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El 6 de julio de 2004, el abogado RAFAEL ÁNGEL TERÁN BARROETA,
inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 36.725, actuando como apoderado judicial
de TECNOAGRÍCOLA LOS PINOS TECPICA, C.A., domiciliada en Caracas e
inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del
Distrito Federal y Estado Miranda, el 11 de julio de 1977, bajo el Nº 57, Tomo
33-A-Cto, y como apoderado judicial de los ciudadanos NINÓN JOSEFINA RAMOS
VARGAS y MARÍA FLORENCIA D´AIUTO FERNÁNDEZ, titulares de las cédulas
de identidad números 9.953.203 y 10.542.129, respectivamente, interpuso ante
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitud de revisión
en contra de la sentencia Nº 336 dictada el 27 de abril de 2004, por la Sala de
Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia.
En la oportunidad anterior, se dio cuenta en Sala y se
designó como ponente al Magistrado quien, con tal carácter, suscribe el
presente fallo.
Efectuada la lectura individual del expediente, para
decidir se hacen las siguientes consideraciones:
La parte solicitante fundamentó su revisión en los
siguientes argumentos:
1.- Que, el 5 de agosto
de 2002, interpusieron acción de amparo sobrevenido ante el Juzgado Superior
Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas, para la protección contra la usura y el
derecho a la propiedad, previstos en los artículos 114 y 115 de la
Constitución. Señaló, que dicha acción de amparo fue declarada inadmisible el
26 de diciembre de 2002, siendo confirmada dicha sentencia por esta Sala
Constitucional, el 6 de octubre de 2003, mediante decisión Nº 2660.
2.- Que, el Juzgado Superior
Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas, en su sentencia dictada en el juicio
principal de ejecución de hipoteca el 9 de abril de 2003, no se pronunció sobre
los alegatos constitucionales que le presentaron en el escrito de informes por
esa representación, el cual no fue contradicho por la contraparte en juicio.
Indicó, que dicho Juzgado Superior no se pronunció sobre los informes llevados
a los autos, no obstante que la sentencia consultada de amparo y que fue
dictada por esta Sala, le imponía la obligación de subsanar en la sentencia
cualquier violación constitucional en el juicio que, por ejecución de hipoteca
conocía.
3.- Que, en los
informes presentados, realizó la siguiente argumentación constitucional:
“CAPITULO QUINTO:
ARGUMENTACIÓN CONSTITUCIONAL
Del análisis de los
anteriormente expresado, podemos adicionalmente señalar que estamos en
presencia de una violación de los Derechos y Garantías Constitucionales.
Es así como las circunstancias
planteadas como vicios ocurridos en el presente juicio y como narración de los
hechos que dieron origen al juicio de ejecución de Hipoteca, son violatorias
del Derecho a la Defensa (artículo 49), del Debido Proceso (artículo 49), del
Derecho a ser protegido contra la usura (artículo 114), de la ETICA (artículo
2) y del derecho de Asociación con fines lícitos (artículo 52).
La nueva Constitución en su
artículo 2 establece como un VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO: LA
ÉTICA.
(Omissis...)
Lo ético es pues lo moralmente
bueno, y en el caso que nos ocupa, tal como ha quedado demostrado en el juicio
llevado a cabo ante el tribunal de Instancia, la conducta del ciudadano
prestamista RAÚL ALBERTO MORA VALERA, no estuvo ajustada a este valor superior
de la justicia, como lo es el cumplimiento de los principios éticos y morales.
(Omissis...)
De manera que un acto jurídico
realizado en violación a ese valor fundamental del ordenamiento jurídico debe
ser declarado nulo y eso es precisamente lo que estoy pidiendo en un juicio
autónomo de nulidad de hipoteca que ya he señalado.
(Omissis...)
En relación con la usura ya se
ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la
sentencia No. 85 del 24-01-2.002. Caso Asodeviprilara. Exp. N.01-1274.
¢Dentro de ese orden de ideas,
la Sala considera que conductas constitucionalmente prohibidas, tales como los
monopolios (artículo 113 constitucional), las que abusan de la posición de
dominio (artículo 113 ejusdem), la usura (artículo 114) y otras prevenidas en
la Constitución, no pueden ser desconocidas o relegadas, mediante aciertos de
voluntades. De ello suceder, tales convenios no surtirán efectos¢.
(Omissis...)
La sentencia No. 196 del
08-02-2.002 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
ha establecido en relación con el Derecho de Asociación protegido en la
Constitución lo siguiente: ¢...La extralimitación del juez violó el
derecho de asociación de la demandante establecido en el artículo 52 de la
Constitución vigente, en el entendido de que el derecho de asociación implica,
tanto el derecho de los ciudadanos a asociarse dentro de los límites legales,
como el derecho a que, una vez verificada la asociación, las entidades producto
de ésta puedan autorregularse o auto-organizarse, también dentro de los límites
legales...¢
Por otra parte señalo que es
nula la sentencia apelada por aplicación del precepto constitucional contenido
en el artículo 25: ¢Todo acto dictado en ejercicio del Poder
Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y
la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo
ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,
según los casos, sin que les sirvan de excusas, ordenes superiores¢.
El artículo 20 del Código de
Procedimiento Civil reza: ¢Cuando la ley vigente, cuya aplicación se
pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los Jueces aplicarán
ésta con preferencia.
Establece el artículo 334
constitucional lo siguiente:
¢Todos los jueces o juezas
(sic) de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo
previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación se (sic)
asegurar la integridad de la Constitución.
En caso de incompatibilidad
entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica se aplicarán las
disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier
causa, aun de oficio, decidir lo conducente...¢”.
4.- Que, el 21 de julio
de 2003, esa representación formalizó recurso de casación en nombre de
TECNOAGRÍCOLA LOS PINOS TECPICA, C.A., presentando en dicha oportunidad para el
examen de la Sala de Casación Civil, los alegatos constitucionales esbozados en
el escrito de informes de segunda instancia.
5.- Que, la parte
demandante en su escrito de impugnación presentado ante la Sala de Casación
Civil, no presentó ninguna argumentación que desvirtuara los contundentes
alegatos constitucionales contentivos de las violaciones constitucionales de
que fue objeto su representada.
6.- Que, la Sala de
Casación Civil emitió la sentencia objeto de la presente revisión, donde,
además de no resolver sobre las violaciones constitucionales planteadas, aplicó
al formalizante un cambio de criterio en cuanto a las exigencias de
formalidades de la Sala. Adujo, que la Sala de Casación Civil, dio la razón al
formalizante en cuanto a que efectivamente ocurrió una violación procesal,
empero, en vez de casar de oficio, declaró sin lugar el recurso por no cumplir
las formalidades que –a su decir- no estaban previstas en ninguna ley de la
República.
7.- Que, en atención a
la jurisprudencia sobre el fraude procesal, dictada por esta Sala
Constitucional en sentencia Nº 908 del 4 de agosto de 2000, Caso: Intana, C.A.
-en la cual se declaró la nulidad de un juicio simulado por ejecución de
hipoteca-, solicitó se apliquen los correctivos procesales pertinentes, por
cuanto “(...) en
nuestro caso el acto simulado de constitución de hipoteca es un FRAUDE A LA
LEY, y su consecuente juicio sigue siendo UN FRAUDE, con los agravantes de
violaciones constitucionales ya señaladas. En virtud de lo cual pido a esta
honorable Sala Constitucional que en la Sentencia de REVISIÓN, declare NULO EL
DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE LA HIPOTECA, porque en este país, donde está vigente
el ESTADO SOCIAL DE DERECHO, no pueden otorgársele privilegios procesales a los
delincuentes infractores de la Ley”.
8.- Que, el 21 de julio
de 2003, formalizó recurso de casación en nombre de las ciudadanas NINÓN
JOSEFINA RAMOS VARGAS y MARÍA FLORENCIA D´AIUTO FERNÁNDEZ (terceras adhesivas),
legítimas cónyuges de los ciudadanos HÉCTOR JOSÉ MAZZARRI TREJO y LARRY DOMINGO
GIL FERNÁNDEZ, respectivamente, quienes son directores de la empresa demandada;
ante lo cual, “(...)
la Sala de Casación Civil, apegada a los alegatos de formalidades prohibidas
por el texto constitucional y a una inapropiada percepción de los alegatos
planteados con su sentencia viola expresamente el DERECHO DE PROPIEDAD
contenido en la Carta Magna en el artículo 115, pues la sentencia les quita ese
derecho dejándolo en las manos de un prestamista usurero, que actuó en fraude a
la Ley y a sus derechos Constitucionales y Humanos”.
Finalmente, solicitó la
parte interesada una medida cautelar, innominada dirigida a paralizar la
ejecución de hipoteca que cursa ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, bajo el expediente Nº 6513, hasta tanto se resuelve
el presente recurso de casación de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
DEL FALLO
IMPUGNADO
El 27 de abril de 2004, la Sala de
Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia declarando
sin lugar el recurso de casación
anunciado y formalizado por TECNOAGRÍCOLA LOS PINOS, TECPICA, C.A., y
sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por las terceras
intervinientes NINÓN JOSEFINA RAMOS
VARGAS DE MAZARRI y MARÍA
FLORENCIA D’AIUTO FERNÁNDEZ DE GIL, ambos recursos extraordinarios
ejercidos contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Séptimo en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, el 9 de abril de 2003, bajo los siguientes términos:
Señaló la Sala de Casación Civil, en cuanto a la denuncia
por omisión de pronunciamiento, y por la falta de aplicación de los artículos
11, 12, 15 y 243 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“En primer lugar, es oportuno
destacar que de la lectura de la denuncia bajo estudio, se evidencia que el
planteamiento del formalizante, se refiere únicamente a una denuncia por
incongruencia negativa y como tal será resuelta, pues la invocada falta de
aplicación de los artículos 11, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, en
los términos en que fue expuesta, deviene de la incongruencia aducida.
El recurrente alega que la
sentencia del Juzgado Superior incurre en el vicio de incongruencia negativa
previsto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil
por cuanto, -según sus dichos- el ad quem dejó de analizar los argumentos
señalados en el escrito de informes basados en la narración de los hechos que
dieron origen a la demanda y su fundamento en Derecho; la solicitud de
reposición de la causa al estado en que el a quo se pronuncie sobre la admisión
de la demanda en el sentido de negarla; la ineficacia del documento
constitutivo de la hipoteca; y, sus alegatos constitucionales.
En cuanto al vicio de
incongruencia negativa cuando el sentenciador silencie defensas esgrimidas en
el escrito de informes, esta Sala de Casación Civil se ha pronunciado en
reiteradas oportunidades, entre otras en decisión N°. 179, de fecha 22 de marzo
de 2002, Exp. 2001-000620, en el caso de Aníbal José Tocuyo contra Luís Rafael
Díaz y otro, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, en
la cual señaló lo siguiente:
¢...En
relación con el vicio de incongruencia negativa, por omisión de pronunciamiento
sobre los alegatos formulados en los informes, la Sala ha venido configurando,
a través de sus decisiones, la doctrina pacifica, reiterada y consolidada,
siendo una de las últimas sentencias la Nº 169, publicada en fecha 22 de junio
de 2001, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta,
expediente 00-337, en la cual señaló, lo siguiente:
‘El
vicio de incongruencia tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo
alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades
procesales señaladas para ello: en principio, en el libelo de la demanda, en la
contestación o en los informes cuando en estos se acumulen pretensiones,
alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su
contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso,
como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y
otras similares, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el sentenciador
está en su deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa.
(...Omissis..).
una
decisión es expresa, cuando no contiene implícitos ni sobrentendidos, positiva,
cuando es cierta, efectiva y verdadera sin dejar cuestiones pendientes; y
precisa, cuando no da lugar a dudas ni incertidumbres, insuficiencias,
oscuridades y ambigüedades’ (Negrillas de la Sala).
De
la doctrina transcrita parcialmente, se desprende que cuando en los informes se
consignen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en
la demanda o en su contestación pudieran tener influencia determinante en las
resultas del proceso, el sentenciador debe pronunciarse expresamente sobre los
mismos, so pena de incurrir en la violación de los artículos 12 del Código de
Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado y probado en autos; y del
ordinal 5º del artículo 243 eiusdem, contentivos del principio de la
exhaustividad de la sentencia que obliga a los jueces a examinar y resolver
todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración...¢.
En el sub iudice, se aprecia
respecto a los dos supuestos alegatos de informes silenciado, relativos a: 1) a
violaciones constitucionales en que incurrió el demandante por actuar apartado
de la ética, como valor superior de la justicia y que el a quo ha permitido y
mediante lo cual señala que esto es fundamento de un juicio autónomo de nulidad
de hipoteca y 2) la narración de los hechos que dieron origen a la demanda y
sus fundamentos de el derecho, para rechazarla; son alegaciones destinadas a sintetizar
los hechos acaecidos en el proceso y apoyar su posición en jurisprudencia del
Tribunal Supremo de Justicia por lo que no son alegaciones de las consideradas
por la jurisprudencia de esta Sala, supra transcrita, como determinantes en la
suerte del proceso.
Adujeron los juzgadores, en cuanto a
la alegada ineficacia del documento constitutivo de hipoteca, que:
“Respecto al alegato de
ineficacia del documento constitutivo de la hipoteca, encuentra la Sala de la
lectura de la recurrida, ut supra transcrita, que el juzgador recurrido si se
pronunció, considerando que los argumentos utilizados para fundamentar dicho
planteamiento no se corresponden con la causal invocada y, que además, tampoco
fueron expuestos en la oportunidad de presentarse la oposición.
Por último, aduce el
formalizante que el juzgador de segundo grado incurrió en el vicio de
incongruencia negativa al dejar de pronunciarse sobre su solicitud de
reposición de la causa, alegado en informes.
Respecto a la falta de
pronunciamiento del sentenciador sobre el pedimento de reposición alegado en
informes y el vicio que ello configura, esta Sala señaló en sentencia N°. 343,
de fecha 30 de julio de 2002, Exp. 2001-0281, en el caso de Venezolana de
Inversiones y de Proyectos, (VEINPRO, C.A.), contra Asociación Civil
Pro-Vivienda Dr. Jorge Darío Patiño Gil, con ponencia del Magistrado que con
tal carácter suscribe ésta, lo siguiente:
¢...En relación con el
pronunciamiento de los jueces sobre el alegato de reposición esgrimido por las
partes en el escrito de informes, esta Sala en fallo de fecha 23 de noviembre
de 2001, caso Pastor Sánchez Rodríguez, contra la Seguros Mercantil S.A.,
abandonó el criterio sostenido en la sentencia de fecha 14 de febrero de 1990,
caso María López de Silva de Da Luz contra Joao Christinho Da Luz; Exp. Nº
89-249, y se pronunció en los siguientes términos:
‘Mientras que el Código de
Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, nuestro
actual Código la recoge dentro de la causal de quebrantamiento de formas
procesales en violación del derecho de defensa. De esta manera, la reposición
preterida conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con
el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar
que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se
hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el
derecho de defensa’.
Por tanto, mediante una
denuncia de reposición preterida el recurrente obtendrá una solución expedita
sobre la irregularidad ocurrida respecto al orden del proceso, porque el
pronunciamiento equivale a una solución directa del problema, es decir, la
declaratoria de procedencia de la denuncia conduce a la nulidad del acto o
actos afectados por la irregularidad y a la consecuente reposición de la causa
al estado en que se haga renovar el acto o actos nulos, como se desprende del
artículo 208 del Código de Procedimiento Civil. No sucede lo mismo cuando se
denuncia que la reposición fue alegada en los informes, y tal alegato no fue
resuelto por la recurrida (incongruencia negativa), porque la solución no es
otra que ordenar al Juez Superior que se pronuncie sobre el alegato omitido, al
margen de que sea o no procedente la reposición, con lo cual muchas veces se
estaría declarando la nulidad del fallo y reponiendo la causa para que un nuevo
Juez se pronuncie sobre la solicitud de reposición no resuelta, sin reparar en
su eventual inutilidad por la improcedencia de la reposición preterida, en
violación del mandato constitucional contenido en el artículo 257, que
establece:
‘...El proceso constituye un
instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes
procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los
trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará
la justicia por la omisión de formalidades no esenciales...’
Por estas razones, esta Sala abandona
el criterio sostenido en la sentencia de fecha 14 de febrero de 1990, caso
María López de Silva de Da Luz contra Joao Christinho Da Luz; Exp. Nº 89-249,
mediante el cual la Sala estableció que es obligatorio para el Juez
pronunciarse sobre las peticiones, alegatos o defensas que pudieran tener
influencia determinante en la suerte del proceso, como la confesión ficta,
reposición de la causa u otras similares bajo pena de incurrir en el vicio de
incongruencia negativa, y todos aquellos que se opongan a lo establecido en la
presente decisión. En consecuencia, deja sentado que aun cuando sea
solicitada la reposición de la causa en el escrito de informes, si el juez no
se pronuncia sobre ello, la parte interesada debe formular la respectiva
denuncia por reposición no decretada, y no mediante el alegato de incongruencia
negativa del fallo....’. (Subrayado de la Sala).
De conformidad con el criterio
arriba transcrito, si el Juez omite pronunciarse acerca de una solicitud de
reposición alegada en informes, la parte interesada debe denunciarlo en
casación a través de una denuncia de reposición no decretada y no mediante un
alegato de incongruencia negativa...¢. (Subrayado de la Sala).
De conformidad con la
jurisprudencia transcrita, cuando se plantee una solicitud de reposición de la
causa aún en informes y el juez silencie tal pedimento, ello configura el vicio
de reposición preterida y como tal debe denunciarse. Ahora bien, contrario a lo
señalado, el formalizante basa su argumento amparado en una denuncia de
incongruencia negativa incumpliendo de esta forma, lo establecido por esta
Sala, razón suficiente para desechar dicho aspecto de la denuncia.
No obstante lo anterior y, a
mayor abundamiento, de la lectura de la recurrida, anteriormente transcrita en
su parte pertinente, evidencia la Sala que el sentenciador de segundo grado
declaró improcedente esa solicitud, pues consideró que no se encontraba
evidenciado que la demanda fuera contraria al orden público, a las buenas
costumbres o al orden público.
Por las consideraciones
expuestas, es forzoso concluir que no existe la violación denunciada de los
artículos 12 y 243 ordinal 5° lo cual, por vía de consecuencia, hace
improcedente la delación analizada. Así se decide”.
De esta
forma, y con relación al recurso de casación propuesto por las ciudadanas Ninón
Josefina Ramos Vargas de Mazzarri y María Florencia D’Aiuto Fernández de Gil,
terceras intervinientes en la causa, afirmó la Sala de Casación Civil, lo
siguiente: .
“De conformidad con el ordinal
1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la
infracción de los artículos 12, 15 y 243, ordinal 5° eiusdem, por considerar el
formalizante que el juzgado de segundo grado incurrió en el vicio de
incongruencia negativa y en la falta de aplicación de las precitadas normas así
como en la del artículo 11 ibidem.
(Omissis...)
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante arguye en su
denuncia que el juzgado con competencia funcional jerárquica vertical silenció
en la recurrida, todos los alegatos que planteó en la demanda de tercería así
como también, los expuestos en el correspondiente escrito de informes,
configurándose de esta manera el vicio de incongruencia negativa.
Ahora bien, de la trascripción
de la recurrida supra realizada en su parte pertinente, se evidencia que el ad
quem respecto a la demanda de tercería propuesta si se pronunció desechándola,
toda vez que consideró que de conformidad con lo previsto en el artículo 380
del Código de Procedimiento Civil, las terceras intervinientes aceptan la causa
en el estado en que ésta se encuentre para el momento en que se proponga y, que
dicha intervención ocurrió después de formulada la oposición con argumentos de
derecho que no fueron proporcionados en el escrito contentivo de la demanda de
tercería.
De lo anterior, se concluye en
que en la denuncia bajo análisis, el juez de la recurrida se basó en la cuestión
jurídica previa, ya expresada, para desechar la intervención de las terceras
intervinientes, por tanto mal podía pronunciarse respecto a los fundamentos
expuestos relativos al fondo de la intervención.
Ahora bien, ante ese hecho y
el desacuerdo del formalizante, éste debió combatir a priori el pronunciamiento
del juez en forma previa bajo el amparo de una denuncia por infracción de ley y
en torno al artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, pues fue el
fundamento legal invocado por el sentenciador para desechar la demanda de
tercería propuesta, cuestión que el recurrente no hizo.
En este orden de ideas se
desecha la denuncia planteada, por cuanto no hubo infracción de los artículos
12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide”.
Así, con relación
a la denuncia por infracción de la recurrida de los artículos 12 y 509 del
Código de Procedimiento Civil, al haber incurrido en el vicio de silencio de
pruebas, dispuso la Sala lo siguiente:
“En la presente denuncia el
formalizante señala que la recurrida incurre en el vicio de silencio de prueba
y denuncia la violación de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento
Civil, por haberse omitido el análisis de todas las pruebas presentadas en la
oportunidad de informes, con el objeto de demostrar su oposición .
Del texto de la recurrida
parcialmente transcrito, se evidencia que el juzgador de segundo grado declaró
inadmisible la oposición del intimado al pago, con base en que los argumentos
esgrimidos por el demandado para fundamentar la referida oposición no pueden
subsumirse dentro de la causal invocada como motivo de oposición, contenida en
el ordinal 1° del artículo 663 del Código de Procedimiento Civil.
Este pronunciamiento del ad
quem hacía innecesaria la valoración de las pruebas promovidas, pues
independientemente de ello estimó a priori que la oposición no estuvo bien
planteada, para lo cual analizó los hechos alegados para fundamentar la
oposición con base al ordinal 1º del artículo 663 eiusdem, concluyendo que tales
alegaciones no coinciden que con el supuesto de hecho de dicha norma.
Pronunciamiento previo, que por su naturaleza de derecho, no requiere del
análisis de las pruebas aportadas para demostrar las alegaciones que
pretendieron fundamentar una causal de oposición de las previstas en el
artículo 663 ibidem, por tanto, frente a ésta situación, el formalizante debió
atacar en primer lugar dicho argumento, lo cual no hizo.
Por lo expuesto, forzoso es
concluir para esta Sala, que ello no se infringieron los artículos 12 y 509 del
Código de Procedimiento Civil, motivo suficiente para declarar la improcedencia
de la presente delación, tal como se declarará de manera expresa, positiva y
precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide”.
CONSIDERACIONES
PARA DECIDIR
Corresponde
a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la revisión
solicitada y a tal fin, se observa que el artículo 336.10, de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:
“Son atribuciones de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
Revisar las
sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de
constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de
la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
En efecto, dentro de las potestades atribuidas en la
Constitución de 1999 en forma exclusiva a la Sala Constitucional, se encuentra
la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales, a los fines de garantizar la uniformidad en la interpretación
de los preceptos fundamentales y en resguardo de la seguridad jurídica.
Asimismo
el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.942 del 20
de mayo de 2004, establece:
“Artículo
5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal
de la República:
(omissis)
4.
Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie
fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o
Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República,
o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo,
cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa
determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios
jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (...) aun cuando por razón de la materia y en virtud
de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala”.
Visto que, en el caso de autos, se solicitó la revisión
de una sentencia emanada de la Sala de Casación Civil, esta Sala se considera
competente para conocerla, y así se declara.
Delimitada como ha
sido la competencia para conocer de la presente revisión, esta Sala pasa a
decidir y para ello observa que el numeral 4 del artículo 5 de la Ley que rige
las funciones de este Alto Tribunal establece como supuestos de procedencia de
la revisión que se denuncie fundadamente lo siguiente: - la violación de
principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios
Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o - que
la sentencia haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo,
cohecho o prevaricación.
En el presente caso, se
pretende la revisión de una decisión dictada el 27 de abril de 2004 por la Sala
de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se
declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia
dictada el 9 de abril de 2003 por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas.
En tal sentido, el
solicitante denunció que la Sala de Casación Civil, aparte de no resolver sobre
las violaciones constitucionales planteadas, aplicó al formalizante un cambio
de criterio en cuanto a las exigencias de formalidades de la Sala; ante lo
cual, pudo esta Sala observar, que en la decisión objeto de la presente
revisión, se expuso que:
“Respecto a la
falta de pronunciamiento del sentenciador sobre el pedimento de reposición
alegado en informes y el vicio que ello configura, esta Sala señaló en
sentencia N°. 343, de fecha 30 de julio de 2002, Exp. 2001-0281, en el caso de
Venezolana de Inversiones y de Proyectos, (VEINPRO, C.A.), contra Asociación
Civil Pro-Vivienda Dr. Jorge Darío Patiño Gil, con ponencia del Magistrado
que con tal carácter suscribe ésta, lo siguiente:
¢...En relación con el
pronunciamiento de los jueces sobre el alegato de reposición esgrimido por las
partes en el escrito de informes, esta Sala en fallo de fecha 23 de noviembre
de 2001, caso Pastor Sánchez Rodríguez, contra Seguros Mercantil S.A., abandonó
el criterio sostenido en la sentencia de fecha 14 de febrero de 1990, caso
María López de Silva de Da Luz contra Joao Christinho Da Luz; Exp. Nº 89-249, y
se pronunció en los siguientes términos:
‘Mientras que el Código de
Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, nuestro
actual Código la recoge dentro de la causal de quebrantamiento de formas
procesales en violación del derecho de defensa. De esta manera, la reposición
preterida conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con
el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar
que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se
hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el
derecho de defensa’.
Por tanto, mediante una
denuncia de reposición preterida el recurrente obtendrá una solución expedita
sobre la irregularidad ocurrida respecto al orden del proceso, porque el
pronunciamiento equivale a una solución directa del problema, es decir, la
declaratoria de procedencia de la denuncia conduce a la nulidad del acto o
actos afectados por la irregularidad y a la consecuente reposición de la causa
al estado en que se haga renovar el acto o actos nulos, como se desprende del
artículo 208 del Código de Procedimiento Civil. No sucede lo mismo cuando se
denuncia que la reposición fue alegada en los informes, y tal alegato no fue
resuelto por la recurrida (incongruencia negativa), porque la solución no es
otra que ordenar al Juez Superior que se pronuncie sobre el alegato omitido, al
margen de que sea o no procedente la reposición, con lo cual muchas veces se
estaría declarando la nulidad del fallo y reponiendo la causa para que un nuevo
Juez se pronuncie sobre la solicitud de reposición no resuelta, sin reparar en
su eventual inutilidad por la improcedencia de la reposición preterida, en
violación del mandato constitucional contenido en el artículo 257, que
establece:
‘...El proceso constituye un
instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes
procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los
trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará
la justicia por la omisión de formalidades no esenciales...’
Por estas razones, esta Sala abandona
el criterio sostenido en la sentencia de fecha 14 de febrero de 1990, caso
María López de Silva de Da Luz contra Joao Christinho Da Luz; Exp. Nº 89-249,
mediante el cual la Sala estableció que es obligatorio para el Juez
pronunciarse sobre las peticiones, alegatos o defensas que pudieran tener influencia
determinante en la suerte del proceso, como la confesión ficta, reposición de
la causa u otras similares bajo pena de incurrir en el vicio de incongruencia
negativa, y todos aquellos que se opongan a lo establecido en la presente
decisión. En consecuencia, deja sentado que aun cuando sea solicitada la
reposición de la causa en el escrito de informes, si el juez no se pronuncia
sobre ello, la parte interesada debe formular la respectiva denuncia por
reposición no decretada, y no mediante el alegato de incongruencia negativa del
fallo....’. (Subrayado de la Sala).
De conformidad con el criterio
arriba transcrito, si el Juez omite pronunciarse acerca de una solicitud de
reposición alegada en informes, la parte interesada debe denunciarlo en
casación a través de una denuncia de reposición no decretada y no mediante un
alegato de incongruencia negativa...¢. (Subrayado de la Sala).
De
conformidad con la jurisprudencia transcrita, cuando se plantee una solicitud
de reposición de la causa aún en informes y el juez silencie tal pedimento,
ello configura el vicio de reposición preterida y como tal debe denunciarse.
Ahora bien, contrario a lo señalado, el formalizante basa su argumento amparado
en una denuncia de incongruencia negativa incumpliendo de esta forma, lo
establecido por esta Sala, razón suficiente para desechar dicho aspecto de la
denuncia.
No obstante lo
anterior y, a mayor abundamiento, de la lectura de la recurrida, anteriormente
transcrita en su parte pertinente, evidencia la Sala que el sentenciador de
segundo grado declaró improcedente esa solicitud, pues consideró que no se
encontraba evidenciado que la demanda fuera contraria al orden público, a las
buenas costumbres o al orden público.
Por las consideraciones expuestas, es forzoso concluir que
no existe la violación denunciada de los artículos 12 y 243 ordinal 5° lo cual,
por vía de consecuencia, hace improcedente la delación analizada. Así se
decide”. (Resaltado
de este fallo).
El
principio de seguridad jurídica como tal no se encuentra establecido en la
vigente constitución.
Pero a
pesar que el Texto Fundamental expresamente no lo define, el artículo 299
Constitucional, en lo relativo al sistema económico, señala: “(...) El Estado, conjuntamente
con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía
nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado
nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía
económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez,
dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la
economía, ...” (Subrayado de la Sala).
La
seguridad jurídica aparece ligada al fortalecimiento de la economía del país,
pero considera la Sala, que ella obedece a un criterio más amplio, que se
derivaría del propio Texto Constitucional y que se convierte en un principio
constitucional.
Seguridad
Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica
certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En
ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que
la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los
diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por
lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y
aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no
puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los
requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad.
Pero, a
juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya
que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la
población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que
el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se
vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la
interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las
personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas
jurídicas a la cual se acogerán.
Estos otros
dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como contenido
particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran garantizados constitucionalmente
así: el primero, por la irretroactividad de la ley sustantiva, lo que incluye
aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las partes dentro del
proceso (artículo 24 constitucional); y el segundo, en la garantía de que la
justicia se administrará en forma imparcial, idónea, transparente y responsable
(artículo 26 constitucional), lo que conduce a que la interpretación jurídica
que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, sea
considerada idónea y responsable y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las
diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos interpretativo, que
afecta la transparencia y la imparcialidad.
Corresponde
al Tribunal Supremo de Justicia la mayor responsabilidad en la interpretación
normativa, ya que es la estabilización de la interpretación lo que genera en la
población y en los litigantes, la confianza sobre cual sería el sentido que
tiene la norma ante un determinado supuesto de hecho (a lo que se refiere la
uniformidad de la jurisprudencia).
Tan ello es
así, que las interpretaciones de la Sala Constitucional tienen carácter
vinculante, en materia constitucional (artículo 335 constitucional); las de la
Sala de Casación Civil, si bien es cierto que no son vinculantes, sin embargo
los jueces de instancia procurarán acoger la doctrina de dicha Sala, para
defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia,
tal como lo exige el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil; y durante
la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, un efecto análogo
al de la Casación Civil, producía la sentencia de la Sala de Casación Penal
cuando casaba en interés de la ley, ya que advertía a los jueces de instancia
(sentenciadores) la infracción o infracciones cometidas, para que no vuelvan a
incurrir en ellas (artículo 347), a lo que se aunaba la publicación del fallo
(artículo 354 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal).
La
uniformidad de la jurisprudencia es la base de la seguridad jurídica, como lo
son los usos procesales o judiciales que practican los Tribunales y que crean
expectativas entre los usuarios del sistema de justicia, de que las condiciones
procesales sean siempre las mismas, sin que caprichosamente se estén
modificando, sorprendiéndose así la buena fe de los usuarios del sistema.
Todo esto
viene al caso con las llamadas técnicas de la formalización, que la Casación
Civil, en interpretación del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil ha
venido desarrollando, y que podrían convertirse en trabas al principio de
acceso a la justicia.
Conforme a
sus fallos, la Sala de Casación Civil exige, como si fueran fórmulas para
insertar en un molde, una serie de requisitos para cada clase de denuncia, cuya
nomenclatura y causales la misma Sala ha creado, y para mantener la uniformidad
de la jurisprudencia, es esta la técnica que se exige a los litigantes en sus
denuncias. Así, acuñando una especial tipología, la Casación Civil ha creado
una nomenclatura (por ejemplo, incongruencia omisiva o reposición preterida)
para las diversas categorías de denuncias y ha señalado requisitos a cumplir
para cada una de ellas, excediendo a lo que exige el artículo 317 del Código de
Procedimiento Civil.
La
seguridad jurídica en estos casos consiste en que mientras el criterio de
técnica del recurso no lo haya cambiado la Sala, el mismo es el aplicable, y si
la Sala lo va a reformar o modificar, tal reforma o modificación, no puede
perjudicar a quien se ajustó a la “técnica” vigente para cuando formalizó. En
consecuencia, no es que los jueces no puedan variar el criterio, sino que en
aras a la seguridad jurídica los nuevos criterios producirían efectos a futuro
y no en contra de quienes apegados al criterio vigente para la fecha de la
actuación, procedieron conforme a él.
Ya esta
Sala ha analizado en otras oportunidades los efectos de los cambios de criterio
y, en sentencia del 5 de mayo de 2003 (Caso: POLIFLEX, C.A.), indicó que:
“En sentencia N° 956 del 1º de junio de
2001, esta Sala señaló lo siguiente:
¢La interpretación pacífica
emanada de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia,
fundada en las normas del Código de Procedimiento Civil, fue que la perención
no corre después que la causa entre en estado de sentencia. Tal interpretación
generalmente admitida creó un estado de expectativa legítima, para las partes y
usuarios de la justicia, de que no corría la perención mientras la causa se
encontrara en estado de sentencia, y ello llevó a que no diligenciaran
solicitando sentencia vencido el año de paralización por falta de actividad del
juzgador. Al no estar corriendo la perención, por no tratarse de la inactividad
de los litigantes la causante de la paralización, las partes -en principio- no
tenían que instar se fallare.¢
...omissis...
¢La expectativa legítima es
relevante para el proceso. Ella nace de
los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en
cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata
de usos que no son contrarios a derecho.¢
Con la anterior afirmación, la Sala le
dio valor al principio de expectativa plausible, el cual sienta sus bases,
sobre la confianza que tiene un particular, de que un órgano del Poder Público,
actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias
similares o parecidas, a la posición que él esté atravesando en el presente.
En el caso bajo estudio, se puede observar, que la Sala de Casación Civil,
al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de un recurso de casación,
interpuesto contra sentencias dictadas por los tribunales de Reenvío, tomaba en
consideración, la cuantía vigente para el momento en que había sido emitida la
sentencia definitiva objeto del primer recurso de casación, ese criterio se
aprecia, en las sentencias citadas por la Sala de Casación Civil, al momento de
decidir el recurso de hecho, oportunidad en la cual refirió, que ratificaba
decisiones del 30 de abril y 14 de agosto de 1997, las cuales constituían ¢criterios señeros acerca de la cuantía para acceder a casación después de
la sentencia de reenvío, donde se estableció que las decisiones de reenvío
quedaba excluido el requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso
de casación...¢.
En ese mismo sentido, esta Sala observa que la Sala de Casación Civil, el
17 de diciembre de 1997, en el expediente N° 96-510, estableció lo siguiente:
¢...En cuanto a los asuntos que se someten a la consideración del Alto
Tribunal, por efecto de una sentencia de reenvío, asiste a la parte interesada,
un derecho adquirido a la revisión del fallo por la Corte, no sólo mediante un
recurso de nulidad, (...) sino también por efecto de un recurso de casación
propuesto contra la decisión de reenvío.¢
Y el 23 de abril de 1998, en el expediente N° 95-359, señaló lo siguiente:
¢... Cuando ha sido casada la
sentencia por denuncia planteada por una de las partes, la inadmisibilidad del
recurso -por razones de cuantía- propuesto por la otra parte contra la
sentencia de reenvío ocasionaría un desequilibrio procesal repudiado por los
artículos 15 y 204 del Código de Procedimiento Civil en desarrollo de derechos
constitucionales. En consecuencia, el requisito de la cuantía para la admisión
del recurso de casación será examinado sólo en la primera oportunidad en que se
interpone el recurso. Por lo que de presentarse la casación múltiple contra las
decisiones de reenvío, éstas quedan excluidas de la revisión de tal
requisito....¢.
Observa esta Sala, que todas las sentencias mencionadas, son anteriores al
5 de octubre de 1998, oportunidad en la cual el apoderado de la recurrente,
anunció recurso de casación contra la sentencia de reenvío dictada por el
Juzgado de los Municipios Girardot y Mario Briceño Yragorry del Estado Aragua,
es decir, era perfectamente factible pensar que el recurrente confiara que era
esa y no otra, la cuantía que le iba a
ser exigida a la hora de anunciar un nuevo recurso de casación, mucho más,
cuando esa era la postura de la Sala de Casación Civil de este Tribunal, aun
cuando ya había sido dictada la Resolución N° 619 por parte del entonces
Consejo de la Judicatura, que aumentó la cuantía para recurrir a casación de
Bs. 250.000,00 a Bs. 5.000.000,00.
La sentencia del 6 de mayo de 1999, a
través de la cual se decidió el recurso de hecho intentado, no hace más que
ratificar el criterio anterior, y en consecuencia admitió el recurso de
casación y ordenó su tramitación.
Ahora bien, la sentencia recurrida,
dictada el 31 de octubre de 2000, basándose en una decisión de la propia Sala
de Casación Civil del 13 de abril de 2000, cambió el criterio que venía
sosteniendo, y estableció como perentorio, cumplir con una nueva exigencia de
la Sala, para casos similares al que se estudia, dejando sin efecto la admisión
del recurso de casación, el cual había sido anunciado incluso con anterioridad
al fallo del 13 de abril de 2000, motivo por el cual esta Sala Constitucional
considera que se violó el principio de seguridad jurídica que debe garantizar
el Estado Venezolano.
Quiere dejar claro esta Sala, que no se
trata de que los criterios jurisprudenciales no sean revisados, y sincronizados
con las exigencias propias del desarrollo y cambio social, sino que esa
revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos,
vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos
para los casos futuros, y que se respeten en consecuencia, las circunstancias
fácticas e incluso de derecho, que existían para el momento en el cual se haya
presentado el debate que se decida en el presente.
Considera la Sala, que negar la admisión
de un recurso de casación previamente admitido, y bajo las circunstancias antes
expuestas, es nugatorio de la garantía de ser juzgado por un juez natural,
establecida en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, lo cual conlleva la violación del derecho a un debido
proceso, y el hecho de que la Sala Civil no examine los argumentos de la
recurrente, en contra de la sentencia de reenvío, va en detrimento directo del
derecho a la defensa, todo lo cual se conjuga y sin lugar a dudas impide que la
administración de justicia imparta una tutela judicial efectiva.
Igualmente, observa esta
Sala, que exigir una nueva cuantía para la admisión del nuevo recurso de
casación intentado contra la sentencia de reenvío, atenta contra el principio
de la perpetuatio jurisdictionis, consagrado en el artículo 3 del Código de
Procedimiento Civil, y que a la letra expresa lo siguiente:
¢La jurisdicción y la competencia se
determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la
presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios
posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.¢
Tal principio, opera en
resguardo de la seguridad jurídica, y sobre el mismo, el autor Hernando Devis
Echandía expresa lo siguiente:
¢La situación de hecho
existente en el momento de admitirse la demanda es la determinante de la
competencia para todo el curso del juicio, sin que las modificaciones
posteriores puedan afectarle....Es apenas natural que el actor se atenga a la
situación existente en el momento en que demanda para cualquier efecto
jurídico, y con base en ella investigará cuál es el juez que debe conocer de su
demanda. El no está en capacidad de prever, por lo general, las alteraciones
que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación, y en caso de ser
previsible no tiene la seguridad de que ellas se sucedan. Su litigo de todas
maneras versará sobre lo que existe en ese momento, y el juez, al asumir su
conocimiento, deberá basarse también en esa realidad”. (Resaltado de este fallo).
Argumentación
de la cual se desprende, que para la fecha en que el solicitante anunció
recurso de casación (26 de mayo de 2003, ver folios 379 y 380 de anexos que
conforman el presente expediente), ya la Sala de Casación Civil, había cambiado
con la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2001 (Caso: Pastor Sánchez
Rodríguez contra Seguros Mercantil, S.A.), el criterio referido a que la denuncia
por el silencio del juzgador ante el pedimento de reposición alegado en
informes, debía formularse por reposición preterida y no por incongruencia
negativa, como sucedió en el caso de autos –donde el solicitante presentó su
denuncia por incongruencia negativa y no por reposición preterida-.
De allí, que precisado
lo anterior, no observa la Sala, que la sentencia cuya revisión se solicita,
haya incurrido en un error craso al
contrariar principios y disposiciones constitucionales, que la subsuman en los
supuestos que la Sala ha considerado, para el ejercicio de su potestad
revisora.
Siendo el caso, que esta Sala expresó en sentencia del 2 de marzo de
2000 (Caso: Francia Josefina Rondón Astor) que en materia de revisión, esta
Sala posee facultad discrecional, y tal potestad puede ser ejercida sin motivación
alguna, “cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de
revisarse,
en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios
constitucionales, ni constituya una deliberada violación de preceptos de ese
mismo rango”.
De esta forma, de conformidad
con el criterio citado anteriormente, aplicable al caso de autos, observa esta
Sala, que la decisión judicial sometida a su consideración, no quebranta
principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios
Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, ni fue
dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación,
así como tampoco contradice sentencia alguna proferida por esta Sala, toda vez
que en el caso de autos se evidencia que la Sala de Casación Civil, al momento
de proferir su decisión y declarar sin lugar el recurso de casación
interpuesto, acató la doctrina pacífica, reiterada y consolidada en materia de
casación, por lo que se considera que la solicitud de revisión formulada no
contribuiría a la uniformidad de la interpretación de normas y principios
constitucionales, más bien, de los alegatos del solicitante lo que se evidencia
es una disconformidad con la decisión impugnada, al ser ésta contraria a sus
intereses.
En atención a lo
expuesto, considera esta Sala que, la revisión solicitada en nada contribuye a
la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, y
así se decide, por lo que se declara no ha lugar en derecho.
DECISIÓN
Por las razones
antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
declara que NO HA LUGAR a la
revisión interpuesta el abogado RAFAEL
ANGEL TERÁN BARROETA, en representación de TECNOAGRICOLA LOS
PINOS TECPICA, C.A. de la sentencia dictada el 27 de abril de 2004, por la
Sala de Casación Civil.
Publíquese
y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada,
firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia,
en Sala Constitucional, en Caracas, a los 15 días del mes de diciembre de dos mil cuatro (2004). Años: 194° de la
Independencia y 145° de la Federación.
El Presidente
de la Sala,
Iván
Rincón Urdaneta
El
Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Antonio José García García
Pedro Rafael Rondón Haaz
Carmen Zuleta de Merchán
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 04-1823
JECR/