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MAGISTRADA PONENTE:
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Mediante
escrito presentado el 9 de febrero de 2012, ante la Secretaria de esta Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los ciudadanos HENRY ROLANDO ROBERTS, cédula de identidad V-9.414.490 y LUIS FRANCISCO RIERA, cédula de
identidad V-11.095.419, este ultimo abogado debidamente inscrito ante el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 141.112, “(…) a fin de exponer y
solicitar: ‘DEMANDA DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Y RECURSO DE NULIDAD ABSOLUTA DEL ARTICULO (sic) 59 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL
PENAL, EJERCIDO CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTEIAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS’, con el propósito de garantizar a los ciudadanos
venezolanos el fiel cumplimiento de la finalidad del Proceso Penal, el debido
proceso, el Derecho a la Defensa y los Derechos Humanos (…)”.(Mayúsculas y negrillas propias del escrito)
El
14 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al entonces
magistrado Juan José Mendoza Jover.
El
14 de marzo de 2012, el ciudadano Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala diligencia contentiva de recortes de
periódico “… donde se deja ver como
venezolanos ilustres son acusados fuera de nuestro territorio…” en la misma
también solicitó pronunciamiento judicial, ese mismo día consigno escrito con 495
firmas pertenecientes a los internos procesados y penados del internado
judicial del estado Bolívar, que se hacen solidaros y se adhieren a este
recurso.
El
15 de mayo de 2012, esta Sala dictó sentencia número 0630-2012, en donde admitió para su tramitación la
demanda de nulidad interpuesta por los ciudadanos Henry Rolando Roberts y Luis Francisco Riera, contra el artículo 59 del Código Orgánico
Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930 del 04
de septiembre de 2009, asimismo remitió el expediente al Juzgado de Sustanciación de
esta Sala, a fin de que practique la citación del Presidente de la República.
Igualmente se ordenó notificar al Fiscal General de la República, al Defensor
del Pueblo y al Procurador General de la República, a tal fin se remita a los
aludidos funcionarios copia certificada del escrito contentivo de la demanda de
nulidad y del presente auto de admisión. También se ordenó notificar de la
presente admisión a la parte accionante y se ordena el emplazamiento de los
interesados mediante cartel, asimismo se declaró improcedente la solicitud de
medida cautelar solicitada por la parte
recurrente.
El
30 de mayo de 2012, el ciudadano Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala diligencia donde solicita pronunciamiento
de la Sala.
El 28 de junio de
2012, se recibe en esta Sala las actuaciones donde el abogado Luis Francisco Riera, se da por notificados de la admisión de la demanda
de nulidad interpuesta, asimismo consignan escrito donde solicita celeridad en
el proceso.
El 25 de julio de 2012, esta Sala
acuerdó librar notificaciones respectivas al Procurador General de la
República, Defensor del Pueblo y Fiscal General de la República, así como
cartel de emplazamiento; esto a fin de que, en un lapso de diez días hábiles,
las partes presenten escritos para la defensa de sus intereses y promuevan
pruebas si lo estiman pertinentes.
El 13 de noviembre de 2012, los ciudadanos Henry Rolando Roberts y Luis Francisco Riera,
reciben cartel de notificación.
El
22 de noviembre de 2012, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala cartel debidamente publicado en la
prensa nacional el día 14 de noviembre de 2012.
El
23 de enero de 2013, el abogado Jesús Roberto Villegas Montero, actuando en este acto en nombre del Procurador
General de la República, consignó ante la Secretaría de esta Sala donde
solicita declare sin lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad
incoado por los ciudadanos Henry Rolando Roberts y Luis Francisco Riera, contra el artículo 59 del Código Orgánico
Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930 del 04
de septiembre de 2009.
El
23 de enero de 2013, los abogados María Delgado Graterol, Cruz Febres, Jesús
Millán Alejos, José Gregorio Rojas y Reinaldo Adrian Ochoa, actuando en este acto en nombre de la Asamblea
Nacional, consignaron ante la Secretaría de esta Sala escrito donde solicita
declare sin lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad incoado por
los ciudadanos Henry Rolando
Roberts y Luis Francisco Riera,
contra el artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930 del 04 de septiembre de 2009.
El
23 de enero de 2013, los abogados Jesús Antonio Mendoza Mendoza, Eneida Fernández Da Silva, Javier Cerrada, Jasmin
Cuevas Morales, Dolimar Larez y Lucelia Castellanos, actuando en este acto en
nombre de la Defensoría del Pueblo, consignaron ante la Secretaría de esta Sala
escrito donde solicita declare sin lugar el recurso de nulidad por
inconstitucionalidad incoado por los ciudadanos Henry Rolando Roberts y Luis Francisco Riera, contra el artículo 59 del Código Orgánico
Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930 del 04
de septiembre de 2009.
El 21 de febrero de 2013, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala escrito solicitando que pruebas
documentales presentadas sean admitidas.
El
28 de febrero de 2013, la abogada Carolina Segura Gualtero, actuando en este acto como Fiscal Tercera del
Ministerio Publico ante las Salas de Casacion y Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, consignó ante la Secretaría de esta Sala escrito donde
solicita declare sin lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad
incoado por los ciudadanos Henry Rolando Roberts y Luis Francisco Riera, contra el artículo 59 del Código Orgánico
Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.930 del 04
de septiembre de 2009.
El 21 de mayo de 2013, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala escrito donde ratificó su solicitud de
nulidad absoluta incoada.
El 08 de agosto de 2013, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala diligencias mediante las cuales
solicitó pronunciamiento en la presente causa.
El 16 de octubre de 2013, se ordenó la remisión de las
presentes actuaciones a la Sala Constitucional a los fines del pronunciamiento
correspondiente.
El
31 de octubre de 2013, se designó ponente al entonces magistrado Juan José
Mendoza Jover.
El 16 de enero de 2014, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala escrito donde ratificó su solicitud de
nulidad absoluta incoada y solicitó pronunciamiento en la presente
causa.
El 12 de junio de 2014, los abogados Ramón Aranguren Carrero y Ricardo Rafael Reyes Rincón, consignaron ante la Secretaría de esta Sala poder
especial otorgado por el ciudadano Henry
Rolando Roberts, a fin de que puedan actuar a su nombre en la
presente causa.
El 2 de julio de 2014, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala escrito donde ratificó su solicitud de
nulidad absoluta incoada y solicitó pronunciamiento en la presente
causa.
El 8 de julio, 7 de agosto y 17
de diciembre de 2014, los abogados Ramón Aranguren Carrero y Ricardo Rafael Reyes
Rincón, consignaron ante la Secretaría de esta Sala escritos
donde solicitaron pronunciamiento en la presente causa.
Los días 8 y 29 de enero, 4 y 18 de febrero y 12 y 17
de marzo de 2015, los abogados Ramón Aranguren Carrero, Sergio Aranguren Carrero y
Ricardo Rafael Reyes Rincón,
consignaron ante la Secretaría de esta
Sala diligencias en donde solicitaron pronunciamiento en la presente
causa.
El 19 de marzo de 2015, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala escrito donde ratificó su solicitud de
nulidad absoluta incoada y solicitó pronunciamiento en la presente
causa.
Los días 14 y 15 de abril de 2015, los abogados Ramón Aranguren Carrero, Sergio Aranguren Carrero y Ricardo Rafael Reyes
Rincón, consignaron ante la Secretaría de esta Sala diligencias
en donde solicitaron pronunciamiento en la presente causa.
Los días 19 de marzo, 30 de abril
y 20 de mayo de 2015, el abogado Luis Francisco Riera, consignó ante la Secretaría de esta Sala escritos
donde ratificó su solicitud de nulidad absoluta incoada y solicitó pronunciamiento
en la presente causa.
El 14 de julio de 2015, los abogados Ramón Aranguren Carrero, Sergio Aranguren Carrero y Ricardo Rafael Reyes
Rincón, consignaron ante la Secretaría de esta Sala diligencia en
donde solicitaron pronunciamiento en la presente causa.
El 29 de julio de 2015, la abogada Eneida Fernández Da Silva, actuando en representación de la Defensoría del
Pueblo, consignó ante la Secretaría de
esta Sala diligencia en donde solicitó pronunciamiento en la presente
causa.
El 29 de septiembre de 2015, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala escritos donde solicitó pronunciamiento
en la presente causa.
El 28 de octubre de 2015, el abogado Ramón Aranguren Carrero, consignó ante la Secretaría de esta Sala diligencia en
donde solicitó pronunciamiento en la presente causa.
El 10 de diciembre de 2015, la abogada Eneida Fernández Da Silva, actuando en representación de la Defensoría del
Pueblo, consignó ante la Secretaría de
esta Sala diligencia en donde solicitó pronunciamiento en la presente
causa.
El 30 de marzo de 2016, el abogado Fermín
López, consignó ante la Secretaría
de esta Sala poder especial otorgado a él y al abogado Enrique Antonio Garcés
por el ciudadano Henry Rolando Roberts,
a fin de que puedan actuar a su nombre en la presente causa.
El 6 de julio de 2016, el abogado Enrique
Antonio Garcés, consignó
ante la Secretaría de esta Sala diligencia en donde solicitó pronunciamiento
en la presente causa.
Los días 15 de diciembre de 2016 y 31 de mayo de 2017, el abogado Fermín López, consignó ante la Secretaría de esta Sala diligencias
en donde solicitó pronunciamiento en la presente causa.
El 5 de junio de 2017, el abogado Sergio Aranguren Carrero, consignó ante la Secretaría de esta Sala diligencia en
donde solicitó pronunciamiento en la presente causa.
El 15 de noviembre de 2017, 2 de mayo y 6 de noviembre de 2018, el
abogado Fermín López, consignó ante la Secretaría de esta Sala diligencias
en donde solicitó pronunciamiento en la presente causa.
El 9 de mayo de 2019, el ciudadano Henry
Rolando Roberts, consignó
ante la Secretaría de esta Sala diligencia en donde solicitó pronunciamiento
en la presente causa.
El 21 de noviembre de 2019, el abogado Luis Francisco Riera,
consignó ante la Secretaría de esta Sala escritos donde solicitó pronunciamiento
en la presente causa.
El
27 de abril de 2022, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la
incorporación de los magistrados y magistradas designados por la Asamblea
Nacional en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022, publicada en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.696,
Extraordinario de fecha 27 de abril de 2022; quedando integrada de la siguiente
forma: magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta; magistrada
Lourdes Benicia Suárez Anderson, vicepresidenta; y los magistrados y
magistradas Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Tania D'Amelio Cardiet.
El
2 de mayo de 2022, se reasignó la ponencia a la magistrada Gladys María
Gutiérrez Alvarado.
En virtud de la licencia
autorizada por la Sala Plena de este Alto Tribunal al Magistrado doctor Calixto
Ortega Ríos y la incorporación de la magistrada Michel Adriana Velásquez
Grillet, contenida en el acta del 27 de septiembre de 2022, esta Sala queda constituida
de la siguiente manera: magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta;
magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, vicepresidenta; magistrados Luis
Fernando Damiani Bustillos, magistrada Tania D'Amelio Cardiet y magistrada
Michel Adriana Velásquez Grillet.
El
6 de diciembre de 2022, se reasignó la ponencia a la magistrada Lourdes Benicia
Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado
el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta
Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS
DEL RECURSO DE NULIDAD
Alegó la
representación legal de la parte demandante, como fundamento de su pretensión,
lo siguiente:
Que “(…) la norma contenida en el artículo 59 del Código
Orgánico Procesal Penal, menoscaba Derechos Humanos, por cuanto que su aplicación
corresponde a situaciones no definidas en la Ley Adjetiva Penal, que pueden colidir
con preceptos constitucionales, y en un momento determinado pueden vulnerar
para el Justiciable el Derecho a la Igualdad ante la Ley; igualmente su
indebida aplicación amenaza la Violación del Debido Proceso, colocando en
riesgo Derechos y Garantías objeto de protección de Derechos Humanos, tales
como la Libertad Individual, el Honor y Reputación de ciudadanos Venezolanos,
que pueden ser perseguidos por delitos Investigados y consumados fuera del
Territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sin las debidas garantías;
citando el Derecho a la defensa, como la garantía más afectada, coloca esta
norma (…)”.
Que “(…) Del contenido de los elementos estructurales de la Norma que se solicita
su Nulidad Absoluta por este Máximo Tribunal de la República, se observa una
incertidumbre en cuanto a la aplicación de la misma, al señalarse:
‘...cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, será
competente, si no existe tribunal designado expresamente por la Lev
Especial...’.
Al referirse al proceso, por estar contenida esta norma en la Ley
Adjetiva Penal, debe entenderse el Proceso de enjuiciamiento que debe seguirse,
conforme al sistema Acusatorio implementado en nuestro País.
Señala dos situaciones para el proceso penal iniciarse o proseguirse en
Venezuela por Delitos Consumados en Territorio Extranjero:
a) ‘...cuando el proceso pueda seguirse en Venezuela,
o..’
b) ‘...cuando el proceso deba seguirse en Venezuela...’.
De tal manera que no define esta Norma, estos supuestos procesales para
determinar, cuando se puede o cuando se debe seguir un proceso penal en
Venezuela por Delitos Investigados y Consumados en Territorio Extranjero.
Continúa señalando el referido artículo 59 del Código
Orgánico procesal Penal, la situación en la cual debe atribuirse la Competencia
por Territorio a un Tribunal Venezolano, para conocer la causa por delitos
Investigados y Consumados en el Territorio extranjero señalando:
‘...si no existe tribunal designado expresamente por la Ley
Especial...’,
Atribuyéndose la Competencia Territorial bajo dos circunstancias o
supuestos:
a) Si ha residido en la República
Bolivariana de Venezuela será Competente:
‘...el que ejerza la jurisdicción en el lugar donde este situada la
última residencia del imputado o imputada;’.
b) Si no ha residido en la
República Bolivariana de Venezuela será Competente:
‘...el del lugar donde arribe o se encuentre para el momento de
solicitarse el enjuiciamiento.’ (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado propias del escrito).
Que “(…) se observa un elemento primordial para el enjuiciamiento, y es la
presencia o presunción de actuación delictual del presunto Imputado en el
Territorio Extranjero, señalando la norma, la última residencia que tuvo el
Imputado o imputada en el territorio venezolano, o del lugar donde arribe o se
encuentre para el momento se solicitarse el enjuiciamiento, se constituye como
una norma que puede evitar la Impunidad de Delitos cometidos por ciudadanos
venezolanos en territorio extranjero, mas sin embargo, su aplicación sobrepasa
los principios que garantizan el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y su
conjugación con otras normas penales, violenta el Principio de Territorialidad
y la Soberanía del Territorio Venezolano, razones suficientes para que esta
Sala Constitucional realice un profundo análisis y declare la Nulidad Absoluta
de la referida Norma por ser inconstitucional. (…)”.
Que “(…) Constituye la aplicación del artículo 59 del Código Orgánico Procesal
Penal, un instrumento legal que puede materializar gravamen irreparable a
personas inocentes, permite sean perseguidos por los órganos jurisdiccionales,
solo con las difusiones falsas o incongruentes emitidas por Medios de
Comunicación Nacionales y Extranjeros, con el único propósito de dañar la
imagen de nuestra Patria y nuestra Soberanía. (…)”.
Que “(…) El Artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal, puede
generar una interpretación errada, por los operadores de nuestro sistema de
Justicia, y permitir se inicie un ilícito enjuiciamiento, en menoscabo al
Derecho a la Defensa, protegido por nuestra Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, una vez que existe el menoscabo, en el sentido que al
justiciable o su representante legal ‘le es imposible poder acceder a las
pruebas y disponer de los medios adecuados para ejercer su defensa’, como
lo señalare fundado en argumentos jurídicos, en la presente solicitud de
Nulidad Absoluta de la referida norma adjetiva penal (…)”.(Negrillas propias
del escrito)
Que “(…) El Artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal, permite la
persecución penal, constituyendo en nuestro Derecho Interno, un ámbito procesal
penal internacional, implementando en nuestro ordenamiento jurídico, un Derecho
Procesal Penal Internacional sin las Debidas Garantías.
La norma de la cual se solicita su Nulidad absoluta, no prevé, un
procedimiento licito para que sea utilizado por el Ministerio Publico, en
Investigaciones producidas fuera del ámbito de competencia territorial
venezolano, la representación fiscal no posee titularidad para proseguir su
acción en el ámbito internacional, su limitación de actuación está contenida en
leyes vigentes que describen su competencia en relación al enjuiciamiento solo
con un marco de actuación en el Territorio Venezolano (…)”. (Negrillas propias
del escrito).
Que “(…) El Articulo 59 de la Ley adjetiva penal, refiere la competencia
para el proceso penal por delitos investigados o consumados en territorios
extranjeros, pero indica limitaciones de forma abstracta, que crean, duda e
incertidumbre, en las causas que pudieran llevarse en Venezuela, por delitos
consumados en el Extranjero, no describe un procedimiento en garantía del
Debido Proceso y el Derecho a la Defensa al efecto señala la norma ‘cuando
el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, será competente, si no existe
tribunal designado expresamente por la Ley Especial,...’. Sin señalar
objetivamente, cuando se puede o debe seguir el Proceso en Venezuela. (…)”. (Negrillas y subrayado propias del
escrito).
Que “(…) No describe el artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal una
conceptualización objetiva de cuando "se debe o se puede" realizar
un proceso penal a un justiciable, por cuanto las acepciones jurídicas
contenidas actualmente en la norma que se requiere sea decretada de Nulidad
Absoluta, son indefinidos para su aplicabilidad. En cuanto al Debido Proceso y
la aplicación del Derecho en la consecución de la actividad procesal, de lo
antes expuesto, se infiere que la representación del Ministerio Publico debe
conocer cuáles son sus atribuciones legales y el juzgador, cuales serian los
límites de la actuación fiscal en garantía de dar estricto cumplimiento a la
Tutela Judicial efectiva del Estado.
En el caso que nos ocupa, entiende el solicitante,
que si el Ordenamiento Jurídico crea a futuro normas que garanticen el Derecho
a la Defensa, para poder acceder a las Pruebas producidas en Territorio
Extranjero, y a disponer de los medios adecuados y efectivos para ejercer la
Defensa del Investigado o Imputado, cuestionado por Delitos Investigados o
Consumados fuera del Territorio Venezolano; constituiría los únicos supuestos
legales en los cuales se podría perseguir, procesar y solicitar el
enjuiciamiento en nuestro País, a ciudadanos venezolanos por delitos consumados
en el extranjero (…)”. (Negrillas propias del escrito)
Finalmente solicitan que “(…) 1- Con el debido respeto, de esta Sala
Constitucional, en cuanto a las consideraciones realizadas, respetuosamente
Solicito sea admitida, sustanciada y declarada con lugar, la NULIDAD
ABSOLUTA DEL ARTICULO 59 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, en [su] condición de solicitante, he
realizado la presente, con el propósito que sean protegidos los ciudadanos y
ciudadanas Venezolanos, investigados y procesados por delitos consumados fuera
del ámbito territorial de la República Bolivariana de Venezuela, el Debido
Proceso y el Derecho de la Defensa con el único propósito de materializar la
libertad de pensamiento, garantizada por nuestra Carta Magna.
2.- Por los razonamientos esbozados, para proteger a
los Ciudadanos y Ciudadanas Venezolanos, de una inconstitucional persecución en
un eventual proceso penal, y garantizar el
Debido Proceso a los Ciudadanos y Ciudadanas Venezolanos que se
encuentran procesados por la Justicia Venezolana, a consecuencia de delitos
Investigados y Consumados en Territorio Extranjero, por cuanto actualmente
existe la amenaza de violación del Debido Proceso y Derechos Humanos,
proyectado hacia el Colectivo, respetuosamente, en fundamento en las anteriores
consideraciones respetuosamente solcito, de conformidad con lo pautado los
artículos: 51 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela en concordancia a los dispositivos legales previstos en el
articulo!3() de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; así como
artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Evil, Solicito sea decretada medida CAUTELAR INNOMINADA DE SUSPENSIÓN DE
EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, a los fines de evitar la continuación de
la lesión de los derechos constitucionales denunciados, una vez que, el
artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal, violenta en el
proceso penal Derechos y Garantías Constitucionales, ya señaladas. (…)” (Mayúsculas,
subrayado y negrillas propias del escrito).
II
COMPETENCIA
Esta
Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente acción de
nulidad por razones de inconstitucionalidad de la Ley que autoriza al
Presidente de la República para Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en
las materias que se delegan (LEY HABILITANTE) publicada en la Gaceta Oficial
n.° 6.009 extraordinaria de 17 de diciembre de 2010.
En tal sentido, conforme a lo
dispuesto en el artículo 336, numeral 1 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 25, numeral 1 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala Constitucional declarar
la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos de rango de
ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Por tanto, como quiera que en el presente caso se
demanda la nulidad por inconstitucionalidad del artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria № 5.930 del 4 de septiembre
de 2009 (artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal vigente), su
conocimiento corresponde a esta Sala Constitucional. Así se declara.
III
CONSIDERACIONES
PARA DECIDIR
Precisado lo anterior, se evidencia
entre las actuaciones de la parte actora que desde el 21 de noviembre de
2019, oportunidad en la
cual el abogado Luis Francisco Riera, consignó ante la Secretaría de esta
Sala escritos donde solicitó pronunciamiento, hasta la presente fecha, hubo una absoluta inacción de
la parte actora en impulsar la causa.
En tal sentido, vale la pena indicar
que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto
en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de
la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del
proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la
acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante,
que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los
órganos de administración de justicia (vid. sentencia de esta Sala
N° 416 del 28 de abril de 2009).
Por ello, estima la Sala menester
reiterar su criterio conforme al cual el interés procesal surge de la necesidad
que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se
encuentra, de que a través de la administración de justicia el Estado le
reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo. En
tal sentido, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y
ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal
se traduce en el decaimiento y extinción de la acción, la cual puede ser
declarada aún de oficio por no existir razones para que se movilice el órgano
jurisdiccional (vid. sentencia de esta Sala N° 686 del 2 de
abril de 2002).
Ahora bien, la presunción de pérdida
del interés procesal puede ocurrir en dos casos de inactividad: antes de la
admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de
sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la
oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de
decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
En efecto, dicho criterio fue
establecido por esta Sala en su decisión N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001,
caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”, en la cual señaló lo siguiente:
“…En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia
de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe
subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que
denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en
que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el
juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un
tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene
interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido
a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo
cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción
del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se
sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la
sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido…”.
Concretamente, en los casos en los cuales se observa falta de interés de la
parte actora antes de la admisión de la demanda, la Sala señaló en su sentencia
N° 870 del 8 de mayo de 2007 que: “…la pérdida del interés durante la
tramitación de un proceso, puede ocurrir aun antes de ser admitida la causa,
cuando interpuesta la demanda, solicitud o querella, el demandante no insta al
órgano jurisdiccional para que dé el trámite respectivo, dejando transcurrir un
tiempo suficiente, el cual en muchas oportunidades resulta prolongado e
indefinido, actitud que denota negligencia, y hace presumir al juez que el
actor realmente no tiene interés en obtener una solución al caso planteado y se
administre la justicia que ha clamado al momento de interponer la demanda”.
Igualmente, la Sala en su decisión N° 1.086 del 7 de agosto de 2014,
señaló que “[e]n efecto, tal como estableció esta Sala en la sentencia Nº
2673 del 14 de diciembre de 2001, caso DHL Fletes Aéreos, C.A., el interés
procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso,
sino a todo lo largo del devenir del juicio, pues de lo contrario, ocurre la
extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la
pérdida del interés procesal. Incluso estando la causa en estado de sentencia,
si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año
(Vid. sentencias números 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras)”.
Así las cosas, esta Sala advierte que
en el presente caso se evidencia la pérdida del interés de la parte actora en
la continuación de la causa toda vez que, tal como se señaló precedentemente,
del 21 de noviembre de 2019, hasta la presente fecha, no había realizado ninguna
actuación procesal tendente a impulsar la causa, situación que evidencia la
ausencia de actividad procesal por más de un (1) año.
En consecuencia de lo anterior y sobre
la base de las citadas jurisprudencias, resulta forzoso para este máximo Tribunal
declarar en el presente caso la pérdida del interés procesal y el abandono del
trámite, ya que no se aprecia ninguna causa de orden público en la resolución
de la presente causa (vid. sentencia de esta Sala N° 996 del 23 de
noviembre de 2016). Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por
los anteriores razonamientos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad
de la Ley, declara:
PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL por el ABANDONO DEL TRÁMITE en
el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercido por los
ciudadanos HENRY ROLANDO ROBERTS y LUIS FRANCISCO RIERA, este ultimo
abogado, “(…) a fin de exponer y solicitar: ‘DEMANDA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS Y RECURSO DE NULIDAD ABSOLUTA DEL ARTICULO (sic) 59 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL
PENAL, EJERCIDO CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTEIAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS’, con el propósito de garantizar a los ciudadanos
venezolanos el fiel cumplimiento de la finalidad del Proceso Penal, el debido
proceso, el Derecho a la Defensa y los Derechos Humanos (…)”.
Publíquese y regístrese. Archívese el
expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días
del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023). Años: 213º de
la Independencia y 164º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
La
Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ
ANDERSON
Ponente
Los Magistrados,
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
TANIA D´AMELIO
CARDIET
MICHEL
ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA
USECHE
12-0227
LBSA