SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 16 de noviembre de 2001,
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admitió la acción de
amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Juan Calvo y Bernardo
Priwin, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares
de las cédulas de identidad Nos. V.-5.147.574 y V.-3.657.798, respectivamente,
representados por los abogados Lucía Gómez De Delgado, Alejandro Leandro
Sánchez y Edgar Chacón Gordon, inscritos en
el Inpreabogado bajo los Nos. 11.914, 7.534 y 4.839, respectivamente, contra la
decisión dictada por la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 6 de septiembre de 2001.
Practicadas las
notificaciones, por auto del 24 de enero de 2002, se fijó la oportunidad para
celebrar la audiencia oral de las partes, la cual se realizó el 4 de febrero de
2002, a la que comparecieron: la parte accionante; las doctoras Judith Brazón y
Liz M. Rodríguez Salazar, en su carácter de Presidenta y miembro de la Sala N°
3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana
de Caracas, presunto agraviante; los abogados José Luis Tamayo, Enrique Faría y
Urania Barreto, representantes judiciales del ciudadano Jorge Capiello
Llamozas, tercero coadyuvante; los abogados Ricardo Sayegh y Jaime Sabal, en
representación del ciudadano Richard Clark Quiñónez; el abogado Carlos Simón
Bello Rengifo en representación de los ciudadanos Luis Emiro Rincón Rondón e
Ignacio Enrique Oberto Fuguet; los abogados Reynaldo Gadea Pérez, Juan Carlos
Olivares y Francisco Gadea Lovera, en representación de los ciudadanos Carlos
Enrique Sahmkow Rangel, Gilda Heredia y Andrés Yánez Monteverde; el abogado
Raúl Mathison B., en representación de los ciudadanos Hernan C. Anzola Jiménez,
Alfredo Guinand Baldo, Imanol Valdez Cantolla, René Toro Cisneros y Hassan
Sharam Quendi, quienes solicitaron ser aceptados como terceros adheridos.
Finalmente, se dejó constancia de la presencia de la doctora Luisa Elena
Monsalve, representante del Ministerio Público. En la audiencia constitucional,
la representación del Ministerio Público, luego de ser oída, consignó de manera
escrita los alegatos y opiniones que fueron expresados en la audiencia
constitucional.
En oportunidades anteriores a
la realización de la audiencia constitucional, los terceros adherentes
consignaron escritos contentivos de sus respectivas opiniones, las cuales
fueron expuestas en la audiencia efectuada el 4 de febrero de 2002.
Efectuada la lectura del
expediente, pasa esta Sala a decidir previas las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES
El 28 de diciembre de 2000,
los Fiscales Sexto y Vigésimo del Ministerio Público de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, interpusieron acusación contra los
siguientes ciudadanos, entre otros: IGNACIO ENRIQUE OBERTO, por la comisión del
delito de Estafa Agravada Continuada en calidad de Cooperador Inmediato,
previsto y sancionado en el artículo 464, ordinal 2º del Código Penal, en
concordancia con el artículo 83 eiusdem; LUIS RONDÓN y JUAN CALVO, por
la comisión del delito de Estafa Agravada Continuada, previsto y sancionado en
el artículo 464, ordinal 2º del Código Penal, en concatenación con el artículo
99 eiusdem; BERNARDO PRIWIN, por la comisión de los delitos de Estafa Simple,
previsto y sancionado en el encabezado del artículo 464 del Código Penal y
Estafa Agravada en calidad de Cooperador, previsto y sancionado en el artículo
83 en relación con el artículo 88 ambos del citado código; y CARLOS SAMHKOW,
por la comisión del delito de Estafa Agravada en calidad de Cooperador
Inmediato, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 464 y en el
ordinal 2º del mismo artículo, en concordancia con el artículo 83 todos del
Código Penal.
El
2 de enero de 2001, correspondió conocer de la acusación presentada, al Juzgado
Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, quien fijó la audiencia preliminar para el día 5 de enero de 2001. Sin
embargo, la audiencia no se realizó por no haberse realizado las notificaciones
correspondientes.
Posteriormente,
el Juez Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana
de Caracas, fue recusado. Dicha recusación fue declarada sin lugar; sin
embargo, el mencionado juez de control se inhibió de continuar conociendo la
causa.
Correspondió conocer de la
causa al Juzgado Décimo Noveno de Control del mismo Circuito Judicial Penal,
quien también se inhibió de conocer la misma, en consecuencia, pasó a conocer
de la causa al Juzgado Vigésimo Primero de Control del Circuito Judicial Penal
del Área Metropolitana de Caracas.
El
17 de abril de 2001, los acusados JUAN CALVO y BERNARDO PRIWIN solicitaron la
nulidad de la acusación fiscal. El 20 del mismo mes y año, los abogados
defensores de los acusados HERNÁN ANZOLA, ALFREDO GUINAND BALDÓ, IMANOL VALDÉS,
RENÉ TORO CISNEROS, ASAN SHARAM, CARLOS SAMHKOW, IGNACIO OBERTO FUGUET y LUIS
RINCÓN RONDÓN, presentaron también escrito solicitando la nulidad de la
acusación.
Posteriormente,
los días 27 de abril, 2, 3, 4 y 10 de mayo, todos del año 2001, los diferentes
abogados defensores presentaron escritos donde ratificaron la solicitud de
nulidad de la acusación fiscal.
El
23 de mayo de 2001, el abogado CARLOS SIMÓN BELLO RENGIFO, actuando en
representación de los acusados IGNACIO OBERTO FUGUET y LUIS RINCÓN RONDÓN,
presentó escrito solicitando al tribunal desestimara la acusación fiscal.
El
10 de julio de 2001, el Juzgado Vigésimo Primero de Control del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó un auto, mediante el
cual fijó para el 7 de agosto de 2001, a las diez y treinta minutos de la
mañana (10:30 A.M.), la oportunidad en que tendría lugar la audiencia
preliminar, e indicó a las partes “...que en esa oportunidad es que serían
conocidas por el juzgador y resueltos, los pedimentos formulados por la
defensa”.
El
17 de julio de 2001, el ciudadano jorge
capiello llamozas, parte querellante, presentó acusación propia en
contra de los citados acusados.
El
7 de agosto de 2001, no se realizó la audiencia oral fijada, por existir paro
laboral en los tribunales.
En
el mes de agosto de 2001, los abogados defensores apelaron de la decisión del
Juzgado Vigésimo Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, del 10 de julio de 2001.
Correspondió
conocer de la apelación a la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien el 6 de septiembre de
2001, la declaró sin lugar.
El
abogado defensor CARLOS SIMÓN BELLO RENGIFO, introdujo ante la Sala No. 8 de la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, acción de amparo a favor del acusado LUIS EMIRO RINCÓN RONDÓN, para
que fuera anulada la decisión del Juzgado Vigésimo Primero de Control del
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del 10 de julio de
2001. Dicha acción de amparo fue declara inadmisible, por haberse ejercido la
apelación y haberla resuelto la Sala No. 3 de la misma Corte de Apelaciones.
El
mismo abogado defensor, presentó acción de amparo, a favor del acusado IGNACIO
ENRIQUE OBERTO FUGUET, para que fuera anulada la decisión del Juzgado Vigésimo
Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, del 10 de julio de 2001. Dicha acción se encuentra en el Juzgado
Cuadragésimo Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas, esperando ser resuelto.
El
26 de septiembre de 2001, los ciudadanos JUAN CALVO y BERNARDO PRIWIN,
ejercieron la presente acción de amparo, ante esta Sala Constitucional, contra
la decisión de la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas, del 6 de septiembre de 2001, que
declaró sin lugar las apelaciones ejercidas.
De la Acción de
Amparo
Como
se indicó con anterioridad, la presente acción de amparo fue presentada por los
ciudadanos JUAN CALVO y BERNARDO PRIWIN, contra la decisión de la Sala No. 3 de
la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, del 6 de septiembre de 2001, por cuanto en opinión de ellos la misma
es violatoria de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva.
Los
accionantes fundamentaron su amparo de la siguiente manera:
El
17 de abril de 2001 solicitaron ante el juez de control correspondiente, la
nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público, en base a que a
los ciudadanos JUAN CALVO y BERNARDO PRIWIN, “...cuando se admitió la
acusación bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, por el
Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal con competencia
Bancaria a Nivel Nacional, con la vigencia anticipada de la norma contenida en
el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en ningún momento fueron
notificados de la misma, como tampoco lo fueron ni por los Fiscales del
Ministerio Público, ni por el Tribunal Segundo de Primera Instancia para el
Régimen Procesal Transitorio de este Circuito Judicial Penal, de que se estaba
sustanciando una investigación en la que ellos aparecían supuestamente como
sujetos investigados, con lo cual, entonces, se les violentó el derecho al
debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y consecuencialmente el derecho fundamental de la
defensa, previsto en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal”.
Según
los accionantes, al dictar el Juzgado Vigésimo Primero de Control del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el auto mediante el cual fijó
la oportunidad para la realización de la audiencia preliminar y les manifestó a
los acusados, que sus peticiones de nulidad serían resueltas en esa oportunidad
procesal, violó la garantía constitucional de “...la tutela judicial
efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y 51 ejusdem, referido al derecho que tiene toda
persona de dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público
sobre los asuntos que sea de la competencia de éstos y obtener oportuna y
adecuada respuesta”.
En
este mismo orden de ideas, los accionantes manifestaron en su escrito que, de
igual manera, la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la apelación
ejercida contra la mencionada decisión del Juzgado Vigésimo Primero de Control
del Circuito Judicial Penal, le fueron violados a los acusados sus derechos a
la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Según expusieron los abogados
defensores, la presunta agraviante violó los derechos constitucionales de los
acusados, por cuanto, al existir en un proceso una violación grosera de los
derechos constitucionales referidos a la intervención, asistencia y
representación del imputado, garantizados por el Código Orgánico Procesal
Penal, la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por
la República, es menester que el órgano jurisdiccional, de oficio o a solicitud
de parte, declare la nulidad absoluta del acto viciado, al momento mismo en el
cual el vicio o la violación de los derechos fundamentales es advertida, sin
que esto constituya la creación de un procedimiento distinto al pautado por la
legislación procesal, ni violación de los principios del contradictorio, ni de
la celeridad que conforman el proceso penal venezolano. En consecuencia, el
fallo atacado contiene en opinión de los accionantes “...una resolución
arbitraria, fundada en motivaciones contradictorias y no ajustadas a derecho,
por cuanto en ella se le da primacía a formalidades procesales en perjuicio a
derechos fundamentales o de primer grado como lo son, el debido proceso y el
derecho a la defensa”.
Por lo anteriormente
expuesto, los accionantes solicitaron a través de la presente acción de amparo,
se deje sin efecto el fallo dictado por la Sala No. 3 de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del
6 de septiembre de 2001.
Igualmente, solicitan los
accionantes se decrete medida cautelar innominada, mediante la cual se suspenda
la fijación de la oportunidad para que tenga lugar la audiencia preliminar en
el proceso seguido por el Juzgado Vigésimo Primero de Control del Circuito
Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra JUAN CALVO y BERNARDO
PRIWIN, entre otros, mientras dure la tramitación de la presente acción de
amparo, la cual fue decretada por esta Sala.
Consideraciones para Decidir
Del análisis del expediente,
y de la apreciación de las exposiciones realizadas por las partes en la
audiencia oral del presente procedimiento, la Sala observa que:
La nulidad, en general, puede
fundarse no sólo en cuestiones formales, como sería el incumplimiento de requisitos
exigidos a actos procesales, por ejemplo, sino también en la violación de
requisitos de fondo como ocurre en materia de nulidad de contratos.
Entre las causas de nulidad de actos o negocios jurídicos
de cualquier clase, o de actos procesales, pueden estar la inconstitucionalidad
del negocio o del acto procesal, si éste infringe derechos o garantías
constitucionales. Así, por ejemplo, son nulas por mandato constitucional las
pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Por lo tanto, si existen
formas procesales predeterminadas para la obtención de una prueba y éstas se
violan, las pruebas, como medios obtenidos por el infractor, obviando las
formas, son nulas (artículo 49.1 constitucional).
La tortura está prohibida por el artículo 46 de la
vigente Constitución, y las declaraciones producto de esta clase de violencia,
son nulas, no solo por la violencia, sino por mandato de la Convención
Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura del 28 de febrero de 1987 (artículo 10) y de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cueles, Inhumanos o Degradantes del 26
de junio de 1987 (artículo 15).
En consecuencia, la nulidad de los negocios y actos
jurídicos o de los actos procesales, pueden provenir de violaciones constitucionales,
como ocurre, por ejemplo, con la que afecta los actos administrativos de
efectos generales o particulares, o a las leyes.
Para ventilar determinadas nulidades por
inconstitucionalidad, existen -entre otros- los procesos de nulidad por inconstitucionalidad,
lo que demuestra que a pesar de la magnitud de la infracción, no se hace
necesaria una decisión inmediata como la que se dicta en el amparo, sino un
fallo producto de un proceso más lento, que atiende a la posibilidad de una
instrucción plena de la causa; pero pueden existir otras formas procesales para
ventilar la nulidad por inconstitucionalidad de otro tipo de actos, como serían
las procesales.
La Sala hace estas consideraciones, porque la
inconstitucionalidad de un acto procesal -por ejemplo- no requiere
necesariamente de un amparo, ni de un juicio especial para que se declare, ya
que dentro del proceso donde ocurre, el juez, quien es a su vez un tutor de la
Constitución, y por lo tanto en ese sentido es juez constitucional, puede
declarar la nulidad pedida.
En estos casos, y ante la petición de nulidad, si se
trata de un proceso civil, debe aplicarse el artículo 10 del Código de
Procedimiento Civil, pero si el proceso es penal, no existe en el Código
Orgánico Procesal Penal un sistema procesal que señale cómo y en cuál momento
se decide la nulidad, así ella se funde en motivos de inconstitucionalidad.
Es de advertir, que la denuncia de inconstitucionalidad
como base de la nulidad interpuesta dentro del proceso, no imprime a tal
petición ningún rango especial que conlleve a una sentencia inmediata, por lo
que su decisión tendría lugar en los lapsos ordinarios, y si ellos no
existieran, en los términos procesales que por analogía podrían aplicarse,
quedando a la parte que va a ser perjudicada por la dilación en la decisión, y
cuya situación jurídica va a sufrir un daño irreparable, acudir a la vía del
amparo, tal como lo expresó esta Sala en sentencia del 28 de julio de 2000
(Caso: Luis Alberto Baca).
Para el proceso penal, el juez de control durante la fase
preparatoria e intermedia hará respetar las garantías procesales, pero el
Código Orgánico Procesal Penal no señala una oportunidad procesal para que se
pida y se resuelvan las infracciones a tales garantías, lo que incluye las
transgresiones constitucionales, sin que exista para el proceso penal una
disposición semejante al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, ni
remisión alguna a dicho Código por parte del Código Orgánico Procesal Penal.
Ante tal silencio de la ley, ¿cómo maneja el juez de
control una petición de nulidad?. A juicio de esta Sala, depende de la etapa
procesal en que se haga, y si ella se interpone en la fase intermedia, el juez
puede resolverla bien antes de la audiencia preliminar o bien como resultado de
dicha audiencia, variando de acuerdo a la lesión constitucional alegada, ya que
hay lesiones cuya decisión no tienen la urgencia de otras, al no infringir en
forma irreparable e inmediata la situación jurídica de una de las partes.
No señala el artículo 328 del Código Orgánico Procesal
Penal entre las actuaciones que pueden realizar las partes en la fase
intermedia, la petición de nulidades, pero ello lo considera la Sala posible
como emanación del derecho de defensa. De ocurrir tal petición de nulidad, el
juez de control -conforme a la urgencia debido a la calidad de la lesión y ante
el silencio de la ley- podrá antes de abrir la causa a juicio y en cualquier
momento antes de dicho acto de apertura resolverla, aunque lo preferible es que
sea en la audiencia preliminar, con prioridad a la decisión de los puntos a que
se refiere el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de
garantizar el contradictorio a las partes, ya que éste es un principio que rige
el proceso penal (artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal).
Sin embargo, cuando la nulidad coincide con el objeto de
las cuestiones previas, la resolución de las mismas debe ser en la misma
oportunidad de las cuestiones previas; es decir, en la audiencia preliminar lo
que de paso garantiza el derecho de defensa de todas las partes del proceso y
cumple con el principio del contradictorio.
En el caso de autos, antes de la existencia del artículo
28 del Código Orgánico Procesal Penal, pero en la fase intermedia del proceso
penal, los hoy accionantes solicitaron la nulidad de la acusación en base a que
a los imputados se les había impedido conocer los actos procesales en la fase
de investigación. Tal alegato -de ser
cierto- produciría indefensión en los procesados, y antes de la reforma del
Código Orgánico Procesal Penal podría pensarse que antes de la audiencia
preliminar la denuncia podía ser resuelta por el Juez de Control, lo que ha
podido suceder, pero después de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal,
una petición de inconstitucionalidad atinente a la acusación fundada en la
indefensión de los imputados por haberle el Ministerio Público negado el acceso
a la investigación, se convierte, a juicio de esta Sala, en el incumplimiento
de un requisito de procedibilidad de la acción, ya que ésta -diferente a la
acusación- pero incoada mediante ella, no debería proceder si se basa en
actividades inconstitucionales de quien la ejerce. Quien tortura y obtiene una supuesta prueba y en ella funda una
acusación, está pidiendo la intervención jurisdiccional en base a la violación
de derechos fundamentales del acusado, y lo lógico -a juicio de esta Sala- no
es solo anular las pruebas, sino rechazar la acción, ya que ella no puede
fundarse en violaciones constitucionales.
Aceptar tal situación, conduce a que sería lícito que la acción se
utilice para crear procesos instrumentales cuya finalidad es el fraude a pesar
de que ello viola el orden jurídico constitucional.
Por considerar
que algunas transgresiones constitucionales pueden incidir sobre el fundamento
del derecho de acción, si ocurren, ellas infringirían requisitos de
procedibilidad de la misma, y la Sala en el caso concreto de autos concluye que
la petición de nulidad opuesta en el proceso penal por los accionantes de este
amparo, concuerda en la actualidad con la excepción del literal “e” del
artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, a pesar que no fue opuesta como
excepción, ya que el artículo 28 surge en fecha posterior a la petición. Tal excepción no existía en el ordenamiento
procesal penal, cuando fue opuesta; pero, luego de la reforma, la nulidad
pedida, de ser cierta sus razones, no sería más que una actitud ilícita del
acusador que elimina la acción en quien comete las ilicitudes (en esta caso
inconstitucionalidades), y por ello la Sala considera que la “nulidad” invocada
en la fase intermedia y con las transformaciones habidas en el proceso penal,
debido a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, equivale a una
excepción y, como tal, debe ser resuelta, como toda excepción, en la audiencia
preliminar.
Apunta la Sala que, de tramitarse como una simple
petición de nulidad, también la audiencia preliminar era útil para decidirla,
ya que ningún gravamen irreparable a los imputados se causa con ello, y el
tiempo transcurrido desde que se interpuso la nulidad hasta esta fecha, lo
considera la Sala como una prueba de que la decisión de la nulidad no era
urgente, hasta el punto de tenerse que decidir antes de la audiencia
preliminar.
El que a los hoy accionantes les pueda disgustar acudir a
la audiencia preliminar, es una actitud que por máximas de experiencia, resulta
comprensible, pero ello no es suficiente para trastocar las oportunidades
procesales, por demás oscuras, en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que lleva
a la Sala, con miras a ordenar el proceso penal en general hacia el futuro, a
señalar interpretaciones para establecer el orden procesal.
Establecido lo anterior, la Sala observa que,
la nulidad solicitada equivale en el presente caso, ya que ataca la acusación
fiscal, a un incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar
la acción, ya que conforme al artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal,
no podrían ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como
presupuestos de ella, los actos cumplidos, en contravención o con inobservancia
de las formas y condiciones previstas tanto en el Código Orgánico Procesal
Penal como en la Constitución.
En consecuencia, los vicios de
inconstitucionalidad que afecten a los actos procesales los anulan, y considera
esta Sala que la acusación, como actuación que da lugar a la fase intermedia,
debe reunir las condiciones señaladas, no sólo en el artículo 326 del Código
Orgánico Procesal Penal, sino haber cumplido previamente para su elaboración,
con los pasos procesales ceñidos a la Constitución; por lo que la acción no
procede si en la formación de la acusación no se han cumplido los derechos y
garantías constitucionales. Así como no procede una acción para instrumentar un
fraude, igualmente, no debe proceder una acción que se funda en la indefensión
del imputado, y los alegatos en ese sentido deben ser resueltos por el Juez de
Control antes de admitir o negar la acusación.
No es que se esté confundiendo el escrito de
acusación con la acción, sino que para utilizar el derecho de accionar, de
poner en marcha a la jurisdicción, es necesario que ella se ejerza, habiendo
respetado derechos y garantías constitucionales de los accionados.
En estos momentos bajo la vigencia del Código
Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 14
de noviembre de 2001, y cuyas normas se aplican de inmediato, los alegatos
previos de los accionantes, equivalen a una excepción, cual es la del literal E
del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia al ser
opuesta dentro de la fase intermedia, como en efecto sucedió, ella debe ser
resuelta conforme al artículo 328 ejusdem, convirtiéndose el escrito de
nulidad en escrito contentivo de las excepciones, las cuales deberán ser
decididas en la audiencia preliminar según el desarrollo de lo planteado en el
artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal.
Decisión
Por los razonamientos expuestos, esta Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Sin Lugar la acción de amparo
constitucional interpuesta por los ciudadanos Juan Calvo y Bernardo Priwin,
representados por los abogados Lucía Gómez de Delgado, Alejandro Leandro
Sánchez y Edgar Chacón Gordon, contra sentencia dictada por la Sala No. 3 de la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, el 6 de septiembre de 2001. Se suspende la medida cautelar acordada
por esta Sala el 16 de noviembre de 2001 y se exonera de costas a los
accionantes.
Publíquese
y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en
el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Constitucional, en Caracas, a los 14
días del mes de FEBRERO de dos mil dos.
Años: 191º de la Independencia y 141º de la Federación.
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El Vicepresidente, Jesús
Eduardo Cabrera Romero
Ponente |
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Los Magistrados, |
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José
Manuel Delgado Ocando
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Antonio José García García
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Pedro Rafael Rondón Haaz
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El
Secretario, José
Leonardo Requena Cabello
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Exp. 01-2181
JECR/