SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
Mediante auto de fecha 13 de
enero del año 2000, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia
declinó en esta Sala Constitucional, el conocimiento de la causa contentiva de
la decisión que emitiera el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del
Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado
Trujillo en fecha 13 de agosto de 1999, con motivo de la acción de amparo
constitucional ejercida por el abogado Adolfo José Gimeno Paredes, inscrito en
el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.057, actuando en
su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES TORRES, C.A, contra la decisión dictada por el Juzgado
Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo
y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial, de fecha 22 de junio de 1999,
mediante la cual decretó medida preventiva de secuestro en contra de bienes
propiedad de la accionante, en un juicio de partición de comunidad hereditaria
e indemnización de daños y perjuicios, sin que ésta, según se expone, haya
formado parte en el proceso.
Tal remisión se debe a las
apelaciones ejercidas por el tercero coadyuvante y el juez agraviante, conforme
al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.
El 31 de enero del año 2000,
se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al
Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente
fallo.
I
ANTECEDENTES
Con ocasión a la demanda ejercida por el abogado Rafael Maldonado,
actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Mercedes Onelia
Torres y de la sucesión de María Consuelo Torres de Llavaneras, contra los
ciudadanos Aura Margarita de Jesús viuda de Torres, Marina Carlota, Luz María,
Pedro José Guillermo, Leonardo Enrique, Ana Margarita y Emperatriz Torres de
Jesús, por partición
de comunidad hereditaria e indemnización de daños y perjuicios, el Juzgado
Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo
y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, por decisión de
fecha 22 de junio de 1999, decretó, entre varias medidas preventivas, secuestro
sobre bienes propiedad de la sociedad mercantil Inversiones Torres C.A.
El 28 de julio de 1999, el apoderado judicial de la sociedad mercantil
Inversiones Torres C.A, ejerció acción de amparo constitucional
contra la decisión del 22 de junio de 1999, dictada por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Agrario de la Circunscripción
Judicial del Estado Trujillo, antes mencionado, por
ante el Juzgado
Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de esa
misma Circunscripción Judicial.
El apoderado judicial de la accionante en amparo, fundamentó su acción
en la violación del derecho a la propiedad y a la defensa, ya que la medida
impugnada fue dictada sobre bienes de su propiedad, en un juicio donde ella no
formaba parte. A tal efecto, consignó copia certificada del documento de
propiedad protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito
Trujillo del mismo Estado, el día 31 de mayo de 1985, bajo el N° 91, Protocolo
Primero, Segundo Trimestre del año 1985, donde se evidencia la titularidad de
los bienes que fueron objeto de la medida de secuestro.
En
fecha 13 de agosto de 1999, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de
Menores de esa misma Circunscripción Judicial,
declaró con lugar la acción de amparo constitucional, anulando parcialmente la
decisión impugnada.
El
24 y 25 de agosto de 1999, el abogado Rafael Maldonado, apoderado judicial de
los terceros intervinientes y el abogado Joel Braschi Santos, en su condición
de juez agraviante, apelaron de la anterior decisión.
Mediante
escrito de fecha 26 de ese mismo mes y año, el juez agraviante presentó las
razones de hecho y de derecho en que fundamentó su apelación.
Por
auto del 30 de agosto de 1999, se oyeron las apelaciones propuestas en un solo
efecto, ordenándose la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil, de
conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo
sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
II
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia
para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa:
Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional
en su decisión de fecha 20 de enero del año 2000, caso Domingo Ramírez Monja,
le corresponde conocer todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo
constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con
excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso
Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de
Apelaciones en lo penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.
En el presente caso, se somete al conocimiento de la
Sala, la apelación de la sentencia emanada de un Juzgado Superior, que conoció
de una acción de amparo constitucional incoada contra una decisión de un Juzgado
inferior, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para resolver la
presente apelación, y así se decide.
III
DE LA DECISIÓN APELADA
El fallo cuya apelación es sometida al conocimiento
de esta Sala, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta
por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Inversiones Torres C.A.,
contra la decisión de fecha 22 de junio de 1999, emanada del Juzgado Segundo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Agrario
de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Dicha sentencia anuló
parcialmente la misma, sobre la base de las siguientes consideraciones:
Que el accionante en amparo, no era parte en el
juicio donde se dictó la medida de secuestro impugnada.
Que existe relación de identidad entre los bienes
propiedad de la accionante, sobre los cuales recayó la medida de secuestro y
los señalados en dicho decreto.
Que la parte accionante, demostró la propiedad de
esos bienes en el juicio de amparo.
Que el amparo era la única vía idónea, breve y
expedita para restablecer la situación jurídica infringida, conclusión a la
cual llega, luego de analizar el hecho de que por la propia condición de
tercero, extraño a la relación procesal, no le estaba dado oponerse a la medida
de secuestro según el mecanismo contemplado en el artículo 602 del Código de
Procedimiento Civil, el cual, a juicio del a quo, está destinado sólo a las partes
en el proceso.
Que tampoco el ejercicio de la tercería prevista en
el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil era el medio más idóneo,
breve y expedito para restablecer la situación jurídica infringida, toda vez
que la misma resultaba larga y compleja.
En razón de estas consideraciones, constató el a
quo que le fue vulnerado a la accionante su derecho a la defensa y al
debido proceso, al decretarse una medida de secuestro sobre bienes de su
propiedad, en un juicio donde no era parte.
IV
FUNDAMENTOS DE LA APELACION
El juez agraviante fundamentó su apelación en las
siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Que ante la existencia de tres (3) acciones de
amparo ejercidas contra la misma decisión que se impugna en el presente caso,
pero por empresas diferentes, el juez apelante solicitó en la oportunidad de
informes la acumulación de estos, siéndole negada por el a quo, al considerar que
la facultad de solicitar la acumulación está dirigida a las partes, condición
que no detenta el juez en materia de amparo, por lo que solicita de esta alzada
se pronuncie al respecto, para evitar así posibles decisiones contradictorias.
Que la decisión dictada por el juez apelante,
impugnada en amparo, cumplió los requisitos exigidos por el artículo 585 del
Código de Procedimiento Civil, resultando determinante para su adopción el
hecho de que, a su juicio, “para la
constitución de las compañías, incluyendo las hoy quejosas, se utilizaron
bienes del patrimonio del causante y por ende de la sucesión”, de lo cual
deriva que no exista la pretendida violación del derecho de propiedad, ya que su
decisión fue ajustada a derecho.
Que no existe violación al derecho a la defensa y al
debido proceso, ya que en ningún momento se le limitó a la accionante el
derecho a comparecer a juicio y defender los derechos invocados, quien por el
contrario no ejerció la oposición conforme al artículo 546 del Código de
Procedimiento Civil.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Visto lo anterior, esta Sala pasa a decidir
la apelación ejercida y a tal efecto observa:
El primer alegato esgrimido
por los apelantes, es el referente al error en que incurriere el a quo
al no ordenar la acumulación de tres (3) acciones de amparo que cursaban en el
mismo tribunal, dirigidas a atacar la misma decisión de autos, sólo que
ejercido por personas diferentes que se atribuyen la propiedad de los bienes
que constituyen el objeto de la medida de secuestro.
Sobre este punto, esta Sala
observa que el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil establece una
facultad al juez de ordenar la acumulación de causas que se ventilen en ese mismo
Juzgado. Sin embargo, el ejercicio de la misma es potestativo, cuando el
referido artículo 80 afirma que podrá a solicitud de parte, ordenar la
acumulación, por lo que cualquier pronunciamiento de esta alzada invadiría la
independencia del a quo, quien negó la solicitud de acumulación
al momento de pronunciar su decisión.
Respecto al análisis del
fallo apelado, esta Sala debe señalar lo siguiente:
Ciertamente, como lo
sostiene el a quo, el accionante en amparo no era parte en el juicio donde
se decretó la decisión impugnada.
Igualmente, observa esta
Sala, que de la comparación entre el documento de propiedad y la decisión
impugnada, es evidente la identidad entre los bienes afectados por la medida de
secuestro.
Así, de la comparación del
análisis del documento de propiedad, protocolizado
por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Trujillo del mismo
Estado, el día 31 de mayo de 1985, bajo el N° 91, Protocolo Primero, Segundo
Trimestre del año 1985, se evidencia la titularidad de la accionante en amparo
de los bienes que se identifican en el Capítulo Segundo, Puntos 9, 10, 11, 12 y
13 de la medida de secuestro impugnada.
Una vez precisado que el accionante
en amparo era propietario de unos bienes y que esos bienes fueron objeto de una
medida de secuestro en un juicio donde no formó parte, resta por precisar, si
tal como lo sostiene el fallo apelado, la acción de amparo era el único medio
breve, sumario e idóneo para lograr el restablecimiento de manera inmediata de
los derechos denunciados como conculcados.
Al respecto, esta Sala ha
determinado que la oposición a las medidas preventivas, consagrada en los
artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, constituye un
medio judicial ordinario breve, idóneo y eficaz para lograr la revocatoria,
modificación o confirmación de las mismas.
En ese contexto, al ser la
oposición a la medida cautelar el medio judicial ordinario con que cuenta la
parte, ésta debe acudir a esa vía, ya que lo contrario conllevaría a
declarar la inadmisibilidad del amparo propuesto, de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales.
Ahora bien, en el presente
caso no operaría esa causal de inadmisibilidad, toda vez que el accionante en
amparo, no era parte en el proceso donde se decretó la medida impugnada, sino
que era un tercero ajeno a la relación procesal y la medida cautelar era
de secuestro y no de embargo, por lo que no podía ejercer la oposición prevista
en los artículos 586 y 602 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre la posibilidad de
oposición del tercero al secuestro, el autor Ricardo Henríquez la Roche, en su
manual sobre Medidas Cautelares, expone:
“Consideramos
que la oposición no puede ejercerse contra la medida de secuestro cuya
ejecución haya desconocido un supuesto derecho de propiedad de un tercero, pues
como esta medida en su naturaleza, presupone una discusión sobre el derecho a
la cosa secuestrada, no puede dilucidarse incidenter tantum una
pretensión que involucra o interesa el fondo del asunto principal. Será
menester acudir a la demanda en forma de tercería de dominio (art. 370, ord. 1°
CPC)”.
Esa fue también la posición
adoptada por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia,
la cual, por sentencia de fecha 9 de febrero de 1994, precisó cual era el
procedimiento que debían seguir los terceros para hacer valer sus derechos
sobre medidas cautelares que afectaren bienes de su propiedad.
A tal efecto, señaló lo
siguiente:
“Ahora, si la
medida precautelativa que recae sobre bienes de un tercero es un secuestro; o
prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, o alguna de las medidas
complementarias de que se trata el primer aparte del artículo 588 del Código de
Procedimiento Civil, o alguna de las medidas innominadas o atípicas a que se
refiere el Parágrafo Primero del mismo artículo, ese tercero que se siente
afectado, de acuerdo a los artículos 370, ordinal 1° y 371 del Código de
Procedimiento Civil, debe proponer demanda de tercería contra las partes
contendientes ante el juez de la causa en primera instancia”.
Visto que el fallo apelado
sostuvo el criterio arriba expresado, la Sala lo encuentra ajustado a derecho,
y así se declara
Por otra parte, resulta a
toda luces contradictorio el alegato del juez apelante, en el sentido de que el
accionante en amparo ha debido oponerse a la medida de conformidad con el
artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, norma que está destinada al
embargo y no al secuestro, que es la medida que se impugna en el presente caso,
por lo que debe desecharse por infundado tal alegato, y así también se declara.
Por último, en cuanto a la
necesidad de la accionante de la utilización de la tercería previo al ejercicio
de la acción de amparo constitucional, conforme a los artículos 370 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, esta Sala comparte el criterio
del a
quo, respecto a que la tercería no constituye en casos como el de autos
un medio breve, sumario e idóneo para lograr el restablecimiento de la
situación jurídica infringida, por lo que la decisión apelada se encuentra
ajustada a derecho, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones
precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por
el abogado Rafael Maldonado, apoderado judicial de la ciudadana Mercedes Onelia
Torres y de la sucesión de María Consuelo Torres de Llavaneras y el abogado
Joel Braschi Santos, en su condición de juez agraviante, contra la sentencia
del Juzgado
Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la
Circunscripción Judicial del Estado Trujillo de fecha 13 de agosto de 1999, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida
contra la decisión de fecha 22 de junio de 1999, dictada por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Agrario de esa
misma Circunscripción Judicial. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo sujeto a apelación.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
Remítase el expediente al tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón
de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 25
días del mes de Abril del año dos mil. Años: 189º de la
Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
Iván Rincón Urdaneta
El
Vicepresidente,
Jesús
Eduardo Cabrera Romero
Héctor Peña Torrelles
Magistrado
José
Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Moisés Troconis
Magistrado
El
Secretario,
José
Leonardo Requena
Exp.
00-0294
IRU/rln/gps
Quien suscribe, Magistrado Héctor
Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo
que antecede, que decidió la apelación de una sentencia dictada
en materia de amparo constitucional.
Las razones por las cuales me aparto de la sentencia
aprobada por la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde
las decisiones dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery
Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999
ninguna disposición que atribuya a esta Sala Constitucional competencia para
conocer de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de
amparo por los Tribunales de la República. En esa oportunidad también disentí
del argumento de la mayoría según el cual el numeral 10 del artículo 336 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuía a esta Sala
competencia para conocer como segunda instancia en acciones de amparo. Por el
contrario, desde un primer momento sostuve que en el referido numeral 10 se
consagró un mecanismo extraordinario de revisión, cuya finalidad es que esta
Sala establezca criterios para lograr uniformidad en la interpretación de la
Constitución. A tal efecto, indiqué:
“(…) quien suscribe considera que la facultad
prevista en el numeral 10 del artículo 336 no es asimilable a la consulta o
apelación prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales por cuanto esta Sala no es un tribunal de
alzada ni superior materialmente de ningún tribunal de la República. La aludida
competencia de revisión, debe
interpretarse como una potestad extraordinaria de revisión de sentencias
dictadas por el resto de los tribunales cuando éstos conozcan como jueces
constitucionales de amparo o cuando ejerzan el control difuso de la
constitucionalidad de las normas, para verificar cuestiones de derecho
relativas a la interpretación de las normas y principios constitucionales, a
los fines de lograr una uniformidad de criterios”.
En mi criterio, una correcta interpretación en
materia de competencias para conocer del amparo debió dejar incólumes las
normas atributivas de competencia previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, de acuerdo con la evolución
jurisprudencial que hasta entonces habían mantenido de forma reiterada tanto la
Corte Suprema de Justicia como el resto de los tribunales de la República. La
Sala Constitucional solamente debió asumir la competencia prevista en el
artículo 3 eiusdem, y en el caso del
artículo 8 del mismo texto legal, cuando los actos lesivos fuesen de ejecución
directa de la Constitución o tuviesen rango de ley.
En el caso
concreto de las apelaciones o consultas, la norma contenida en el artículo 35
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que
prevé las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de
amparo, es precisa al indicar que el conocimiento de las mismas corresponden al
Tribunal Superior respectivo atendiendo a la materia del caso concreto.
Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al
Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la
organización de los tribunales de la República con competencia en la materia
afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos
constitucionales, tal como lo entendieron tanto la doctrina como la
jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los
tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De
allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o
garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas
Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas,
atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas
violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala
cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica
involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil,
etc.).
La modificación de las competencias realizada por la
mayoría sentenciadora, constituye -a juicio de quien disiente- una alteración
del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta
(legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida
al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo
156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por las razones
anteriores, estima el disidente que, esta Sala Constitucional no debió conocer en apelación la decisión de
amparo que cursa en autos, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala
correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.
Queda así expresado el criterio del Magistrado
disidente.
En Caracas,
fecha ut-supra.
El Presidente,
Iván Rincón Urdaneta
El VicePresidente,
Jesús Eduardo Cabrera
Magistrados,
Héctor Peña Torrelles
Disidente
José M. Delgado Ocando
Moisés A. Troconis V.
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
HPT/ld
Exp. N°: 00-0294, SENTENCIA 249 DE 25-4-00