Magistrado Ponente: Marcos
Tulio Dugarte Padrón
Mediante escrito presentado el 28 de junio de 2006 ante
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado José
Gerardo Parra Duarte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado
Nº 6.537, actuando como apoderado judicial del ciudadano LUIS EDUARDO BRICEÑO VILLAMIZAR, titular de la cédula de identidad
Nº 1.575.673, ejerció acción de amparo constitucional contra la decisión
dictada el 17 de abril del mismo año, por la Sala
Nº 2 de la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado
Zulia.
El 4 de julio de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó
ponente a la
Magistrada Carmen Zuleta de Merchán; y el 16 de enero de
2007, se reasignó la ponencia al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien
con tal carácter, suscribe la presente decisión.
I
ANTECEDENTES
De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el
presente expediente, se desprende:
Se inicia la presente causa, por demanda incoada (data en
sello ilegible) por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia ante el Juzgado Séptimo de Primera
Instancia en Funciones de Control de Circuito Judicial Penal del Estado Zulia,
contra el ciudadano Luis Eduardo Briceño Villamizar por la presunta comisión
del delito de “ESTAFA AGRAVADA, previsto
y sancionado en el artículo 464 del Código Penal derogado, en relación con el
artículo 465 numeral 3° del mismo código”, en perjuicio de los ciudadanos
Nancy Milagros Higuera Cárdenas y Juan Luis Briceño; y la sociedad mercantil
Proyectos Perfilca C.A.
El 7 de noviembre de 2005, la ciudadana Nancy Milagros
Higuera Cárdenas y la sociedad mercantil Proyectos Perfilca C.A., presentaron
ante el Juzgado Séptimo de Control antes señalado, acusación particular contra
el ciudadano Luis Eduardo Briceño Villamizar, por la presunta comisión del
delito de estafa agravada continuada; y solicitaron medida privativa judicial
preventiva de libertad contra el demandado.
El 2 de marzo de 2006, el Juzgado de Control antes
señalado celebró el acto de audiencia preliminar, oportunidad en la cual el
representante del Ministerio Público subsanó la calificación jurídica de estafa
agravada, al considerar que al hecho denunciado “le corresponde el tipo penal que está en el ordinal 3° del artículo
465, en concordancia con el encabezamiento del artículo 464 y el artículo 99
del Código Penal, es decir, ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA”; motivo por el cual
la defensa del imputado solicitó al tribunal de la causa “la suspensión de la audiencia hasta el día viernes diez de marzo de
este año” para preparar su defensa, el cual le fue otorgado en esa misma
oportunidad.
El
10 de marzo de 2006, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, una vez oídas a las
partes, declaró subsanado el error material de la acusación presentada por el
Ministerio Público en contra del ciudadano Luis Eduardo Briceño Villamizar “como presunto autor del delito de ESTAFA
AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el numeral 3° del artículo 465,
en concordancia con el último aparte del artículo 464, y el artículo 99, todos
del Código Penal”, admitió totalmente la acusación presentada por la Fiscalía Cuarta
del Ministerio Público en contra del acusado y admitió totalmente la acusación
particular propia incoada por la ciudadana Nancy Higuera Cárdenas y Proyectos
Perfilca C.A.
En
relación a la solicitud de medida privativa judicial preventiva de libertad,
formulada por la querellante, el tribunal de la causa no la acordó al valorar
la edad del acusado (70 años de edad), pero si consideró que al tratarse “de un delito de carácter grave porque
atenta contra el patrimonio de la víctima considera este tribunal, que procede
en derecho como medida cautelar sustitutiva de libertad en contra del acusado
en actas, la prohibición de salida de la jurisdicción de este tribunal, sin
autorización previa del mismo de conformidad con lo establecido en el numeral
4° del artículo 256 en concordancia con el numeral 5° del artículo 330, todos
del Código Orgánico Procesal Penal”.
El 18 de marzo de 2006, el acusado, ciudadano Luis
Eduardo Briceño Villamizar apeló de la decisión anterior, y señaló que “[L]a audiencia se realiz(ó) en contravención a lo previsto en el
artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal” y que “[S]olo pueden subsanarse los defectos de forma, calificados, como
tales por el Juez de Control y, para el caso que así lo haga, la parte Fiscal
querellante pueden subsanar los defectos de forma”.
El 17 de abril de 2006, la
Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia declaró inadmisible el recurso de
apelación ejercido por la defensa del imputado.
El
28 de junio de 2006, el ciudadano Luis Eduardo Briceño Villamizar, ejerció ante
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo
constitucional contra la anterior decisión.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
CONSTITUCIONAL
En
el escrito libelar, el apoderado judicial del accionante alegó lo siguiente:
Que
el fallo del 17 de abril de 2006 “en una
decisión carente de motivación declara inadmisible el Recurso de apelación, y (alega)
que es inmotivada por cuanto se limita a
transcribir un extracto de la Sentencia Nº
1303 de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20
de junio de 2005”.
Que
“la decisión pronunciada por la
Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, es violatoria, no solamente de la
garantía constitucional contemplada en el Artículo 26 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela sino que al mismo tiempo
violenta la garantía del debido proceso consagrada en el Artículo 49 eiusdem,
concretamente el ordinal 1° de dicha disposición legal, que hacen procedente la Acción
Constitucional de Amparo que formulamos en este acto en
contra de la mencionada decisión judicial”.
Que
“[E]n el presente caso el Juzgado Séptimo
de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia ordenó la apertura de
juicio a (su) poderdante LUIS EDUARDO BRICEÑO VILLAMIZAR pero,
habiendo planteado la nulidad de la Audiencia Preliminar,
en el escrito de apelación, lo cual no fue resuelto por la
Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones es por
lo que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación con los
Artículos 585 y Parágrafo Primero del Artículo 588, ambos del Código de
Procedimiento Civil decrete (sic) Medida
Cautelar de suspensión del Acto por el cual se ordena abrir Juicio en contra de
(su) mandante LUIS EDUARDO BRICEÑO VILLAMIZAR” (Mayúsculas y negrillas del
escrito).
III
DE LA SENTENCIA ACCIONADA
La
decisión del 17 de abril de 2006, dictada por la
Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró inadmisible el recurso de
apelación incoado contra la decisión del 10 de marzo del mismo año emanada del
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito
Judicial Penal, “por cuanto el mismo,
versa sobre la admisión de la acusación o de uno o varios medios de prueba, lo
cual no resulta apelable, por cuanto solo es posible ejercer la apelación en lo
que respecta al pronunciamiento que inadmite las pruebas ofrecidas por el
acusado, lo contrario no implica una vulneración de la garantía del debido
proceso, ni mucho menos del derecho a la defensa, consagrados en nuestra Carta
Magna, así como tampoco conculca la tutela judicial efectiva”.
IV
DE
LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la
presente acción de amparo y, a tal efecto, observa que con fundamento en el
numeral 1, del artículo 226, 335 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales y el artículo 5, parágrafo 5 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, así como en sentencia del 20 de enero de
2000, caso: Emery Mata Millán, esta
Sala declaró su competencia para el conocimiento de las demandas de amparo
constitucional que se ejerzan contra las sentencias de última instancia que
dicten los Juzgados Superiores (con excepción de los Superiores en lo
Contencioso Administrativo) de la República, las Cortes de Apelaciones y las Cortes
de lo Contencioso Administrativo.
Ahora
bien, en el caso de autos, se ejerce la acción de amparo constitucional contra
la decisión dictada el 17 de abril de 2006, por la
Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la cual, conoció de la apelación
interpuesta contra la sentencia dictada por un juez de primera instancia en un
juicio incoado contra el accionante por estafa agravada continuada, motivo por
el cual, esta Sala se declara competente para conocer de la presente acción, y
así se decide.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Efectuada
la lectura de las actas que conforman el expediente, esta Sala pasa a decidir
y, a tal efecto, observa:
Evidencia la
Sala que la representación del accionante presentó el escrito
contentivo de la acción de amparo el 28 de junio de 2006, y no ha efectuado
otro acto de procedimiento hasta la fecha. Al respecto, se observa que luego de
esta última actuación han transcurrido más de seis (6) meses sin que se
realizara actuación alguna en el proceso.
Ahora bien, la
Sala ha considerado que la conducta pasiva de la parte
actora, quien por más de seis (6) meses no actuó en el proceso constituye
abandono del trámite; así lo estableció en decisión Nº 982 del 6 de junio de
2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) en los siguientes términos:
“De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que
la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo,
en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las
notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad
para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante,
ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la
extinción de la instancia. Así se declara.”(Subrayado propio).
En atención a las consideraciones precedentes, esta
Sala, al constatar que en el caso de autos existe inactividad de la parte
actora por más de seis meses, y que en el presente caso no se encuentra
involucrado el orden público, declara el abandono del trámite correspondiente
en la presente acción de amparo, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, la
terminación del procedimiento.
Igualmente,
de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la parte
actora una multa por la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00),
pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas de cualquier
entidad bancaria receptora de fondos nacionales. El sancionado deberá acreditar
el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Se aplica la multa
en su límite máximo por cuanto la
Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus
labores con la presentación de demandas que posteriormente son abandonadas, lo
cual la obliga al desvío de su atención de asuntos que sí requieren de urgente
tutela constitucional. Así se declara.
DECISIÓN
Por
las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por
autoridad de la Ley,
declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO,
por abandono del trámite, en la acción
de amparo constitucional incoada por el ciudadano LUIS EDUARDO BRICEÑO VILLAMIZAR, contra la decisión dictada el 17
de abril del 2006, por la Sala Nº 2
de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
Se
IMPONE al accionante una multa de
cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00) pagaderos a favor de la Tesorería Nacional,
en las oficinas de cualquier entidad bancaria receptora de fondos nacionales.
El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del
comprobante correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación.
Regístrese, publíquese, y notifíquese. Ofíciese
lo conducente. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de
Audiencias de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, el 15 de febrero del año dos mil siete. Años 196º de la Independencia y 147º
de la Federación.
La Presidenta,
LUISA
ESTELLA MORALES LAMUÑO
El
Vicepresidente,
JESÚS
EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO
RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LOPEZ
Magistrado
MARCOS
TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Magistrada
ARCADIO
DELGADO ROSALES
Magistrado
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp.06-1004
MTDP/
