EN SALA CONSTITUCIONAL

Expediente n.° 16-0117

 

 

PONENCIA CONJUNTA

 

Consta en autos que, el 3 de febrero de 2016, los ciudadanos HERNÁN TORO, titular de la cédula de identidad n.° V-15.343.932 miembro del Consejo Comunal “San Antonio de Galipán”; NORCY ÁLVAREZ, titular de la cédula de identidad n.° V-5.981.614, miembro de la Organización Social “CONSEJO COMUNAL PÉREZ BONALDE”; ROSA CORRO, titular de la cédula de identidad n.° V-14.071.077, habitante del urbanismo “Ciudad Tiuna”; ALEJANDRA VARGAS, titular de la cédula de identidad n.° V-11.991.289, miembro de la Comuna “Bicentenaria Socialista”, Parroquia Santa Teresa; JOSEFINA MARÍN, titular de la cédula de identidad n.° V-7.998.530, miembro del Consejo Comunal “Árbol de las Tres Raíces” (Estado Vargas); RUDY PUERTA, titular de la cédula de identidad n.° V-20.005.750, miembro de la Comuna “Guaicamacuto” (Estado Vargas); JESÚS SULBARÁN, titular de la cédula de identidad n.° V-5.578.359, miembro de la Comuna Socialista “Guaicamacuto” (Estado Vargas); GERARDO BUITRAGO, titular de la cédula de identidad n.° V-5.091.537, miembro de la Comuna “Moncasig” (Estado Vargas); FLOR GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad n.° V-12.163.314, miembro del Consejo Comunal “La Perla” (Estado Vargas); YOVANI MIERY, titular de la cédula de identidad n.° V-13.826.717, miembro del Consejo Comunal “Piedra Azul” (Estado Vargas), todas las referidas organizaciones debidamente inscritas ante el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales; asistidos por el abogado Carlos Navarro, inscrito en el Inpreabogado n.° 54.621, acudieron ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, a los fines de interponer Recurso de Interpretación de naturaleza Constitucional, en conformidad a lo previsto en los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que le atribuye al Tribunal Supremo de Justicia la cualidad de máximo y último interprete de la Constitución, como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y de su uniforme, interpretación y aplicación en concordancia con el artículo 25 numeral 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con el objeto de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie en sentencia interpretativa sobre el alcance, particulares y consecuencias del artículo 339 en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los artículos 27 y 34 [rectius: 33] de la Ley Orgánica sobre los (sic) Estados de Excepción”.

El 5 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.

El 11 de febrero de 2016, se acordó asumir el asunto como ponencia conjunta de todas las magistradas y todos los magistrados que componen esta Sala Constitucional, quienes con tal carácter, suscriben la presente decisión.

Efectuado el examen y análisis correspondiente, pasa esta Sala Constitucional a decidir, previas las consideraciones siguientes:

I

DE LA DEMANDA

Los recurrentes en su escrito, alegaron:

Que “[l]a Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Título VIII referido a la Protección de esta Constitución, Capítulo II de los Estados de Excepción, artículos 337, 338 y 339 establece que el régimen del ius exorbitante constitucional (estado de excepción o estado de emergencia), cuando el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros ante circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que pudieran afectar o afecte gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, Decreta en Consejo de Ministros Estado de Excepción, cuando resultan insuficientes las facultades de las cuales se dispone para hacer frente a tales hechos. Así, puede decretar el estado de alarma ante catástrofes, o calamidades públicas; el estado de emergencia económica, cuando circunstancias económicas extraordinarias afectan gravemente la seguridad de la nación (subrayado nuestro); el estado de conmoción interior o exterior, en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, como hemos dicho ut supra, de sus ciudadanos y ciudadanas, de sus instituciones, o del pueblo de Venezuela en general”.

Que “… el Decreto que declara el estado de excepción que regula el derecho cuya garantía se restringe debe ser presentado ante la Asamblea Nacional o la Comisión Delgada y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, además de cumplir con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos humanos, de acuerdo a lo expresamente señalado en el Texto Constitucional”.

Que “… señala la Norma Suprema que el Presidente o Presidenta de la República puede solicitar la prórroga de plazo de origen, el cual puede ser revocado por la Asamblea Nacional, o por su Comisión Delegada antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron (subrayado nuestro)”.

Que “… siguiendo la tradición constitucional, el Constituyente de 1.999 en este tema expresó que la declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público”.

Que “[l]as normas, objeto de solicitud interpretativa, en jurisdicción constitucional están contenidas en los artículos 339, 136 constitucionales (sic) son del tenor siguiente:

Artículo 339

El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público. (Subrayado nuestro).

Artículo 136

El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. (Subrayado nuestro)”.

 

Que “[l]a solicitud que legítimamente interponemos, debe  necesariamente concatenarse con los artículos 27 y 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción

Artículo 27

El decreto que declare el estado de excepción, la solicitud de prórroga o aumento del número de garantías restringidas, será aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizara sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto. (Subrayado nuestro).

Artículo 34 [rectius: 33]

La Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento, si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el decreto de estado excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida la instancia. (Subrayado nuestro)”.

Que “[e]l artículo 339 constitucional in comento establece un sistema de controles internacionales, pero también de orden interno. En efecto, al referirse a las exigencias internacionales habría que afirmar que los principios que conforman tanto el sistema internacional, como el sistema interamericano, en materia de estados de excepción, no puede desvincularse del ejercicio de la democracia a que alude el artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, ni al conjunto de derechos esenciales de la persona humana, contenida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos  y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”.

Que “[e]n el orden interno, el Decreto que declara el estado de excepción, en el lapso de ocho días siguientes de haberse dictado, debe ser presentado a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración o aceptación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad”.

Que “… el Presidente de la República en el Decreto Número 2.184, publicado en la Gaceta Oficial Número 6.214 Extraordinario, de fecha 14 de enero de 2016, declara el estado de emergencia económica en Consejo de Ministros y en el cumplimiento de la Constitución lo envía a la Asamblea Nacional, …”.

Que “[e]l 14 de enero de 2016 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 6.214 Extraordinario se publicó el Decreto Presidencial Número 2.184, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, de conformidad a la Constitución, las leyes y por un lapso de 60 días. De conformidad al Texto Constitucional, dicho Decreto debe ser sometido a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitciona1 del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Cumplidos estos requisitos constitucionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando constitucional, conforme a la Constitución, el Decreto in comento, en sentencia N° 04 Expediente 16-0038 de fecha 20 de enero de 2016, publicando su constitucionalidad en la Gaceta N° 40.838 de fecha 28 de enero de 2016. El hecho que ocupa nuestra atención y evaluación es que dicho Decreto sometido a la Asamblea Nacional no fue aprobado, en el lapso de cuarenta y ocho horas tal como lo pauta el artículo 27 de la Ley (sic) sobre Estados de Excepción; sino que fue desaprobado según el Acuerdo de sesión Plenaria en fecha 22 de enero del año que discurre, publicado en la página web de la Asamblea Nacional; es decir ya desde el 14 de enero data de su publicación en la Gaceta Oficial era pública y notoria la declaratoria del ‘Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días’. Ello ha creado una situación de zozobra en algunos sectores de la vida nacional, puesto que [se] pregunta[n] qué ocurriría si se producen catástrofes, calamidades públicas, conmoción interior o exterior por conflicto interno o externo que ponga en peligro la seguridad de la nación y la del pueblo de Venezuela. La no aprobación en el ejercicio de la función de control político de la Asamblea Nacional sobre los Estados de excepción, la negativa de la Asamblea Nacional como Poder Público que inexcusablemente debe colaborar con los demás Poderes Públicos ¿Podría ello impedir o interrumpir el ejercicio de una función fundamental del Jefe del Estado y hasta alterar el funcionamiento de los órganos del Poder Público?; es eminente la problemática económica en la cual se encuentra el Estado, es inminente que se requiere y necesita la colaboración y concierto de todos los Poderes Públicos. ¿Puede uno de ellos interferir para la consecución de los objetivos del Estado? ¿De impedir que se solucionen las necesidades primarias del pueblo?...”.

Que “[m]ás aún, el Derecho Constitucional democrático señala que este tipo de control parlamentario ejercido en este caso por la Asamblea Nacional venezolana, constituye un juicio de valor que se emite ante el acto de Gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, es un control a posteriori porque solo puede ejecutarse una vez producido el acto del Ejecutivo. Lo contrario, es decir, un control parlamentario a priori sobre los actos del Poder Ejecutivo trasladaría la iniciativa de la decisión política a la Asamblea Nacional, y la consecuencia sería la sustitución de la Constitución por medios no previstos en ella, porque este hecho cambiaría  la naturaleza del régimen constitucional y ya no sería un sistema mixto, sino un régimen parlamentario”.

Que “[d]ada la gravedad del comportamiento de la mayoría en la Asamblea Nacional la situación ocasionada se hace menester, en consecuencia, evaluar, dilucidar, aclarar con base a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la actual situación, puesto que la no aprobación de la Asamblea Nacional del estado de emergencia económica, no afecta de nulidad, ni sustenta o impide el ejercicio del Decreto Presidencial que declara dicho Estado en todo el territorio nacional, dadas las acciones de ofensiva económica y de graves amenazas, la caída inusitada de los precios petroleros, y a su vez, la obligación inajenable que tiene el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de proteger al pueblo y preservar sus derechos a la vida, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, e incluso la soberanía de Venezuela”.

Que “[e]s menester observar que la declaratoria de los estados de excepción es competencia exclusiva del Presidente de la República en Consejo de Ministros, de conformidad al artículo 236, numeral 7, que establece como atribución presidencial declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías con los casos previstos en esta Constitución; así mismo, el artículo 337 constitucional señala que es el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, quien puede decretar los estados de excepción, estando sujeto al llamado control posterior político, de parte de la Asamblea Nacional y el control constitucional, de parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.

Que “[e]l Decreto que declara el estado de excepción, aunque es considerado por la doctrina como un Acto de Gobierno, tiene rango y fuerza de ley y tiene preeminencia temporal en el ordenamiento jurídico, siempre subordinado a la Constitución. Este Decreto, que declara el estado de excepción entra en vigencia una vez dictado, y su efecto de la declaratoria es la ampliación de la potestad normativa del Ejecutivo Nacional al restringir garantías constitucionales de conformidad al artículo 6 de la Ley Orgánica de (sic) los Estados de Excepción. Facilita también la ejecución de medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional, en una reglamentación que incide democráticamente, constitucionalmente en los derechos ciudadanos, no extendiéndose a funciones judiciales, ni a las funciones de los otros Poderes, tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de los (sic) Estados de Excepción. Las facultades del Presidente incluyen las medidas necesarias, de acuerdo al principio de proporcionalidad con la necesidad, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de los (sic) Estados de Excepción in comento, todo ello con base a la doctrina, jurisprudencia y la Constitución. El Decreto de estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los Poderes Públicos, aunque acumula, en el Presidente de la República, por razones extraordinarias, constitucionales, las potestades ejecutivas y legislativas. El control parlamentario, control político, corresponde a la Asamblea Nacional. El acuerdo que emana de la Asamblea Nacional sólo puede negar la continuación de la declaratoria, examinando los motivos de méritos, de oportunidad y proporcionalidad, una vez que el Presidente de la República solicita la única prorroga”.

Que “[s]i el Tribunal Supremo de Justicia declara la constitucionalidad del Decreto y la Asamblea Nacional lo desaprueba, se produce la caducidad del procedimiento parlamentario y solo puede aplicar la potestad revocatoria cuando el Presidente de la República solicita la prórroga por un plazo igual, y la evaluación de mérito que hace el parlamento demuestra que cesaron las causas que motivaron el decreto. Frente al control político en el Estado Constitucional de Derecho tiene preeminencia el dictamen judicial. Una vez presentado el decreto la Asamblea Nacional, tiene indefectiblemente un lapso de cuarenta y ocho horas para pronunciarse (artículo 27 Ley Orgánica sobre Estados de Excepción)”.

Que “[e]s de hacer notar, igualmente que el constituyente de 1.999 fue muy estricto en la temporalidad del estado de excepción, a diferencia de lo ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1.961, que la suspensión de las garantías económicas fue por 30 años, y por tanto, contraria a derecho, a la doctrina democrática y a los principios y valores que emanan tanto del Derecho Internacional, como del Derecho Constitucional Comparado, tal como puede observarse en el Decreto de la Presidencia de la República Número 1.794, mediante el cual se restituyen las garantías económicas suspendidas, tal y como aparecen en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela del 10 de julio de 1.991 Número 34.792”.

Que “[d]e tal manera que el principio de proporcionalidad y temporalidad son precisamente los que caracterizan al Decreto de emergencia económica presidencial”.

Que “[e]n el caso que nos ocupa, sometido, mediante Recurso de Interpretación Constitucional a esa honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha desarrollado una guerra económica, iniciada contra el pueblo de Venezuela, en coordinación con factores internos y externos, perjudicando gravemente al pueblo y dificultando el ejercicio de su derecho a disponer de bienes y servicios esenciales en detrimento de derechos esenciales como la salud y la alimentación. Está amenazada la sostenibilidad de la economía nacional, también por el efecto de los precios en bajada del petróleo, y el gobierno está en la obligación de proteger a Venezuela en función de las amenazas existentes, cuyo impacto social y económico afectan gravemente el desenvolvimiento normal y la estabilidad de la República, se afectan los ingresos fiscales y de divisas el país y, como hemos dicho, los derechos del pueblo. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de los Consejos Comunales; los Consejos Comunales ‘son instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social’; igualmente con fundamento en el artículo 62 constitucional, el cual pauta: ‘Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas’”.

Que “[l]a participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su pleno desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

Que “[p]or lo expuesto, es que [se] constitu[yen] en legitimados activos, o si se quiere, en tutores de la constitucionalidad dirigiendo[se] a es[ta] Honorable Sala Constitucional a efectos de su sentencia interpretativa, de los mencionados artículos 339, 136 constitucionales y 27 y 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción”.

Que “[e]n el Título VIII de la Protección de esta Constitución, de la garantía de esta Constitución, Capítulo II de los Estados de Excepción, se desarrollan en tres normas, artículos 337, 338 y 339 todo lo relativo a las condiciones o requisitos constitucionales de validez y vigencia de la declaratoria del llamado por la doctrina ‘ius exorbitante’ en el marco del Estado de Derecho y de los valores y principios de la democracia”.

Que “[e]n ese sentido, el Decreto del estado de emergencia económica tiene como supuesto ‘cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación’, para lo cual el Presidente podrá decretar el Estado de Excepción en Consejo de Ministros, atendiendo a los límites constitucionales, en particular, lo relativo a los de derechos humanos, el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información entre otros. Procedimentalmente el otro requisito constitucional, es el Decreto que declara el Estado de Excepción del que se trata, debe presentarse a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad y a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración o aprobación”.

Que “[e]l Decreto Presidencial Número 2.184, mediante el cual se declara que el Estado de Emergencia Económica cumple con todos los requisitos constitucionales a que se contrae los artículos 337, 338 y 339 constitucionales, y así expresamente lo ha declarado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica en su pronunciamiento de constitucionalidad del Decreto in comento”.

Que “[s]e trata pues de un control judicial automático, atribuido a la Sala Constitucional y como dice la Exposición de Motivos del Texto Constitucional al referirse al Decreto ‘se prescribe su remisión a instancia deliberante de los tres poderes clásicos que intervienen en los Estados de excepción’”.

Que “[l]a duda sobreviene, no sobre la validez del control político parlamentario, sino sobre sus efectos, ya que el Texto Constitucional en las normas contenidas en los artículos 337, 338 y 339 no hace referencia a ello”.

Que “[c]uando el constituyente de 1.999 le da la atribución a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para pronunciarse sobre su constitucionalidad, está separando el control político (Parlamento) del control jurisdiccional. Además, la misma Constitución le confiere al Tribunal Supremo de Justicia ser el máximo intérprete de la Constitución; por ello resulta incongruente como un artículo de una ley como el artículo 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción (sic) cercena el control sobre el orden jurídico al Tribunal Supremo de Justicia”.

Que “[d]e acuerdo a la redacción del artículo 339 constitucional, la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, sólo participan de la potestad revocatoria cuando el Presidente de la República solicita la prórroga del Estado de excepción (emergencia económica) y la Asamblea Nacional, o Comisión Delegada, consideran que las causas que lo motivaron (el Decreto), ya habían cesado, tal como está inequívocamente redactado por el constituyente en la parte in fine del primer párrafo del artículo 339 constitucional”.

Que “[l]a otra consecuencia al observar que la Constitución no hace ninguna referencia a las consecuencias del rechazo legislativo, a [su] ver, ni la Asamblea Nacional ni la Comisión Delegada tienen facultades de modificación o de afectar la eficacia del Decreto Presidencial in comento, se trata de una atribución no condicionada del Presidente de la República prevista en el artículo 336 numeral 7 de la Constitución, por tanto el Decreto es eficaz desde su publicación en la Gaceta Oficial”.

Que “… la potestad revocatoria la establece el constituyente a la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, cuando el Presidente solicita la prórroga y la instancia deliberante considera que cesaron las causas que motivaron el Decreto. Lo cual es distinto a anular el Decreto y establece una separación clara con el acto de no aprobación. La anulación del Decreto no es otra cosa que un examen de legitimidad constitucional, que solo corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. La no aprobación no tiene efecto anulatorio o suspensivo, por cuanto emerge de una facultad preeminente, expresamente acordada en la Constitución al Presidente, que de acuerdo a su potestad discrecional y evaluativa de la situación, es el único Juez emérito para ejercer esa facultad”.

Que “[e]l acto revocatorio, cuando se solicita la prórroga a que hemos hecho referencia ut supra, no es un pronunciamiento de legitimidad, sino que es un pronunciamiento sobre la continuidad de los efectos del Decreto, la Asamblea Nacional, en este caso, lo único que hace es cesar las consecuencias del Decreto o acto de gobierno, por estimar que no debe continuar ya que concluyeron las causa que lo motivaron”.

Que “[s]i existe siempre, a nuestro ver, un control de constitucionalidad, pues los actos de gobierno tienen el mismo nivel en la jerarquía en las fuentes del Derecho que una ley formal, y por tanto es controlable por el órgano jurisdiccional en lo que ataña a su constitucionalidad. Es de advertir que aunque el contenido del recurso de inconstitucionalidad sea limitado, el puede versar sobre la incompetencia; sí fue asumido por la fuerza; si fue dictado con desviación de poder; si hubo falta de procedimiento  previsto; o si hubo abuso de poder; o si se incumplió con los tratados internacionales de Derechos Humanos”.

Que “… es indubitable la eficacia y vigencia del Decreto Presidencial referido al Estado de emergencia, económica en todo el territorio nacional”.

Que “… el artículo 187 constitucional referido a las atribuciones de la Asamblea Nacional, no establece ‘autorización’ para el Presidente de la República en lo que respecta al Decreto de los Estados de excepción. A su vez, la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción (sic) en el Titulo IV del control al decreto Capitulo I el Control por la Asamblea Nacional, artículos 26, 27, 28, 29 y 30, no refiere los efectos de la no aprobación parlamentaria del decreto in comento, por el contrario en el artículo 30 habla (sic) ‘acuerdo’ dictado por la Asamblea Nacional y en el artículo 26 repite la formula constitucional sobre el control político parlamentario al Decreto, y a pesar que trata el tema de la prórroga del Estado de excepción, no refiere la potestad revocatoria constitucional, ni ningún otro efecto”.

En tal sentido, los recurrentes se plantearon las siguientes dudas:

“1) Si, el Decreto que declara el estado de excepción debe enviarse a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y ninguna de las normas referidas al régimen de los estados de excepción tanto constitucionales, como legales, no precisan los efectos de la no aprobación, ¿Cual sería entonces el ámbito de certeza, en cuanto a las consecuencias para el Decreto que declara el estado de excepción?

 

2) ¿Si el Decreto es declarado conforme a la Constitución, y en consecuencia no puede ser anulado, suspendido o revocado prima facie, entonces en qué consiste la no aprobación de la Asamblea Nacional?

 

3) Como señala la doctrina, el control parlamentario político es un juicio de valor sobre el acto de gobierno del Presidente de la República, y es un control a posteriori, si no es así, ¿Quiere decir, que estamos sustituyendo al sistema presidencial mixto por un sistema parlamentario?

 

4) Más aún, ante una situación supongamos de invasión, de conflicto internacional inminente, de conmoción interior, ¿Podría el Presidente subordinar su acción de defensa de la República, del pueblo de Venezuela a la potestad evaluativa ya discrecional de la Asamblea Nacional, aún cuando se ha declarado su constitucionalidad?

 

5) Por otra parte, ¿La no existencia en la Constitución, de las consecuencias jurídicas de la no aprobación del órgano legislativo ante la emergencia económica, supone un tipo de responsabilidad parlamentaria?

 

6) Al no estar afectada la eficacia del Decreto Presidencial y no tener facultades revocatorias la Asamblea Nacional, sino a posteriori, es decir, cuando el Presidente solicita prórroga por un plazo igual, no es ese el control revocatorio?

 

7) ¿Si en la prórroga se aprecia que cesaron las causas que lo motivaron, y es la única vez que el constituyente le otorga a la Asamblea Nacional la facultad de revocar el Decreto, no quiere decir esto que claramente la intención del constituyente es que el control parlamentario político no podía tener ningún efecto modificatorio o suspensivo, sino más bien prima facie mantener intangible el Decreto, pese a su apreciación política?

 

8) ¿La anulación es siempre un examen de legitimidad, es que acaso el Poder Legislativo lo puede subrogar?

 

9) ¿No es acaso el Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, el único Juez de Mérito de su acto de gobierno o Decreto?

 

10) ¿La potestad revocatoria de la Asamblea Nacional a posteriori no es acaso una decisión ulterior, relativa a la oportunidad, conveniencia o causas que motivaron el Decreto?

 

11) ¿La Asamblea Nacional, en su potestad revocatoria a posteriori, acaso no se refiere a la continuación de los efectos y no al pronunciamiento de legitimidad de las medidas?

 

12) ¿No es acaso diferente el control judicial que ejerce la Sala Constitucional distinto al acto político o de Gobierno controlado por el parlamento, mediante la apreciación de la instancia deliberativa y no mediante un control jurisdiccional constitucional?”.

Asimismo, los recurrentes, en cuanto al objeto de la interpretación señalaron:

Que “… en el presente caso [se encuentran] con la inminente necesidad de obtener seguridad jurídica mediante una declaración de certeza que permite esclarecer el alcance de consecuencias de la norma de este objeto, o recurso, en lo que respecta al sistema de control interno y de manera particular, al control de la Asamblea Nacional de los estados de excepción a que se contrae el artículo 339 Constitucional in comento. Pretende[n], con el respeto y la venia de esta Sala Constitucional, esclarecer el alcance que surge de la interpretación de las normas que [han] señalado, puesto que, ellas no refieren los efectos de la no aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Decreto que declara el estado de excepción. Claro está, la norma del 339 artículo in comento en su parte final expresa ‘el Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional, antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron’, pareciera indicar el Constituyente que la aprobación o no aprobación parlamentaria es una forma de control político que no puede anular, ni revocar, ni suspender el Decreto que declara el estado de excepción, no obstante, el Constituyente le da potestad revocatoria del Decreto a la Asamblea Nacional o su Comisión Delegada ‘al cesar las causas que lo motivaron’ (Subrayado nuestro)”.

Que “[t]al como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, el recurso de interpretación de naturaleza constitucional tiene como prioridad de resolver cuestiones hermenéuticas y, su relación con un caso particular, sólo está dirigida a demostrar que ante una determinada situación se ha suscitado la duda por las distintas interpretaciones dadas a un mismo precepto y que además existe interés general en la solución del asunto. Por otra parte, cuando el juez en su función hermenéutica está impedido de pronunciar una anulación, respecto del caso planteado, la jurisprudencia ha señalado la necesidad que la declaratoria de interpretación verse sobre un caso concreto, a los fines de permitir al intérprete apreciar objetivamente la existencia de la duda que alegue como fundamento, y así evitar que el mismo se convierta en un ejercicio académico sin la finalidad práctica de la mejor aplicación”.

Que “[d]ebe adicionarse igualmente que en la disposición contenida en el art (Sic) 187 en sus numerales 1 al 24, no aparece la facultad de ‘autorizar al Presidente de la República’ en lo que respecta al Decreto que declara el estado de excepción. Utiliza, si, el constituyente, el término autorizar, cuando se refiere a los créditos adicionales, al presupuesto, o celebrar contratos de interés público, municipal, estadal o el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país, o para enajenar inmuebles de dominio privado de la nación, o a los funcionarios públicos para aceptar cargos del gobierno extranjero, o el nombramiento del Procurador General de la República o de los jefes de misiones diplomáticas permanentes, o la salida del Presidente del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos, pero de ninguna manera aparece como competencia de la Asamblea Nacional, autorización alguna en lo que respecta al Decreto de los estados de excepción, a ello hay que agregar, de conformidad a lo previsto en el artículo 236 constitucional, numeral 7, que es una obligación y atribución del Presidente declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución”.

 

Que “… el Presidente o Presidenta de la República ‘está obligado u obligada a procurar las garantías de los derechos y libertades de los venezolanos así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República’, de acuerdo al artículo 232 constitucional, por lo que el Presidente no puede incumplir tal deber, en particular en la declaración de los estados de excepción, siempre bajo la responsabilidad que la propia norma referida señala”.

 

Finalmente, los recurrentes solicitaron:

“1) Se declare competente para conocer el presente Recurso de Interpretación de naturaleza constitucional sobre los artículos 339, 136 constitucionales; 27 y 34 (sic) de la Ley sobre los (sic) Estados de Excepción. De manera particular sobre los efectos de la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional en los términos declarados en el presente escrito.

2) Que el presente escrito de naturaleza constitucional sea recibido, informado al respectivo expediente y admitido.

3) Que el presente Recurso de Interpretación declare con certeza -otorgando la debida seguridad jurídica- los efectos de la consideración y aprobación o no aprobación de la Asamblea Nacional sobre el Decreto que declara el estado de excepción.

4) Que por tratarse el presente pronunciamiento de cuestiones de estricta doctrina jurídica, no requiere la apertura de un contradictorio, y declare el asunto como de mero derecho, y le dé el tratamiento correspondiente, jurando la urgencia en el pronunciamiento de lo planteado.

5) Que la Sala se pronuncie sobre la vigencia del decreto 2.184 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.214 Extraordinario de fecha 14 de enero de 2016”. (Resaltados y subrayados del original).

 

II

DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer el presente recurso de interpretación y, al respecto, observa:

En sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: “Servio Tulio León”, esta Sala Constitucional determinó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.

Al respecto, esta Sala Constitucional como máximo y último interprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha precisado que la facultad interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia n.º 1415 del 22 de noviembre de 2000, caso: “Freddy Rangel Rojas”, entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia n.º 1860 del 5 de octubre 2001, caso: “Consejo Legislativo del Estado Barinas”), del cual formarían parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: “Servio Tulio León”) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia n.º 1563 del 13 de diciembre de 2000, caso: “Alfredo Peña”).

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia acogió la doctrina comentada, estableciendo expresamente en su artículo 25.17, la competencia de esta Sala para: “Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional”.

 

Así las cosas, se observa que la petición de los recurrentes de autos estriba en interpretar los artículos 339, en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los artículos 27 y 34 [rectius: 33, pues es el que se corresponde con el contenido señalado por los solicitantes, conforme a la ley vigente, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001] de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción; los dos primeros (artículos constitucionales), relacionados con la declaratoria del estado de excepción, la distribución del Poder Público y el principio de colaboración entre poderes, y los segundos (artículos de la Ley referida), sobre la aprobación o no del decreto que declare el estado de excepción por la Asamblea Nacional, dentro de los lapsos señalados en dicha norma, junto a sus efectos, y a la declaratoria de omisión de la instancia, si la Asamblea Nacional desaprobare el decreto de excepción o denegare su prórroga); por lo que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales señalados, con lo previsto en el artículo 335 Constitucional y en atención a lo dispuesto en la aludida disposición de la ley que regula las funciones de este Máximo Juzgado, esta Sala resulta competente para decidir el asunto sometido a su conocimiento. Así se declara.

 

III

DE LA ADMISIBILIDAD

Con relación a la admisibilidad de la solicitud de autos, la Sala estima conveniente reafirmar su doctrina sobre las condiciones de admisibilidad a las que se halla sujeta esta especial demanda (Vid., entre otras, sentencias números 1.077/2000, 1.347/2000, 2.704/2001  278/2002), y observa que la misma no se encuentra incursa en ninguna de esas causales de inadmisibilidad, así como tampoco en las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

 

IV

DE LA URGENCIA DEL ASUNTO

Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala contenidos en sentencias números 226/2001, 1.684/2008 y 1.547/2011, considerando, por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de varios artículos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, por la otra, en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en la solicitud de interpretación formulada, los cuales se vinculan a la actual situación económica existente en la República Bolivariana de Venezuela, con incidencia directa en todo el Pueblo venezolano, esta Sala declara que la presente causa es de mero derecho, así como la urgencia en su resolución.

En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. Así se decide.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Los demandantes, identificados como miembros de distintos Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales de organización popular, solicitan a esta Sala Constitucional, la interpretación de los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (publicada en la Gaceta Oficial n.° 37.261 del 15 de agosto de 2001); la cual surge en el marco de la actual situación económica que existe en el país y, según señalan, los afecta como integrantes del pueblo venezolano.

Al respecto, en síntesis, los demandantes de autos plantean las siguientes pretensiones hermenéuticas, relacionadas con las precitadas normas:

Que “…La no aprobación en el ejercicio de la función de control político de la Asamblea Nacional sobre los Estados de excepción, la negativa de la Asamblea Nacional como Poder Público que inexcusablemente debe colaborar con los demás Poderes Públicos ¿Podría ello impedir o interrumpir el ejercicio de una función fundamental del Jefe del Estado y hasta alterar el funcionamiento de los órganos del Poder Público?; es eminente la problemática económica en la cual se encuentra el Estado, es inminente que se requiere y necesita la colaboración y concierto de todos los Poderes Públicos. ¿Puede uno de ellos interferir para la consecución de los objetivos del Estado? ¿De impedir que se solucionen las necesidades primarias del pueblo?...”.

Asimismo, los recurrentes se plantearon lo siguiente:

 

“1) Si, el Decreto que declara el estado de excepción debe enviarse a la Asamblea Nacional