SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado
Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 9 de febrero
de 1999, el abogado Jorge Omar Vaamonde Carapaica, con inscripción en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 12.639, en su carácter de apoderado
judicial de CORPORACIÓN DATACORP C.A., sociedad mercantil con
inscripción ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo, el 1° de febrero de 1999, bajo
el n° 40, tomo 6-A, intentó, ante el extinto Juzgado Superior Segundo de lo
Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, demanda de
amparo constitucional contra las actas de embargo nos GRTI-RCE-DF-AE-07-015-02
del 2 de febrero de 1999 y GRTI-RCE-DF-AC-07-015-06 del 3 de febrero de 1999,
para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la defensa, a
dedicarse a la actividad lucrativa de preferencia y a la propiedad que
acogieron los artículos 68, 96 y 99 de la Constitución
de 1961.
El 3 de marzo de 1999, el extinto Juzgado
Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda declaró “inadmisible
por improcedente” la demanda de amparo.
El 14 de mayo de 1999, el apoderado
judicial del demandante ejerció apelación contra la anterior sentencia, el cual
no fundamentó en la oportunidad correspondiente.
Mediante oficio n° 3417, del 18 de mayo
de 1999, el mencionado Juzgado Superior Segundo remitió el expediente a la Sala
Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia,
para el conocimiento del recurso que interpuso.
El 24 de octubre de 2000, la Sala
Político-Administrativa se declaró incompetente y declinó la
competencia en esta Sala Constitucional.
Mediante oficio n° 2519, del 13 de
noviembre de 2000, la Sala Político-Administrativa antes referida
remitió las actas procesales respectivas a esta Sala Constitucional, para el
conocimiento de la apelación.
Luego de la recepción del expediente de
la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 15 de noviembre de 2000 y se
designó ponente al Magistrado Moisés Troconis V.
El 27 de diciembre de 2000, se
reconstituyó la Sala
y se reasignó la ponencia al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE
LA PRETENSIÓN DE
LA PARTE ACTORA
1.
Alegó:
1.1. Que, el 2 de febrero de
1999, “...se presentan ante las oficinas de (su) representada (...) los
funcionarios Joscar Martínez, William Rafael Bastidas y Rafael Calpavire (...),
autorizados mediante Providencias Administrativas CGRTI-RCE-DF-B-07-015,
CGRTI-RCE-DF-B-07-017, CGRTI-RCE-DF-B-07-016, también respectivamente, todas de
fecha 2 de febrero de 1999, mediante las cuales se les autorizaba para,
separadamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Código
Orgánico Tributario, en concordancia con el artículo 96 de la Ley Orgánica
de Aduanas, efectuar verificación a (su) representada, en materia aduanera,
sobre las operaciones de importación correspondientes a los ejercicios fiscales
1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, compras y ventas y en especial de requerir
los manifiestos de importación sin perjuicio de verificar con exactitud todo lo
relativo a los inventarios...”.
1.2. Que, “...en la misma
fecha 2 de febrero de 1999, el ciudadano Joscar Martínez, en su carácter de
Fiscal Nacional de Hacienda, mediante Acta de Requerimiento
GRTI-RCE-DF-RC-07-015-01, solicita la presentación de una serie de documentos
allí especificados, requerimiento que debía ser cumplido para el 3 de febrero
de 1999...”.
1.3. Que, “...en la misma
fecha (...), el ciudadano Joscar Martínez, antes identificado, mediante Acta de
Embargo GRTI-RCE-DF-AE-07-015-02, procede a practicar embargo preventivo de las
mercancías que la empresa posee en sus locales, fundamentándose en que (su)
representada no presentó los documentos que amparan la propiedad, adquisición o
legal introducción al país, de conformidad con lo establecido en los artículos
96, numeral 6 y 322 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y, a
tal efecto, elabora una relación especificada (provisional), de las mercancías
embargadas preventivamente, donde constan su naturaleza, número y valor...”.
1.4. Que, el 3 de febrero de 1999, la
representación de Corporación Datacorp C.A. entregó a los funcionarios el acta
constitutiva de dicha compañía y la constancia del registro de información
fiscal, “...únicos documentos que (su) representada estaba en condiciones de
presentar, por haber sido constituida el día 01-02-99 y no haber realizado
ningún tipo de importación...”.
1.5. Que, “...en la misma fecha (...),
CORPORACIÓN DATACORP C.A. presenta a los fiscales actuantes, las facturas
comerciales solicitadas en el Acta de Requerimiento (...), a los fines de que
el funcionario que practicó la medida de embargo preventivo, dejara sin efecto
tal medida...”.
1.6. Que, “...en la misma fecha (...) los
mismos fiscales actuantes efectúan un nuevo requerimiento, esta vez, una
explicación escrita y detallada del por qué algunas facturas de compras (...)
se encuentran a nombre de Comercializadora Dataven C.A.; y una explicación de
la relación existente entre empresa y la contribuyente...”.
1.7. Que, el 4 de febrero de
1999, Corporación Datacorp C.A. dio contestación escrita al requerimiento que
fue formulado por los funcionarios. Y que, el 5 de febrero del mismo año, “...los
fiscales actuantes solicitan las facturas comerciales, manifiestos de
importación (formas A y B), planillas de liquidación o autoliquidación
correspondientes a las facturas comerciales emitidas por Comercialiazdora
Dataven C.A., entregadas por (su) representada como soporte de la compra de
parte de la mercancía objeto del embargo preventivo; requerimiento que deberá
satisfacer el 8 de febrero de 1999. Es oportuno hacer notar al Tribunal que
este requerimiento no puede ser cumplido por (su) representada por corresponder
a actos mercantiles de un tercero...”.
2.
Denunció:
La violación a los
derechos a la defensa, a dedicarse a la actividad lucrativa de preferencia, a
la propiedad y garantías constitucionales que establecen los artículos 96, 99 y
68 de la
Constitución de 1961, derivada de la vigencia de la antes
referida medida de embargo.
3. Solicitó:
Que se “...acuerde MANDAMIENTO DE
AMPARO CONSTITUCIONAL, para que los presuntos agraviantes, así como cualquier
otro funcionario o autoridad, se abstenga de ejecutar actos tendentes a
lesionar los derechos constitucionales de (su) representada y acuerde el
levantamiento inmediato de la medida de embargo preventivo que pesa sobre los
bienes propiedad de CORPORACIÓN DATACORP, C.A. de conformidad con los artículos
22, 29, 30 y 32 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales...”.
II
DE LA COMPETENCIA
Por cuanto, con
fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 19.5 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el
conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de
amparo constitucional dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo
de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Y por cuanto, en el caso de autos, la apelación fue elevada respecto del
veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, el extinto Juzgado
Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, esta Sala se
pronuncia competente para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO
DE APELACIÓN
El juez del fallo que fue impugnado juzgó sobre la pretensión de amparo
en los términos siguientes:
“Por todo lo anteriormente expuesto y de las actas
procesales que cursan en el presente Expediente, las cuales han sido estudiadas
y analizadas por este Juzgador, no se desprende ni se observa que las
autoridades fiscales a quienes se les encomendó la tarea de practicar la
investigación fiscal que dio origen a esta Acción de Amparo Constitucional
hayan violado las Garantías Constitucionales que se denuncian como vulneradas
por la
Administración Tributaria y, dado que hay hechos notorios
tales como la efectiva y real propiedad de las mercancías que se encontraban
almacenadas en el domicilio fiscal de la Accionante, así como el cómo y el por qué las
mercancías de la empresa ‘DATAVEN C.A.’ estaban en posesión de la ‘CORPORACIÓN
DATACORP, C.A.’ hechos éstos que no pueden ser resueltos, dilucidados, ni
dirimidos mediante esta Acción de Amparo, y así se declara.
En tal virtud, y en base a las consideraciones
antes efectuadas por este Órgano Jurisdiccional en base a los alegatos y
pruebas aportados por las partes en este juicio, se decide y así se declara que
la presente Acción de Amparo Constitucional es totalmente improcedente y por tal
razón INADMISIBLE por no haber encontrado que la Administración
Tributaria haya violado los Derechos amparados y protegidos
en la Carta Magna
en sus artículos 96, 99 y 68.”
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
La
Sala
observa que el demandante en amparo denunció la supuesta violación a los
derechos a la defensa, a dedicarse a la actividad lucrativa de preferencia y a
la propiedad que acogieron los artículos 68, 96 y 99 de la Constitución
de 1961, que supuestamente fueron vulnerados por los Fiscales Nacionales de
Hacienda Joscar Martínez e Iraima Núñez, quienes suscribieron las actas de
embargo nos GRTI-RCE-DF-AE-07-015-02 y GRTI-RCE-DF-AC-07-015-06 del 2
y 3 de febrero de 1999, respectivamente, por autorización del Jefe de la División de
Fiscalización y el Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Central
del SENIAT. El 3 de marzo de 1999, el extinto Juzgado Superior Segundo de lo
Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda declaró “inadmisible
por improcedente” la demanda de amparo constitucional. El 14 de mayo siguiente,
el demandante apeló pura y simplemente contra el referido fallo.
La
Sala observa
que el solicitante tenía los recursos jurisdiccionales que preceptúa el Código
Orgánico Tributario para el restablecimiento de la situación jurídica
infringida..
Al respecto la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece:
“Artículo 6: No se admitirá
la acción de amparo:/ (...)
5) Cuando el agraviado haya
optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios
judiciales preexistentes (...).”
Observa la
Sala que el demandante no ejerció el medio ordinario preexistente
idóneo y eficaz, tal como lo eran los recursos jurisdiccionales que reconoce el
Código Orgánico Tributario. En consecuencia, no puede pretender el quejoso la
sustitución, con el amparo, del medio o recurso ordinario que preceptúa el
ordenamiento vigente para el restablecimiento de la situación jurídica que
supuestamente fue infringida, pues dichos medios constituyen la vía idónea para
la garantía de la tutela judicial efectiva y sólo cuando no obtengan respuesta
o haya una dilación procesal indebida, pueden los interesados acudir a la vía
del amparo (Cfr., por todas, s.S.C. 848 del 28-07-00, caso: Baca). La admisión de lo contrario
comportaría la desaparición de las vías ordinarias que estableció el legislador
para la eficacia y realización de los derechos e intereses de las partes dentro
de un determinado proceso. Así se decide.
Por tanto, juzga la Sala
que la apelación interpuesta por el demandante debe ser declarada sin lugar y
que la demanda de amparo que se examina es inadmisible, razón por la cual se
confirma, en los términos que anteceden, la decisión que pronunció el Juzgado
Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda. Así se
decide.
Por último, se llama la atención del a
quo constitucional acerca del uso incorrecto de categorías jurídicas
esenciales como procedencia y admisibilidad, las cuales confundió en su
decisión en forma inaceptable; atañedera, la primera, a la concesión total o
parcial de lo que se pretende y que implica una decisión de fondo y, la
segunda, a los presupuestos procesales de la acción, previos, por tanto, al
análisis de la pretensión.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en
nombre de la
República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación que interpuso
el abogado Jorge Omar Vaamonde Carapaica, apoderado judicial de CORPORACIÓN
DATACORP C.A., contra el
fallo que emitió, el 3 de marzo de 1999, el extinto Juzgado Superior Segundo de
lo Contencioso Tributario de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda. En
consecuencia, CONFIRMA,
en los términos que se expusieron,
la sentencia que fue objeto de apelación que declaró inadmisible la demanda de
amparo que interpuso el abogado antes referido, contra las actas de embargo
nos. GRTI-RCE-DF-AE-07-015-02 y GRTI-RCE-DF-AC-07-015-06 del 2 y 3 de febrero
de 1999, respectivamente.
Publíquese, regístrese y devuélvase
el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de agosto de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º
de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El
Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
…/
…
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS
DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/sn.cr.
Exp. 00-3006
