SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE:
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante escrito
presentado el 25 de abril de 2006, el abogado Justo Morao Rosas, inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 3.316, actuando con el
carácter de apoderado judicial del INSTITUTO
DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES (IPASME), interpuso acción de amparo constitucional
contra la sentencia dictada el 13 de enero de 2006, por la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo.
El 27 de abril de 2006
se dio cuenta del escrito presentado y se asignó la ponencia del caso a la Magistrada Carmen
Zuleta de Merchán.
El 5 de octubre de 2006,
el abogado Justo Morao Rosas presentó diligencia mediante la cual manifestó continuar
teniendo interés en que se decidiera el presente amparo.
Efectuado el estudio de
las actas que conforman la presente causa, esta Sala procede a dictar decisión,
previas las consideraciones siguientes:
I
DEL AMPARO
La presente acción se
fundamenta en los siguientes antecedentes y argumentos:
Que “[l]a ciudadana MIRLA ZORAIDA GUTIÉRREZ
ZAMBRANO, actuando en su propio nombre y en representación de su menor hijo, (…)
demanda en amparo al INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL
PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME) por conducta omisiva del
Instituto con relación a: 1) No haber investigado las verdaderas causas que
produjeron la alteración de las condiciones en el hábitat laboral en que la
agraviada presta sus servicios y contrajo la intoxicación mercurial; 2) No
haber sometido a la agraviada a un riguroso examen para determinar con
exactitud los daños ocasionados a su salud como resultado de la intoxicación
mercurial crónica que padece; 3) Al no tomar las medidas necesarias de carácter
sanitario que protejan el ambiente en el cual la agraviada presta servicios; y
4) Al no atender a la solicitud de la agraviada de que sea recluida en un
centro especializado que le garantice y permita detener el progresivo deterioro
de sus condiciones físicas y psíquicas mediante un tratamiento médico adecuado”.
Que la mencionada
ciudadana “[a]legó que se ha desempeñado
ininterrumpidamente durante ocho (8) años, en el cuerpo de médico general, en
el IPASME Delegación Tovar del Estado Mérida, ejecutando sus labores en la
planta física en las distintas áreas de su hábitat de trabajo. Que a mediados
del año 2001, presentó una serie de síntomas de alteración de salud, tales
como: Cansancio, dolor a nivel del cuello, decaimiento, cefalea, dolores abdominales,
dolores articulares, visión borrosa, sabor metálico, parestesia, mialgias,
artralgias, trismo a nivel mandibular, ansiedad, presión, alucinaciones
auditivas, hipertensión arterial, trastornos al hablar, cambios de números al
escribir. Que posteriormente se le presentaron nuevos síntomas a nivel
neurológico y a nivel psiquiátrico. Que el mismo año, mantuvo embarazo de
treinta y cinco semanas y treinta y cinco días, y ambos fueron sometidas a
estudios biológicos y les fueron diagnosticados intoxicación mercurial y a su
menor hijo argirismo congénito. Que en base al derecho a la salud y en
consecuencia a la vida, pide que el IPASME y Delegación Tovar le sufrague los
gastos del tratamiento médico y la rehabilitación si fuera necesario, así como
cualquier otro gasto que se derive con todo lo relacionado con la salud de los
accionantes. También solicita el pago de los salarios mientras dure el
tratamiento y la hospitalización. De igual forma pide al Tribunal nombre a una
junta médica para que determine el tratamiento a seguir y que señale además si
puede reintegrarse a su trabajo, previa evaluación del hábitat laboral”.
Que “[l]a demanda fue admitida por el Tribunal
Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Mérida, y cumplidos los trámites de
citación de la parte agraviante se realizó la audiencia constitucional donde
las partes promovieron pruebas referidas a dictámenes médicos, y concretamente
el INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
(IPASME) presentó en dicha oportunidad pruebas de experticia donde se deja
constancia que en las instalaciones del IPASME Tovar no existe grado de
contaminación”.
Que “[s]in embargo, la Juez Tercero de Primera
Instancia de Juicio del Trabajo, luego del correspondiente análisis de las
pruebas aportadas, concluye decidiendo en la siguiente forma: ‘Por todas las
razones anteriormente expuestas, es por lo que esta sentenciadora considera que
existen suficientes elementos para tener la firme convicción de que la
accionante y su menor hijo, han sido víctimas de la contaminación mercurial y
que lo más probable es que dicha INTOXICACIÓN mercurial haya sido contraida (sic)
en el Instituto de Previsión y Asistencia
Social para el Ministerio de Educación (IPASME), Delegación Tovar del Estado
Mérida, donde ha venido prestando sus servicios. También se ha llegado a la
conclusión de que dicha intoxicación por vapores mercuriales ha dejado secuelas
patológicas sobre la ciudadana MIRLA ZORAIDA GUTIÉRREZ ZAMBRANO y en su menor
hijo (…) haciéndose necesaria una atención médica adecuada e inmediata.
Asimismo, este Tribunal declara que el Instituto de Previsión y Asistencia
Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), Delegación Tovar
del Estado Mérida, ha omitido en prestarle la adecuada e inmediata atención médica especializada al
accionante MIRLA ZORAIDA GUTIÉRREZ ZAMBRANO y en su menor hijo (…) violando el
derecho a la salud y en consecuencia a la vida, consagrado en los artículos 43
y 83 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, dicho derecho constituye una
potestad que tienen los ciudadanos de exigir del Estado la prestación del
servicio público de salud, constituye un derecho público subjetivo, cuya
protección se puede invocar por este medio. Así se decide”.
Que “[d]e esta decisión –dictada en fecha 7 de
octubre de 2005- apeló formalmente en fecha 11 de octubre de 2005, el
representante del Instituto accionado IPASME, la cual fue debidamente admitida
por el citado Tribunal Tercero de Juicio del Trabajo del Estado Mérida
(…)”.
Que “… la acción de amparo, de acuerdo con el
criterio del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Mérida, fue tramitada de conformidad con
lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, por cuya razón fue remitido el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, con Sede en Caracas, quien asumió la competencia para conocer
en el caso (sic) y se atribuyó el
carácter de Juez de Primera Instancia, y con tal condición negó la apelación
interpuesta por el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal
del Ministerio de Educación (IPASME) y decidió definitivamente la causa,
confirmando el fallo dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de
Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Mérida
de fecha 7 de octubre de 2005, procediendo igualmente a devolver el expediente
al mencionado Tribunal del Trabajo para su ejecución”.
Que “…una vez recibido el expediente por el
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Estado Mérida,
el abogado GENIS ARBEY NAVARRO SERNA inmediatamente presentó demanda de
intimación de honorarios profesionales contra el Instituto de Previsión y
Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), que
fue admitida por el propio Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del
Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Mérida,
ordenando la intimación del demandado, la cual se realizó en fecha 11 de abril
de 2006. En este sentido cabe destacar que la admisión de la demanda de
honorarios violentó la prerrogativa o privilegio procesal de que goza el IPASME
como instituto autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio,
infringiéndole de la misma manera la doctrina de la Sala Constitucional en la
materia”.
Que “…cabe señalar que la tutela judicial
efectiva, el derecho a la defensa, el debido proceso y la igualdad de los
ciudadanos ante la ley, fueron infringidos por la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo en la
Sentencia (sic) dictada
en fecha 13 de enero de 2006…”.
Respecto al primero de
los derechos denunciados, manifestó que “…
la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo no debió conocer en el proceso de amparo
intentado por la ciudadana MIRLA ZORAIDA GUTIÉRREZ ZAMBRANO, y su menor hijo; y
mucho menos debió sentenciar la causa, tal como lo hizo según fallo dictado en
fecha 13 de enero de 2006, ya que al actuar de esta manera usurpó una
competencia que constitucionalmente no le correspondía y tácitamente derogó la
jurisdicción especial laboral que expresamente señala que todo lo relacionado
sobre derechos y garantías constitucionales en materia laboral compete a los
tribunales del trabajo”.
En lo referente al
derecho a la defensa y al debido proceso, se destacó que “… mi representad[a] apeló de la sentencia dictada por el Tribunal Tercero de Juicio del
Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Mérida,
recurso éste que fue admitido y remitido el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, quien atribuyéndose el carácter de Tribunal de Primera
Instancia anuló el auto que admitía la apelación, vulnerando de esta manera el
derecho de una parte de disponer de los recursos que consideró adecuados para
ejercer una defensa contra la sentencia dictada en su contra”.
Aunado a ello, agregó
que “… la sentencia impugnada omitió el
análisis y apreciación de la prueba de experticia aportada por mi representado
que desvirtúan las afirmaciones del demandante en la demanda de amparo, cuya
omisión constituye una lesión al derecho a la defensa”.
Siguiendo
este orden de ideas, consideraron que la sentencia se extralimitó en el
análisis correspondiente al juicio de amparo, debido a que “… el sentenciador de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo especula sobre supuestos hechos de naturaleza compleja para
sacar conclusiones que son inapropiadas debatir en un procedimiento de amparo.
Además, rompe con el principio de igualdad de las partes, el cual garantiza el
derecho de alegar y probar en el proceso, tal como está previsto en el artículo
21 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos
15 y 12 del Código de Procedimiento Civil”.
En lo concerniente al
principio del juez natural, denunció que “[e]n materia laboral, tal como lo ha sostenido reiteradamente tanto la Sala Político
Administrativa como la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales del Trabajo son los
competentes para conocer todo lo relacionado con la protección en los asuntos
laborales previstos en la Ley
Orgánica del Trabajo, así como en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, con excepción de los supuestos
contenidos en los artículos 425, 465 y 519 de la citada Ley Orgánica del
Trabajo. El conocimiento y la competencia en materia de amparo laboral quedó
ratificada una vez más en la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo que
entró en vigencia el 14 de agosto de 2003. Los artículos 29 y 193 de la
mencionada Ley Procesal otorgaron competencia a los Tribunales del Trabajo para
conocer de las acciones de amparo laboral, sobre derechos y garantías
constitucionales, previstos en dicha ley y aplicables en los procedimientos
establecidos en la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales. La mencionada ley procesal, de conformidad con lo previsto en
el artículo 24 de la
Constitución Bolivariana de Venezuela es de
aplicación inmediata desde el mismo momento de entrar en vigencia, por lo
tanto, habiéndose presentado la acción de amparo constitucional objeto de esta
impugnación en el año 2005, ante un Tribunal de Juicio del Trabajo, pero bajo
el procedimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, por cuya razón se remitió el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, quien se pronunció en forma definitiva en el procedimiento
declarando con lugar la acción de amparo y condenando a mi representado, no hay
duda que se violentó la garantía constitucional del juez natural, por lo que la
sentencia dictada en ese proceso en fecha 13 de enero de 2006 debe ser revocada
por carecer de efecto jurídico de conformidad con lo previsto en el artículo
138 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el ordinal 3° [del] artículo 49 de la misma Carta Fundamental,
y así pido a la honorable Sala sea decidido”.
En lo atinente a la
garantía del proceso como instrumento para la realización de la justicia, adujo
que “[e]l procedimiento de amparo
escogido por la ciudadana MIRLA ZORAIDA GUTIÉRREZ ZAMBRANO no es el mecanismo
apropiado para dilucidar una situación jurídica laboral compleja como la
planteada con base en las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por consiguiente esta situación ha
debido discutirse necesariamente en el proceso laboral”.
En este sentido,
especificó que “… la propia accionante
alega como fundamento de su demanda unos supuestos hechos ocurridos en el año
2001, afirmando que comenzó a padecer una serie de síntomas de alteración de
salud, que posteriormente en los meses de junio y octubre de 2002 se sometió a
un estudio de metales pesados que dieron como resultado cifras elevadas de
contenido mercurial en el organismo, cuyos hechos son la base de la acción de
amparo presentada en el año 2005, con apoyo en pruebas relacionadas con el
hecho; pero el IPASME también consignó en el proceso de amparo experticias que
demostraban la no existencia en sus instalaciones de substancias (sic) mercuriales, y la Corte se negó a apreciar
tales pruebas, todo lo cual nos lleva a la conclusión de que se trata de un
problema complejo que amerita discutirse en el proceso laboral especial”.
Con base en lo expuesto,
la representación accionante solicitó:
“En
fuerza de las razones expuestas, en nombre de mi representado, interpongo Recurso
de Amparo Constitucional (sic) con
fundamento en los artículos 4 y 7 de la Ley
Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, y en los artículos 7, 21, 25, 27, 49, 38 y 257 de la Constitución
de la República
Bolivariana de Venezuela, con el fin de que se restablezca el
orden constitucional violado por la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo en la sentencia
dictada en fecha 13 de enero de 2006 que declaró con lugar la acción de amparo
intentada por la ciudadana MIRLA ZORAIDA GUTIÉRREZ ZAMBRANO y su menor hijo (…)
contra el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (IPASME), y se declare la nulidad
de dicha sentencia”.
Finalmente, el apoderado
del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes (IPASME), solicitó medida cautelar innominada,
la cual peticionó en los términos siguientes:
“En
virtud de que el IPASME está siendo intimado por el Juez Tercero de Primera
Instancia Laboral de Juicio de la Circunscripción
Judicial del Estado Mérida, con motivo del procedimiento de
honorarios profesionales presentado por los apoderados de la ciudadana MIRLA
ZORAIDA GUTIÉRREZ ZAMBRANO, como consecuencia de haber quedado firme la
sentencia dictada por la Corte Primera
en lo Contencioso Administrativo, cuyo expediente fue remitido al Tribunal
Tercero de Trabajo citado, solicito de la honorable Sala Constitucional, de
conformidad con lo previsto en el artículo 19, Párrafo 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia, en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código de
Procedimiento Civil y los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución
de la República
Bolivariana de Venezuela, decrete medida cautelar innominada
y a tal efecto pido se ordene oficiar al Juzgado Tercero de Primera Instancia
Laboral en Funciones de Juicio en el Circuito Laboral del Estado Mérida para
que suspenda el juicio de intimación de honorarios presentado contra el IPASME
hasta tanto se decida el presente Recurso de Amparo” (sic).
II
DE LA SENTENCIA ACCIONADA
La
Corte
Primera
de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar la acción de amparo
interpuesta por la ciudadana Mirla Zoraida Gutiérrez Zambrano, contra el
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes (IPASME), basándose en las siguientes consideraciones:
“La acción de amparo que cursa en
autos se ejerció contra las conductas omisivas del IPASME en cuanto a: 1) no
haber investigado las verdaderas causas que produjeron la alteración de las
condiciones en el hábitat laboral en que la agraviada presta sus servicios y
contrajo la intoxicación mercurial; 2) no haber sometido a la agraviada a un
riguroso examen para determinar con exactitud los daños ocasionados a su salud
como resultado de la intoxicación mercurial crónica que padece; 3) al no tomar
las medidas necesarias de carácter sanitario que protejan el ambiente en el
cual la agraviada presta servicios; y 4) al no atender a la solicitud de la
agraviada de que sea recluida en un centro especializado que le garantice y
permita detener el progresivo deterioro de sus condiciones físicas y psíquicas
mediante un tratamiento médico adecuado.
A juicio de la representación
judicial de la parte actora, tal conducta es lesiva de los derechos
constitucionales de la ciudadana Mirla Zoraida Gutiérrez Zambrano y de su menor
hijo Carlos Rafael Arellano Gutiérrez, a la salud, a la vida y a la protección
del trabajo, los cuales están protegidos por la Constitución
en los artículos 83, 43 y 87, respectivamente.
Por su parte, la representación de
la parte presuntamente agraviante estimó que el amparo debería ser declarado
sin lugar porque en el IPASME Tovar no hay contaminación mercurial, y presentó
pruebas documentales para respaldar su posición. También consideró que la
acción debía ser declarada inadmisible por estar incursa en varias de las
causales previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Examinadas las actas que cursan en
el expediente, así como la decisión dictada por el Juzgado a quo, se observa:
En cuanto a la inadmisibilidad
alegada por la parte accionada, y analizada por el Juzgado a quo, esta Corte
considera lo siguiente:
La lesión de derechos constitucionales
que se denunció en este caso, es susceptible de ser realizable por el sujeto
denunciado como agraviante, concretamente el IPASME, por cuanto en el caso de
acciones de amparo contra la Administración, se entiende que el sujeto pasivo
es el ente administrativo respectivo, el cual en el presente caso, dadas las
circunstancias y situaciones evidenciadas en el expediente, se encontraba en
condiciones de realizar, y efectivamente causar la lesión a los derechos
constitucionales de los agraviados denunciados como conculcados.
También comparte esta Corte, el
argumento del Juzgado a quo, al considerar que la situación jurídica infringida
es reparable, mediante un mandamiento de amparo, pues la petición de la parte
actora persigue la protección de la salud y en definitiva de la vida, lo cual
sería posible, mediante un adecuado diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades que se indican como padecidas por los agraviados.
En cuanto al consentimiento en la
lesión y la caducidad, alegados por la parte accionada, esta Corte considera
que la gravedad de los hechos denunciados, en los cuales están involucrados los
derechos a la salud y a la vida de una trabajadora y de su menor hijo,
trasciende el interés individual de la accionante, para ser considerado un caso
de interés general, pues está vinculado con la preservación de las condiciones
de salud y de la vida de un número indeterminado de sujetos expuestos a la
contaminación por mercurio, que ha sido denunciada. De allí, que en estos
casos, no es aplicable el lapso de caducidad previsto en el artículo 6 numeral
4 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, pues las violaciones denunciadas infringen el orden público.
Así se decide.
En cuanto a la existencia de otras
vías idóneas, esta Corte no tiene dudas de que las denuncias de violaciones de
derechos como la salud o la vida deben ser atendidos de forma inmediata, de
allí que el amparo sea la vía más idónea para proteger estos derechos, pues el
transcurso del tiempo que requiere cualquier vía ordinaria podría suponer el
deterioro de la salud, e incluso el riesgo para la vida de los agraviados. Por
lo tanto, debe rechazarse –como lo hizo el a quo- el argumento de IPASME,
referente a la existencia de otros medios ordinarios para restablecer la
situación jurídica infringida. Así se decide.
En cuanto al fondo de la
controversia, esta Corte estima que la actividad probatoria de la
representación judicial del IPASME no logró desvirtuar las denuncias
presentadas por la parte actora, pues las documentales consignadas para
evidenciar que en la sede de dicho Instituto en la ciudad de Tovar no hay
contaminación mercurial son de fecha reciente (29 de octubre de 2004 y el resto
del año 2005), siendo que la actividad denunciada se originó a partir del año
2001, y en los años 2002 y 2003 fundamentalmente; por lo cual, es probable que
en fecha reciente se hayan tomado algunos correctivos, a raíz de las acciones
emprendidas por los trabajadores de dicha Institución. Por otra parte, no hubo
ninguna actividad probatoria tendente a desvirtuar la conducta omisiva del
patrono IPASME, en cuanto a la debida atención y suministro de medicamentos de
la ciudadana Mirla Zoraida Gutiérrez Zambrano y a su menor hijo.
Por lo tanto, esta Corte acoge la
valoración que el Juzgado a quo ha dado al cúmulo de pruebas presentado por la
parte actora, que determinan que en el IPASME Tovar hubo contaminación
ambiental, y que tanto la ciudadana Mirla Zoraida Gutiérrez Zambrano como su
menor hijo (…), han sido igualmente contaminados, produciendo un deterioro en
su salud, y amenazando también su derecho a la vida.
Las circunstancias anotadas,
constituyen a juicio de esta Corte razones suficientes para considerar que la
conducta omisiva del IPASME ha violado el derecho a la salud y a la protección
del trabajo de la accionante, la salud de su menor hijo, y amenaza al derecho a
la vida de ambos, derechos constitucionales protegidos por nuestra Carta Magna
en los artículos 83, 43 y 87, respectivamente.
Por todas las consideraciones
expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, confirma la
sentencia dictada en fecha 7 de octubre de 2005, por el Tribunal Tercero de
Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Mérida, mediante la cual se declaró con
lugar la acción de amparo, y ratifica el mandamiento de amparo otorgado,
completando de esta forma la primera instancia. Así se decide”.
III
COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala Constitucional
determinar su competencia para conocer del presente amparo y, a tal efecto,
observa:
De conformidad con lo establecido por
esta Sala Constitucional en decisión N° 1, del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), le
corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra
decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, Corte
Primera de lo Contencioso-Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo
Penal y respecto de las decisiones emanadas de los Juzgados Superiores en lo
Contencioso-Administrativo en tanto su conocimiento no esté atribuido a otro
tribunal, conforme lo dispone el artículo 5.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia.
Visto que la acción de amparo
constitucional sometida a la consideración de la Sala, tiene por objeto un
fallo dictado por la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo, esta Sala Constitucional se declara
competente para resolver la presente acción, en atención al artículo 4 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en concordancia con la
letra b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final de
la antedicha Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal. Así se
establece.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Se somete ante esta Sala Constitucional el conocimiento de la acción de
amparo constitucional interpuesta contra la sentencia AB412005000006 dictada el
13 de enero de 2006 por la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo, que declaró en contra del Instituto de
Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (IPASME), la acción de amparo interpuesta por la ciudadana
Mirla Zoraida Gutiérrez Zambrano, actuando en su nombre y el de su hijo, por
contaminación mercurial.
Al respecto, la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo conoció de la causa atendiendo a la consulta
establecida en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, ello, en virtud del previo pronunciamiento por parte del
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Mérida, actuando con el carácter de juez
de la localidad.
La Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo asumió la competencia para conformar la
primera instancia de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al considerar la
presencia del carácter orgánico del supuesto agraviante al tener el carácter de
instituto autónomo.
El representante del accionante expresó su disconformidad con el criterio
competencial adoptado por la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo, al denunciar la invasión de las potestades de
los tribunales en materia laboral, por haberse dilucidado derechos relacionados
con las condiciones ambientales del medio ambiente del trabajo, por lo que hubo
una invasión de esta materia. Partiendo de esa premisa, concluyó que lo viable
era considerar que la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia
conformaba de por sí la primera instancia, siendo lo correcto haber escuchado
la apelación que había ejercido de la sentencia y remitir la causa al tribunal
de alzada del trabajo, por lo que, en su criterio, la sentencia debe revocarse
por haber incurrido en las causales de procedencia del artículo 4 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
A este respecto, la Sala
observa que la presencia de elementos relacionados tanto con el criterio de
afinidad como el criterio orgánico, siendo ambos rectores y delimitadores del
régimen de competencia en materia de amparo constitucional. En lo referente a
los órganos que integran la Administración, se ha mantenido de manera
inveterada la predominancia del criterio orgánico sobre aquél vinculado con la
naturaleza de los derechos constitucionales que se denuncien como violados,
siendo un elemento de excepción que debe aplicarse en pro de delimitar la
competencia hacia los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa.
En lo referente al amparo y su vinculación con los tribunales que
integran la jurisdicción contenciosa administrativa, el grado de la instancia
variará dependiendo de la jerarquía del ente u órgano que se pretende accionar,
siendo así del conocimiento de esta Sala conocer de las acciones de amparo relacionadas
con las altas investiduras que alude el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, el cual, a su vez, ha sido extendido
para todas aquellas instituciones que si bien no están expresamente previstas
en esa norma, tengan rango constitucional y competencia a nivel nacional,
siendo del conocimiento de los demás tribunales en la materia –con excepción de
la Sala Político
Administrativa- conocer de las acciones de amparo autónomo que se interpongan
contra las dependencias integrantes de la Administración
en cualquiera de sus tres niveles, sea a nivel nacional, estadal y municipal.
En lo concerniente a los institutos autónomos nacionales, es de amplio
conocimiento que dicha competencia le pertenece a las Cortes de lo Contencioso
Administrativo, por lo que son ellas las que deben dirimir los amparos
propuestos contra estos entes institucionales. Tal señalamiento viene desde la
aplicación del ya derogado artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el
cual, ha sido reiterado en la aplicación de los criterios de distribución de
competencia que esta Sala asentó en sentencia n° 1555 del 8 de diciembre de
2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), a cuyo efecto, asentó el
conocimiento por parte de esa instancia, de las siguientes acciones de amparo:
“E) La Sala decide que la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo continuará conociendo en primera instancia de los
amparos autónomos contra los actos administrativos, omisiones o vías de hecho
de los organismos del poder público que ha venido hasta ahora conociendo en esa
instancia, dejando a salvo la actuación de los jueces de primera instancia y de
municipio en los supuestos consagrados en el literal D) de este fallo”.
Al
respecto, resulta necesario precisar que la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, en la “Disposición Derogatoria, Transitoria y
Final”, literal b) dispuso que «[h]asta tanto se dicten las leyes de la
jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral,
la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional,
Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos
previstos en esta Ley y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables,
así como por las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el
artículo 335 constitucional. En cuanto a la jurisdicción especial para estas
materias, la Sala Plena
deberá dictar un Reglamento Especial que regule el funcionamiento y la
competencia de los tribunales respectivos, en un plazo de treinta (30) días
continuos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley [...]”,
por lo que los criterios competenciales son de vigente aplicación en lo
concerniente a esta materia.
No escapa
al conocimiento de esta Sala que la accionante tiene el carácter de funcionario
público en razón de haber ocupado tanto el cargo de Directora Médico
Asistencial como el de Médico General durante el período en que se suscitó su
enfermedad, lo que haría, en un principio, declinar el conocimiento de la causa
en el contencioso funcionarial, siendo el tribunal para completar la primera
instancia, el juzgado superior con competencia en lo civil y contencioso
administrativo; sin embargo, existe un elemento adicional, como es, que la
accionante interpuso la acción de amparo tanto en su propio nombre como en el
de su hijo menor de edad, por lo que, necesariamente, para unificar la relación
jurídico procesal, debe considerarse solamente el criterio orgánico en aras de
equiparar que el daño aludido –tanto para la madre como para su hijo- provienen
de un mismo agraviante, como es, el Instituto Autónomo de Previsión y Asistencia Social para el Personal
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (IPASME), siendo la naturaleza
del ente el común denominador para determinar la competencia en el presente
amparo constitucional. Aunado a ello, la accionante solicita la protección
constitucional entendida en que se suministre a su hijo el debido tratamiento
contra la contaminación mercurial, elemento éste, que sustrae del régimen
estatutario el conocimiento de este amparo, dada la inexistencia de relación
funcionarial alguna entre el niño y la Administración.
Ergo, el
Tribunal competente para conocer de la presente acción de amparo –en primera
instancia, es la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo, por lo que se concluye que la aplicación en
el caso de autos del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, resultó el mecanismo correcto para conformar el primer grado
de la instancia, siendo por vía de consecuencia, de la correspondencia por
parte de esta Sala Constitucional conocer en alzada de la apelación que bien se
hubiera podido haber ejercido contra la decisión que precisamente se cuestionó
directamente a través de la interposición del presente amparo.
En el caso
de autos, se observa que la representación del Instituto de Previsión y
Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), no
apeló de la sentencia dictada el 13 de enero de 2006 por la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, por lo que se evidencia la falta de ejercicio del recurso procesal
ordinario existente a la interposición de la acción de amparo constitucional.
Al
respecto, el artículo 6.5 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales establece como presupuesto procesal para el ejercicio de la
acción de amparo constitucional, que el accionante no incurra en el
incumplimiento de la carga de cumplir con el ejercicio de los mecanismos
recursivos regulares, so pena de declaratoria de inadmisibilidad, a saber:
“Artículo
6.- No se admitirá la acción de
amparo:
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales
ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al
alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía
constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos
establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar
la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.
En
interpretación de la referida causal de inadmisibilidad, esta Sala en sentencia
Nº
2369 del 23 de noviembre de 2001, caso: Mario Tellez García vs. Parabólicas
Services, estableció lo siguiente:
"...la acción de amparo es inadmisible cuando el
agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios
judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible,
entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez
debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23,
24 y 26 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del
acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es
necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun
en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria,
sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios
que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho
artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las
técnicas integrativas de que dispone el intérprete” (H. Kelsen, Teoría Pura
del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).
Por ende, al determinarse que la
decisión cuestionada ha sido dictada por la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, actuando como tribunal constitucional de primera instancia, el
accionante contaba con la posibilidad de ejercer la apelación correspondiente,
razón por la cual, se declara la inadmisibilidad de la presente acción. Así se
decide.
Visto el pronunciamiento anterior,
de manera consecuencial se declara la improcedencia de la medida cautelar
innominada. Así finalmente se decide.
V
DECISIÓN
En consideración a los méritos que
anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo
constitucional interpuesta por el abogado Justo Morao Rosas, actuando con el carácter de
apoderado judicial del INSTITUTO DE
PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES (IPASME), contra la sentencia dictada el 13 de enero de
2006, por la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo.
Publíquese y regístrese. Archívese
el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de diciembre
de dos mil seis (2006). Años: 196º de la Independencia y 147º
de la Federación.
La Presidenta,
El Vicepresidente,
Jesús
Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL
RONDÓN HAAZ
Exp.- 06-0571
CZdeM/
...gistrado que
suscribe disiente de la mayoría respecto del fallo que antecede que declaró
inadmisible el amparo que se intentó contra la decisión que dictó la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, por cuanto es del criterio que la sentencia que
antecede contraría la doctrina de esta Sala, expuesta en el pronunciamiento n°
1.555/00 en lo que atañe al régimen de competencia.
En efecto, en el caso de autos el agravio ocurrió en de Tovar, Estado
Mérida, y el hecho lesivo se debió a la relación de empleo que existía entre la
demandante y el IPASME, delegación Tovar. De forma tal que, conforme con el
artículo 7 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en aplicación del
criterio orgánico y material (se denunció la violación al derecho a la salud y
a la vida), el tribunal con competencia para el conocimiento de la demanda, en
primera instancia, era el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo
de la Región
de Los Andes con competencia, en alzada, de las Cortes de lo Contencioso
Administrativo.
En el caso de autos, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio
del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Mérida
conoció de manera extraordinaria el amparo con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, luego, remitió la
causa a la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo para que completara el primer grado de
jurisdicción, razón por la cual esta Sala conoce de la decisión que emitió la Corte que se mencionó.
Ahora bien, en criterio del disidente, el régimen competencial en el caso
de autos fue inobservado, toda vez que el tribunal naturalmente competente para
el conocimiento de la demanda, en primera instancia, era el Juzgado Superior
Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes, a quien ha debido remitirse
la causa, en consulta, de conformidad con el artículo 9 a que se hizo referencia, y
no la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo.
Estima quien se aparta del criterio mayoritario que la decisión que
antecede ha debido reparar en las trasgresiones al orden público que
caracteriza a la competencia y enmendarlas a través de la anulación del fallo
que fue sometido a su consideración y la remisión de los autos al Juzgado
Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes
para que, en consulta, completase el primer grado de conocimiento.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha ut retro.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES
LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente
…/
…
Francisco Antonio Carrasquero
López
MARCOs TULIO
DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 06-0571
