Caracas, 12 de  Julio de 2017.

207º y 158º

 

Mediante decisión n° 534 de fecha 11 de julio de este año, esta Sala admitió la demanda en protección de los derechos e intereses colectivos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y acordó amparo constitucional cautelar, ordenando a la ciudadana Eveling Coromoto Trejo de Rosales, Alcaldesa del Municipio Maracaibo antes referido, que dentro del mencionado Municipio -realice entre otras medidas- todas las acciones, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar se obstaculice la vialidad urbana, y se garantice un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su Municipio.

Ahora bien, vista la situación de hecho grave e inminente de que adolece la población residente y circulante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, tal como se desprende de los hechos noticiosos publicados en diferentes medios nacionales y regionales, particularmente en el Diario Informativo Independiente “PANORAMA” del día miércoles 12 de julio del presente año, en los cuales se evidencia que existe un estado de insalubridad pública en virtud de la omisión en la recolección del servicio de aseo urbano y domiciliario, así como la inoperatividad del servicio público prestado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Maracaibo, por falta de pago de sus salarios, esta Sala Constitucional, en aplicación del principio de la sana crítica que rige en materia constitucional, estima pertinente hacer uso de los amplios poderes cautelares que otorga el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que reza:

(...) En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto. (Resaltado de este fallo).

Atendiendo a la disposición antes transcrita esta Sala, tomando en cuenta las circunstancias que acontecen en dicho Municipio Maracaibo, referidas a los servicios públicos de aseo urbano y domiciliario y la inoperatividad de su Cuerpo de Bomberos, en aras de garantizar los derechos constitucionales a la salud, a la vida y a la integridad física, así como preservar la prestación permanente, oportuna y eficaz de los referidos servicios públicos acuerda, como medida cautelar, hasta tanto se decida el fondo del presente asunto, que la Gobernación del Estado Zulia a cargo del ciudadano Francisco Arias Cárdenas, ejercerá la prestación en forma directa de los servicios de aseo urbano y domiciliario y del Cuerpo de Bomberos en el Municipio Maracaibo de ese Estado, comprendiendo ello la recaudación de las tasas correspondientes a la prestación de los mismos, pudiendo valerse para tales fines de los convenios que considere necesarios y viables con otras instituciones públicas o privadas, así como establecer las coordinaciones que considere pertinentes con el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, como ente rector en materia ambiental. Para el cumplimiento de tales fines, la Gobernación del Estado Zulia asumirá la dirección del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) y del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos, ambos del Municipio Maracaibo de dicho Estado, así como el manejo y administración del personal, materiales y equipos afectos a la prestación de los aludidos servicios.

La Gobernación del Estado Zulia deberá presentar informe de la gestión encomendada por esta Sala Constitucional, cuando le sea requerido.

La ejecución de la presente medida cautelar no puede excusar el cumplimiento del amparo cautelar dictado en la decisión n.° 534, emanada de esta Sala Constitucional, señalada ut supra.

Se acuerda notificar del presente fallo a la ciudadana Eveling Coromoto Trejo de Rosales, Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, al Gobernador del Estado Zulia, ciudadano Francisco Javier Arias Cárdenas y al Contralor General de la República, ciudadano Manuel Galindo Ballesteros, de conformidad con el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Cúmplase lo ordenado.

El Presidente de la Sala,                                                                  

 

 

Juan José Mendoza Jover

 

El Vicepresidente,

 

                                                                               Arcadio Delgado Rosales

Los Magistrados,

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                             

  

Calixto Ortega Ríos

 

 

Luis Fernando Damiani Bustillos

 

 

Lourdes Benicia Suárez Anderson

 

 

René Alberto Degraves Almarza

 

 

La  Secretaria (T),

 

 

Mónica Andrea Rodríguez Flores

 

Exp. N.° 17-0743