inadmisible, de acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto el Ministerio
Público había presentado la acusación contra los actuales supuestos agraviados,
razón por la cual concluyó que había cesado la lesión constitucional que, como
consecuencia de la mora en la presentación de dicho acto conclusivo, había
denunciado la actual parte actora. Ahora bien, de acuerdo con la información
disponible se observa que, en efecto, el Ministerio Público presentó su
acusación con un retardo dentro del cual el Juez de la causa penal debió
proveer, de inmediato, a la restitución de los demandantes al ejercicio de su
derecho a la libertad, fuera plena o bajo la vigencia de las medidas
sustitutivas que enumera el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal,
tal como se lo ordenaba el artículo 250 eiusdem.
Así las cosas, no se puede concluir que hubiera cesado la situación de lesión
que se denunció, por cuanto, para el momento de la presentación de la
acusación, con el retardo que se ha anotado, ya los quejosos de autos debían
encontrarse en libertad de acuerdo con la Ley y, tal situación de libertad, no
podía ser revocada sino de conformidad con el artículo 262 del referido código
adjetivo. La presentación tardía de la acusación fiscal no fue, de manera
alguna, reparación del daño constitucional que se denunció, por cuanto los
referidos imputados debieron quedar en libertad, por razón de la predicha mora
del Ministerio Público, lo cual no ocurrió, por causa de omisión
jurisdiccional, de suerte que si el Juez de Control hubiera cumplido
diligentemente su deber constitucional de tutela al derecho fundamental de los
imputados a la libertad debió haber decretado la revocación de la privación de
la misma, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal
Penal, de suerte que, para el momento cuando el Fiscal presentó, de manera manifiestamente
tardía, la acusación, los procesados ya debían haberse encontrado en libertad,
plena o restringida, y así debieron continuar hasta por lo menos el Juicio
Oral, ya que, según el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, tal situación de libertad no podía ser
revocada sino por incumplimiento, por parte de dichos encausados, de los
compromisos que derivaban de la medida cautelar sustitutiva que se les hubiese
impuesto. No debe olvidarse que, según nuestro ordenamiento jurídico, la regla,
en materia penal, es la del juicio en libertad, de acuerdo con los artículo
44.1 de la Constitución y 243 del Código Orgánico Procesal Penal; asimismo, que
la medida cautelar mediante la cual se prive a alguien del ejercicio de dicho
derecho es procedente, según los artículo 9 y 243 eiusdem,
sólo cuando las demás cautelares menos aflictivas sean insuficientes para
asegurar las finalidades del proceso.
En
conclusión, los actuales quejosos debieron ser restituidos al ejercicio de su
derecho a la libertad personal, de acuerdo con el artículo 250 del Código
Orgánico Procesal Penal, como consecuencia de la antes anotada mora fiscal y,
una vez restituidos en dicho ejercicio, debieron continuar su proceso en esa
misma situación, salvo que hubieran incurrido en alguna de las formas de
incumplimiento establece el artículo 262 del mismo código. La pretensión de que
con la presentación del correspondiente acto conclusivo, cualquiera que sea la
magnitud de la demora en hacerlo, se restituye la situación jurídica infringida,
es un grave precedente contra la debida tutela jurisdiccional al derecho
fundamental a la libertad personal. En el presente caso, aun contando con el
lapso de prórroga -que, al
parecer, el Fiscal no solicitó- para la presentación del acto conclusivo
resulta evidente que, para el momento de presentación de la demanda de amparo
de autos, los actuales quejosos debían encontrarse en libertad si un Juez
diligente en el cumplimiento de sus deberes como contralor constitucional
hubiera aplicado el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, pues,
desde la audiencia de presentación de los predichos imputados hasta el momento
de presentación de la demanda de amparo, habrían transcurrido más de noventa
días, si se toman como ciertas la indicada fecha de la audiencia de
presentación –29 de agosto de 2003- y aquélla en la cual la primera instancia
constitucional le dio entrada a la demanda de amparo –17 de diciembre de 2003-;
ello sin olvidar que fue casi dos meses –16 de febrero de 2004- después cuando
el a quo dictó sentencia en la presente causa y fue sólo entonces cuando
se pudo conocer que, al fin, el Ministerio Público presentó la correspondiente
acusación.
2.
Respecto de la declaración de inadmisibilidad que
contiene el presente fallo, con base en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debido a que los actuales
quejosos contaban un medio preexistente como era la potestad de solicitar,
conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de la
medida cautelar privativa a la cuales estaban sometidos, quien suscribe está
obligado a la ratificación de lo que ha sostenido en fallos y votos salvados
anteriores, en el sentido de que, mediante la referida vía procesal está
establecida para fines de revisión de una medida cautelar cuya legitimidad, ni
original ni en su decurso, se cuestiona; mediante la misma lo que se pretende
es que el Juez, con base en el prudente arbitrio que le confiere el Código
Orgánico Procesal Penal, valore si la vigencia de dicha medida es necesaria
para la consecución de los fines del proceso. La tesis de que una medida
cautelar –particularmente, la privativa de libertad- cuya legitimidad se
cuestiona y, por ende, sólo puede procurarse su revocación o sustitución
mediante la vía de la revisión que provee el artículo 264 del predicho código
procesal, constituye un grave e injusto menoscabo del derecho del interesado al
ejercicio del recurso de apelación contra la decisión de primera instancia que
niegue dicha revocación o sustitución, en virtud del gravamen irreparable que
tal decisión puede implicar.
Queda
en estos términos expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha ut
retro.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
ANTONIO JOSÉ
GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado Disidente
CARMEN ZULETA
DE MERCHÁN
Magistrada
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO
REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 04-0452