SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 05-0393
El 25 de febrero de
2005, el ciudadano ROMALDO CAICEDO, titular
de la cédula de identidad N° 10.605.224, actuando “en su propio nombre y en defensa de [sus] derechos e intereses como
ciudadano elector hábil perteneciente a la Circunscripción
Electoral del Estado Amazonas de la República
Bolivariana de Venezuela (…), así como también accionando en
nombre de los intereses colectivos de los electores que [constituyen] el
universo electoral del Estado Amazonas”, asistido por los abogados Rodrigo
Pérez Bravo y Luis Ramón Obregón Martínez, inscritos en el Instituto de
Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 9.277 y 69.014, respectivamente, interpuso
acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada, contra
el ciudadano Liborio Guarulla, titular de la cédula de identidad N° 1.568.165,
en su condición de Gobernador del Estado Amazonas.
En virtud de la
reconstitución de la Sala
y elegida su nueva Directiva, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella
Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero,
Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis Velázquez
Alvaray, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón y
Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 28 de febrero de
2005, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa
Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
DE LA ACCIÓN
DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte accionante expuso como
fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que
el 24 de marzo de 2004, la Sala
Constitucional resolvió el recurso de interpretación
interpuesto por el ciudadano Liborio Guarulla, decidiendo que el período
constitucional vencería el 13 de febrero de 2005.
Que
alegan la violación de sus “derechos
políticos y de todos los ciudadanos electores del Estado Amazonas”, en
virtud que el ciudadano Liborio Guarulla sigue en ejercicio de su cargo en
forma ilegítima e inconstitucional, en una especie de prórroga tácita de su
mandato.
Que
el ejercicio prolongado en la duración del cargo de Gobernador del Estado
Amazonas, viola el orden público constitucional y constituye una usurpación de
funciones, en virtud que éste ha seguido ejerciendo ilegalmente las mismas.
Que
la prórroga indefinida en el ejercicio de las mismas afecta “(…) la duración de los mandatos
constitucionales de los funcionarios electos por sufragio particular (artículo
135 Constitucional en concordancia con el artículo 160 eiusdem) y la Supremacía y
Protección Constitucional (artículos 7, 22, 335 y los Derechos Constitucionales
a la Alternabilidad
Democrática (sic) (artículos 5, 6, todos constitucionales
(sic), Participación Política (artículos 62, 63 y 70 Constitucionales) y
constituye una clara usurpación de funciones (…) sancionada con su radical
nulidad (artículos 25 y 138 Constitucionales) que acarrea incluso responsabilidad
penal, civil y administrativa en su contra”.
Finalmente,
solicitó medida cautelar innominada, en la cual “(…) se desincorpore del cargo de Gobernador del Estado Amazonas
y se active el mecanismo de sucesión en el mandato con carácter transitorio,
establecido en la legislación pertinente, hasta tanto se efectúe la Consulta Popular
correspondiente que designe la nueva Autoridad Ejecutiva Regional con arreglo a
los principios democráticos (…) o, en forma subsidiaria, que se restringa la
capacidad de ejercicio de dicho funcionario a simples actos de administración
que no impliquen un posterior daño a la Hacienda Pública
Estatal, todo esto con el fin de evitar que el ejercicio ilegítimo de la
autoridad de Gobernador del Estado Amazonas, que actualmente está ejerciendo
dicho ciudadano, implique una situación irreparable para el Patrimonio Público
(…)”.
II
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar debe esta Sala determinar su
competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto
observa:
La Sala ha establecido que, hasta tanto se
dicten las leyes de procedimiento que atribuyan a otros tribunales competencia
para el conocimiento de acciones o demandas por intereses difusos o colectivos
(Vgr. la de protección del menor y del adolescente del artículo 276 y ss. de la Ley Orgánica
para la Protección
del Niño y del Adolescente), corresponderá a la Sala Constitucional
el conocimiento de las mismas (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 656 del 30 de
junio de 2000; 1.571 del 22 de agosto de 2001 y 1.193 del 16 de mayo de 2003).
En tal sentido, mediante
sentencia de esta Sala N° 260 del 19 de febrero de 2002, caso: “Eglee Acurero”, se dispuso lo siguiente:
“No obstante, del examen de la solicitud presentada, y de los recaudos
consignados, puede advertir la
Sala que la presente acción de amparo no se ejerce en función
de una violación directa a los derechos constitucionales de la esfera jurídica
individual de los accionantes, sino que reúne ciertas características propias
de una acción ejercida por intereses colectivos o difusos. Si bien los
solicitantes no catalogan la solicitud ejercida como tendente a la protección
de derechos o intereses colectivos o difusos, ello se hace claro de la tuición
constitucional invocada, que se dirige hacia la protección del medio ambiente
de esa región del Estado Lara, con el propósito fundamental de evitar ‘el
deterioro de la calidad de vida a los habitantes de la zona’.
En este sentido, recuerda la
Sala que, hasta tanto se dicte la Ley que disponga expresamente
un procedimiento específico y adecuado para la resolución de este tipo de
controversias, la
Sala Constitucional, por imperio de la propia Carta Magna, es
la competente para conocer de este tipo de acciones, destinadas a la protección
de intereses colectivos o difusos. En este sentido, la Sala ratifica la posición
sentada en el caso Dilia Parra, en cuanto a que le corresponde el monopolio
exclusivo del conocimiento de la acciones de amparo destinadas a la protección
de intereses colectivos o difusos. Así, la Sala reitera que la decisión que recayó en el
caso Dilia Parra fue producto de la interpretación constitucional directa del
artículo 26 de la Carta
Magna, la cual, de acuerdo al artículo 335 del mismo Texto
Fundamental, presenta carácter vinculante respecto de las decisiones de todos
los Tribunales de la República y de las restantes Salas de este
Supremo Tribunal”.
De acuerdo con el
criterio expuesto en el fallo parcialmente transcrito y visto que lo planteado
se circunscribe a la protección de los intereses colectivos de los ciudadanos
del Estado Amazonas, la Sala,
atendiendo a la interpretación vinculante establecida en la sentencia del 30 de
junio de 2000 (caso: “Dilia Parra”) y
dado que el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia establece que “(t)oda persona tiene derecho a acceso al Tribunal Supremo de Justicia
en cualesquiera de sus Salas para hacer valer sus derechos e intereses, incluso
los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con
prontitud la decisión correspondiente”; por ser la materia debatida de
índole constitucional, la Sala
se declara competente para conocer de la acción incoada, y así se decide.
III
DE LA
ADMISIBILIDAD
Determinada la
competencia, debe esta Sala pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción
interpuesta por el ciudadano Romaldo Caicedo contra el ciudadano Liborio
Guarulla, en su condición de Gobernador del Estado Amazonas, en virtud que a
juicio del accionante sigue en ejercicio de su cargo en forma ilegítima e
inconstitucional, en una especie de prórroga tácita de su mandato, lo cual
viola el orden público constitucional y constituye una usurpación de funciones,
en virtud que éste ha seguido ejerciendo ilegalmente las mismas.
Al
respecto, dispone el artículo 6 numeral 2 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:
“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
(…)
2. Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales,
no sea inmediata, posible y realizable por el imputado (...)”.
En
atención a ello, se observa que los requisitos establecidos en el precitado
numeral deben ser concurrentes, por lo cual resulta indispensable que la
eventual violación de los derechos alegados deban ser consecuencia inmediata y
directa del acto, hecho u omisión objeto de la acción de amparo constitucional
y que esta actuación sea imputable o posible su realización por el presunto
agraviante.
En
tal sentido, mediante sentencia de esta Sala N° 1.300 del 17 de junio de 2004,
se resolvió un recurso de interpretación sobre el contenido y alcance del
artículo 160 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en el cual se analizó el presente caso, relativo a la
prolongación del mandato constitucional en el ejercicio del cargo por parte del
Gobernador del Estado Amazonas. Al efecto, dispuso la referida sentencia:
“De manera que, si bien no existen dudas en cuanto al alcance y
contenido de la norma constitucional sobre la duración del período
constitucional, ni sobre el inicio y el límite del período constitucional, debe
esta Sala analizar la situación excepcional existente en el caso de autos, la
cual se encuentra predeterminada por la situación extraordinaria acaecida en el
Estado Amazonas y la prolongación implícita del período constitucional, aún de
haber transcurrido el lapso establecido en la sentencia dictada por esta Sala,
en virtud de la no convocatoria a elecciones en el Estado Amazonas.
En atención a ello, se advierte que constituye un deber de esta Sala
Constitucional como máximo garante y protector de la Constitución,
evitar que se produzca una acefalía en los órganos de dirección del Estado, con
especial relevancia en el encargado de la rama ejecutiva regional, en virtud
que el ejercicio del cargo que desempeña implica la dirección y administración
de un determinado Estado.
Así pues, se observa que si bien es cierto que la no convocatoria a
elecciones en el lapso establecido para ello constituye una omisión de los
órganos electorales competentes, dicha omisión no debe imputarse al funcionario
que se encuentra en el ejercicio de dicho cargo, ni en el conglomerado
electoral.
En este sentido, debe destacarse que la prolongación en el período
constitucional podría menoscabar el derecho constitucional a la participación
política del electorado en un sistema democrático, por cuanto el pueblo eligió
a un determinado ciudadano por un período previamente establecido en la Constitución y
las Leyes y, una prolongación indefinida en el mismo podría convertirse en una
permanencia continua en el ejercicio de éste.
En este escenario, cabría preguntarse si la excedencia en la
temporalidad del período constitucional constituye un cese inmediato en el
ejercicio de sus funciones o si por las características de ser un funcionario
en ejercicio de un servicio público, debe mantenerse en el mismo hasta la
convocatoria y promulgación de la nueva autoridad electa.
Así, se observa que el procedimiento electoral es meramente
instrumental, no posee un fin en sí mismo, más que servir de mecanismo
legitimador de la elección de autoridades públicas, y como instrumento que
garantice y otorgue seguridad jurídica al ejercicio del derecho constitucional
al voto en un sistema participativo.
Así las cosas, se observa que el funcionario que se encuentra en el
ejercicio de dichas funciones fue objeto de un proceso eleccionario imbuido de
un mínimo de garantías que preservan la existencia de una legitimidad en el
ejercicio de las mismas, previo desarrollo del derecho de los ciudadanos en la
participación política y en manifestación de la soberanía popular, que
establece el sistema democrático.
Visto, como se ha expuesto que el mismo se encuentra revestido de cierta
legitimidad que lo hace acreedor de la representación del ejercicio de su
mandato público, se observa que mientras no haya sido designado el funcionario
a ser representante del cargo público objeto de excepcionalidad en la
prolongación del mandato constitucional, el funcionario previamente electo debe
continuar en el ejercicio de sus funciones.
Así, debe advertirse que en el supuesto planteado sería admisible la
transitoriedad en el ejercicio de sus funciones, en virtud que no cabría la
posibilidad de un cese inmediato en el ejercicio de éstas porque en primer
lugar, la prolongación en el ejercicio del mandato público no se debe a un acto
voluntario del funcionario electo, en segundo lugar, la prolongación en el
ejercicio deviene de una omisión de los órganos electorales y, en tercer lugar,
la omisión en la convocatoria de las elecciones regionales en un determinado
Estado o Municipio, no puede ni debe menoscabar los derechos del colectivo
afectado en su derecho a la participación política.
Con fundamento en lo expuesto, debe advertirse que vista la continuidad
en el ejercicio de la función pública, en aras de mantener los derechos del
colectivo los cuales se verían afectados por un cese en el ejercicio de sus
funciones, el cual no fue consagrado en la normativa constitucional, y no
habiéndose previsto una excepcionalidad a la norma, el funcionario debe
mantenerse en el ejercicio de sus funciones hasta que exista una decisión del
órgano electoral que convoque en un lapso perentorio a elecciones en el
referido territorio y sea electo, proclamado y juramentado el nuevo Gobernador
del Estado Amazonas.
En atención a ello, debe destacarse lo dispuesto en la sentencia de esta
Sala N° 457 del 5 de abril de 2001,
la cual dispuso:
‘Si a esto se agrega el principio consagrado en el artículo 16 del
Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público, que prorrogó el
mandato del Presidente de la República, de los Gobernadores de los Estados y
de los Alcaldes de los Municipios, hasta la celebración de los comicios
populares reguladas por el Estatuto Electoral del Poder Público, cabe concluir
que, no habiéndose previsto en el
régimen de transición el caso de autos, la
laguna debe integrarse conforme a los principios que la técnica de la
integración ofrece, la que permite la continuidad del período hasta las
elecciones para el próximo período, de conformidad con lo previsto en los
artículos 228, 230 y 231 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. Se ha dicho que tal integración comporta una decisión política. La Sala ha reconocido que la
jurisdicción constitucional es, eo ipso, jurisdicción sobre lo político, pero
no es equiparable a jurisdicción política (ver sentencia de la Sala Constitucional,
de fecha 28.03.00, Exp. n° 00-876; cf. José A. Marín, Naturaleza Jurídica del
Tribunal Constitucional, Barcelona, Ariel, 1998. p. 90). Aunque las sentencias
de la Sala
Constitucional son, en estos casos, actos de neto indirizzo
político, lo que distingue la fundamentación y argumentación de las decisiones
y diferencias entre las decisiones políticamente básicas o fundamentales y
aquéllas que lo son jurídicamente es la técnica jurídica con que las decisiones
judiciales se producen, además del respeto al principio de la congruencia de la
doctrina jurisprudencial de la
Sala, tributaria, como se sabe, de la seguridad jurídica y de
la garantía de los derechos constitucionales (ibídem, p. 90).
12.- Si esto es así, la conclusión es clara:
a) el inicio del actual período del Presidente es la fecha de su toma de
posesión, previa juramentación ante la Asamblea Nacional,
el día 19.08.99, de acuerdo con los artículos 3 y 31 del Estatuto Electoral del
Poder Público, y la duración es la de un período completo, es decir, por seis
años, a tenor de lo dispuesto en el citado artículo 3 eiusdem; si se admitiera
el acortamiento del actual período se violaría este artículo; b) el próximo
período constitucional comienza el 10.01.07, según lo dispone el artículo 231
de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela; c) el Presidente de la República deberá
continuar en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a lo establecido en el
artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, es decir, hasta el 10.01.07, ya que, de otro modo, habría que
enmendar la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela en el sentido de señalar,
como inicio del mandato presidencial siguiente el día 19 de agosto, en vista de
que el actual período concluye el mismo día y el mismo mes del año 2006,
conforme lo prevén los artículos 3 y 35 del Estatuto Electoral del Poder
Público, a menos que se desaplique el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, lo cual sería inconstitucional y, enmendador, por ende, de la
norma suprema. También sería inconstitucional la reducción del mandato, según
se indica en a); d) se ha dicho que, en caso de duda entre dos posibles fechas
para la terminación del mandato, lo más democrático sería seleccionar el
término menor, la fecha más cercana, es decir, enero de 2006. Puede haber duda,
ciertamente, sobre la integración de la laguna, pero la duda se ventila de
acuerdo con los cánones de la integración jurídica y no de la posición política
que se asuma subjetivamente, pues lo que debe hacer el juez, al integrar, es
proceder de acuerdo con dichos cánones y con la doctrina jurisprudencial de la Sala. La solución citada
no es integración en el sentido indicado, sino opción ideológica por un
determinado sentido político de la
Constitución vigente. Además, la opción por la reducción del
mandato, aparte que viola el artículo 4 del Estatuto Electoral del Poder Público,
de rango constitucional, no es una exigencia democrática indubitable, sino una
alternativa política, no necesariamente compatible con el espíritu de la Constitución. La reducción o extensión del mandato del
Presidente, por un período relativamente corto, no parece afectar ni la
intervención ciudadana, ni la intensidad del control popular, ni las
posibilidades de alternabilidad (…)’ (Negrillas de esta Sala).
Cabe concluir que, no habiéndose previsto un régimen de transición para
el caso de autos, debe resolverse que la extensión del mandato debe ser
subsumida por el funcionario electo que se encuentre en ejercicio de sus
funciones, en aras de salvaguardar la continuidad de la prestación del servicio
público y los derechos a la participación política del ciudadano, el cual goza
de una presunción de legitimidad en la representación del cargo público, hasta
tanto el nuevo Gobernador electo asuma tal cargo”.
En
atención a lo expuesto, debe destacarse que la presunta violación no es posible
y realizable por el ciudadano Liborio Guarulla, ya que la prolongación en el
ejercicio del mandato público no se debe a un acto voluntario del referido
ciudadano, sino a una omisión en el ejercicio de sus funciones por parte de los
órganos electorales competentes para ordenar la convocatoria de las elecciones
en el Estado Amazonas y proveer el cargo de Gobernador en dicha entidad.
Aunado a ello, debe
advertirse que el ciudadano Liborio Guarulla, tal como lo expuso la sentencia
trascrita, debe mantenerse en el ejercicio de sus funciones hasta que exista
una decisión del órgano electoral que convoque en un lapso perentorio a elecciones
en dicho territorio y sea electa, proclamada y juramentada la nueva autoridad
local, en virtud del principio de continuidad de la función pública, todo ello
en aras de garantizar los derechos del colectivo, los cuales se verían
afectados por un cese en el ejercicio de sus funciones, el cual no fue previsto
en la normativa constitucional, y no habiéndose previsto una excepcionalidad a
la norma, debe advertirse que la extensión del mandato debe ser asumida por el
funcionario electo que se encuentre en ejercicio de sus funciones.
Igualmente,
se observa que el Consejo Nacional Electoral convocó efectivamente a elecciones
para el cargo de Gobernador del Estado Amazonas el 7 agosto de 2005, según los
cronogramas previstos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N°
050225-058 del 25 de febrero de 2005 y publicada en la Gaceta Electoral
N° 236 del 11 de marzo de 2005, emanada del referido organismo, siendo que en
el marco del recurso de interpretación supra aludido, esta Sala en virtud de
sus poderes inquisitivos, ordenó al Consejo Nacional Electoral realizar
inmediatamente y sin mayor dilación el señalado proceso comicial.
En
consecuencia, se advierte que la presunta violación constitucional no es
imputable al ciudadano Liborio Guarulla, sino al órgano electoral, por lo que
en consecuencia resulta forzoso para esta Sala declarar inadmisible la acción
de amparo constitucional interpuesta, conforme a lo dispuesto en el artículo
6.2 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales. Así se decide.
Finalmente, en cuanto a la medida cautelar innominada presentada junto al
amparo, esta Sala, habiendo declarado inadmisible la acción principal, observa
que resulta inoficioso el estudio de la tutela judicial cautelar solicitada,
dado su carácter accesorio e instrumental respecto a ésta. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones
anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República por
autoridad de la ley, se declara COMPETENTE
para conocer el amparo ejercido y declara INADMISIBLE
la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ROMALDO CAICEDO, titular de la cédula
de identidad N° 10.605.224, actuando “en
su propio nombre y en defensa de [sus] derechos e intereses como ciudadano
elector hábil perteneciente a la Circunscripción
Electoral del Estado Amazonas de la República
Bolivariana de Venezuela (…), así como también accionando en
nombre de los intereses colectivos de los electores que [constituyen] el
universo electoral del Estado Amazonas”, asistido por los abogados Rodrigo
Pérez Bravo y Luis Ramón Obregón Martínez, inscritos en el Instituto de
Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 9.277 y 69.014, respectivamente, contra
el ciudadano Liborio Guarulla, titular de la cédula de identidad N° 1.568.165,
en su condición de Gobernador del Estado Amazonas.
Publíquese, regístrese y
notifíquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada
en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de
julio de dos mil cinco (2005).
Años: 195º de la
Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS
EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N°
05-0393
LEML/d
