SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta
en autos que, el 16 de mayo de 2003, el ciudadano GRITZKO G. TERÁN, titular de la cédula de identidad no
4.136.122, presentó, ante la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara, escrito continente de demanda de
amparo constitucional a sus derechos fundamentales a la tutela judicial eficaz
y al debido proceso –en particular, a su derecho a la defensa-, conforme a los
artículos 26, 257 y 49, encabezamiento y cardinal 1, de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela; derechos estos que, según
alegó el precitado accionante, fueron vulnerados por el auto de 04 de febrero
de 2002, que expidió la
Jueza Novena del Tribunal de Control del antes señalado
Circuito Judicial Penal, dentro de la causa penal que se sigue contra su ex cónyuge,
ciudadana Mirella Díaz Vizcaya, por la supuesta comisión de delitos que
tipifican el Código Penal y la Ley
sobre la Violencia
contra la Mujer
y la Familia.
Mediante
decisión de 27 de agosto de 2003, la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado
Lara declaró inadmisible la acción, con fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El
accionante interpuso apelación contra el fallo que se mencionó en el párrafo
precedente, mediante escrito que presentó el 01 de septiembre de 2003. Por tal
razón, el a quo, mediante auto de 29 de septiembre de 2003, ordenó la remisión
de las actos procesales correspondientes a la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, para la consulta (sic) que ordena el artículo 35 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
De
la recepción del presente expediente se dio cuenta en esta Sala, por auto de 07
de octubre de 2003, y fue designado Ponente el Magistrado Dr. Pedro Rafael
Rondón Haaz.
I
de la causa
De
la información disponible, conforme a las actas que aparecen insertas en el expediente
se extrae que:
En noviembre de 2001, el quejoso de autos presentó, mediante
escrito, querella penal contra su ex cónyuge, la ciudadana Mirella Díaz
Vizcaya, a quien imputó la comisión de una pluralidad de delitos que especificó
en el predicho escrito (folios 19 al 26);
El 17 de diciembre de 2003, la Jueza Novena de Control, a
quien correspondió el conocimiento de la causa penal que se mencionó en el
anterior aparte, dictó auto mediante el cual señaló que “la institución de la
Defensa está concebida para garantizar así el derecho a la
defensa contenido en el artículo 49 ordinal 1º de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, pero a su vez
la norma constitucional en su artículo 21 ordinal 2º, establece: que la ley
garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad
ante la Ley sea
real y efectiva. Por otra parte, corresponde al Juez de Control controlar el
cumplimiento de los principios y garantías establecidas en el Código Orgánico
Procesal Penal, en la
Constitución de la República, Tratados, convenios o acuerdos
suscritos por la
República”, razón por la cual “instó” al referido querellante a que se hiciera representar o
asistir por abogado, para lo cual le otorgó un plazo de tres días; todo ello,
con el propósito de “mantener el
equilibrio procesal que debe imperar, pues la institución de la defensa pública
está concebida para prestar un servicio para garantizar el derecho a la defensa
para el imputado, acusado o querellado, siendo inconveniente colocar a los
órganos de la institución de la
Defensa frente a frente, todo de conformidad con los
artículos 268 y Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y así se
decide” (folios 27 y 28);
El 04 de enero de 2002, el actual accionante solicitó, ante la Jueza Novena de
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que, conforme a los
artículos 2, 26, 257 y 49 de la Constitución, le fuera asignado un Defensor que
lo asistiera en la antes referida causa penal que se le sigue a su ex cónyuge, “tal como lo hice en el libelo de demanda
por no encontrarme en situación económica para sufragar el presente juicio, así
mismo anexo dos jurisprudencias bajadas por Internet que avalan mi pretensión”
(folio29);
Como respuesta procesal a la solicitud que se expresó en el
anterior aparte, la Jueza Novena
de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara emitió pronunciamiento,
el 04 de febrero de 2002, entre cuyos fundamentos expresó que “es obio (sic) no sólo la persona a quien se le atribuye participación en el hecho
punible está amparada por la garantía constitucional de la defensa y asistencia
jurídica, sino también el acusado o el querellante. Sin embargo, la misma Ley
Fundamental establece que toda persona tiene a ser oída (sic) en cualquier clase de proceso, debe
ejercerse ‘con las debidas garantías’. Y siendo una de las garantías la
asistencia jurídica que le brinde a la persona una efectiva defensa de sus
derechos, se estaría vulnerando este derecho al permitir que un ciudadano
desconocedor del ordenamiento jurídico accione ante un órgano jurisdiccional
sin la debida orientación y asistencia”. Por dichas razones, la Jueza acordó “sugerir al querellante se dirija a una
asociación de protección o ayuda a las víctimas, para que sea esta la que
ejerza la correspondiente acción, o delegue en el Ministerio Público, tal
ejercicio, mediante la interposición de la correspondiente denuncia”, y,
para ello, concedió al predicho querellante un plazo de tres días (folios 30 y
31);
El 07 de febrero de 2002, el ahora quejoso presentó, ante la
referida Jueza de Control, nuevo escrito mediante el cual, por una parte,
rechazó, porque era –a su juicio- inconstitucional la sugerencia que se
mencionó en el anterior aparte y, por la otra, ratificó su pretensión de que le
fuera asignado un Defensor gratuito, de conformidad con el artículo 180 del
Código de Procedimiento Civil (folios 32 y 33);
En relación con la pretensión que se explanó en el
precedente aparte, la legitimada pasiva expidió auto, el 15 de marzo de 2002,
mediante el cual afirmó que, “por cuanto
este Tribunal emitió pronunciamiento definitivo en fecha 4 de febrero de 2002,
se abstiene de emitir un nuevo pronunciamiento sobre los mismos hechos
planteados. Por otra parte y por cuanto no se ejerció el recurso legal correspondiente
dentro del lapso para ello, se acuerda la remisión de las actuaciones al
archivo judicial regional para su depósito y conservación” (folio 37). La
referida orden de archivo judicial fue ratificada mediante auto de 24 de
febrero de 2003 (folio 40);
Como se afirmó ut
supra, el actual quejoso ejerció la acción de amparo constitucional,
mediante escrito que presentó, ante la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado
Lara, el 16 de mayo de 2003;
El a quo
constitucional ordenó al accionante, mediante auto de 21 de mayo de 2003, las
subsanaciones que quedaron señaladas en el predicho acto jurisdiccional; ello,
de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales (folios 12 al 15);
El 03 de junio de 2003, el actual accionante consignó
escrito, con anexos, en cumplimiento de la orden que se señaló en el aparte
precedente. En dicha oportunidad, además, dicho demandante expresó lo
siguiente: “Así mismo, le recuerdo a su
digno despacho que existe un recurso de queja en su contra ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en el asunto principal KP01-0-2002-00050,
esperando su inhibición voluntaria en el término legal, pero en caso de dudas
puedo entregar copias del afirmación…” (folios 18 al 41);
Mediante auto de 06 de junio de 2003, la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Lara ordenó al supuesto agraviado de autos,
en relación con el “recurso de queja” que
señaló en el anterior aparte, la consignación de “copias certificadas del recurso por él referido, a los fines de
constatar la veracidad de sus dichos y analizarlo conforme a derecho…” (folio
42);
El 09 de junio de 2003, el actual accionante consignó
escrito, con anexos, para el cumplimiento de la orden que se mencionó en el
aparte que precede (folios 57 al 65). En la misma oportunidad dicha parte anexó
“jurisprudencia N° 776 del 18/5/01 que
contempla que una vez admitido (amparo) es cuando formalmente hay proceso, en
concordancia con la jurisprudencia 742 del 2000 (caso Rubén Guerra) que
contempla que la asistencia jurídica comienza después de la admisión del amparo
(justicia gratuita) y es en tal sentido en que la recusación contra jueces
empieza después de admitida una demanda en …ilegible… con la asistencia
jurídica, es el caso que la presente recusación se está interponiendo sin la
asistencia jurídica solicitada en el libelo de demanda, en tal sentido ratifico
la asignación de la
Defensoría del Pueblo en el presente caso” (folios 57 al
65);
Mediante escritos que presentó el 20 y el 27 de junio de
2003, la parte accionante solicitó fuera solventado el problema de dilación
procesal que afectaba o podría afectar a su causa, como consecuencia de las
inhibiciones que fueron formalizadas por los miembros de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Lara; en tal sentido, solicitó la asignación
de un nuevo Ponente (folios 66 y 67)
El 17 de junio de 2003, fue levantada acta de inhibición del
Juez José Julián García, de la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado
Lara. De la respectiva incidencia conoció el Juez Presidente del referido
órgano jurisdiccional, quien, por auto de 01 de junio de 2003, declaró con
lugar la predicha inhibición, de conformidad con los artículos 86.8, 87 –del
Código Orgánico Procesal Penal- y 11 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (folios 68 al 75);
Mediante auto de 09 de julio de 2003, la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con base en la aceptación y
juramentación del Suplente Especial de dicho órgano jurisdiccional, dirigida a
la cobertura de la falta temporal que produjo la aceptación de la inhibición
del Juez señalado ut supra, declaró
constituida la Sala Accidental
de la predicha Corte, designó al Presidente de la misma, así como al Ponente en
la presente causa (folios 81 y 82);
El 27 de agosto de 2003, la primera instancia constitucional
sentenció la inadmisibilidad de la acción de amparo, de conformidad con el
artículo 6.5 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales (folios 86 al 92).
Contra la decisión que se mencionó en el aparte que
antecede, el accionante ejerció apelación, mediante escrito que presentó el 1° de
septiembre de 2003 (folios 95 y 96).
Mediante auto de 29 de septiembre de 2003, el a quo ordenó
la remisión de las presentes actuaciones a la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (folio 99).
II
de la pretensión del
accionante
1.
Alegó:
1.1
Que
se interpuso una querella penal contra su ex cónyuge, a quien se le imputó la
comisión de delitos que tipifican el Código Penal y la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, causa esta cuyo
conocimiento fue asignado a la legitimada pasiva, Jueza Novena de Control del
Circuito Judicial Penal del Estado Lara;
1.2
Que,
el 17 de octubre de 2001, la precitada Jueza de Control instó al accionante de
autos a que se hiciera asistir por abogado, para lo cual le otorgó un plazo de
tres días;
1.3
Que,
el 04 de enero de 2002, consignó, en el Tribunal de Control, copia del fallo no
742, que expidió esta Sala, el 20 de junio de 2000 (caso Rubén Guerra) y nuevamente solicitó la asignación de un Defensor;
1.4
Que
la ahora Jueza Novena de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, emitió
auto, el 04 de febrero de 2002, mediante el cual se le sugirió al actual
accionante que “me dirija a una
asociación de protección o ayuda a las víctimas, para que sea quien ejerza la
correspondiente acción, o delegue en el Ministerio Público tal ejecución,
concediéndome de nuevo un plazo de tres días a fin de que cumpla lo planteado”;
1.5
Que,
el 07 de febrero de 2002, presentó informe escrito a la Jueza Novena de Control,
mediante el cual ratificó su alegato de que era inconstitucional la “pretensión” que expresó dicha
jurisdicente, según se refirió en el anterior aparte, por cuanto la misma era
violatoria de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al
acceso expedito a la jurisdicción y al debido proceso, que reconocen los
artículos 2, 26, 257 y 49 de la Constitución;
1.6
Que,
como consecuencia de que no le fue posible la obtención de la asistencia
técnica jurídica, se decretó el archivo judicial de la causa penal que se
refirió ut supra.
2.
Denunció
la violación a sus derechos fundamentales:
2.1
Al
acceso a la justicia, que establece el artículo 26 de la Constitución;
2.2
A
la tutela judicial eficaz, que reconocen los artículos 2, 26 y 257 eiusdem;
2.3
Al
debido proceso, conforme al artículo 49 de la Ley Máxima.
3.
El
accionante concretó su pretensión en los siguientes términos:
“Solicito
a esta digna Corte de Apelaciones muy respetuosamente:
Primero:
Que se anule el auto de 04 de febrero del 2002 del Juzgado de Control N° 9 del
Exp. KP01-P-2001-001967, por ser violatorio a los artículos 2, 6, 257 y 49 de
nuestra Constitución.
Segundo:
Que se ordene al Juzgado de Control N° 9 a dar cumplimiento al art. 4 de la Ley de Abogados.
Tercero:
Que se me asigne a la ‘Defensora del Pueblo’ para la asistencia técnico
jurídica en el presente amparo constitucional conforme al artículo 281 (N° 1 y
3) de nuestra Constitución, donde se me garantice: a) Las garantías mínimas de
defensa, como es la preparación previa entre Defensor y defendido ante la
realización de la audiencia oral, b) La obtención de copias certificadas de
todos el Exp. KP01-P-2001-001967 para ser presentados como elementos
probatorios en la audiencia oral, por haber sido infructuoso obtenerlas
oportunamente en la ocasión solicitada.
Cuarto:
Por poderse presentar inhibiciones en la Corte de Apelaciones de este Circuito, solicito
muy respetuosamente ser tutelado efectiva y jurisdiccionalmente conforme a la
ley, para así obtener respuesta efectiva en el presente amparo”.
III
de la competencia de
la sala
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1,
335 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria,
Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones
respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los
Juzgados Superiores de la
República, salvo de las que pronuncien los Juzgados
Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos,
la apelación fue ejercida contra el veredicto que expidió, en materia de amparo
constitucional, la Corte
de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara, esta Sala se pronuncia competente para
la decisión del recurso en referencia. Así se decide.
IV
de la decisión que
se impugnó mediante la
acción de amparo
1.
El
auto que, el 04 de febrero de 2002, emitió la Jueza Novena de Control
del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y el cual fue el objeto jurídico de
impugnación, mediante el ejercicio de la acción de amparo, se fundamentó en las siguientes
razones:
1.1
Que,
por auto de 17 de diciembre de 2001, la entonces Jueza Novena (Suplente) de
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara se abstuvo de admitir la
querella penal que el actual accionante presentó contra su ex cónyuge, según se
refirió anteriormente, por razón de que dicho acusador no se encontraba
asistido jurídicamente y, por ello, le otorgó a dicha parte un lapso de tres
días para la subsanación de la referida omisión;
1.2
Que,
el 04 de enero de 2002, el actual accionante requirió, mediante escrito, que se
le asignara un Defensor, por cuanto dicho requiriente carecía de recursos
económicos;
1.3
Que
el derecho de audiencia (sic) o de
defensa es reconocido en favor no sólo del imputado o acusado, sino de todas
las partes; ello, en consideración de que la “imposibilidad de indefensión puede y debe referirse a todas ellas”;
1.4
Que
el antes referido derecho
“…se
refiere a la necesidad de ser oído, que en el proceso penal no se satisface
solamente ofreciendo a las partes la posibilidad real de ser oídas, la
posibilidad de argumentar, sino que ha de comprender los dos elementos básicos
de todo proceso: alegar o probar. Se trata de que tanto el acusador como el
acusado han de poder aportar al proceso todos los hechos que estimen adecuados
al objeto del mismo y han de poder utilizar todos los medios de pruebas
legales, pertinentes y útiles para probar los hechos por ella afirmados.
Se
refiere también este derecho a que las partes han de conocer todos los
materiales de hecho y de derecho, que pueden influir en la resolución judicial.
Considerando
lo aportado, es obio (sic) que no
solo la persona a quien se le atribuye participación en el hecho punible está
amparada por la garantía constitucional de la defensa y la asistencia jurídica,
sino también el acusado o el querellante”.
1.5
Que,
no obstante la anterior afirmación, la misma Constitución establece que el
derecho a ser oído en cualquier clase de proceso ha de ejercerse con las
debidas garantías; entre ellas, la de la asistencia jurídica, mediante la cual
se provee a la persona de una efectiva defensa de sus derechos, de suerte que “se estaría vulnerando este derecho al
permitir que un ciudadano desconocedor del ordenamiento jurídico accione ante
un órgano jurisdiccional sin la debida orientación y asistencia”;
1.6
Que,
por la razón que se acaba de señalar, debía sugerirse al querellante –actual
quejoso- que delegara el ejercicio de la acción penal en una asociación de
protección o ayuda a las víctimas, o bien, en el Ministerio Público, mediante
la interposición de la correspondiente denuncia y acordó un plazo de tres días,
para el cumplimiento de dichas gestiones, para el caso de que dicho accionante
insistiera en el mantenimiento de la querella.
V
DE LA DECISIÓN contra
la cual se
ejerció LA APELACIÓN
1.
La
sentencia que, en primera instancia, fue expedida dentro de la presente causa,
fue fundamentada en las siguientes razones:
1.1
Que
el ejercicio del amparo, como mecanismo idóneo para la tutela de derechos y
garantías constitucionales que sean violados o estén amenazados de violación,
fue regulado “casi desde la entrada en
vigencia de la ley respectiva”;
1.2
Que,
en fallo de la extinta Corte Suprema de Justicia, de 14 de diciembre de 1988,
se reiteró el criterio de que cuando existen medios procesales ordinarios
preestablecidos, con destino al restablecimiento de la situación jurídica que
haya sido infringida, tales medios deben ser agotados antes de que pueda ser
ejercida la acción de amparo; de allí que ésta no pueda ser sustitutiva de los
recursos legales preexistentes, mediante los cuales se pueda alcanzar la misma protección
que se pretenda mediante el ejercicio del amparo, ya que, de lo contrario, “el amparo llegaría a suplantar no solamente
esa, sino todas las vías procedimentales establecidas en nuestro sistema de
derecho positivo, situación en modo alguno deseable no deseada por el
legislador”;
1.3
Que
el criterio que se acaba de explicar, fue ratificado por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia; particularmente, en su fallo no 419,
de 12 de marzo de 2002, de acuerdo con el cual la consecuencia del ejercicio
del amparo, sin el agotamiento previo de las vías ordinarias o de los recursos
preexistentes, es la inadmisión de la predicha acción tutelar;
1.4
Que
verificó que el accionante denunció la violación a sus derechos fundamentales a
la tutela judicial eficaz, al acceso expedito a la jurisdicción y al debido
proceso, por razón de la imposibilidad de que fuera provisto de asistencia
técnica jurídica;
1.5
Que
las violaciones constitucionales que denunció el actual quejoso derivaron del
auto que, el 04 de noviembre de 2002, dictó la Jueza Novena de Control, quien,
en lugar de la designación de un Defensor al precitado querellante, que
asistiera a éste en la acusación penal que ejerció contra su ex cónyuge, se
limitó a sugerir a aquél que delegara, en una asociación de protección o ayuda
a las víctimas, o bien, en el Ministerio Público, el ejercicio de la acción
penal, “concediéndole de nuevo un plazo
de tres días a fin de que cumpliera lo planteado”;
1.6
Que,
contra el auto que fue impugnado en la presente causa, el legitimado activo
disponía de la apelación, de conformidad con el Libro Cuarto, Título III,
Capítulo I, del Código Orgánico Procesal Penal;
1.7
Que
el supuesto agraviado de autos no agotó el ejercicio del medio preexistente de
impugnación que se mencionó en el anterior aparte, razón por la cual, de
acuerdo con el criterio que la Sala
Constitucional estableció y ha ratificado, debía declararse
la inadmisibilidad de la acción de amparo.
2.
Con
fundamento en las precedentes razones, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Lara falló, en los siguientes términos:
“En
fuerza de las consideraciones precedentes esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones de este
Circuito Judicial Penal, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
declara inadmisible el presente recurso de amparo constitucional incoado por el
ciudadano Gritzco Terán, titular de la cédula de identidad N° 4.136.122, contra
el Tribunal de Control N° 9 de este Circuito Judicial Penal, en razón de que
este órgano jurisdiccional, el 17/12/2001, (para esa fecha a cargo de la Dra. Dinoratt Pereira) dictó un
auto mediante el cual le instaba a hacerse asistir de abogado y le fijó un
plazo de tres (3) días para el cumplimiento de tal formalidad, y adicionalmente
a ello, mediante auto de fecha 04/02/2002, dicho Tribunal de Control, esta vez
a cargo de la Dra. Blanca
Santana, le sugirió dirigirse a una asociación de protección o ayuda a las
víctimas, para que fuera ésta quien ejerciera la correspondiente acción, o en
su defecto delegara en el Ministerio Público tal ejercicio, mediante la
interposición de la correspondiente denuncia, sugerencia esta interpretada por
el accionante como violación de sus derechos de acceso a la jurisdicción en
forma expedita (art. 26), a la tutela judicial efectiva (arts. 2, 26 y 257) y
al debido proceso (art. 49) al no poder obtener la asistencia técnica jurídica”.
VI
Del recurso de
APELACIÓN
Con
ocasión de la apelación que interpuso contra la decisión de la primera
instancia constitucional, el recurrente:
1. Alegó:
Que, según lo ha establecido la Sala Constitucional, a través
de su fallo no 742, de 19 de julio de 2000, la falta de la
representación o de la asistencia por abogado que exige el artículo 4 de la Ley de Abogados no puede
convertirse en un impedimento para la efectiva vigencia de la garantía
fundamental del acceso a la justicia que, de acuerdo con el artículo 26 de la Constitución,
tiene toda persona, razón por la cual a la actual parte recurrente no le era
oponible la referida disposición legal, como requisito que debiera satisfacer
su demanda o solicitud de amparo, “y
menos para que ella pueda defender sus derechos y garantías constitucionales,
tal como se planteó en el presente amparo, o como en la querella que no fue
admitida por la misma razón, siendo un caso de violencia doméstica donde la Ley (art. 32 de la ley sobre
la violencia contra la mujer y la familia) establece que la denuncia (querella)
podrá ser formulada ante los Juzgados de Primera Instancia en lo penal con
asistencia de abogado o sin ella”; que sería luego de la admisión de dicha
pretensión, cuando el Juez debía asegurar el cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Abogados.
2. Solicitó:
“La nulidad de la sentencia que declara
la presente acción de amparo inadmisible, pues están llenos todos los extremos
exigidos en el art. 6 de la Ley
de Amparos, y se cumplió con lo exigido por la Corte de Apelaciones para su admisibilidad;
En aras de romper con el ritualismo
procedimental estéril y preservando la esencia del art. 26 de nuestra
constitución en lo concerniente a reposiciones inútiles. Solicito a su despacho
la nulidad del auto que rechazó la querella, por no estar asistido de abogado,
pues dicho auto viola el art. 26 de nuestra constitución y la jurisprudencia
del 19 de julio (742 caso Rubén Guerra)”.
VII
MOTIVACIÓN
PARA LA DECISIÓN
1.
Mediante
el presente ejercicio de la acción de amparo, fue impugnado el auto que, el 04
febrero de 2002, dictó la Jueza Novena
de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual “sugirió” al accionante que delegara el ejercicio de la acción
penal en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, o bien, en el
Ministerio Público, mediante la interposición de la correspondiente denuncia y
acordó un plazo de tres días, para el cumplimiento de dichas gestiones, para el
caso de que dicho accionante insistiera en el mantenimiento de la querella.
Para su decisión, la Sala
observa que el objeto de la presente pretensión de tutela constitucional es una
decisión interlocutoria contra la cual el accionante de autos disponía de
medios judiciales preexistentes, tales eran los recursos de apelación, de
conformidad con los artículos 447 y siguientes del Código Orgánico Procesal
Penal, y, según el caso, de nulidad, de acuerdo con el artículo 191 eiusdem. Del examen a las actas
procesales disponibles se evidencia que el actual demandante no agotó tales
medios, los cuales eran suficientes para la provisión de una respuesta eficaz y
oportuna a su reclamo constitucional, en virtud de que, como lo ha establecido
y ratificado reiteradamente esta Sala, el Juez que conociera de tales recursos
era, a su vez, contralor de la constitucionalidad, de conformidad con el
artículo 334 de la
Constitución. Tampoco justificó dicho
accionante el ejercicio anticipado de la acción de amparo, de acuerdo con los
supuestos de admisibilidad que, por interpretación del artículo 6.5 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispuso esta Sala, en su
decisión no 1496, de 13 de agosto de 2001, en la cual estableció lo
siguiente:
“2.-
En consecuencia, es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos
precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las
siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han
sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios
judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará
satisfacción a la pretensión deducida.
La
disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que
el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a
través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento
jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por
lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo
constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria
o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la
consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la
idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución
atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o
restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con
señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto
procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
La exigencia del agotamiento de los recursos a que
se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga
cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente
lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a
utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar
previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de
manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia,
por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el
actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional,
pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.
De cara al segundo supuesto, relativo a que la
acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido
agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando
se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la
pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente
al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.
Alguna de tales circunstancias podría venir dada
cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo
para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional;
en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión
devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa
(lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita
que el procedimiento de amparo); cuando no exista vía de impugnación contra el
hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la
propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones
indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal
como en vía de recurso”.
2.
Esta
Sala ha establecido de manera sostenida, y ratifica en la presente oportunidad,
que el ejercicio de la acción de amparo, sin el agotamiento previo de los
medios judiciales preexistentes de los cuales pueda disponer el pretendiente de
amparo, para la impugnación de una decisión judicial, o bien, sin la
fundamentación del ejercicio anticipado de la referida acción tutelar, es, como
en el presente asunto, causa de inadmisibilidad de la acción de amparo, de
acuerdo con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, lo cual debe necesariamente conducir a la confirmación de la
sentencia de la primera instancia constitucional. Así se declara.
3.
Sin
perjuicio del pronunciamiento de inadmisibilidad que antecede, advierte la Sala que, en el escrito que
presentó, en noviembre de 2001, ante el Tribunal de Control del Circuito
Judicial Penal del Estado Lara, continente de lo que el actual accionante calificó
como querella, calificación jurídica esta que reconoció, en el auto que dictó,
el 17 de diciembre del referido año, la entonces Jueza Novena de Control del predicho
Circuito Judicial, dicho demandante denunció la comisión de delitos de acción
pública, tales como los de falsedad de actos y documentos, calumnia y falso
testimonio, que tipificaban los artículos 323, 241 y 243 (hoy, 322, 240 y 242),
respectivamente, del Código Penal. En tal sentido, debió recordar la referida
jurisdicente que se trata de hechos punibles cuya investigación, para su
comprobación, debió ser ordenada por el Ministerio Público, de conformidad con
el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, de suerte que la predicha
Jueza de Control, una vez que recibió el escrito de querella que consignó el
actual accionante debió haber decidido sobre la admisibilidad de la misma y, en
todo caso, haber notificado –lo cual no está acreditado que hubiera hecho- dicha
decisión al imputado y al Ministerio Público, según lo preceptúa el artículo
296 eiusdem; ello, con el objeto,
entre otros, de que la representación fiscal actuara de la manera que
prescriben los artículos 300 y 301 del referido código procesal. La predicha omisión que se imputa a la
antes mencionada Jueza de Control devino lesiva a los derechos fundamentales del
accionante a la tutela judicial eficaz y al debido proceso que le reconocen los
artículos 26 y 49 de la
Constitución, lo cual obliga a esta Sala, por razones de
orden público constitucional, a la tutela inmediata de los mismos, razón por la
cual debe decretarse, con base en los artículos 191 y 195 del Código Orgánico
Procesal Penal, la nulidad parcial del auto de 15 de marzo de 2002, que emanó
de la Jueza Novena
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en lo que concierne al
decreto de archivo judicial de la causa penal en referencia, y ordenarle a la
predicha jurisdicente la remisión inmediata, al Ministerio Público, de las
actas que corresponden al proceso penal dentro del cual expidió la decisión que
se impugnó en la presente causa; todo, para los efectos que, en este mismo
párrafo, han quedado explicados.
VIII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por
autoridad de la Ley,
1.
Declara SIN LUGAR la
apelación que interpone el ciudadano GRITZKO
TERÁN contra la sentencia que, en la presente causa, dictó la primera instancia;
2.
CONFIRMA la sentencia de 27
de agosto de 2003, mediante la cual la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara declaró inadmisible la acción de
amparo de autos.
3.
Decreta la NULIDAD PARCIAL
del auto de 15 marzo de 2002, referido ut
supra, que dictó la Jueza
Novena del Tribunal de Control del antes mencionado Circuito
Judicial Penal y, en consecuencia, ordena a la referida jurisdicente la
inmediata remisión, al Ministerio Público, de las actas procesales que
corresponden a la causa penal dentro de la cuales fue expedida la decisión que
fue objeto de la presente impugnación, para los efectos que establecen los
artículos 283, 300 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,
a los 12 días del mes de agosto de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º
de la Federación.
La
Presidenta,
LUISA ESTELLA
MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Francisco
Antonio Carrasquero López
…/
…
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO
DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp.
03-2635
