SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván
Rincón Urdaneta
Mediante oficio de fecha 11 de mayo de 2000, la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, remitió a esta Sala
Constitucional la causa contentiva de la acción de amparo constitucional
interpuesta en fecha 10 de diciembre de 1999, por el ciudadano ALBERTO JOSE DIAZ CASTRO, titular de la
cédula de identidad Nº 3.728.188,
asistido por el abogado Víctor José Cortez Mendoza, inscrito en el Instituto de
Previsión Social del Abogado bajo el Nº 23.978, contra la sentencia de la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo dictada en fecha 13 de octubre de
1999.
En fecha 12 de mayo de 2000, se dio cuenta en Sala y se
designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter
suscribe el presente fallo.
Mediante escritos de fechas 23 de mayo, 15 de junio, 27
de junio, 11 de julio, 25 de julio, 7 de agosto, 10 de octubre, 9 de noviembre
y 7 de diciembre del año 2000, el accionante reiteró sus consideraciones expuestas
en el escrito de amparo.
I
ANTECEDENTES
En fecha 16 de octubre de 1990, el hoy accionante ingresó
a la Dirección de Auditoría e Inspección de la Comisión Nacional de
Valores, adscrita al Ministerio de
Hacienda, con el cargo de Auditor Jefe II.
En fecha 1º de octubre de 1996, el hoy accionante fue
designado Director de la Dirección de Auditoría e Inspección de la Comisión
Nacional de Valores.
En fecha 14 de marzo de 1997, la Presidenta del referido
organismo ordenó la remoción del hoy accionante.
El 15 de abril de 1997, la Presidenta del organismo en
cuestión le notificó al accionante su retiro de la Administración Pública
Nacional.
En fecha 29 de septiembre de 1997, el ciudadano Alberto
José Díaz Castro interpuso ante el Tribunal de la Carrera Administrativa,
recurso de nulidad contra el acto que ordenó su retiro de la Administración
Pública.
En fecha 5 de agosto de 1998, el Tribunal de Carrera
Administrativa declaró sin lugar el recurso interpuesto.
En fecha 14 de agosto de 1998, ejerció recurso de
apelación contra la referida sentencia del Tribunal de Carrera Administrativa.
En fecha 13 de octubre de 1999, la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo declaró sin lugar la apelación interpuesta.
En fecha 10 de diciembre de 1999, el accionante interpuso
ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, acción de
amparo constitucional en contra de la mencionada sentencia de la Corte Primera,
la cual -tal y como se expuso- remitió los autos a esta Sala Constitucional.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO
El accionante, a los fines
de fundamentar su acción de amparo, hace una serie de consideraciones que pasa
esta Sala a exponer de la siguiente forma:
Estima el accionante que la sentencia accionada omitió realizar
consideraciones en torno a su alegato de falta de motivación de los actos de
remoción y de retiro.
En este mismo sentido, señala que la decisión accionada incurrió en
silencio de pruebas e inmotivación, ya que en la misma no se señaló la razón
por la cual los documentos por él consignados no fueron prueba suficiente para
demostrar la inmotivación de los actos de remoción y retiro.
Por otra parte, el accionante alega que la sentencia impugnada viola el
principio de la imparcialidad, al haberse basado para declarar válidos los
actos de remoción y retiro en las pruebas que él presentara, lo cual no podía
realizar por no resultar aplicable el principio de la comunidad de la prueba.
En este sentido, señaló el accionante que “El
Juez de Alzada suplió en su decisión las defensas de la parte demandada, en el
caso de mi reubicación como funcionario de carrera, distinguiendo que la parte
demandada en ningún momento expresó sus defensas, y quedó fuera del debate, por
ello, el Juez de alzada no puede tomar en cuenta para nada pruebas que nunca
fueron opuestas por la demandada a riesgo de pronunciar una sentencia
incongruente…”.
Finalmente,
solicita se declare la nulidad de la sentencia accionada y que se le restituya
en su cargo de Director de Auditoría e Inspección de la Comisión Nacional de
Valores.
III
DE LA
SENTENCIA ACCIONADA
La sentencia accionada fue dictada por la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo en fecha 13 de octubre de 1999 y en la misma se
declaró sin lugar la apelación que interpusiera el hoy accionante contra la
sentencia dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa en fecha 5 de
agosto de 1998, a través de la cual se declaró sin lugar la querella
interpuesta por el referido ciudadano contra la Comisión Nacional de Valores.
En primer término, la sentencia accionada realizó consideraciones en
torno al alegato del apelante -hoy accionante- según el cual el Tribunal de la
Carrera Administrativa no podía tomar en consideración el organigrama
estructural ni el resto de las pruebas constantes en autos por cuanto las
mismas fueron traídas al expediente por él mismo y no por la Administración
demandada.
Al
respecto, la sentencia señaló -a diferencia de lo alegado por el recurrente-
que conforme al principio de comunidad de la prueba el Tribunal de Carrera
Administrativa, sí podía utilizar como fundamento de su decisión el referido
organigrama así como el resto de las pruebas cursantes en autos,
independientemente de que las mismas hubiesen sido consignadas por la parte
querellante o la querellada.
Finalmente,
la sentencia accionada estimó que, a diferencia de lo alegado por el
querellante, la Administración sí dio cumplimiento a las gestiones
reubicatorias correspondientes.
IV
DE LA COMPETENCIA
Esta
Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través
de su sentencia de fecha 20 de enero del año 2000, Caso Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer de las
acciones de amparo constitucional interpuestas contra sentencias dictadas por
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:
“...Igualmente corresponde a
esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para
conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de
última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República (salvo
los que tienen competencia contencioso administrativa) la Corte Primera de
lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que
infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”.(Subrayado añadido).
En el presente caso, se
ejerce una acción de amparo constitucional contra una decisión emanada de la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual esta Sala,
congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para
conocer de la presente acción, y así se declara.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse en torno a la
presente acción de amparo constitucional ejercida en contra de la sentencia de
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 13 de octubre de
1999, mediante la cual fue declarada sin lugar la apelación ejercida por el hoy
accionante contra la sentencia del Tribunal de la Carrera Administrativa que
declaró sin lugar la querella que él mismo interpusiera contra la Comisión
Nacional de Valores.
En este orden de ideas, señaló el accionante que la
sentencia recurrida omitió pronunciarse en torno a su alegato de que los actos
de remoción y retiro eran inmotivados. Al respecto, puede apreciar esta Sala
Constitucional que en el escrito presentado por el hoy accionante, contentivo
de los fundamentos de la apelación que interpusiera contra la sentencia del
Tribunal de la Carrera Administrativa -que da lugar a la sentencia impungada-
no señala ni hace consideración alguna en torno a la supuesta inmotivación de
los actos de remoción y de retiro. Siendo así, no tenía la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo que pronunciarse en torno a las posibles
inmotivaciones de los actos de remoción y retiro, en razón de lo cual debe ser
desestimada la denuncia presentada por el accionante, y así se declara.
En torno al alegato del accionante de que no podía la
sentencia recurrida valorar las pruebas aportadas por él a los fines de estimar
válidos los actos de remoción y retiro, esta Sala estima procedente hacer las
siguientes consideraciones:
De conformidad con el principio de la comunidad de la
prueba, tal y como lo señaló la sentencia recurrida, el juez se encuentra
obligado a valorar todas las pruebas que se encuentren en el expediente y
extraer de ellas elementos de convicción sin que las consecuencias que se
deriven de su interpretación tengan necesariamente que ser favorables para la
parte que produjo la prueba analizada. Así, en atención al referido principio,
determinada prueba puede demostrar circunstancias que favorezcan o perjudiquen
a cualquiera de las partes, indistintamente de quien la haya producido.
Ello es así, por cuanto de conformidad con el principio
de la comunidad de la prueba (el cual sin lugar a dudas tiene plena aplicación
en el caso de autos), una vez que las pruebas han sido incorporadas al proceso,
dejan de pertenecer a la parte que las produjo y son adquiridas para el
proceso, pudiendo cada parte aprovecharse de las producidas por la contraparte,
y a su vez el juez valorarlas, aún en perjuicio de aquel que las produjo.
Siendo así lo antes expuesto, no resulta en forma alguna
censurable la actuación del juez accionado por haber formado su convicción con
base a las pruebas aportadas por el recurrente, a pesar de que de las mismas
hubiera extraído elementos de convicción que le eran desfavorables, como lo fue
el estimar que los actos de remoción y retiro estaban ajustados a derecho.
En atención a las anteriores consideraciones, de las
cuales puede evidenciarse que los jueces accionados no realizaron ninguna
actuación contraria a derecho y que en consecuencia no fue lesionado ningún
derecho constitucional del accionante, debe esta Sala declarar improcedente in
limine la presente acción de amparo, y así se declara.
DECISION
Por las razones antes
expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley,
declara IMPROCEDENTE in limine litis la presente acción
de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ALBERTO JOSE DIAZ CASTRO, asistido por el abogado Víctor José
Cortez Mendoza, contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, dictada en fecha 13 de octubre de 1999.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el
expediente.
Dada, firmada y sellada en
el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, a los 14 días del mes
de FEBRERO del año dos mil uno. Años 190º de la Independencia y 141º de la
Federación.
El Presidente Ponente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Magistrado,
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado,
Antonio García García
Magistrado,
Pedro Rondón Haaz
El Secretario,
José Leonardo Requena
Cabello
Exp. 00-1567
IRU