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SALA
CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente:
Marcos Tulio Dugarte Padrón
El 6 de abril de 2006, el abogado Orlando Alberto
Roa Ferreira, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el
N° 28.304, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GERARDO
WILLIAM MÉNDEZ GUERRERO, Alcalde del Municipio San Cristóbal, presentó ante
esta Sala escrito contentivo del recurso de nulidad con medida cautelar contra los
artículos 109 al 128 y 132 al 134 del Reglamento Interior y de Debates del Concejo
Municipal del Municipio San Cristóbal, sancionado por el Concejo Municipal de
San Cristóbal del Estado Táchira el 15 de septiembre de 2005 y publicado el 11
de octubre de 2005, en
El 18 de abril de 2006, se designó como ponente al
Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien, con tal carácter, suscribe el
presente fallo.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a
dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO DE NULIDAD
En el presente recurso, el recurrente solicitó la
nulidad parcial por razones de inconstitucionalidad de los artículos 109 al 128
y 132 al 134 del Reglamento Interior y de Debates del Concejo Municipal del
Municipio San Cristóbal, sancionado por el Concejo Municipal de San Cristóbal
el 15 de septiembre de 2005 y publicado el 11 de octubre de 2005, en
Que
el Reglamento Interior y de Debates del Concejo Municipal de San Cristóbal, es
un acto legislativo que –a su decir- debe expresarse a través de una Ordenanza
y compartir su naturaleza. En tal sentido, señaló que “(e)l mismo no fue sometido a consideración por el Alcalde para su
promulgación; aparece firmado por el Presidente del Concejo Municipal y por
Que
el contenido del Reglamento aquí impugnado debió limitarse a lo relativo a la
organización de las funciones del Concejo Municipal a los fines de sancionar
las reglas de orden a sus deliberaciones; indicando que este acto legislativo “(…) parte de un falso supuesto de derecho,
ya que a través de un Reglamento Interior y de Debates no se puede determinar
la formación y promulgación de las Ordenanzas, ni incluir la normativa
referente al régimen de aprobación de
Que
“(…) En efecto, el artículo 95, numeral
1, de
Que
la competencia para conocer del presente recurso de nulidad la tiene atribuida
esta Sala Constitucional, de conformidad con lo señalado en los artículos 334 y
336 en su numeral 2 de
Que
como punto previo solicita medida cautelar dirigida a suspender los artículos 109 al 128 y 132 al 134 del
Reglamento Interior y de Debates del Concejo Municipal del Municipio San
Cristóbal, sancionado por el Concejo Municipal de San Cristóbal, mientras dure
el presente proceso de nulidad, indicando que la presunción de buen derecho
derivaría de la contradicción que surge de la lectura de las normas que
contiene el citado Reglamento, y con relación al peligro en la mora,
denunciaron la anarquía y la inseguridad jurídica que supondría la existencia
de una Ordenanza que violenta los principios fundamentales establecidos en
Que ostenta la legitimación activa
para proponer el presente recurso, por cuanto para la impugnación de Ordenanzas
u otro acto de efectos generales nuestro sistema legal ha establecido la acción
popular para demandar la inconstitucionalidad e ilegalidad de las leyes y otros
actos de efectos generales. Afirmó que “(l)a
Ordenanza ha sido catalogada como una ley local por la doctrina de esta Sala
Constitucional, y así lo establece
Que
el acto legislativo impugnado lesiona el principio constitucional de la
seguridad jurídica, entendido como la confianza que los ciudadanos pueden tener
en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de
normas válidas y vigentes.
Que
igualmente se viola el principio de legalidad, en atención a lo cual señaló que
“(e)n el Derecho Público moderno el
principio de la vinculación positiva de los órganos que ejercen el Poder
Público a
Que
la competencia para promulgar las Ordenanzas, se encuentra prevista en el
artículo 88 numeral 12 de
Que
el contenido del Reglamento impugnado debió limitarse a lo relativo a la
organización de las funciones del Concejo Municipal a los fines de sancionar
las reglas de orden aplicables a sus deliberaciones, tal como se deduce de lo
establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 95 de
Que
se incurrió en un falso supuesto, por cuanto “(e)n el caso que nos ocupa el Concejo Municipal ha aplicado
indebidamente la normativa constitucional y legal a la hora de dar contenido al
Reglamento Interior y de Debates. En efecto, la norma no faculta al Concejo
para otra cosa que establecer la organización de su funcionamiento y las reglas
de orden aplicables a sus deliberaciones. En ningún caso lo relativo a la
formación de las Ordenanzas, ni a la inclusión de la normativa referente al
régimen de aprobación de
Finalmente,
solicitó se declare la nulidad de los
artículos 109 al 128 y 132 al 134 del Reglamento Interior y de Debates del
Concejo Municipal del Municipio San Cristóbal, sancionado por el Concejo
Municipal de San Cristóbal el 15 de septiembre de 2005 y publicado el 11 de
octubre de 2005, en
II
DE
En el
presente caso, se interpuso un recurso de nulidad por razones de
inconstitucionalidad en contra de los artículos
109 al 128 y 132 al 134 del Reglamento Interior y de Debates del Concejo
Municipal del Municipio San Cristóbal, sancionado por el Concejo Municipal de
San Cristóbal el 15 de septiembre de 2005 y publicado el 11 de octubre de 2005,
en
En este sentido,
“De
cualquier modo, en el proceso de la legislación (formación de leyes y demás
actos con rango de ley de
Conforme a b) la ley es el
acto sancionado por el respectivo Órgano Legislativo, nacional, estadal o
municipal, como cuerpo legislador (artículos 202 de
En tal
sentido, indicó dicha sentencia que “los
Reglamentos de Interior y de Debates de
De esta forma, se
llega a la convicción que los Reglamentos de Interior y de Debates dictados por
los órganos legislativos de los entes territoriales, pese a su denominación,
actos de rango legal - no equiparables a los reglamentos administrativos, por
lo que no están condicionados por una regulación previa que pretenda ser
desarrollada-, de allí que los
Reglamentos de Interior y de Debates contienen la regulación para dictar los
actos de rango legal de cada ente territorial y así lo ha declarado
Por lo que, esta Sala una vez reconocido el carácter
legal de los Reglamentos de Interior y de Debates de los órganos parlamentarios
nacionales, estadales y locales, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 336, números 1 y 2, de
Atendiendo
a las disposiciones y jurisprudencias transcritas, y visto que la presente
acción tiene por objeto la nulidad por razones de inconstitucionalidad del
Reglamento Interior y de Debates del Concejo Municipal del Municipio San
Cristóbal, sancionado por el Concejo Municipal de San Cristóbal el 15 de
septiembre de 2005 y publicado el 11 de octubre de 2005, en
III
DE
Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse
sobre la admisión del recurso ejercido, en los siguientes términos:
Una vez analizadas como han sido las causales de
inadmisibilidad contenidas en el artículo 19 de
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21 eiusdem, se dispone citar por oficio al Presidente del Concejo Municipal del
Municipio San Cristóbal del Estado Táchira y al Fiscal General de
Emplácese a los interesados mediante Cartel, el
cual será publicado por el recurrente, en uno de los diarios de circulación
nacional, para que se den por notificados en un lapso de diez (10) días hábiles
siguientes, contados a partir de la publicación del Cartel o de la notificación
del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un (1) ejemplar
del periódico donde fue publicado el Cartel, dentro de los tres (3) días
siguientes a su publicación; el incumplimiento de esta obligación se entenderá
como desistimiento del recurso y se ordenará el archivo del expediente.
Asimismo, se hace del conocimiento del recurrente que si no retira, publica y
consigna el cartel de emplazamiento dentro del lapso de treinta (30) días de despacho siguientes al
vencimiento del lapso de tres (3) días de despacho con que cuenta el Juzgado de
Sustanciación para librar el cartel, el Juzgado de Sustanciación declarará la
perención de la instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo
267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil y ordenará el archivo del
expediente (Vid. S.S.C. N° 1238 del 21 de junio de 2006, caso: Gustavo González Velutini).
IV
DE
En el presente caso, la parte
recurrente ha solicitado la suspensión de los artículos 109 al 128 y 132 al 134
del Reglamento Interior y de Debates del Concejo Municipal del Municipio San
Cristóbal del Estado Táchira, de conformidad con los artículo 585 y 588
del Código de Procedimiento Civil, al aducir que de no acordarse la suspensión
se produciría un caos jurídico en el Municipio ya que el Presidente del Concejo
Municipal prácticamente suplantaría al Alcalde electo democráticamente, todo en
aras de la preservación del orden jurídico municipal y la ejecución adecuada de
las competencias por parte de cada uno de los órganos del Poder Público
Municipal.
En tal sentido, la procedencia de tales medidas
dependerá exclusivamente del cumplimiento de los extremos legales previstos en el
artículo 19 de
En este sentido, la Sala
con relación a los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 19 de
la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia y en los artículos 585, 588 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, ha señalado que estos son los legitimadores para
la adopción de medidas cautelares, y que constituyen garantía suficiente de que
las sentencias de fondo que se dicten sean plenamente ejecutables, evitándose
que los efectos del proceso, perjudiquen a quienes tienen razón, quedando así,
garantizado el derecho fundamental de los ciudadanos a una tutela judicial
efectiva.
De allí, que resulte obligatorio probar la irreparabilidad o dificultad
de reparación de los daños que se le estarían generando, para lo cual no son
suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la
presencia en el expediente de pruebas sumarias o de una argumentación jurídica
consistente, requisitos estos que no aparecen cumplidos en la presente causa.
Por tanto, en virtud de los razonamiento antes efectuados resulta forzoso para esta Sala desestimar la solicitud de medida cautelar formulada por la parte recurrente. Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos que anteceden, esta Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en
nombre de
1.- COMPETENTE para conocer y decidir el
recurso de nulidad con medida cautelar
interpuesto por el ciudadano GERARDO WILLIAM MÉNDEZ GUERRERO, Alcalde
del Municipio San Cristóbal contra los artículos 109 al 128 y 132 al 134 del
Reglamento Interior y de Debates del Concejo Municipal del Municipio San
Cristóbal, sancionado por el Concejo Municipal de San Cristóbal el 15 de
septiembre de 2005 y publicado el 11 de octubre de 2005, en
2)
ADMITE el recurso de nulidad por inconstitucionalidad propuesto.
3) Se ORDENA citar al Presidente del Concejo Municipal
del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira y al Fiscal General de
4) Se NIEGA la medida cautelar solicitada.
5) REMITASE el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de continuar el curso normal del procedimiento.
Publíquese, regístrese y
notifíquese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada
y sellada en el Salón
de Audiencias de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vice-Presidente,
JESÚS
EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
EXP 06-0532
MTDP/