SALA
CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 6 de febrero de 2001, el
abogado ARTURO CONTRERAS SUÁREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.
20.592, actuando como defensor del ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-14.669.086,
ejerció acción de amparo ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Estado Mérida, contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el 27 de diciembre de
2000.
El 20 de febrero de 2001, la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, declaró
inadmisible el amparo propuesto, de conformidad con el numeral 4, del artículo
6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 21 de marzo de 2001, la
mencionada Corte de Apelaciones remitió el expediente a esta Sala
Constitucional para que conociera en consulta la decisión.
El 29 de marzo de 2001, se
dio cuenta del expediente en Sala y se designó como ponente al Magistrado que,
con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar
sentencia, previas las siguientes
consideraciones:
antecedentes
Según manifestó el accionante en su escrito, el 22
de diciembre de 2000, fue practicada una visita domiciliaria por funcionarios
adscritos a la División de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Policiales del
Estado Mérida, resultando detenido el ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA.
El 25 de diciembre de 2000, el Ministerio Público
solicitó al tribunal de control correspondiente declarara la flagrancia y, en
consecuencia, declarara medida de privación judicial preventiva de libertad
contra el ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA.
El 27 de diciembre de 2000, se llevó a cabo la audiencia
especial de calificación de flagrancia, en el Juzgado Segundo de Control del
Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, con la presencia de la fiscalía, el
imputado y su defensora pública. En dicha audiencia el juzgado de control
decidió: 1.- declarar no flagrante la aprehensión del ciudadano JEAN GREGORY
TORRES VERA; 2.- por cuanto el investigado solicitó la aplicación del
procedimiento especial por admisión de los hechos, se abstuvo el tribunal de
pronunciarse sobre la prosecución del proceso por los trámites del
procedimiento ordinario; 3.- ordenó con carácter de urgencia solicitar al
médico forense jefe, adscrito a la Delegación del Cuerpo Técnico de Policía
Judicial, la práctica de experticia toxicológica y psiquiátrica del
investigado, a fin de determinar si es o no es consumidor habitual o compulsivo
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; y 4.- decretó medida preventiva
de privación de libertad en contra del investigado.
El 8 de enero de 2001, el ciudadano JEAN GREGORY TORRES
VERA, nombró como defensor al abogado REINALDO CONTRERAS MARQUINA.
El 6 de febrero de 2001, el abogado ARTURO CONTRERAS
SUÁREZ, actuando en representación del ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA
introdujo acción de amparo ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Estado Mérida.
El 20 de febrero de 2001, la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, declaró inadmisible el amparo
constitucional propuesto de conformidad con el artículo 6, numeral 4 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 19 de marzo de 2001, mediante diligencia, el
accionante solicitó a la Corte de Apelaciones de conformidad con el artículo 35
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
remitiera a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la acción de
amparo propuesta.
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Según señaló el abogado defensor en
su escrito, al ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA, se le violó su derecho a la
defensa, a tener asistencia jurídica y el debido proceso, por no poseer un
abogado defensor durante el inicio del proceso, sino a partir del 12 de enero
de 2001, día en el cual el abogado
REINALDO CONTRERAS MARQUINA, aceptó el cargo de defensor; ya que, la defensora
pública actuó sin haber aceptado el cargo.
Por otro lado, el accionante sostuvo que con la decisión
del 27 de diciembre de 2000, del juzgado de control, se le violó su derecho a
la defensa, ya que en dicha decisión el tribunal omitió pronunciarse respecto a
la calificación jurídica del hecho por el cual le fue decretada la privación
judicial preventiva de libertad, simplemente la decisión atacada señaló que “...posteriormente
a la práctica de estas diligencias el tribunal se pronunciará sobre la
calificación jurídica definitiva...”.
En consecuencia, al considerar el accionante que se le
violó su derecho a la defensa y el debido proceso, solicitó “se declare la
nulidad absoluta de las actuaciones realizadas en la causa penal seguida en su
contra, a partir del día 25 de diciembre de 2000, fecha ésta en la cual la
Fiscalía Quinta del Ministerio Público, ..., solicitó por ante (sic) el
Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Número Dos de este
Circuito Judicial Penal, la calificación de flagrancia y la privación Judicial
Preventiva de Libertad del mencionado ciudadano, medida cautelar esta última
que fue decretada en su contra, en fecha 27-12-2000, SIN QUE LA DEFENSORA
PÚBLICA OCTAVA DE PRESOS, Abogada Scheila Altuve, HUBIERE ASUMIDO SU
DEFENSA e igualmente, sin que el Tribunal de Control, en referencia, HUBIERE CALIFICADO
JURÍDICAMENTE el hecho por el cuál decretó la detención”.
DE
LA SENTENCIA CONSULTADA
Como se indicó con anterioridad, la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, el 20 de
febrero de 2001, declaró inadmisible la acción de amparo propuesta, por los
siguientes motivos:
En
relación a la denuncia que hiciere el accionante de la ausencia de calificación
jurídica en la que incurrió la Juez Segunda de Control, la Corte de Apelaciones
manifestó que, en su criterio, no incurrió en violación del artículo 257 de la
Constitución vigente, sino que más bien la actuación de la juez se adecúa a la
disposición constitucional, al tratarse de un fallo justo, en el cual se
respetó al imputado, puesto que la mencionada Juez Segunda de Control, habiendo
escuchado al imputado declarar que él no era distribuidor de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas –delito por el cual la Fiscalía lo estaba
acusando- sino que era consumidor, decidió ordenar con carácter de urgencia, la
realización de experticias toxicológicas y psiquiátricas, para determinar si,
efectivamente, se trataba de un consumidor habitual de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas.
En
relación a la denuncia relacionada con la falta de defensa del imputado al
inicio del proceso, en el fallo consultado se estableció que la justicia de la
decisión de la juez de control respondió al ejercicio de defensa y solicitudes
que realizó la defensora pública, por lo tanto no fue violado el derecho a la
defensa denunciado.
Finalmente, la decisión consultada
manifestó que no sólo se habían respetado el derecho a la defensa y el debido
proceso, sino que además, no fueron violentados los artículos 27 y 49 de la
Constitución, 1 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal, 11 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, 8 literal “d”de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos; en consecuencia, de conformidad con el
artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales declaró inadmisible el amparo constitucional propuesto.
EXAMEN
DE LA SITUACIÓN
En primer lugar, esta
Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la consulta a
la que está sometida la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Mérida, del 20 de febrero de 2001; en tal sentido, reiterando
los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos:
Emery Mata y Domingo Ramírez Monja), esta Sala se declara competente para
conocer de la presente consulta, y así se declara.
Una vez determinada su
competencia, esta Sala pasa a conocer la presente consulta y, en consecuencia,
observa:
Como se indicó con
anterioridad, la presente acción de amparo fue presentada por el abogado ARTURO
CONTRERAS SUÁREZ, en defensa del ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA, contra la
decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado
Mérida, del 27 de diciembre de 2000.
Ahora bien, en reiterada
jurisprudencia esta Sala Constitucional ha dejado establecido que, de
conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, en los casos de acciones de amparo ejercidas contra
una sentencia dictada por un tribunal de la República, debe cumplirse con un
requisito indispensable para que proceda la acción de amparo, el cual es, que
el tribunal de la República del cual emanó la decisión que se trata de
impugnar, haya actuado fuera de su competencia; es decir, que haya actuado con
abuso de poder o extralimitándose en sus atribuciones.
Ahora bien, en el presente
caso, el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado
Mérida, en la audiencia de calificación de flagrancia, habiendo escuchado la
solicitud del Ministerio Público, de declarar como flagrante la detención del
ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA, y la precalificación que del hecho la
Fiscalía estableció; escuchó la declaración del imputado y a su defensora
pública, decidiendo en consecuencia:
“...1.- Declarar no
flagrante la aprehensión del ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA...;
2.- Por cuanto el
investigado ha solicitado la aplicación del procedimiento especial por admisión
de los hechos, se abstiene de pronunciarse sobre la prosecución del proceso por
los trámites del procedimiento ordinario, toda vez, que como punto previo a la
decisión del Tribunal, se ha ordenado la práctica de una nueva experticia
toxicológica y psiquiátrica al investigado...;
3.- Se ordena con
carácter de urgencia solicitar al médico forense jefe, adscrito a la Delegación
del Cuerpo Técnico de Policía Judicial en esta ciudad, la práctica de la
experticia toxicológica y psiquiátrica al investigado, ..., a fin de determinar
si es o no un consumidor habitual y/o compulsivo de sustancias estupefacientes
y Psicotrópicas, a los fines de tomar la decisión correspondiente, previo oír
al Ministerio Público...;
4.- Se Decreta Medida
Preventiva de Privación de Libertad en contra del investigado...”
Ahora bien, de lo anteriormente
transcrito, se observa que la Juez Segunda de Control del Circuito Judicial
Penal del Estado Zulia, en su decisión del 27 de diciembre de 2000, actuó
dentro de la competencia que le atribuye
el Código Orgánico Procesal Penal, no existiendo en su
actuación -en opinión de esta Sala- ni abuso de poder, ni extralimitación de
atribuciones, puesto que, habiendo declarado la no flagrancia del delito, y
habiendo el investigado admitido los hechos imputados, la juez de control,
antes de aplicar el procedimiento abreviado solicitado por el acusado, decidió
constatar si lo declarado por el imputado era cierto o no, por lo que al
decidir ordenar que se realizara una nueva experticia tanto toxicológica como
psiquiátrica del imputado, actuó competentemente. Así se decide.
Por
otra parte, considera esta Sala Constitucional, que la decisión del Juzgado
Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, no violó
ninguno de los derechos y garantías constitucionales denunciados por el
accionante, ya que, en relación a la denuncia de violación del derecho a la
defensa, por no tener el imputado al inicio del proceso un defensor, esta Sala
observa que el imputado en todo momento estuvo asistido de defensor, ello se
evidencia, del acta levantada por el Juzgado Segundo de Control del Circuito
Judicial Penal del Estado Mérida, en ocasión a la audiencia especial de
calificación de flagrancia, realizada el 27 de diciembre de 2000, en la cual el
imputado estuvo asistido por la defensora pública SHEYLA ALTUVE, según consta
en los folios 19, 20 y 21 del expediente. Igualmente, consta la representación
de la defensora pública en el escrito de defensa presentado el 4 de enero de
2001, cursante a los folio 36 y 37 del expediente, y en el auto dictado por el
tribunal de control, el 10 de enero de 2000, inserto al folio 46.
En
relación a la denuncia en torno a la omisión del tribunal de pronunciarse
respecto a la calificación jurídica del hecho por el cual le fue decretada la
privación judicial preventiva de libertad al imputado, esta Sala considera, que
no existió violación constitucional alguna, ya que a pesar de haber
precalificado el Ministerio Público el delito cometido como el delito de
Distribución, Posesión Ilícita y Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, la declaración del imputado hizo que dicha precalificación
variara, pero la única forma para que el juez de control verifique si la
aceptación fáctica realizada por el acusado es cierta o no, es ordenar la
práctica de las experticias toxicológicas y psiquiátricas, como realmente lo
hizo, puesto que dependiendo de los resultados de dichos exámenes la
precalificación del delito variará. En consecuencia, esta Sala Constitucional
considera que el juez de control con su actuación no incurrió en violación
constitucional alguna.
Una vez
establecido lo anterior esta Sala considera pertinente recordarle a la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida que, a pesar de no
existir las violaciones de los derechos constitucionales denunciadas por el
accionante, como bien lo estableció en su sentencia, la acción no debió ser
declarada inadmisible con fundamento en el numeral 4, del artículo 6 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que dicho
numeral se refiere a los casos en los cuales el agraviado ha consentido de
manera expresa o tácita la acción u omisión, el acto o la resolución que violen
el derecho o la garantía constitucional y, en este caso, en ningún momento el
agraviado consintió ni tácita, ni expresamente las presuntas violaciones.
Por
último, esta Sala Constitucional le recuerda al Juzgado Segundo de Control del
Circuito Judicial Penal del Estado Mérida que, una vez obtenido el resultado de
las experticias toxicológicas y psicológicas del acusado, debe continuar
inmediatamente con el proceso correspondiente, ya sea el ordinario o el
abreviado por admisión de los hechos.
Por todo
lo anteriormente expuesto esta Sala considera que, al no cumplir la presente
acción de amparo con los extremos necesarios para que proceda; es decir, que el
juez haya actuado fuera de su competencia, debe ser declarada por esta Sala -in
limine litis- improcedente, y así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas,
este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, revoca la decisión de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, dictada el 20 de
febrero de 2001, y declara Improcedente
-in limine litis- la acción de amparo ejercida por el abogado ARTURO
CONTRERAS SUÁREZ, defensor del ciudadano JEAN GREGORY TORRES VERA, contra la
decisión dictada por el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal
del Estado Mérida, el 27 de diciembre de 2000.
Publíquese y regístrese. Devuélvase el
expediente. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado Segundo de Control
del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en
el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Constitucional, en Caracas, a los 11 días del mes de diciembre de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º
de la Federación.
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El
Vicepresidente - Ponente, Jesús Eduardo Cabrera
Romero
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Los
Magistrados, |
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José
Manuel Delgado Ocando
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Antonio
José. García García
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Pedro
Rafael Rondón Haaz
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El Secretario, José Leonardo Requena Cabello
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Exp.
Nº: 01-639
JECR/