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MAGISTRADA
PONENTE: LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Mediante escrito presentado el 1° de septiembre de
2021 ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por las
abogadas Auristela Gutiérrez, María Briones y Genaibis Valero, inscritas en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 50.088, 185.976 y
218.124, respectivamente, quienes actúan como apoderadas judiciales de la
sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA,
C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del entonces Distrito
Federal y del Estado Miranda, en fecha 2 de noviembre de 1992, bajo el n.° 80,
Tomo 43-A, solicitaron la revisión constitucional con medida cautelar de
suspensión de efectos de la sentencia identificada
con las siglas RC-000199 del 6 de julio de 2021, dictada por la Sala de Casación Civil de este
Tribunal Supremo de Justicia, en la que se declaró con lugar el recurso de
casación propuesto por la aquí requirente y se anuló el fallo dictado en fecha
18 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil,
del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, ello en el marco del juicio contentivo de la demanda de
cumplimiento de contrato de seguro, incoada por la empresa Inversiones J.P.K.,
C.A., en contra la hoy solicitante.
El mismo 1° de septiembre de 2021, se dio cuenta en Sala y se designó
ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter
suscribe el presente fallo.
En fecha 27 de septiembre de 2021, la abogada Genaibis Valero, apoderada judicial de la sociedad de comercio supra identificada, consignó diligencia
mediante la cual solicitó que esta Sala emitiera pronunciamiento sobre la
medida cautelar peticionada, siendo ratificada esta solicitud mediante
diligencias consignadas en fechas 13, 14, 15 y 28 de octubre; 3, 5 y 26 de
noviembre de 2021.
El 16 de febrero de 2022, la representación judicial de la empresa
requirente, mediante diligencia consignada en autos, solicitó pronunciamiento
en la presente causa.
El 17 de febrero de 2022, el abogado Asdrúbal García Sanabria, actuando con
el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversiones J.P.K,
C.A., solicitó se declare inadmisible y sin lugar la presente solicitud de
revisión, pedimento que fue reiterado según diligencia consignada en fecha 30
de marzo de 2022.
El
27 de abril de 2022, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la
incorporación de los magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión
ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela n.° 6.696, Extraordinario de fecha 27 de
abril de 2022; quedando integrada de la siguiente forma: magistrada Gladys
María Gutiérrez Alvarado, presidenta; magistrada Lourdes Benicia Suárez
Anderson, vicepresidenta; y los magistrados y magistradas Luis Fernando Damiani
Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Tania D’Amelio Cardiet; ratificándose
en su condición de ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson,
quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 27 de mayo de 2022, la representación judicial de la empresa requirente,
mediante diligencia consignada en autos, solicitó pronunciamiento en la
presente causa, pedimento que fue ratificado según diligencia consignada en
fecha 31 de mayo de 2022.
Realizado el estudio pormenorizado del expediente, se pasa a decidir, según
las consideraciones que se exponen de seguidas:
I
DE LA SOLICITUD DE
REVISIÓN
La representación judicial de la peticionaria, basó
la solicitud de revisión constitucional que aquí ocupa a la Sala, señalando lo
siguiente:
“A los fines de ilustrar el criterio de esta (…) Sala sobre los hechos que dieron lugar a la demanda, así como los
acaecidos durante la tramitación del juicio de cumplimiento de contrato de
seguro en donde se dictó la sentencia objeto de la presente solicitud de
revisión, a continuación señalamos brevemente y en orden sucesivo, las
actuaciones más relevantes que han sido realizadas por las partes y por los
tribunales, y en virtud de los cuales se evidencia la clara determinación del
problema judicial o thema decidendum sobre los hechos controvertidos sometidos al conocimiento de este
máximo tribunal constitucional.
1.- El 31 de marzo del
año 2000, Inversiones JPK, C.A., contrató con Seguros Altamira, C.A., una póliza de equipo de contratista N° 15-000037, la cual, entre otras cosas, aseguraba una
pinza hidráulica modelo SW-1224 año 1994…
2.- El 11 de marzo de
2002, la pinza hidráulica asegurada con la póliza sufrió un siniestro al quedar atascada en el suelo a una
profundidad de 51 metros (51mts), según se evidencia del informe de siniestro
presentado en la causa como prueba…
3.- El 30 de agosto de
2002, [su]
representada notificó a Inversiones [J]PK, C.A.,
del rechazo del siniestro, fundamentado en la
falta de cobertura conforme lo establecido en la cláusula 7, literal f) de las
condiciones particulares de la póliza de equipo de contratista (exclusión de
los equipos y maquinarias utilizados para obrar en el subsuelo)…
4.- En virtud de tal
rechazo, la [s]ociedad
[m]ercantil Inversiones JPK, C.A,
denunció a [su] representada ante la
Superintendencia de Seguro, aduciendo ‘...incumplimiento de
las estipulaciones de la póliza y sus anexos...’, siendo desestimada dicha denuncia por el referido ente
administrativo regulador de la actividad de seguros, el 13 de diciembre de
2002, como se evidencia del acto administrativo…
5.- No obstante lo
anterior, la [s]ociedad [m]ercantil Inversiones [J]PK C.A., interpuso demanda de cumplimiento de contrato de seguro contra [su] representada Seguros Altamira, C.A., siendo
admitida el 29 de noviembre de 2002, por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas…
6.- Luego de
sustanciada la causa, el referido juzgado dictó sentencia el 26 de marzo de
2004, declarando parcialmente con lugar la demanda y condenando a [su]
representada al pago de cincuenta y dos mil quinientos
ochenta y seis mil dólares americanos con diez centavos de dólar (US$
52.586,10) ‘...por concepto de la pérdida total de
la Pinza Hidráulica Modelo SW. Año 1994, en el siniestro identificado con el № PN21502001...’, más la suma de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00), por
concepto de lucro cesante.
7- Dicha sentencia fue
apelada por ambas partes y decidida el 11 de febrero de 2005 por el Juzgado
Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la demandante y
parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, considerando que la parte actora no
demostró el valor que la pinza hidráulica tenía para el momento en que se
contrató el seguro, y que el valor del bien siniestrado debía ser fijado por
experticia complementaria del fallo.
8.- Contra la referida
sentencia se anunció y formalizó recurso de casación, siendo decidido por la
Sala de Casación Civil el 30 de mayo de 2006, [la cual] casó de oficio la
sentencia dictada en apelación, al considerar que el
juez de alzada no señaló el método que debían seguir los expertos contables
para el cálculo de la experticia complementaria del fallo.
En virtud de la
sentencia de casación, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conoció el reenvío y dictó sentencia el 25 de mayo de 2009,
en consecuencia, declaró parcialmente con lugar la demanda y condenó a
Seguros Altamira a pagar a la parte actora ‘...el valor en dólares estadounidenses
o su equivalente en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente para el
momento de la presentación del informe de la experticia complementaria que ha
de determinar el quantum preciso de la punta o pinza hidráulica siniestrada
modelo SW-1224, año 1994, a título indemnizatorio...’, determinación que se haría a través de una experticia complementaria del
fallo realizada por un solo experto, aclarándose que el valor determinado no
podía exceder el valor máximo establecido en la póliza de seguros.
10.- Contra la
sentencia referida anteriormente, las partes anunciaron por segunda vez recurso
de casación, a cuyo efecto el 9 de agosto de 2010, la Sala de Casación Civil
dictó nueva sentencia en la que declaró con lugar el
recurso formalizado, anuló la sentencia recurrida por considerar que incurrió
en indeterminación objetiva, y ordenó a otro
tribunal superior que decidiera la causa corrigiendo los vicios delatados.
11.- Reenviada
nuevamente la causa, el 18 de febrero de 2013, el Juzgado Superior Noveno en lo
Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas dictó la tercera sentencia de alzada, en la que
declaró parcialmente con lugar la demanda y condenó a
Seguros Altamira, C.A., a pagar a la actora el
valor en dólares de los Estados Unidos de Norte América o su equivalente en
bolívares a la tasa de cambio oficial para el momento de la presentación del
informe pericial, ‘...para lo cual se
ordena una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo
establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, que deberá
ser practicada por un solo perito, tomando como base el valor que tenía la
pinza hidráulica para el momento del siniestro, es decir, el 11 de Marzo de
2002, y la cual no podrá exceder del monto asegurado, el cual equivale a la
cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS D[Ó]LARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AM[É]RICA CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR (US$
52.586,10)...’
Siendo que la sentencia aludida incurrió en vicios que la hacían inejecutable, [su] representada volvió anunciar y formalizar
recurso de casación, siendo resuelto por la Sala de Casación Civil el 6 de
julio de 2021, [la cual] declaró con lugar el recurso de casación formalizado por [su]
representada, casó de oficio y sin reenvío la sentencia impugnada; declaró con
lugar la demanda interpuesta por la [s]ociedad
[m]ercantil JPK, C.A.; condenó a
Seguros Altamira C.A., a pagar ‘...la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
DÓLARES AMERICANOS CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 52.586,10) o su equivalente en moneda
nacional a la tasa oficial vigente, fijada por el Banco Central de Venezuela
para el momento del pago total y definitivo...’; y a pagar ‘...la cantidad cien bolívares
soberanos (BsS 100,00), contados a partir del día 1° de septiembre de 2002,
hasta el mes anterior a que se reciba el expediente en el tribunal de primera
instancia para su ejecución, más la indexación judicial acordad en este fallo’;
sentencia esta objeto
de la presente solicitud de revisión.
-III-
DE LOS VICIOS DE INTERPRETACIÓN DE PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES Y VIOLACIONES A LOS CRITERIOS VINCULANTES DE ESTA SALA QUE DAN
ORIGEN A LA PRESENTE SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.
Violación por inmotivación de la sentencia.
A los fines de sustentar
la presente solicitud de revisión constitucional, denuncia[n] la violación de la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y
debido proceso por parte de la Sala de Casación Civil, al incurrir en el mismo
vicio de motivación contradictoria que había sido denunciado en el escrito de
formalización, el cual, pese a declararlo procedente, la propia Sala incurre en
contradicción.
En efecto, la sentencia
objeto de revisión dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo
de Justicia el 6 de julio de 2021, al momento de pronunciarse sobre la denuncia
de defecto de actividad por inmotivación del fallo, estableció textualmente lo
siguiente:
…omissis…
Como bien podrán
observar (…)
la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo al momento de decidir la
denuncia de inmotivación delatada, parte de la premisa cierta de que ‘el ad quem después de
analizar y valorar los elementos probatorios aportados por las partes
procesales, estimó que la pinza hidráulica no sufrió pérdida total sino parcial y que la demandada no
debía exigir la indemnización por pérdida total, pues, tal como lo alegó, la
punta hidráulica fue la que quedó atascada en el subsuelo.’; para luego paradójicamente al entrar a conocer del fondo de la causa,
establecer de manera muy escueta que:
…omissis…
Como se puede apreciar
de los fragmentos de la sentencia cuya revisión se pretende, la Sala de
Casación Civil reconoce que la pinza hidráulica objeto de la póliza de seguro
sufrió un daño parcial y no total al quedar atrapada parte de la pinza en el
suelo y, además reconoce que ese fue un argumento de [su] representada, sin embargo, al momento de
arbitrariamente entrar a conocer el fondo del asunto, obvia dicha argumentación
y condena a Seguros Altamira, C.A., al pago del valor ‘total’ de la pinza estimado por la parte accionante en su libelo de demanda.
En este sentido, los motivos dados por la Sala de Casación Civil son contradictorios y
excluyentes entre sí, pues por un lado reconoce
que de las actas del expediente se demostró la pérdida parcial de la pinza en
el siniestro reclamado y declara con lugar la denuncia por motivación
contradictoria, y por el otro, al entrar a conocer del fondo de la causa,
paradójicamente declara que la parte actora logró demostrar ‘todos los hechos
denunciados y exigidos en su escrito libelar’, referentes a la pérdida total del bien asegurado.
Es oportuno acotar que,
también es evidente el vicio de inmotivación por
falta absoluta de fundamentos de la Sala de Casación
Civil al momento de entrar a conocer el fondo del asunto y declarar con lugar
la demanda interpuesta por Inversiones JPK, C.A., toda vez que no esgrime las razones que justifiquen si la p[é]rdida de la
pinza siniestrada fue total o parcial, al ser ese un hecho controvertido en el
proceso. Simplemente se limita la referida Sala a
transcribir algunas normas del Código Civil respecto a los contratos, para
concluir que:
…omissis…
Pues bien, una vez que
la Sala de Casación Civil considera procedente la demanda de cumplimiento del
contrato de seguro, no fundamenta en lo
absoluto las razones por las que a su parecer la pretensión de la parte actora
debe prosperar totalmente y condenar a pagar a [su]
representada el valor de la pinza indicado por la parte actora en su libelo; pues solo se limita a indicar que quedó
probado la existencia del contrato y la ocurrencia del siniestro, como hechos
suficientes para declarar la procedencia de la demanda y el monto condenado,
careciendo de total fundamento la consecuencia jurídica.
Es entonces
cuestionable la sentencia cuya revisión se pretende, por cuanto desconocen las
partes y cualquiera que lea la sentencia, las razones por la que en definitiva
la Sala de Casación Civil declaró con lugar la demanda de cumplimiento de
contrato de seguro, situación que atenta contra el orden público y hace nulo el
acto jurisdiccional cuestionado, al apartarse de la interpretación de preceptos
constitucionales realizadas por esta Sala Constitucional, y en especial sobre este
particular, la realizada en sentencia N° 1862 del 28 de noviembre de 2008 caso:
Luis Francisco Rodríguez (ratificada en sentencia N° 899/2018), en la cual se
estableció:
…omissis…
Así las cosas, vale
indicar que la inmotivación o falta de fundamentos es el vicio que provoca la
omisión de uno de los requisitos intrínsecos de la sentencia señalados en el
artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que impone al juez el deber de
expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, requisito que se fundamenta
en el principio de tutela judicial eficaz
según el cual las respuestas de los órganos de administración de justicia,
deben estar afincadas en motivos razonables (vid. sentencias de la Sala Constitucional Nos.
1963/2001; 1619/2008; 1316/2013; 1073/2017).
Con el establecimiento
de tal requisito intrínseco de la sentencia se persigue, permitir el
conocimiento del razonamiento del juez para establecer su dispositivo, pues
ello constituye el presupuesto necesario para obtener un posterior control sobre
la legalidad de lo decidido.
Así, en el presente
caso consta en la parte in fine de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, que se condenó
a [su]
representada, a pagar la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos ochenta y
seis mil dólares americanos con diez centavos de dólar (US$ 52.586,10) o su
equivalente en moneda nacional a la tasa oficial vigente, fijada por el Banco
Central de Venezuela para el momento del pago total y definitivo, es decir, el
valor total estimado por la parte actora en el libelo de la demanda.
Ahora bien, en la parte
motiva de la sentencia, específicamente en la página 33, los [m]agistrados de la Sala reconocen que la demandante no debía exigir la indemnización por pérdida total, pues, tal como lo alegó, solo fue la punta hidráulica la que quedó atascada en el subsuelo, motivación que la hizo declarar con lugar
el recurso de casación formalizada por [su] representada.
Como se puede
evidenciar de lo anterior, la sentencia cuya revisión se pretende carece de
fundamentación, por cuanto en ella, por un lado, se señala que el bien
siniestrado sufrió pérdida parcial y no total, lo que hizo procedente el vicio
alegado por [su]
representada y permitió a la Sala de Casación Civil anular la sentencia
recurrida y entrar a conocer del fondo de la causa, y por el otro, en la misma
motiva, se señala que [su]
representada debe responder por el valor de la pinza hidráulica estimado por la
actora en el libelo de demanda, sin indicar los motivos que la llevan a dicha conclusión,
lo cual resulta absolutamente ilógico y contradictorio, por cuanto al tratarse
de una pérdida parcial no puede [su]
representada ser responsable por el valor pretendido por la actora.
Son estas algunas de
las razones que, de conformidad con los criterios reiterados por esta Sala
Constitucional, hacen nula la sentencia N° RC-199 proferida por la Sala de
Casación Civil el 6 de julio de 2021, por ser violatoria de los preceptos
constitucionales de tutela judicial efectiva y debido proceso, lo cual hace
procedente la presente solicitud de revisión constitucional. Y así solicita[n] sea decidida.
Del vicio de
incongruencia.
En esta oportunidad se
denuncia la violación de la garantía del debido proceso, derecho a la defensa y
tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la Sala de
Casación Civil no tomó en consideración los alegatos formulados por [su] representada en la contestación de la
demanda, una vez que descendió a las actas del expediente para conocer del
fondo del asunto, incurriendo en el vicio de incongruencia omisiva.
En efecto, la Sala de
Casación Civil incurrió en el referido vicio al omitir total pronunciamiento
sobre un punto neurálgico del asunto alegado por [su] representada, como lo es la ocurrencia de
una pérdida parcial de la cosa siniestrada. En el escrito de contestación
consignado en la causa principal (…) [en el que su] representada alegó lo siguiente:
‘En el presente caso tenemos que s[o]lo una pieza de la pinza hidráulica quedó atascada en el pozo donde supuestamente el equipo ejecutaba operaciones de parchado, según se evidencia de las afirmaciones efectuadas por el apoderado de la parte actora en el libelo de demanda, quedando intactas las otras piezas que conforman el equipo, como lo son el panel de control y el carrete. Este hecho evidencia la ocurrencia de la pérdida parcial. Ahora bien, de existir alguna obligación de la compañía -lo cual niego categóricamente- esta consistiría en indemnizar aquellos gastos necesarios para reparar la parte de la pinza hidráulica deñada, y no indemnizar el costo total de un equipo nuevo como si se tratara de una pérdida total, como lo aspira el asegurado, pues devendría un enriquecimiento sin causa, y se esperaría una ganancia con ocasión al contrato de seguro, afectándolo de nulidad. Por ende, es improcedente el reclamo efectuado en los términos en que fue realizado. Así solicito lo decida el Tribunal en la sentencia definitiva...’.
Al conocer del fondo del asunto, la Sala s[o]lo se detuvo a analizar los alegatos expuestos por la parte actora,
omitiendo total pronunciamiento sobre el argumento de [su] representada referido a la pérdida parcial
de la pinza siniestrada, que tenía una influencia determinante y decisiva
para la resolución del fondo de la controversia, como en efecto lo es el
hecho de que la responsabilidad de [su]
representada sería s[o]lo por la
parte de la pinza hidráulica que resultó siniestrada, hecho este que de haber
sido considerado y corroborado por los [m]agistrados de la Sala [de Casación] Civil, con una simple constatación de las pruebas producidas en el
expediente, tal como se denunció, habría conducido a una decisión completamente
distinta a la aquí cuestionada.
Es así como, al no resolver sobre el referido
alegato incumplió la Sala con el requisito formal de contener decisión
expresa, positiva y precisa con arreglo a las excepciones o defensas opuestas, tal y como se lo ordena
el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo
en el vicio de incongruencia negativa al vulnerar el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mandato que se incumple
cuando se omite absolutamente la resolución sobre un argumento fundamental de uno
de los litigantes, como lo es en este caso el alegato referido a la pérdida
parcial mencionada.
En este orden de ideas, vale la pena indicar que
la congruencia se encuentra aparejada con el deber del juez de decidir conforme
a lo alegado por las partes, lo cual comporta que el mismo debe resolver todos
y cada uno de los argumentos expuestos, en aras de no vulnerar los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la
defensa, como un mecanismo garantista para los ciudadanos que acudan ante los
órganos de justicia (cfr. sentencia de esta Sala N° 200/2017).
…omissis…
En
este sentido, de la propia sentencia objeto de revisión la Sala de Casación
Civil reconoce como argumento de [su] representada en la página 38 que ‘de existir
alguna obligación, la misma consistiría en indemnizar algunos gastos necesarios
para la reparación de la parte dañada de la pinza hidráulica y no el de
indemnizar el costo total de un equipo nuevo como si fuese una pérdida total
del equipo siniestrado’, sin embargo, en la parte motiva de la sentencia omitió
total pronunciamiento sobre el hecho alegado por [su] representada de vital preponderancia para la resolución de la causa,
limitándose a justificar la procedencia -a su parecer- de los argumentos
expuestos por la parte actora.
Tal omisión de la Sala de Casación Civil la llevó
a declarar con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de seguro y a
condenar a [su]
representada al pago de la pinza siniestrada por la suma indicada por la parte
actora en su libelo de demanda, esto es, cincuenta y dos mil quinientos ochenta
y seis mil dólares americanos con diez centavos de dólar (US$ 52.586,10), sin
tomar en consideración que los daños ocurridos con el siniestro causaron
una pérdida parcial del bien asegurado, ni
que dicho bien es objeto de depreciación, como se evidencia del
informe de siniestro que cursa en el expediente principal y que se acompaña a
la presente solicitud, marcado con la letra ‘E’, que fuera valorada por la
referida Sala, ni mucho menos el deducible indicado en la póliza
contratada…
Ello así, la decisión cuya revisión se pretende
no solo incurrió en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre los alegatos
expuestos por [su]
representada tanto en la contestación de la demanda y denunciados en casación
en el escrito de fundamentación, sino que además dicha omisión está provocando un
enriquecimiento sin causa de la sociedad mercantil Importaciones JPK, C.A., en relación al pago del
bien asegurado como si de uno nuevo se tratara, sin
tomar en consideración la pérdida parcial, la depreciación natural de la pinza
siniestrada, ni el deducible indicado en la póliza contratada, tal como había quedado demostrado en juicio a
través del informe de siniestro y del cuadro de póliza consignado como prueba
por la propia parte actora.
Es por ello, que la actuación de la Sala de
Casación Civil infringe los artículos 26 y 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la comisión del vicio de
incongruencia conlleva necesariamente a la violación del derecho a la tutela
judicial efectiva y vulnera el derecho a la defensa, ya que al no haberse
analizado correctamente los alegatos anteriormente señalados y no ceñirse a los
términos en los cuales se determinó el alcance de la controversia planteada, se
fundamentó la decisión sobre la base de conclusiones erróneas, sesgadas,
incurriendo en vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con
ellos la vulneración del principio de la congruencia del fallo, consagrados en
los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución (vid. Sentencia de la Sala de
Constitucional N° 1840/2008, ratificada en sentencia N° 196/2014), razones
suficientes para anular la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil y
declarar [h]a [l]ugar la presente solicitud de revisión
constitucional. Y así solicita[n] sea
declarado por esta Sala.
Violación de los criterios de la Sala Constitucional
sobre casación de oficio.
En este punto se delata la violación de los
principios constitucionales de seguridad jurídica y expectativa plausible, por
cuanto la Sala de Casación Civil desatendió su propia doctrina señalada en la
sentencia objeto de revisión, y contravino la jurisprudencia vinculante de la
esta Sala respecto a la casación de fondo y a la interpretación
constitucionalizante de los artículos 320 y 322 del Código de Procedimiento
Civil.
Ha sido criterio relativamente reciente de la
Sala de Casación Civil luego de la sentencia N° 510 del 28 de julio de 2017
(caso: sociedad mercantil MARSHALL Y ASOCIADOS C.A.), en donde desaplicó por
control difuso los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil,
y la posterior declaratoria conforme a derecho de esta Sala Constitucional
mediante sentencia N° 362 del 11 de mayo de 2018, indicar como preámbulo de sus
decisiones el procedimiento a seguir para conocer de las denuncias delatadas en
los escritos de formalización; siendo así, en la sentencia objeto de esta
solicitud estableció expresamente lo siguiente:
…omissis…
En el extracto de la sentencia parcialmente
transcrita, la Sala de Casación Civil señala que una vez verificado la
procedencia de una denuncia de forma de conformidad con el ordinal 1° del
artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala recurre a la casación
parcial, pudiendo anular un aspecto de la sentencia y recomponer el aspecto
casado, manteniéndose firme el resto de la decisión por cuanto los hechos
fueron debida y soberanamente establecidos en su totalidad; sin perjuicio de
ejercer la Sala la casación total, si la infracción delatada influye
determinantemente en el dispositivo del fallo de manera suficiente para
cambiarlo.
Ahora bien, esta Sala Constitucional declaró
conforme a derecho la desaplicación de los artículos 320, 322 y 522 del Código
de Procedimiento Civil que hiciera la Sala de Casación Civil, y estableció con
carácter vinculante para todos los tribunales de la República y especialmente
para la Sala de Casación Civil, encargado de tramitar los recursos de casación
en materia civil, lo que a continuación se transcribe:
…omissis…
Según la motivación expresada en la sentencia
supra transcrita, esta Sala Constitucional considera luego de hacer el análisis
del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que la Sala de Casación
Civil deberá pronunciarse en primer término sobre las denuncias fundamentadas
en el ordinal 1° del artículo 313 eiusdem (como el caso bajo
estudio), y que de ser procedente, en lugar de reenviar la causa a un tribunal
de igual categoría al que dictó la decisión para que vuelva a pronunciarse, deberá
hacer pronunciamiento expreso sobre las infracciones de orden público y
constitucional que ella encontrare para así poder casar el fallo y pronunciarse
sobre el fondo del asunto, de considerar que lo procedente es una casación
total del fallo impugnado.
Ello así, en el caso de la sentencia cuya
revisión se pretende, la Sala de Casación Civil según su propia jurisprudencia
(vid. sentencia N° 510/2017 supra citada), al verificar la procedencia de la
denuncia de forma de conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código
de Procedimiento Civil, debió recurrir a la casación parcial, y anular o casar solo la parte de la sentencia
que se veía afectada por el vicio de motivación contradictoria, manteniendo
firme el resto de la decisión, por cuanto los hechos fueron debida y
soberanamente establecidos en su totalidad. En todo caso, y es
precisamente aquí donde se viola la interpretación vinculante realizada por
esta Sala, debió la Sala de Casación Civil hacer
pronunciamiento expreso sobre las infracciones de orden público y
constitucional que ella encontrare, para poder entrar a conocer del fondo de la causa
y casar totalmente la sentencia impugnada, razón esta suficiente para revisar
la sentencia en comento.
Sobre este aspecto (casación total de la sentencia),
esta Sala Constitucional en la interpretación vinculante y erga omnes del artículo 320 del
Código de Procedimiento Civil (supra citada), estableció categóricamente que,
para casar totalmente cualquier sentencia, deberá
hacer pronunciamiento expreso sobre las infracciones de orden público y
constitucional que ella encontrare, que hagan procedente la casación de fondo.
De conformidad con lo anterior, en el caso de
marras la sentencia cuya revisión se pretende violó el criterio vinculante
dictado por esta Sala Constitucional, pues si bien declaró procedente la
denuncia de forma formalizada por nuestra representante, al momento de casar
totalmente la sentencia del juzgado superior, no
se pronunció sobre las infracciones de orden público y constitucional que le
permitiera pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a consideración.
En este sentido, el proceder de la Sala de
Casación Civil en la sentencia objeto de revisión viola flagrantemente las
interpretaciones realizadas por esta Sala Constitucional que establecen que el
recurso de casación debe ser un instrumento útil; útil a la justicia, a la
defensa del ordenamiento jurídico y, por ende, de los derechos de los
justiciables, no un instrumento para manejar a capricho los resultados de un
proceso (vid. sentencia N° 116 del 29
de enero de 2002 y en sentencia N° 1235 del 14 de agosto de 2012). Por estas
razones, solicita[n] se
declare [h]a [l]ugar la presente solicitud de revisión
constitucional y se anule el fallo dictado por la Sala de Casación Civil bastamente
referido en este escrito…
Violación
del principio de irretroactividad de la ley.
En esta oportunidad se denuncia la violación de
los principios de confianza legítima y expectativa plausible así como del
principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 24 de
nuestra Carta Magna, al pasarse por alto la Sala de Casación Civil los alegatos
expuestos por [su]
representada en el escrito de formalización respecto a la APLICACIÓN
RETROACTIVA del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro
y la infracción por FALTA DE APLICACIÓN de los artículos 557 y
558 del Código de Comercio.
Para decidir la Sala de Casación Civil se
fundamentó en el contenido del artículo 8 del Decreto con Fuerza de Ley del
Contrato de Seguro, que establece ‘Los anexos de las pólizas que modifiquen
sus condiciones para su validez deberán estar firmados por la empresa de
seguros y el tomador, y deberán indicar claramente la póliza a lo que
pertenecen. En caso de discrepancia entre lo indicado en los anexos y en la póliza,
prevalecerá lo señalado en el anexo debidamente firmado’; para concluir que:
…omissis…
De lo anterior, se evidencia que la recurrida
declaró con lugar la demanda, partiendo de la premisa de que sobre los hechos
alegados ‘...prevalecerá lo señalado en el anexo de la
póliza de seguros...’, de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto con Fuerza de Ley
del Contrato de Seguro, norma que no estaba vigente para el momento de la
celebración del contrato de seguro de equipo de contratista cuyo cumplimiento
demanda la actora.
En efecto, las partes celebraron el contrato de
seguro de equipo de contratista número 15-000037, con un período de cobertura
desde el 31/03/2000 hasta el 31/03/2001, y su renovación desde el 31/05/2001
hasta el 31/05/2002; igualmente los anexos 01 y 02 (que sirven de fundamento a
la Sala para declarar la procedencia de la acción) fueron emitidos en fechas 24
de abril de 2000 y 25 de mayo de 2001, respectivamente, lo que significa que
los hechos que constituyen el fundamento de la acción intentada ocurrieron bajo
la vigencia del Código de Comercio.
Al efecto, el Decreto con Fuerza de Ley de
Contrato de Seguros fue publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 5.553 Extraordinario, el 12 de noviembre de 2001,
por lo cual, es material y jurídicamente imposible que las partes contrataran
sobre la base de normas que no habían sido promulgadas para ese momento, y que
por supuesto, no se encontraban vigentes.
Siendo el Decreto con Fuerza de Ley de Contrato
de Seguros de carácter sustantivo, no tiene aplicación inmediata, por lo tanto
no debió ser empleada su normativa retroactivamente por la Sala para la
resolución de la controversia, ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que
referente a la aplicación temporal de la ley establece que ‘Ninguna disposición
legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena...’
En virtud de lo anterior, no estimó [la Sala de Casación
Civil] en su decisión el artículo 557 del Código de
Comercio, que faculta al asegurador a tomar sobre sí todos los riesgos o s[o]lo alguno de ellos a que esté expuesta la cosa asegurada. Así, el
referido artículo establece:
…omissis…
Ello así, el supuesto de hecho estudiado en la
sentencia cuya revisión se solicita está perfectamente subsumible en la
referida norma, ya que la póliza de equipo de contratista demandada en
cumplimiento, fue suscrita bajo la modalidad de riesgos nombrados, estando limitado
el seguro a los establecidos en la cláusula 2 de las condiciones particulares
del contrato, y a las exclusiones expresamente establecidas (cláusula 7 literal
‘f’), entre las cuales se encuentran los equipos, maquinarias o partes
utilizadas en obras subterráneas, por la altas probabilidades de falla y
accidentes.
Asimismo, no tomó en cuenta la Sala de Casación
Civil la parte in fine del artículo 558 del
Código de Comercio, alegado por [su]
representada que indica que ‘…Al establecer los Tribunales la duración y
alcance de los riesgos, deberán hacerlo según las cláusulas de la póliza, los
usos locales y las demás circunstancias del caso’.
En consecuencia, en el caso bajo estudio se
evidencia como la Sala de Casación Civil aplica una norma que no se encontraba
vigente para el momento de la suscripción del contrato de seguro de equipo de
contratista demandado en cumplimiento, como lo es el artículo 8 del Decreto con
Fuerza de Ley de Contrato de Seguros, lo que la llevó a dejar de aplicar los
artículos 557 y 558 del Código de Comercio.
Ello así, es palpable la violación al principio
constitucional realizada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal
Supremo, la cual al decidir el juicio principal de cumplimiento de contrato aplicó
una ley que no estaba vigente al momento de las partes celebrar el contrato, en
franca contradicción a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de
la República de Venezuela, dejando de aplicar las normas del Código de Comercio
que se encontraban vigentes y válidas para la época, razón por la cual se
evidencia la violación de orden público y por tanto una violación
constitucional, que de conformidad a la [v]asta jurisprudencia de esta Sala Constitucional es suficiente para
declarar [h]a [l]ugar la presente solicitud de revisión. Y
así solicita[n] sea decidida.
Violación
de la tutela judicial efectiva y debido proceso.
En este punto, se denuncia la violación de la
tutela judicial efectiva y debido proceso, al causarle la Sala de Casación
Civil un perjuicio desmedido a [su]
representada…
La sentencia impugnada en casación dictada por el
Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 18 de febrero de 2013, había
declarado parcialmente con lugar la demanda, ordenado pagar el monto
que resultara de la experticia complementaria debido a la pérdida parcial del
bien asegurado, y había negado la reclamación por lucro cesante realizada por
la actora.
En este sentido, de la sentencia cuya revisión se
pretende se evidencia como falazmente la Sala de Casación Civil en la página 3
de la misma, indica que ‘... s[o]lo la parte demandada consignó el
respectivo escrito de formalización del recurso extraordinario de casación...’, pese a constar en el
expediente la formalización de ambas partes e incluso la impugnación a la
formalización que hiciera [su]
representada.
Sin embargo, la Sala de Casación Civil
contrariamente a lo que consta en el expediente y evidenciando el error en el
trámite del recurso de casación que ahonda en las graves violaciones de orden
público constitucional denunciado, entró a conocer del fondo de la causa y
declaró con lugar la demanda interpuesta por Inversiones JPK, C.A., condenando
a [su]
representada al pago de cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis mil
dólares americanos con diez centavos de dólar (US$ 52.586,10) o su equivalente
en moneda nacional a la tasa oficial vigente, sin
tomar en consideración la pérdida parcial, la depreciación natural de la pinza
siniestrada, ni el deducible indicado en la póliza contratada, como fuese alegado en
la delación del vicio de incongruencia.
Adicionalmente, condenó a [su] representada al pago de cien bolívares
soberanos (BsS. 100,00), contados a partir del 1° de septiembre de 2002, hasta
el mes anterior a que se reciba el expediente en el tribunal de primera
instancia para su ejecución, por concepto de lucro cesante, causando a [su] representada con su decisión un perjuicio
por el solo hecho de ejercer su derecho a la defensa y hacer uso de los
recursos dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico.
Ello así, de lo anterior podemos evidenciar las
graves violaciones de orden público constitucional en la tramitación del
recurso de casación por parte de la Sala de Casación Civil, pues al ser un
recurso extraordinario está fundado en motivos o causales taxativamente
determinados por la ley; por lo que los [m]agistrados en principio no examinaran y decidirán ex novo la controversia, sino
que únicamente se pronunciarán acerca de la validez o nulidad de la sentencia
recurrida con base en los vicios denunciados, salvo que la ley y la
interpretación vinculante de esta Sala lo autorice para ejercer la casación de
oficio (vid. Sentencia de esta Sala
Constitucional 1803/2004).
…omissis…
Pues bien, en el caso concreto bajo análisis, la
relevancia de la formalización del recurso de casación radica en la naturaleza
jurídica del mismo, como un recurso extraordinario, lo que exige su
fundamentación en los motivos establecidos de forma taxativa por la ley. De ahí
que, ante la falta de consignación del escrito correspondiente, o bien ante su
ineficacia, derivada del incumplimiento de las condiciones de modo, lugar y
tiempo establecidas, el recurso debe declararse perimido, por expresa disposición
legal (vid. sentencia de la Sala Constitucional N°
4674/2005), pero no como lo hizo la Sala de Casación Civil en el caso que nos
ocupa, en el que parte del equívoco de no haberse presentado el escrito de
fundamentación de la parte actora y, sin embargo, causarle un perjuicio mayor a
[su] representada a pesar de considerar que [eran] los únicos que había[n] formalizado el recurso.
En este orden de ideas, parte del perjuicio
causado a [su]
representada es producto de la condenatoria por un supuesto lucro cesante que
no fue probado durante la tramitación del proceso, ya que la sola evacuación de
la experticia judicial promovida por la parte actora no era suficiente para
demostrar la pérdida de utilidad que arguye sufrió como producto del siniestro
objeto de controversia (vid. sentencia de la Sala
Constitucional N° 422/2014), cuestión invocada por esta representación en su
oportunidad al alegar que la experticia se basa en parámetros estadísticos con
la que se pretende probar tendencias o probabilidades y no hechos ciertos, que
la hace insuficiente para demostrar la relación causal entre el siniestro de la
pinza y los supuestos daños alegados por la parte actora, no existiendo en el
expediente otra prueba con la que adminicular la experticia evacuada que llevaran
a la convicción de la Sala de la procedencia del lucro cesante solicitado…
Y peor aún, en el afán de la Sala de Casación
Civil de dictar una sentencia a favor de los intereses de la demandante [s]ociedad [m]ercantil JPK,
C.A., pasó por alto que, desde la fecha de solicitud del supuesto lucro cesante
hasta la fecha que ordenó su pago, han ocurrido en Venezuela dos reconversiones
monetarias, la primera del 6 de marzo de 2007, fecha en la que se publicó en
Gaceta Oficial N° 38.638 el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Reconversión Monetaria, y la segunda, del 25 de julio de 2018, según Gaceta
Oficial N° 41.446 en la que se publicó la Nueva Reexpresión de la Unidad
Monetaria Nacional para la Reconversión Monetaria y su Vigencia.
De conformidad con lo anterior, en el supuesto y
negado caso que el lucro cesante fuese procedente, el mismo jamás podría
corresponder a la suma de cien bolívares soberanos (BsS. 100,00) condenados a
pagar por la Sala de Casación Civil, pues la suma demandada por este concepto
correspondía a diez millones de bolívares (Bs, 10.000.000,00), que luego de la
primera reconversión correspondería diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) y con la
segunda reconversión correspondería a la cantidad de un céntimo de bolívar (Bs.
0,1), hecho este suficiente que evidencia el perjuicio que le causó la Sala de
Casación Civil a [su]
representada.
Pues bien, esta Sala Constitucional ha realizado
la interpretación de las normas que consagran los derechos y garantías
constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial
efectiva y, al respecto, estableció en el fallo No.708 del 10 de mayo de 2001,
caso: Juan Adolfo Guevara, lo siguiente:
…omissis…
Es claro el criterio jurisprudencial supra transcrito, según el
cual el proceso es una garantía de que la resolución de la controversia de las
partes se haga apegado a las normas y reglas procesales establecidas y
conocidas por ellas y que deben en ser aplicadas por el juez, garantía que se
ve anulada cuando en ejercicio de los derechos privativos de las partes su
situación jurídica se ve perjudicada, y peor aún, agravada con la decisión
dictada.
Ello así, en el presente caso se evidencia la
violación a la tutela judicial efectiva y en consecuencia, al debido proceso,
causado a [su]
representada con la decisión de la Sala de Casación Civil, quien la colocó en
una situación desventajosa al declarar con lugar la demanda de cumplimiento de
contrato de seguro y condenarla al pago de unas cantidades que no quedaron
demostradas en el proceso y producto de unos cálculos errados, violando
flagrantemente el derecho a la defensa, debido proceso y tutela judicial
efectiva de [su] representada, lo
cual hace procedente la presente solicitud de revisión, y en consecuencia, nula
la sentencia RC-199 dictada el 6 de julio de 2021 por la Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo de Justicia. Y así solicita[n] sea declarado.
Violación
del principio de confianza legítima y expectativa plausible, así como
contravención a criterios vinculantes establecidos por esta Sala
Constitucional.
En el presente caso, se denuncia la violación de
los principios de expectativa plausible y confianza legítima por cuanto la Sala
de Casación Civil al momento de conocer la defensa perentoria de caducidad
alegada por [su] representada
e interpretar la cláusula 16 del contrato de seguro cuyo cumplimiento se
demandaba, consideró que ‘...la pretendida caducidad de
la acción como defensa perentoria fundamentada por la demandada en la cláusula № 16 de la póliza de seguros suscrita por
las partes, es a todas luces ilegal y contraria a derecho, ya que obstruye el
derecho a la defensa y al debido proceso establecido como principio
constitucional en los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela...’.
Continúa la Sala de Casación Civil indicando
sobre este punto, que es ‘...un contrasentido por
lo antijurídico de sus consecuencias, establecer mediante una clausula (sic) contractual un lapso ó (sic) tiempo perentorio para poder ejercer una
acción entre ambas partes, pues, s[o]lo la ley puede establecer dichos lapsos de
caducidad para interponer la acción, por lo que no se debe permitir -así sea
por convenio entre las partes- que ellas mismas lo limiten, restrinjan o
condicionen el ejercicio del derecho constitucional a la defensa y al debido
proceso, en las acciones que ha bien decidan
ejercer en contra de su futuro adversario en litigio’.
Por último, concluye la referida Sala que ‘al poseer las acciones judiciales el carácter de orden público, las mismas no pueden ser relajadas por las partes, ya que es del interés general de la sociedad su solución de acuerdo a las normas preestablecidas en el marco jurídico nacional’.
Pues bien, es el caso que sobre este particular
la Sala de Casación Civil para la fecha de la interposición de la demanda, era
del criterio que las cláusulas de caducidad contractual en el contrato de
seguros debían ser consideradas válidas, ya que las mismas no atentan contra el
derecho constitucional de acceso de justicia, por estar subordinadas únicamente
al derecho subjetivo y privado que tiene el asegurado con el asegurador.
En relación a la caducidad prevista en los
contratos de seguros, la Sala de Casación Civil en sentencia N° 735 del 1° de
febrero de 2003, interpretando un contrato celebrado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley del Contrato de Seguro (2001), dijo lo siguiente:
…omissis…
De lo anteriormente transcrito se puede
evidenciar, que la Sala de Casación Civil para el momento de la interposición
de la demanda era del criterio de aceptar la validez y vigencia de las
cláusulas de caducidad establecidas en los contratos, y contrario a lo
sostenido en la sentencia cuya revisión se pretende, consideraba que ello era
consecuencia del principio de autonomía de las partes.
Respecto a los principios de confianza legítima,
expectativa plausible y seguridad jurídica, esta Sala Constitucional estableció
en el fallo No. 956 del 1 de junio de 2001, caso: Fran Valero, lo siguiente:
…omissis…
Pues bien, en el presente caso la Sala de
Casación Civil yerra al considerar que no es posible establecer vía
contractual un lapso de caducidad para el ejercicio de una acción o un derecho, pues en todo caso el criterio jurisprudencial
actual es que, ante la duda, cualquier plazo que beneficie el ejercicio de un
derecho debe aplicarse con preeminencia, y no negar a la ligera la posibilidad
de las partes de constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre
ellas un vínculo jurídico.
Tan legal son las nomas que establece la
caducidad de la acción en materia de seguros que la propia Ley de Contrato de
Seguros (2001) contempló el establecimiento de lapsos de caducidad para el
ejercicio de las acciones judiciales, que hasta esa fecha habían sido establecidos
por vía contractual y aceptado por la jurisprudencia de la época como se indicó
supra en los contratos de
seguros que se regían bajo la vigencia del Código de Comercio, por lo que mal
puede la Sala de Casación Civil hoy en día considerar como ilegales dichas
cláusulas si la propia ley permite y establece lapsos de caducidad, más aun en
contratos que para su celebración necesitan la aprobación del órgano rector en
la materia, como lo es la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
Ellos así, la Sala de Casación Civil en el caso
de autos desatendió los criterios jurisprudenciales vigentes para la fecha que
se originaron los hechos discutidos en el proceso y pretendió aplicar al caso
bajo estudio, tras una motivación muy sucinta, la interpretación que sobre la
caducidad contractual se considera aplicable en la actualidad.
Respecto a este punto, de la sentencia
cuestionada se evidencia como la Sala de Casación Civil
pretendió ejercer un control concentrado de la constitucionalidad, lo cual le
está vedado, pues si bien podía examinar la aplicabilidad o no
de la cláusula 16 del contrato, de acuerdo a la cual la demanda debía ser
propuesta dentro de los noventa (90) días luego del rechazo de la reclamación,
dicho estudio lo debió realizar en ejercicio del control difuso de la
constitucionalidad, no así realizar el referido control concentrado.
En este sentido, de la sentencia cuya revisión
solicita[n] se
evidencia como conclusión jurídica sobre este punto que ‘es
un contrasentido por lo
antijurídico de sus consecuencias, establecer mediante una clausula (sic) contractual un lapso ó (sic) tiempo perentorio para poder ejercer una
acción entre ambas partes, pues, s[o]lo la ley puede establecer dichos lapsos de
caducidad para interponer la acción, por lo que no se debe permitir -así sea
por convenio entre las partes-que ellas mismas lo limiten, restrinjan o
condicionen el ejercicio del derecho constitucional a la defensa y al debido
proceso, en las acciones que ha bien decidan
ejercer en contra de su futuro adversario en litigio’.
Se evidencia pues, que es criterio de la Sala [de Casación] Civil según la transcripción supra realizada, que de
ninguna manera las partes pueden establecer lapsos de caducidad para el
ejercicio de las acciones que surjan como consecuencia del negocio jurídico por
ellos reglado, contraviniendo derechos establecidos en nuestro ordenamiento
jurídico (cfr.
derecho al libre desenvolvimiento de la
personalidad -artículo 20 CRBV- y principio de la autonomía de la voluntad -artículo
1159 CCV-), pues en criterio de los [m]agistrados
de la Sala [de Casación] Civil ello contraviene
el ejercicio del derecho constitucional a la defensa y al debido proceso
consagrado en los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
Pues bien, sobre el control concentrado de la
constitucionalidad y su diferencia con el control difuso de la misma, esta Sala
constitucional se ha pronunciado con carácter vinculante en sentencia N° 1717
del 26 de julio de 2002, caso: Importadora y Exportadora Chipendele C.A., estableciendo lo
siguiente:
…omissis…
De conformidad con lo anterior y, siendo que la
Sala de Casación Civil pretende establecer con carácter general su
interpretación acerca de la imposibilidad de las partes de establecer vía
contractual lapsos de caducidad de la acción, contraviniendo con su actuar los
criterios vinculantes de esta Sala Constitucional respecto a la imposibilidad
de ejercer el control concentrado de la constitucionalidad, y siendo además que
la interpretación en el caso en concreto contravino la jurisprudencia que para
la fecha de la interposición de la demanda era dominante (…) considera[n] [que] son
motivos suficientes para declarar [h]a
[l]ugar la presente solicitud de
revisión. Y así solicita[n] sea
decidido.
Violación
de los principios de seguridad jurídica y expectativa plausible.
En el presente caso, la Sala de Casación Civil
decidió ordenar la realización de una experticia complementaria del fallo para
la determinación del valor condenado a pagar por concepto de lucro cesante y la
indexación judicial del monto que de cómo resultado el cálculo de la condena de
lucro cesante, considerando al efecto que el juez de primera instancia podrá: ‘1.- Oficiar al Banco
Central de Venezuela, con el objeto de que -por vía de colaboración-determine
dicha corrección monetaria; o 2.- Ordenar que dicho cálculo se haga mediante
una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un
(1) solo perito para que efectúe la señalada contabilidad de la indexación
judicial condenada al pago’.
En este sentido, el artículo 249 del Código de
Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
…omissis…
De acuerdo con la disposición procesal
transcrita, en los casos en que la sentencia ordene una indemnización de
cualquier especie, si no pudiere el juez hacer la estimación o liquidación, con
arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito, dispondrá que dicha
estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio
de bienes en el Título sobre ejecuciones del Código de Procedimiento Civil,
concretamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 556 eiusdem, que a su vez señala lo
siguiente:
…omissis…
Así, adminiculando ambas disposiciones tenemos
que en el caso sub-judice, la Sala de Casación
Civil debió disponer que la estimación de la indemnización correspondiente, la
realizaran peritos, que se nombrarían uno por cada parte, asociados a un tercero
que elegirán las mismas partes, o que en defecto de ellas por inasistencia o
desacuerdo en su designación, designará el [t]ribunal; experticia que una vez practicada se considerará por mandato
legal, como complemento al fallo ejecutoriado, todo de conformidad con lo
establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, en
concordancia con el artículo 556 eiusdem.
Nada señalan ninguna de las dos normas
transcritas, sobre la facultad del juez, por encima de la de las partes, para
hacer el mismo, motu propio, el nombramiento o
designación de los tres peritos, por cuanto de acuerdo con las referidas reglas
procesales, el juez s[o]lo
está facultado para hacer el nombramiento de alguno de los peritos, en lugar de
las propias partes, únicamente, en los casos señalados en el transcrito
artículo 556 del Código de Procedimiento Civil, esto es, cuando por
inasistencia o desacuerdo en su designación, las partes no puedan elegir el
tercer perito, o bien en el caso de que alguna de las partes no consigne al
momento de designación del perito, la declaración escrita de éste último
manifestando que aceptará la elección.
Sobre este particular ya se había mencionado la
Sala de Casación Civil en sentencia del 28 de junio de 2013, en el caso: Centro Plaza, en el sentido
siguiente:
…omissis…
De lo anteriormente transcrito se puede
evidenciar, que la Sala de Casación Civil era del criterio que la experticia
complementaria del fallo debía ser realizado por 3 peritos tal como lo
establecen las normas del Código de Procedimiento Civil, llegado a declarar
procedente el recurso por infracción de ley por falta de aplicación del
artículo 556 del Código de Procedimiento Civil.
Cabe añadir, que la Sala de Casación Civil no
precisó el por qué abandonó o se apartó del criterio que imperaba para ese
entonces y adoptó la nueva orientación, por lo que dicho cambio jurisprudencial
careció de motivación y vulneró los principios jurídicos fundamentales de
seguridad jurídica y expectativa legítima de [su] representada, quien tenía la expectativa
plausible de que su asunto se decidiera de acuerdo con la jurisprudencia que
imperaba para ese entonces; razones estas que en conjunto con el resto de
violaciones delatadas, hacen procedente la presente solicitud de revisión y en
consecuencia, nula la decisión N° RC-199 del 6 de julio de julio de 2021. Y así
solicita[n] sea decidido”. (Corchetes
añadidos).
II
DE LA SENTENCIA
CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
La Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo
de Justicia, en fecha 6 de julio de 2021, dictó sentencia identificada
con las siglas RC-000199,
en la que declaró lo siguiente:
“PRIMERO:
CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la
demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal Superior de Reenvío, en fecha
18 de febrero de 2013 y en consecuencia CASA TOTAL y SE ANULA la sentencia
recurrida.
SEGUNDO:
CON LUGAR la demanda incoada por la sociedad de comercio INVERSIONES J.P.K.,
C.A., contra la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A.
TERCERO:
SE CONDENA a la demandada sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., a pagar a
la sociedad de comercio INVERSIONES J.P.K., C.A., la cantidad de CINCUENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS CON DIEZ CENTAVOS DE
DÓLAR (US$ 52.586,10) o su equivalente en moneda nacional a la tasa oficial
vigente, fijada por el Banco Central de Venezuela para el momento del pago
total y definitivo.
CUARTO:
SE CONDENA a la demandada sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., a pagar a
la sociedad de comercio INVERSIONES J.P.K., C.A., la cantidad cien bolívares
soberanos (BsS 100,00), contados a partir del día 1° de septiembre de 2002,
hasta el mes anterior a que se reciba el expediente en el tribunal de primera
instancia para su ejecución, más la indexación judicial acordad en este fallo.
QUINTO:
SE CONDENA en costas del juicio a la demandada recurrente, de conformidad con
lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber
resultado totalmente perdidosa en el presente proceso.
SEXTO:
SE EXIME de condena en costas del recurso extraordinario de casación a la
demandada recurrente”.
Este
veredicto, obedeció a la motivación que de seguidas se transcribe:
“…Por
lo cual, y en aplicación de todos los postulados constitucionales antes
señalados en el nuevo proceso de casación civil, esta Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo de Justicia, pasa a dictar sentencia en este caso en los
términos siguientes:
RECURSO EXTRAORDINARIO DE
CASACIÓN
POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
La
representación judicial de la demandada, como fundament[o] de su escrito de formalización del recurso extraordinario de casación,
señaló textualmente lo siguiente:
…omissis…
Para
decidir, la Sala observa:
El
formalizante en casación, fundamentado en el ordinal 1° del artículo 313 del
Código de Procedimiento Civil, delató que el ad quem en su fallo incurrió en el
vicio de inmotivación del fallo con infracción del ordinal 4° del artículo 243
eiusdem.
Señaló
el formalizante, que el ad quem en su fallo condenó a la recurrente en casación
a pagar el valor que tenía la pinza hidráulica para el momento del siniestro
sin exceder del monto asegurado, que equivale a la cantidad de cincuenta y dos
mil quinientos ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con diez
centavos de dólar (US$ 52.586,10), y en la parte motiva del fallo, señaló que
de los elementos probatorios cursante en autos se desprende que la pinza
hidráulica no sufrió pérdida total sino parcial, toda vez que tal como lo alegó
la accionante sólo fue la punta hidráulica la que quedó atascada en el
subsuelo.
Destacó
el formalizante, que el fallo recurrido carece de fundamentación por motivación
contradictoria, ya que por un lado señala que la pinza hidráulica no sufrió
pérdida total sino parcial al ser sólo la punta hidráulica la que quedó
atascada en el subsuelo, y por el otro lado señaló, que la demandada deberá
responder por el valor que representaba la pinza hidráulica para el momento de
la ocurrencia del siniestro, lo cual resulta contradictorio al tratarse de una
pérdida parcial y por ello la demandada no puede ser responsable por el valor
total de la pinza hidráulica.
Concluyó
el formalizante indicando, que la existencia de ambas determinaciones
contradictorias no pueden ser verdaderas por excluirse mutuamente ‘…no pudiendo
la recurrida ofrecer razones de hecho acerca de la pérdida parcial del bien
siniestrado, por sólo quedar la punta de la pinza hidráulica atascada en el
subsuelo, para concluir que la responsabilidad de [su] representada –la cual
siempre ha sido negada- configura el valor total de la pinza hidráulica…’.
Ahora
bien, respecto al vicio de inmotivación del fallo, determinado en el numeral 4°
del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se dispone que toda
sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho que sustentan la
decisión.
Al
respecto, esta Sala en sentencia N° RC-291 de fecha 31 de mayo de 2005, caso de
Manuel Rodríguez contra la Estación de Servicios El Rosal, C.A., señaló lo
siguiente:
…omissis…
De
acuerdo a la anterior jurisprudencia de la Sala, se tiene que conforme al
numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de
toda sentencia, aportar los motivos de hecho y de derecho en los cuales se
fundamenta, así pues, el juez tiene la obligación de explicar su decisión, es
decir, hacerla comprensible mediante la descripción de los motivos que lo
condujeron a tomar tal determinación.
De
esa manera, el razonamiento jurídico expresado y justificado por el juez en la
sentencia permite que las partes del juicio queden convencidas que fue emitida
una decisión objetiva y no arbitraria, en estricto acatamiento al ordenamiento
jurídico positivo y al mismo tiempo pueda la comunidad en general conocer las
razones que sustentan tal decisión. (Cfr. Fallo N° 669 de fecha 21 de octubre
de 2008, expediente N° 2008-314, caso Centro Simón Bolívar, C.A., y/o la
República Bolivariana de Venezuela, contra Diego Arria Salicetti, y otros.)
Motivo
por lo cual, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho
de la decisión, para que sea el resultado de un juicio lógico fundado en el
derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.
También
ha sostenido esta Sala, en su fallo N° RC-113, de fecha 13 de mayo de 2021,
caso de María Sarria y otros contra José Jelambi y otro, exp. N° 2018-015, con
ponencia del mismo [m]agistrado que con tal carácter suscribe el
presente fallo, que la inmotivación de la sentencia por falta absoluta de
motivos, puede asumir las siguientes modalidades, a saber:
…omissis…
Así
pues, el requisito de la motivación debe estar constituida por las razones de
hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo; siendo
que la primera debe estar formadas por el establecimiento de los hechos con
ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y la segunda, la aplicación a
éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes.
Para
la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, está
claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta
de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe
confundirse…
La
contradicción en los motivos envuelve en el fondo el vicio de inmotivación que
es cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones
graves e inconciliables, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre
el punto que trate, siempre que naturalmente dicha contradicción verse sobre un
mismo punto, lo cual conduciría irremediablemente a la destrucción recíproca de
los mismos e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, y en este
sentido, se ha pronunciado esta Sala en sus fallos números RC-704, de fecha 27
de noviembre de 2009, exp. N° 09-242; RC-457, de fecha 26 de octubre de 2010,
exp N° 09-657; RC-215, de fecha 13 de mayo de 2011, exp. N° 10-547; RC-121, de
fecha 29 de febrero de 2012, exp. N° 11-581; y RC-393, de fecha 8 de julio de
2013, exp. N° 13-101, entre otros, de la siguiente forma:
…omissis…
De
manera que, se hace necesario para la verificación de lo delatado, transcribir
la parte pertinente del fallo de alzada señalado por el recurrente en casación,
que dispuso expresamente lo siguiente:
…omissis…
De
acuerdo con la transcripción del fallo de alzada, se tiene que el ad quem
después de analizar y valorar los elementos probatorios aportados por las
partes procesales, estimó que la pinza hidráulica no sufrió pérdida total sino
parcial y que la demandada no debía exigir la indemnización por pérdida total,
pues, tal como lo alegó, la punta hidráulica fue la que quedó atascada en el
subsuelo.
Señaló
el ad quem, que la demandada deberá responder sólo por el valor que
representaba la pinza hidráulica para el momento de la ocurrencia del siniestro
en los límites determinados en la póliza, para lo cual se ordena una experticia
complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249
del Código de Procedimiento Civil, a ser practicada por un solo perito, tomando
como base el valor que tenía la pinza hidráulica para el momento del siniestro
y que no podrá exceder del monto asegurado, que equivale a la cantidad de
cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de
América con diez centavos de dólar (US $ 52.586,10).
Ahora
bien, la Sala en el análisis del fallo recurrido, evidencia tal como lo delató
el recurrente en su escrito de casación, que el ad quem efectivamente incurrió
en el vicio de inmotivación por contradicción, pues, se verifica que por un
lado señaló que la pinza hidráulica no sufrió pérdida total sino parcial al ser
sólo la punta hidráulica de esa pinza hidráulica la que quedó atascada en el
subsuelo, contradiciéndose con lo que posteriormente señaló al indicar que la
indemnización de la pinza hidráulica se haría con base al valor que tenía para
el momento del siniestro, lo cual resulta palpablemente contradictorio, pues ya
había señalado que había sufrido una pérdida parcial y no total de esa pinza
hidráulica.
Así
pues, el ad quem con su proceder incumplió con su deber de establecer una
motivación acorde y congruente, pues, su palparía contradicción la dejó sin
sustento jurídico al tomar a esa conclusión, incurriendo efectivamente en la
inmotivación por contradicción delatada por el recurrente en casación, y por
ello, la Sala declara la procedencia de la infracción del ordinal 4° del
artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por lo que esta Sala se abstiene
de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de
formalización del recurso extraordinario de casación de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se decide.
En
consideración de todo lo antes expuesto y ante la detección de un vicio de
orden público que presenta el fallo analizado por esta Sala, se CASA TOTAL y
SIN REENVÍO el fallo recurrido, se DECRETA SU NULIDAD ABSOLUTA, y pasa a
decidir el fondo de la controversia, estableciendo las pretensiones y excepciones,
analizando y apreciando las pruebas, conforme al nuevo proceso de casación
civil venezolano, ya reseñado en este fallo, en los términos siguientes:
SENTENCIA DE MÉRITO
ALEGATOS
DE LA DEMANDANTE:
De
la lectura del libelo de demanda, presentado por la sociedad de comercio
INVERSIONES J.P.K., C.A., se verifica que incoó acción por cumplimiento de
contrato de seguros contra sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., para que
ésta convenga o en su defecto sea expresamente condenada por el tribunal al
pago de la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis dólares de
los Estados Unidos de América con diez centavos (US $ 52.586,10) por concepto
de monto de la cobertura o suma asegurada, y la cantidad de diez millones de
bolívares (Bs. 10.000.000,00) mensuales contados a partir del día 30 de agosto
de 2002 hasta la culminación y pago total de la suma asegurada por concepto de
lucro cesante, además de la respectiva indexación monetaria, los costos y
costas del proceso.
La
demandante adujo en su escrito contentivo del libelo de demanda, que suscribió
con la demandada una póliza de seguro con vigencia desde el día 31 de marzo de
2000 hasta el día 31 de marzo de 2001, con una prima por la cantidad de cuatrocientos
ochenta y nueve dólares estadounidenses (US$ 489,16) y luego fue renovada desde
el día 31 de mayo de 2001 hasta el día 31 de mayo de 2002 con igual precio por
concepto de prima.
Que
la pinza hidráulica es un aparato que sólo trabaja en obras subterráneas, ya
que la demandante se dedica por medio de la referida pinza hidráulica, entre
otras cosas, a la venta, reparación e instalación de equipos de bombeo en pozos
subterráneos de agua, circunstancia conocida por la demandada.
Que
la cobertura o suma asegurada estipulada en el contrato de seguros es hasta por
la cantidad de noventa y cuatro mil novecientos tres dólares estadounidenses
exactos (US $ 94,903.00), por los siguientes bienes asegurados:
1)
Una pinza hidráulica, modelo SW. 1224, año 1994.
2)
Una Grúa 34000 libras, Marca Semco, año 1995.
3)
Una Grúa 20000 libras. Marca, Semco, año 1992.
Que
en sus actividades laborales, se encontraba utilizando la pinza hidráulica
antes identificada, cuyo valor se encuentra aproximado en la cantidad de cincuenta
y ocho mil cuatrocientos veintinueve dólares estadounidenses exactos (US$
58.429,00), donde por causas no imputable a ella, ocurrió un siniestro con
dicha pinza hidráulica atascándose a una profundidad aproximadamente a
cincuenta y un metros (51 mts), sin posibilidad de ser rescatada, aun cuando se
hicieron los respectivos esfuerzo[s] por parte del equipo técnico de la
demandante, siendo notificada oportunamente la demandada por ser la empresa
aseguradora de dicha pinza hidráulica, quien a su vez envió posteriormente una
cuadrilla de expertos ajustadores a fin de verificar la situación acaecida.
Que
en fecha 30 de agosto de 2002, la demandada por intermedio del jefe del
departamento de patrimoniales, señaló a la demandante que el siniestro acaecido
no tiene cobertura de acuerdo a lo establecido en literal ‘f’ de la cláusula 7°
del contrato de seguro celebrado entre las partes.
Que
en fecha 24 de abril de 2000 y ratificada en fecha 25 de mayo de 2001, se
suscribió anexo a la póliza de seguro, en el cual se estableció que la
cobertura sería efectiva sólo cuando se efectúen operaciones de trabajo para el
cual estaba destinado.
Que
la demandada no ha cumplido en pagar a la demandante sus obligaciones pactadas,
por lo que le ha causado daños y perjuicios que son consecuencia inmediata y
directa de la falta de cumplimiento, incurriendo en lucro cesante, por la
cantidad de diez millones de bolívares exactos (Bs. 10.000.000,00) mensuales,
contados a partir del día 30 de agosto de 2002, hasta la culminación y cancelación
total de la suma asegurada así como la indexación monetaria, las costas y
costos del proceso.
ALEGATOS
DE LA DEMANDADA:
En
fecha 19 de mayo de 2003, la representación judicial de la demandada consignó
escrito contentivo de su contestación a la demanda, en los siguientes términos:
Que
admite como cierto la suscripción de una póliza de seguros de unos equipos
propiedad de la demandante y que se efectuó una renovación de la referida
póliza.
Que
admite como cierto que en dicho contrato de seguros se pactó una suma asegurada
por la totalidad de los bienes asegurados por la cantidad de noventa y cuatro
mil novecientos tres dólares exactos de los Estados Unidos de América (US$
94.903,00)
Que
lo reclamado por la demandante resulta ser improcedente, ya que en el contrato
de seguros no se pactó la indemnización por daños y perjuicios.
Que
de existir alguna obligación, la misma consistiría en indemnizar algunos gastos
necesarios para la reparación de la parte dañada de la pinza hidráulica y no el
de indemnizar el costo total de un equipo nuevo como si fuese una pérdida total
del equipo siniestrado.
Que
dicha reclamación es improcedente, pues no fue pactada la indemnización por
daños y perjuicios.
Que
la demandada no debe pagar cantidad alguna en moneda estadounidense a la
demandante, aun cuando se haya pactado la indemnización en esa moneda
extranjera, ya que en Venezuela se impuso un control de cambio que imposibilita
el cumplimiento de dicha obligación.
Que
la indexación solicitada por la demandante es improcedente por tratarse de
obligaciones en moneda extranjera, ya que el método indexatorio sólo se aplica
a las obligaciones asumidas en moneda de curso legal.
Que
de acuerdo a lo señalado en la cláusula 16 de la Condiciones General del
Contrato de Seguro, invoca la caducidad de la acción como defensa perentoria
establecida en la póliza de seguros suscrita con la demandante.
Que
rechaza y contradice la estimación de la demanda realizada por la demandante en
el libelo de la demanda, por la cantidad de quinientos sesenta millones de
bolívares exactos. (Bs. 560.000.000,00).
Pruebas
aportadas al proceso por la demandante:
La
demandante junto a su escrito contentivo del libelo de demanda, consignó los
siguientes instrumentos probatorios:
1)
Consta a los folios 11 al 14 de la primera pieza del expediente: a) Recibos de
prima N° 2002431 y N° 2003894 correspondiente a la póliza de seguros N°
015-0000037, por concepto de ‘equipo de contratista’, cada una por la cantidad
de US$ 489,16; b) Cuadro N° 1 de la póliza de seguros N° 15-0000037, que
describe los respectivos bienes asegurados, con una suma asegurada hasta por la
cantidad de noventa y cuatro mil novecientos tres dólares estadounidenses
exactos (US $ 94,903.00), por los siguientes bienes asegurados: Una pinza
hidráulica, modelo SW. 1224, año 1994; Una Grúa 34000 libras, Marca Semco, año
1995; Una Grúa 20000 libras. Marca, Semco, año 1992; c) Anexos N° 1 y N° 2 que
forman parte integrante de la póliza de seguros N° 015-0000037.
Estos
instrumentos probatorios por tratarse de documentos privados emanados de las
partes procesales que no fueron objeto de impugnación, desconocidos, ni
tachados de falso, al evidenciarse que entre las partes procesales suscribieron
la póliza de seguros N° 015-0000037 y sus anexos, con descripción detallada de
los bienes asegurados y el establecimiento cierto de la suma asegurada, por
ello, a los anteriores instrumentos esta Sala les otorga el respectivo valor
probatorio como documentos reconocidos de acuerdo a lo establecido en el
artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
2)
Consta a los folios 15 al 20 de la primera pieza del expediente copia
fotostática simple del informe del siniestro N° 215020001, con fecha de
ocurrencia del 11 de marzo de 2002, elaborado por el Departamento Ramos
Patrimoniales de la demandada; al anterior instrumento probatorio, esta Sala le
confiere pleno valor probatorio de acuerdo a lo señalado en el artículo 444 del
Código de Procedimiento Civil, por no haber sido desconocido, tachado de falso
o impugnado por la demandada, y se evidencia como cierto la ocurrencia de dicho
siniestro. Así se decide.
3)
Consta al folio 21 de la primera pieza del expediente, comunicación de fecha 30
de agosto de 2002 emitida por la demandada y dirigida a la demandante, mediante
la cual se evidencia el rechazo del reclamo efectuado por la demandante del
siniestro acaecido y que efectivamente el bien siniestrado sufrió un percance.
Al anterior instrumento probatorio, esta Sala le confiere pleno valor
probatorio de acuerdo a lo señalado en el artículo 444 del Código de
Procedimiento Civil, por no haber sido desconocido, tachado de falso o
impugnado por la demandada. Así se decide.
4)
Consta a los folios 22 y 23 de la primera pieza del expediente, promovió
‘póliza de equipo de contratista’, donde se explanan las condiciones generales
que rigen a dicho contrato de seguros. Al anterior instrumento probatorio, esta
Sala le confiere pleno valor probatorio de acuerdo a lo señalado en el artículo
444 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido desconocido, tachado
de falso o impugnado por la demandada, y se evidencia de la misma que existe
relación contractual entre las partes procesales. Así se decide.
5)
Consta a los folios 24 al 26 de la primera pieza del expediente, que promovió
a) original de orden de compra N° 278668 emanado de la empresa Manpa, C.A., de
fecha 30 de septiembre de 2001, por la reparación y mantenimiento realizada por
la demandante; y b), Copias fotostáticas de la factura N° 4432 por trabajos realizados
por la demandada a la referida empresa Manpa. Esta Sala estima que los
referidos instrumentos probatorios carecen de total valor probatorio al no
aportar en lo absoluto cualquier demostración de los hechos discutidos por las
partes en el proceso, por ello, se desestiman en su totalidad. Así se decide.
6)
Promovió la prueba de experticia a fin de cuantificar el monto dinerario que la
demandante dejó de percibir, en lo que los expertos señalaron que ‘…La cantidad
de dinero no percibida por no disponer de la pinza hidráulica modelo SW-1224,
año 1994, es de ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 11.775.565,00) mensuales, la empresa Inversiones
J.P.K., C.A., ha dejado de mantener obras relacionados con la recuperación,
limpieza e inspección visual de pozos de agua a las diferentes empresas con que
mantiene una relación de servicios…’: Esta Sala aprecia y le otorga el
respectivo valor probatorio al evidenciarse a través de ella que la demandada
ha dejado de percibir por causa del lucro cesante dicha cantidad dineraria
consecutivamente de manera mensual, y que dicho siniestro le ocurrió una
pérdida total a la demandante. Así se decide.
7)
Promovió las pruebas testimoniales de los ciudadanos Jorge Luís Pineda y José
Wilfredo Pérez, para demostrar que la pinza siniestrada se emplea solamente en
obras subterráneas, y que la demandante se dedica por medio de esa pieza a la
venta reparación e instalación de equipos de bombas en pozos subterráneos de
agua. Esta Sala de acuerdo a lo establecido en los artículos 507 y 508 del
Código de Procedimiento civil, examina en especial las testimoniales rendidas
por los referidos ciudadanos en la segunda pregunta efectuada a ellos, ‘Diga el
testigo si sabe y le consta que la mencionada empresa se dedica a realizar
trabajos en obras subterráneas, abriendo y conservando pozos de aguas haciendo
diagnósticos mediante video color realizando reparaciones de roturas de forro
en los mencionados pozos de agua’, a lo que contestaron el primero de ellos ‘si
me consta’ y el segundo contestó ‘s[í] s[é]".
Posteriormente se les enunció la siguiente pregunta: ‘Si sabe y le consta que
la mayoría de esos trabajos son ejecutados por la empresa JPK por medio de una
pinza hidráulica, modelo SW. 1224,-‘año 1994’, a lo que contestaron el primero
de los testigos antes identificados ‘s[í] s[é] y me consta’ y el
segundo contestó ‘sí s[é] y me
consta’, y de igual manera a la pregunta sexta formulada a los testigos, ‘Diga
el testigo si sabe y le consta que tanto el equipo Técnico de Inversiones JPK,
como los representantes de Seguros Altamira, C.A., e incluso una cuadrilla de
expertos ajustadores hicieron todas las labores de rescate de la pinza, no
siendo posible recuperarla’. El primer testigo contestó: ‘s[í] s[é]
y me consta’ y el segundo testigo contestó expresamente ‘s[í]’. Esta Sala, en análisis y estudio de las
pruebas testimoniales evacuadas a los testigos antes identificados, establece
que ambos testigos son presenciales, no son testigos referenciales y no se
encuentran bajo subordinación a las partes procesales, pues, laboran como
trabajadores de una empresa extraña a las partes procesales, por lo que se toma
como válidos y ciertos los dichos explanados en el interrogatorio efectuado a
los testigos evacuados, y se le confiere valor probatorio en referencia a que
la pinza siniestrada sólo se utiliza para ser trabajada en obras subterráneas.
Así se decide.
Pruebas
aportadas al proceso por la demandada:
La
demandada en la oportunidad procesal de promoción de pruebas consignó los
siguientes instrumentos probatorios:
Promovió
el documento denominado ‘póliza de equipo contratista’, aprobada por la
Superintendencia de Seguros del Ministerio de Finanzas, con oficio №
3.545, de fecha 26 de junio de 1993 y copia certificada de la resolución
administrativa N° 001405, de fecha 13 de diciembre de 2002. Esta Sala observa
que por tratarse de documentos privados y por no haber sido desconocido,
tachado de falso o impugnado por la contraparte en la oportunidad procesal correspondiente,
se tienen como reconocidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 444 del
Código de Procedimiento Civil, y hacen plena prueba de los hechos a los que se
refieren y del mismo se evidencia la relación contractual que une a las partes
procesales en el presente juicio por la póliza de seguros suscrita. Así se
decide.
MOTIVACIÓN AL FONDO DE LO
LITIGADO
Los
límites de la controversia en el presente juicio por cumplimiento de contrato
de seguros, se circunscribe en determinar si la demandante es merecedora del
pago por parte de la demandada de la cantidad de cincuenta y dos mil quinientos
ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con diez centavos (US $
52.586,10) por concepto de monto de la cobertura o suma asegurada, y la cantidad
de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) mensuales contados a partir
del día 30 de agosto de 2002 hasta la culminación y pago total de la suma
asegurada, por concepto de lucro cesante, por causa de un siniestro acaecido
con una pinza hidráulica objeto de seguro, que se atascó a una profundidad
aproximadamente a cincuenta y un metros (51 mts), sin posibilidad de ser
rescatada pese a los esfuerzos realizados.
De
modo que, la Sala pasará a pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido
a fin de verificar los alegatos de ataque y defensa de ambas partes, si
cumplieron o no con las obligaciones por ellas establecidas en el contrato de
seguros que ampara la pinza hidráulica siniestrada.
Así
pues, para la Sala es importante transcribir el texto de los artículos 1354 del
Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, que señalan lo siguiente:
…omissis…
De
las normas antes transcritas, se tiene que los artículos 1354 del Código Civil
y 506 del Código de Procedimiento Civil, establecen la obligación que tienen
las partes procesales de demostrar o comprobar sus respectivas afirmaciones de
hecho de acuerdo a los distintos medios probatorios previstos en el
ordenamiento jurídico.
De
igual manera, dichas normas establecen que la carga de la prueba constituye un
imperativo del propio interés de cada litigante, por tanto una vez que el
demandante formula sus afirmaciones de hecho si las mismas son aceptadas por el
demandado, no hay nada que probar; no obstante, si el demandado niega y rechaza
lo alegado por su contraparte, recae sobre el demandante la carga de la prueba.
De
modo que, de acuerdo con lo estipulado en el transcrito artículo 506 del Código
de Procedimiento Civil, los alegatos planteados por las partes pueden consistir
tanto en afirmaciones como en negaciones respecto de determinados hechos.
Ahora
bien, la Sala antes de ahondar en la solución del conflicto suscitado, debe dar
respuesta previa a la defensa perentoria de la caducidad de la acción alegada
por la demandada, que expuso que en la que la cláusula N° 16 de las Condiciones
Generales del Contrato de Seguro, se estableció lo siguiente:
‘Cláusula
16. -En caso de que LA COMPAÑÍA rechace cualquier reclamación que se le
hubiere presentado en virtud de esta póliza, todos los derechos que pudieren
corresponder al ASEGURADO caducarán si éste no hubiere demandado judicialmente
a LA COMPAÑÍA dentro de los noventa (90) días inmediatos a la fecha del
rechazo.
Se
entenderá ejercida la acción contra LA COMPAÑÍA cuando se haya admitido la
respectiva demanda por tribunal competente y se haya practicado la citación de
la persona que estatutariamente ostente la representación judicial de LA
COMPAÑÍA. Queda convenido que se entenderá como fecha del rechazo la del
telegrama que, en tal sentido, haya sido enviado por LA COMPAÑÍA al ASEGURADO o
de la consignación en la oficina de correos de la carta certificada que
contenga el rechazo’.
De
acuerdo a lo antes transcrito, se tiene que la cláusula N° 16 de las
Condiciones Generales del Contrato de Seguro, la demandada alega como defensa
perentoria de la caducidad para intentar la acción establecida
convencionalmente en la póliza de seguros, por cuanto la demandante incoó la
presente demanda por cumplimiento de contrato de seguros, habiendo transcurrido
más de noventa (90) días después de la fecha cierta del rechazo del reclamo
efectuado por la demandante por el siniestro de la pinza hidráulica amparada en
el contrato de seguros, en fecha 30 de agosto de 2002, siendo admitida la
presente demanda el día 29 de noviembre de 2002.
Establecido
lo anterior, la pretendida caducidad de la acción como defensa perentoria
fundamentada por la demandada en la cláusula N° 16 de la póliza de seguros
suscrita por las partes, es a todas luces ilegal y contraria a derecho, ya que
obstruye el derecho a la defensa y al debido proceso establecido como principio
constitucional en los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que señalan lo siguiente:
…omissis…
Así
pues, por medio del proceso es que se le permite al ciudadano la defensa de sus
derechos a través de los tribunales de la República, y es un contrasentido por
lo antijurídico de sus consecuencias, establecer mediante una cl[á]usula contractual un lapso ó tiempo perentorio para poder ejercer una acción
entre ambas partes, pues, sólo la ley puede establecer dichos lapsos de
caducidad para interponer la acción, por lo que no se debe permitir -así sea
por convenio entre las partes- que ellas mismas lo limiten, restrinjan o
condicionen el ejercicio del derecho constitucional a la defensa y al debido
proceso, en las acciones que ha bien decidan ejercer en contra de su futuro
adversario en litigio.
Por
lo tanto, al poseer las acciones judiciales el carácter de orden público, las
mismas no pueden ser relajadas por las partes, ya que es del interés general de
la sociedad su solución de acuerdo a las normas preestablecidas en el marco
jurídico nacional.
En
consecuencia, esta Sala considera que la referida cláusula N° 16 de las
Condiciones Generales del Contrato de Seguro suscrito por las partes es
contraria a derecho ya que contraviene el ejercicio del derecho constitucional
a la defensa y al debido proceso consagrado en los artículos 49 y 257 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, motivo por el cual se
desecha por antijurídica la defensa perentoria de la caducidad de acción
ejercida por la demandada. Así se decide.
Establecido
lo anterior, se desprende que las partes en conflicto efectivamente celebraron
un contrato de seguros que ampararía una pinza hidráulica modelo SW. 1224, año
1994, la cual sufrió un siniestro mientras estaba siendo utilizada por la
demandante en sus labores habituales en un pozo subterráneo, quedando atascada
aproximadamente a una profundidad de cincuenta y un metros (51 mts.), sin
posibilidad de ser rescatada a pesar del esfuerzo que hiciera un equipo técnico
para ese fin.
Ahora
bien, es imperativo para esta Sala referirse al contenido de los artículos
1133, 1160 y 1.167 del Código Civil, que disponen lo siguiente:
…omissis…
De
acuerdo a las normas antes transcritas, las dos primeras refieren al fundamento
jurídico de los contratos en general, y respecto a la última, la misma describe
los elementos para que resulte procedente la acción, como es la celebración de
un contrato bilateral y el incumplimiento de una de las partes cuando no
ejecuta su obligación.
Así
las cosas, luego de haberse analizado y valorado los instrumentos probatorios
aportados por las partes en el proceso, estima esta Sala que la demandante en
la oportunidad procesal correspondiente logró demostrar que celebró junto a la
demandada un contrato de seguros en la cual se amparó la siniestrada pinza
hidráulica modelo SW. 1224, año 1994.
Asimismo
la demandante, logró demostrar la ocurrencia del siniestro de la referida pinza
hidráulica amparada en el contrato de seguros objeto de juicio, la cual se
atascó a una profundidad aproximadamente a cincuenta y un metros (51 mts), sin
que la misma haya sido posible rescatarla pese a los esfuerzos realizados por
los equipos técnicos de las partes procesales, cumpliéndose lo requerido por el
artículo 1.167 del Código Civil, para que resulte procedente la acción de
cumplimiento contractual.
Por
otro lado, la Sala en el análisis de la situación planteada, verificó que uno
de los hechos controvertidos en el presente proceso es que la demandada
incurrió en el incumplimiento de su obligación de indemnizar a la demandante
por el siniestro ocurrido, pues, a decir de la demandada, ella se encuentra
eximida de la responsabilidad de pagar la suma asegurada por dicho siniestro de
acuerdo a lo establecido en la cláusula N° 7 de la póliza de seguros suscrita,
la cual señala lo siguiente:
‘Cláusula
7.- EXCLUSIONES.
Bienes
y partes no asegurables.
…Omissis…
f)
Equipos y maquinarias o partes utilizadas para obras subterráneas. (…).’.
Ahora
bien, dentro del cúmulo de pruebas aportadas por la partes al proceso, ambas
partes suscribieron dos (2) anexos al contrato de seguros primigenio que dio
nacimiento a la relación contractual que une a las partes, y en el fragmento
pertinente de dicho documento, se señala que ‘La cobertura de la presente
póliza será efectiv[a] únicamente dentro del territorio Nacional
exclusivamente, mientras se trasladen y/o regrese y/o efectué operaciones de
trabajo para el cual este destinado’.
De
acuerdo a lo anterior, se debe precisar que la demandante logró demostrar que
la siniestrada pinza hidráulica modelo SW. 1224, año 1994, sólo es utilizada
para realizar labores en obras subterráneas, y entre otras funciones está la de
abrir y conservar pozos de aguas, diagnosticar mediante video color, reparar
roturas de forro en pozos de agua, en fin, son labores muy especiales que
únicamente se realizan a diversas profundidades de la tierra con una máquina de
ese tipo, la cual está diseñada para ser empleada en ese tipo de trabajo y no
de otros, aunado, a que el siniestro ocurrió dentro del territorio nacional y
en el t[é]rmino de vigencia de dicha póliza de seguros
y sus anexos.
Y
en razón de lo antes señalado, es importante transcribir el artículo N° 8 del
Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguros, aplicable para el presente
caso, que señala lo siguiente:
‘Los
anexos de las pólizas que modifiquen sus condiciones para su validez deberán
estar firmados por la empresa de seguros y el tomador, y deberán indicar
claramente la póliza a lo que pertenecen. En caso de discrepancia entre lo
indicado en los anexos y en la póliza, prevalecerá lo señalado en el anexo
debidamente firmado’.
De
acuerdo a lo señalado en la norma antes transcrita, se tiene que en caso de
discrepancias entre lo indicado en los anexos y en la póliza de seguros,
prevalecerá lo señalado en el anexo suscrito.
Así
pues, en el caso de estudio la demandada se excusó de cumplir con su obligación
de pagar la indemnización por el siniestro ocurrido, alegando como fundamento
la exclusión de partes no asegurables de equipos y maquinarias o partes
utilizadas para obras subterráneas, y por otro lado, el anexo del contrato de
seguros suscrito por las partes, señala que la cobertura será efectiva cuando
se estén realizando trabajos para el cual est[é] destinado.
De
modo que, ante tal discrepancia y siendo un hecho demostrado por la demandante
que el bien asegurado para el momento del siniestro se encontraba en territorio
nacional y estaba siendo empleado para el fin al cual está destinado, que no es
otro, que en labores subterráneas, prevalecerá lo señalado en el anexo de la
póliza de seguros, en sentido tal que ‘La cobertura de la presente póliza será
efectivo únicamente dentro del territorio Nacional exclusivamente, mientras se
trasladen y/o regrese y/o efectué operaciones de trabajo para el cual este
destinado’.
Por
tal motivo, y visto que se han cumplidos todos los requisitos establecidos en
el artículo 1167 del Código Civil, debe producirse la indemnización reclamada
por la demandante en su libelo de demanda, y en consecuencia es procedente la
acción por cumplimiento de contrato de seguros por el siniestro ocurrido a la
pinza hidráulica modelo SW. 1224, año 1994, objeto de litigio. Así se decide.
Establecido
lo anterior, la Sala debe pronunciarse sobre otro punto solicitado por la
demandante en su escrito libelar referente al reclamo por concepto de lucro
cesante por la cantidad de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00)
mensuales contados a partir del día 30 de agosto de 2002, fecha cierta del
rechazo del reclamo efectuado por la demandante por el siniestro de la pinza
hidráulica amparada en el contrato de seguros, hasta la culminación y pago
total de la suma asegurada, por el incumplimiento del pago indemnizatorio por
el siniestro ocurrido a la pinza hidráulica modelo SW. 1224, año 1994, la cual
le causó daños y perjuicios atribuibles a dicho incumplimiento contractual por
parte de la demandada.
Así
conviene precisar al autor Emilio Calvo Baca, en su obra Terminología Jurídica
Venezolana, página 486, Ediciones Libra, sobre el concepto de ‘lucro cesante’,
a decir:
…omissis…
Por
otro lado, el artículo 1.273 del Código Civil, establece que ‘Los daños y
perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y
por la utilidad de que se le haya privado (…)’.
En
este orden de ideas, el profesor Eloy Maduro Luyando, en su obra ‘Curso de
Obligaciones, Derecho Civil II, Tomo I’, define al lucro cesante como: ‘(…) el
no aumento del patrimonio del acreedor por habérsele privado de un incremento
que normalmente hubiere ingresado en su patrimonio de no haber incurrido el
incumplimiento’.
Puntualiza
el mismo autor, que el tipo de daño conocido como ‘lucro cesante’ es un caso
también de daño futuro indemnizable. Siendo la pérdida de una ganancia futura
pero que era segura para la víctima.
Y
agrega, que para la indemnización del lucro cesante se tienen que dar dos
condiciones concurrentes, las cuales son:
i)
Cuando el daño futuro es una prolongación o consecuencia necesaria de un daño
actual.
ii)
Cuando existan los medios para apreciar de antemano la extensión y cuantía del
daño futuro.
De
lo anteriormente citado, la Sala observa que la concepción misma de lucro cesante
establecida por el legislador en el código sustantivo civil, estipula que los
daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor por la utilidad de que se
le haya privado, y el cual no puede extenderse a otras, para ello se requiere
una expectativa legítima respecto al aporte o ingreso futuro que dejó de
percibir, es decir, que no pueden estar fundamentadas en especulaciones, sino
en la posibilidad cierta de obtener un lucro, para lo cual, deben existir
pruebas suficientes que acrediten la privación de los ingresos futuros que se
reclaman.
De
la situación surgida en autos, la Sala al verificar que por causa del
incumplimiento contractual de la demandada, ocasionó que la demandante dejare
de producir un aumento patrimonial por tal situación, ya que el bien
siniestrado resultó ser la causa principal generadora de ese aumento de
patrimonio no sucedido, por ser la pieza principal en labores de obras
subterráneas, tales como abrir y conservar pozos de aguas, diagnosticar
mediante video color, reparar roturas de forro en pozos de agua, en fin, son
labores muy especiales que únicamente se realizan a diversas profundidades de
la tierra con una máquina de ese tipo para la cual está destinada, produciendo
en este caso una paralización de ingresos a la demandante, aunado, al informe
elaborado por los expertos designados Flavio Perli Katz, Otto Giovañnetti y
Cesar Rodríguez Gandica, se considera cumplidas las circunstancias de hechos
antes señaladas.
Establecido
lo anterior, la Sala estima que la demandada ante el incumplimiento de su deber
de pagar la cobertura en el momento oportuno por dicho siniestro, lo cual fue
demostrado por la demandante con el cúmulo probatorio aportado en el proceso,
el lucro cesante solicitado resulta procedente por la cantidad reclamada de
diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) mensuales, contados a partir del
día primer del mes siguiente al 30 de agosto de 2002, vale decir del día 1° de
septiembre de 2002, hasta el mes anterior a que se reciba el expediente en el
tribunal de primera instancia para su ejecución, monto que conforme a la ley de
reconversión monetaria, se contrae a la suma de cien bolívares soberanos (BsS
100,00) actualmente. Así se decide.
En
atención a las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, concluye la
Sala que la demandante logró probar todos los hechos denunciados y exigidos en
su escrito libelar, dando lugar al cobro del monto asegurado y del lucro
cesante reclamado, por otro lado la demandada no logró demostrar las
excepciones de no pago a los que se amparó para no cumplir con sus obligaciones
contractuales, por ello, esta Sala en el dispositivo del presente fallo debe
declarar con lugar la acción por cumplimiento de contrato de seguros, condenando
a la demandada a pagar a la demandante el valor de la pinza hidráulica
siniestrada, modelo SW. 1224, año 1994, la cantidad de cincuenta y dos mil
quinientos ochenta y seis mil dólares americanos con diez centavos de dólar
(US$ 52.586,10), m[á]s lo condenado por concepto de lucro cesante reclamado,
por la cantidad cien bolívares soberanos (BsS 100,00), contados a partir del
día 1° de septiembre de 2002, hasta el mes anterior a que se reciba el
expediente en el tribunal de primera instancia para su ejecución, m[á]s la
correspondiente indexación judicial del monto que d[é] cómo resultado el
cálculo de la condena de lucro cesante, tomando en cuenta los Índices
Nacionales de Precios al Consumidor, publicados por el Banco Central de
Venezuela, y de no existir hasta la última fecha de cálculo, se hará sobre la
base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos
comerciales del país, y a tal efecto el juez en fase de ejecución, podrá: 1.-
Oficiar al Banco Central de Venezuela, con el objeto de que -por vía de
colaboración-determine dicha corrección monetaria; o 2.- Ordenar que dicho
cálculo se haga mediante una experticia complementaria del fallo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Civil, con el nombramiento de un (1) solo perito para que efectúe la señalada
contabilidad de la indexación judicial condenada al pago. (Vid. Sent. N° 865 de
fecha 7 de diciembre de 2016 caso de Analina Belisario contra Constructora F y
D, C.A., exp. N° 15-438; Sent. N° 538 del 7 de agosto de 2017, caso de Mario
Pineda contra Condominio de Residencias Torre Europa, Torre III, exp. N°
17-190; Sent. N° 517 de fecha 8 de noviembre de 2018, caso de Nieves Pérez de
Agudo contra Luís Lara Rangel, exp. 17-619). Así se decide.”
III
DE LA COMPETENCIA
Visto lo anterior, debe preliminarmente esta Sala
determinar su competencia para conocer del presente caso y a tal efecto,
observa:
El artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 25
numerales 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, atribuye a esta
Sala la competencia para “revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas
por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente
dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una
norma o principio constitucional; o producido un error grave en su
interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas
constitucionales” y; [r]evisar las sentencias dictadas por las otras
Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como
la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o
convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República
o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales”.
Ahora bien, por cuanto en el caso bajo examen se
solicitó la revisión de la sentencia definitivamente firme identificada con las siglas RC-000199, proferida el
6 de julio de 2021 por la
Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en el marco del
juicio contentivo de la demanda de cumplimiento de contrato de seguro, incoada
por la empresa Inversiones J.P.K., C.A., en contra la hoy solicitante, esta Sala se considera competente para conocer de la
solicitud aquí planteada y así lo declara.
IV
MOTIVACIONES
PARA DECIDIR
Determinada la competencia para emitir pronunciamiento
sobre el presente asunto, la Sala procede a pronunciarse sobre la solicitud de
revisión sometida a su conocimiento, para lo cual se estima pertinente realizar
las consideraciones siguientes:
En el caso bajo examen se pretende la revisión del acto
de juzgamiento contenido en la sentencia identificada
con las siglas RC-000199, de fecha 6 de julio de 2021, dictada por la Sala de Casación Civil de este
Tribunal Supremo de Justicia, en la que se declaró con lugar el recurso de
casación propuesto por la aquí requirente y se anuló el fallo dictado en fecha
18 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil,
del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, ello en el marco del juicio contentivo de la demanda de
cumplimiento de contrato de seguro, incoada por la empresa Inversiones J.P.K.,
C.A., en contra la hoy solicitante.
Determinado
así el objeto de la presente solicitud de revisión, es pertinente aclarar que esta
Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias
definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación
uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada,
a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de
peticiones que pretendan la revisión de actos de juzgamiento que han adquirido
el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esté facultada para
desestimar cualquier requerimiento como el de autos, sin ningún tipo de
motivación, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende en nada
contribuye con la uniformidad de la interpretación de normas y principios
constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que
ostenta la revisión.
Bajo este contexto, en el caso sub iudice, se pudo apreciar que la
pretensión de solicitud de control constitucional que fue esgrimida por la
peticionaria por vía de revisión, versa sobre un fallo judicial emitido en fecha
6 de agosto de 2021 por la
Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en un proceso
contentivo de una demanda de cumplimiento de contrato de seguro que fue incoada
en contra la aquí peticionaria, denotándose que en el requerimiento revisión presentado ante esta Sala Constitucional se
esgrimieron múltiples delaciones en las que se afirmó la afectación del fallo
bajo análisis por varios vicios que
trastocan su validez constitucional y que conculcaron sus derechos a la
defensa, al debido proceso y a una tutela judicial efectiva; aunado a que,
según lo alegado en el escrito con que se da inicio a este asunto, este
veredicto desatendió el principio de irretroactividad de la ley, así como el de
confianza legítima y expectativa plausible por apartarse de criterios
jurisprudenciales pacíficos y reiterados que han sido aseverados, tanto por
esta Sala Constitucional, como por la propia Sala de Casación Civil.
Precisado
lo anterior y con el objeto de emitir pronunciamiento respecto al asunto que
aquí ocupa a esta Sala, dado que la solicitante fue enfática al delatar la
conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo
26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se estima
imperioso hacer notar que este derecho de rango
constitucional ha sido definido –grosso
modo– como aquel atribuido a toda persona de acceder a los órganos de
administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante
un proceso que ofrezca una mínima garantía, para conseguir una decisión dictada
conforme el derecho (en este sentido véase la sentencia de esta Sala n.° 576
del 27 de abril de 2001).
Siguiendo esta línea argumental, resulta necesario resaltar que el artículo
26 de la Constitución consagra de manera expresa el derecho a la tutela
judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, la cual
encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo
consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores
fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual
debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos
de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado
asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que
puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo
que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la
justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de
justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito
para los administrados.
Siendo
esto así, aprecia esta Sala que la hoy solicitante acusó que el fallo objeto de
su petición de revisión, conculcaba su derecho a la tutela judicial efectiva,
toda vez que, según su decir, se encontraba infeccionado por el vicio de
inmotivación, afirmando en este sentido que este fallo resultaba contradictorio
al sostener que el daño sufrido por el bien objeto del contrato de seguro
habría sufrido un daño parcial, pero condena al pago total del mismo, tal y
como fue demandado por la parte actora del juicio principal.
Precisado
lo anterior, es menester resaltar que la actividad de juzgamiento
vertida en al acto sentencial que debe ser proferido conforme a derecho, se
encuentra informada de una serie de principios que
versan, por una parte, sobre la construcción lógica y estructural del fallo; y
por la otra, sobre la interpretación de este acto procesal resolutorio,
resultando imperioso acotar que la motivación del fallo forma parte de esos
principios de elaboración estructural del dictamen y se encuentra consagrado
legalmente como un requisito para su validez según lo contemplado en los
artículos 243.4 y 244 del Código de Procedimiento Civil, siendo que ha sido criterio reiterado de esta Sala Constitucional (vid.
sentencias n.° 1.222 del 6 de julio de
2001; n.° 324 del 9 de marzo de 2004; n.° 891 del 13 de mayo de 2004; n.° 2.629
del 18 de noviembre de 2004, entre otras), que los requisitos intrínsecos de la sentencia que indica el artículo 243 eiusdem son de estricto orden público,
lo cual es aplicable a cualquier área del Derecho y para todos los tribunales
de la República, salvo el caso de las sentencias de revisión constitucional
dictadas por esta Sala y aquellas que declaran inadmisible el control de
legalidad que expide la Sala de Casación Social, en las que, por su particular naturaleza,
tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria.
Con el establecimiento de la motivación como requisito intrínseco de la
sentencia se persigue una doble finalidad, por una parte, mantener una garantía
contra las decisiones arbitrarias, porque la sentencia, a pesar de ser un acto
de autoridad del Estado, no puede consistir en una orden ejecutiva sino en una
experticia de derecho debidamente fundamentada que lleve en sí misma la prueba
de su legalidad; y por la otra, obligar a los jueces a efectuar un detenido
estudio de las actas procesales con arreglo a las pretensiones de las partes, a
las pruebas evacuadas para demostrar los hechos pertinentes, y a las
disposiciones jurídicas que considere aplicables al caso en litigio. La
motivación no debe consistir en meras afirmaciones sobre puntos de hechos, pues
aunque los jueces no están obligados a exponer minuciosamente en la sentencia
el proceso mental que los condujo a determinada conclusión, sí deben al menos
indicar, así sea en forma sintética, las razones que revelen el estudio que
hicieron de la litis, de las pruebas
suministradas por las partes y de los hechos que fueron evidenciados en el
proceso. En abstracción, se puede aseverar que el fin perseguido es permitir
que el justiciable conozca los motivos que condujeron al juzgador a fallar de
determinada manera.
Lo que atenta contra el
principio de motivación del fallo es el vicio de inmotivación de la sentencia,
el cual se puede adoptar distintas modalidades según la doctrina
jurisprudencial asentada por las distintas Salas este Tribunal Supremo de
Justicia; en síntesis pueden mencionarse: i)
la inmotivación absoluta que se materializa cuando hay una ausencia total
de los razonamientos de hecho y de derecho en los que debe cimentarse la
decisión, en este particular se encuentra inmersa la motivación acogida, en las
que incurre el juez de alzada al reproducir con exactitud la motivación
explanada por el tribunal primigenio, sin explanar las consideraciones que le
permiten arribar a la misma conclusión; ii)
la contradicción que se suscita cuando los motivos expresados en el fallo
judicial se destruyen entre sí ya que contienen diferencias irreconciliables
que impiden que el dictamen pueda ser ejecutado; iii) la inmotivación por motivos vagos, superficiales o superfluos,
en la cual los motivos son tan vagos, generales, innocuos, ilógicos o absurdos
que impiden conocer a la alzada o Casación el criterio jurídico que siguió el
juez para dictar su decisión; iv) la inmotivación
con impertinencia de los motivos, cuando las razones expresadas por el
sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las
excepciones o defensas opuestas, a causa de su manifiesta incongruencia con los
términos en que quedó circunscrita la litis;
y v) el silencio de pruebas que se
materializa cuando el juez deja de identificar alguna probanza válidamente
incorporada al proceso y aún nombrándola no emitiera pronunciamiento
apreciativo sobre ella, siendo necesario que tal elemento probatorio resulte
determinación para la resolución del asunto.
A la luz
de las disertaciones que han sido precedentemente explanadas, aprecia esta Sala
Constitucional que la sentencia objeto del análisis constitucional aquí
desplegado es el producto del ejercicio de un recurso de casación hecho valer
en el juicio ordinario por la hoy solicitante, en el que de igual forma se
delató el vicio de inmotivación por contradicción, siendo resuelto en este
fallo casacional de la manera siguiente:
“…la
Sala en el análisis del fallo recurrido, evidencia tal como lo delató el
recurrente en su escrito de casación, que el ad quem efectivamente incurrió en
el vicio de inmotivación por contradicción, pues, se verifica que por un lado
señaló que la pinza hidráulica no sufrió pérdida total sino parcial al ser sólo
la punta hidráulica de esa pinza hidráulica la que quedó atascada en el
subsuelo, contradiciéndose con lo que posteriormente señaló al indicar que la
indemnización de la pinza hidráulica se haría con base al valor que tenía para
el momento del siniestro, lo cual resulta palpablemente contradictorio, pues ya
había señalado que había sufrido una pérdida parcial y no total de esa pinza
hidráulica.
Así
pues, el ad quem con su proceder incumplió con su deber de establecer una
motivación acorde y congruente, pues, su palparía contradicción la dejó sin
sustento jurídico al tomar a esa conclusión, incurriendo efectivamente en la
inmotivación por contradicción delatada por el recurrente en casación, y por
ello, la Sala declara la procedencia de la infracción del ordinal 4° del
artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por lo que esta Sala se
abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito
de formalización del recurso extraordinario de casación de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se decide”.
Denótese así, como este
fallo censuró que la sentencia objeto del recurso de casación, por una parte,
reconociera la parcialidad de los daños sufridos al objeto del contrato de
seguro; y por la otra, condenara su pago indemnizatorio con base al valor que tenía para el momento del
siniestro, procediendo en consecuencia a ello a decretar la nulidad del
dictamen cuestionado en casación y como consecuencia del no reenvío estimado,
pasó a decidir el mérito de la controversia allí trabada, considerando como
procedente la demanda por el pago solicitado por la empresa allí demandante, de
la manera siguiente:
“…visto
que se han cumplidos todos los requisitos establecidos en el artículo 1167 del
Código Civil, debe producirse la indemnización reclamada por la demandante en
su libelo de demanda, y en consecuencia es procedente la acción por
cumplimiento de contrato de seguros por el siniestro ocurrido a la pinza
hidráulica modelo SW. 1224, año 1994, objeto de litigio. Así se decide”.
Produciéndose como
consecuencia de lo anterior, la condena por la “..cantidad de
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS CON DIEZ
CENTAVOS DE DÓLAR (US$ 52.586,10) o su equivalente en moneda nacional a la tasa
oficial vigente, fijada por el Banco Central de Venezuela para el momento del
pago total y definitivo…” que fue el monto demandado por
la entonces demandante finiquito total de la cobertura del monto asegurado en el
contrato de seguro cuyo cumplimiento estaba siendo accionado, tal y como se
reconoció en la propia sentencia de la Sala de Casación Civil.
Ello así, es de inferir
que en la sentencia objeto de revisión, a pesar de reconocerse esa parcialidad
de los daños sufridos por el objeto asegurado en el contrato cuyo cumplimiento
se estaba demandando, se condenó el pago total del monto asegurado en dicho
negocio jurídico, materializándose así una palmaria contradicción en la parte
motiva del acto sentencial con su resolución que afectaría su ejecución, pues
al tenerse como cierto la no afectación total del bien asegurado, no podría
estimarse como procedente el monto demandado en su totalidad por la cantidad
dineraria asegurada; de manera que, al advertirse la coexistencia de estos
argumentos que se destruyen entre sí, resulta forzoso concluir que el dictamen
objeto de la solicitud de revisión sub
lite incurrió en el vicio de inmotivación por contradicción. Así se deja
establecido.
Cónsono con lo
anteriormente establecido y vista la denuncia por incongruencia esgrimida por
la aquí requirente, esta Sala pudo corroborar de los recaudos que fueron
allegados al presente asunto, que la hoy solicitante de revisión como parte
demandada del proceso principal del que devino la sentencia objeto de su
pedimento de control constitucional, alegó en su contestación a la demanda, lo
siguiente:
‘En
el presente caso tenemos que s[o]lo una pieza de la pinza hidráulica quedó
atascada en el pozo donde supuestamente el equipo ejecutaba operaciones de
parchado, según se evidencia de las afirmaciones efectuadas por el apoderado de
la parte actora en el libelo de demanda, quedando intactas las otras piezas que
conforman el equipo, como lo son el panel de control y el carrete. Este hecho
evidencia la ocurrencia de la pérdida parcial. Ahora bien, de existir alguna
obligación de la compañía -lo cual niego categóricamente- esta consistiría en
indemnizar aquellos gastos necesarios para reparar la parte de la pinza
hidráulica dañada, y no indemnizar el costo total de un equipo nuevo como si se
tratara de una pérdida total, como lo aspira el asegurado, pues devendría un
enriquecimiento sin causa, y se esperaría una ganancia con ocasión al contrato
de seguro, afectándolo de nulidad. Por ende, es improcedente el reclamo
efectuado en los términos en que fue realizado. Así solicito lo decida el
Tribunal en la sentencia definitiva...’.
Siendo esto así, se
tiene que este argumento de la parcialidad de los daños sobre el bien asegurado
ya había sido legalmente alegado como excepción a la pretensión deducida y
formaba parte de la litis, sobre lo cual debía indefectiblemente el
órgano decisor emitir pronunciamiento, de allí que deba acotarse que el juez competente al
momento de decidir la pretensión interpuesta debe pronunciarse respecto a todos
los alegatos formulados por las partes, así como los elementos probatorios que
se encuentren en el expediente, de una manera razonable, congruente y fundada,
a fin de emitir un fallo coherente y justo, so pena de vulnerar
el derecho a la tutela judicial efectiva.
Siguiendo este orden de
ideas, es menester acotar que esta Sala ha sostenido que la incongruencia omisiva, debe entenderse
como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes
formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo
pedido. En
efecto, el vicio constitucional de incongruencia omisiva, fue objeto de
análisis por esta Sala en sentencia n.° 2.465 del 15 de octubre de 2002, caso: “José Pascual Medina Chacón”, en la
que se estableció que:
“Conviene
entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea
en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial
efectiva por lo que se denomina como ‘incongruencia omisiva’ del fallo sujeto a
impugnación.
La
jurisprudencia ha entendido por ‘incongruencia omisiva’ como el ‘desajuste
entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones,
concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar
una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela
judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que
suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la
controversia` (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de
julio).
Para este
Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la
acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis
pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la
controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada
fue efectivamente planteada.
Constatada la
omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese
juzgado se pronunciase sobre tal alegato.
Pero no toda
omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial
efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio
y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que
estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y
no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado
en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una
‘incongruencia omisiva’.
Finalmente, debe analizarse si la
omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de
razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del
derecho reclamado”.
Con atención al criterio invocado, se
insiste en resaltar que el juez competente al momento de decidir la pretensión
interpuesta debe pronunciarse respecto a todos los alegatos formulados por las
partes, así como los elementos probatorios que se encuentren en el expediente,
de una manera razonable, congruente y fundada, a fin de emitir un fallo coherente y justo, so pena de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de
las partes, ya que, como se indicó supra los requisitos intrínsecos de la sentencia
que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la
motivación y la congruencia, son de estricto orden público (vid. sentencias n.° 1222/06.07.2001; n.° 324/09.03.2004; n.°
891/13.05.2004; n.° 2629/18.11.2004, entre otras).
Al amparo de estos
señalamientos y siendo que la sentencia aquí examinada carece de un
pronunciamiento sobre el argumento de defensa válidamente hecho valer por la
hoy requirente como parte demandada en el juicio principal, referente a la
parcialidad de los daños sufridos por el objeto asegurado en el contrato cuya
ejecución se estaba demandando, debe tenerse dicho fallo se encuentra
infeccionado por el vicio del incongruencia omisiva. Así se deja establecido.
Aunado a lo
precedentemente establecido, esta Sala Constitucional pudo apreciar que en la
sentencia aquí examinada de la Sala de Casación Civil, se condenó el pago “…por concepto
de lucro cesante reclamado, por la cantidad cien bolívares soberanos (BsS
100,00), contados a partir del día 1° de septiembre de 2002, hasta el mes
anterior a que se reciba el expediente en el tribunal de primera instancia para
su ejecución, m[á]s la correspondiente indexación judicial del
monto que de cómo resultado el cálculo de la condena de lucro cesante, tomando
en cuenta los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, publicados por el
Banco Central de Venezuela, y de no existir hasta la última fecha de cálculo,
se hará sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6)
primeros bancos comerciales del país…”
(Destacado de este fallo).
Siendo
esto así, resulta imperioso acotar que al condenarse esta indexación de un
supuesto lucro cesante se desconoció el criterio de esta Sala, respecto a la
improcedencia de la indexación en caso de condena por lucro cesante,
establecido en sentencia n.° 576/2006 (reiterado en sentencias números. 58/2014
y 628/2021), en la que se estableció:
“…La situación en materia de daños y
perjuicios contractuales o extracontractuales, tiene otro cariz, ya que los
daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del
pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad, que se calculan, y
siendo así, teóricamente la
indexación no puede tener lugar; como tampoco puede tener lugar con
relación a los daños morales, ya que
ellos los determina el juez también para el momento del fallo, señalando el
monto de los mismos. Se trata de sumas que se calculan para la fecha del fallo, sin tomar en cuenta los valores
anteriores. Con relación a los gastos demandados aún no pagados a la víctima
(accionante), si en ambos casos (contractual o extracontractual) los daños han
quedado probados, pero no se conoce su monto y deban ser resarcidos; la experticia complementaria
del fallo se hace obligatoria, y el cálculo de los expertos necesariamente se
hará con base en los precios para la época de dicha experticia, por lo que no
hay realmente una indexación, a pesar que se ha venido usando ese vocablo para
identificar este resarcimiento. Tampoco la habrá, como ya lo apuntó la Sala, en
materia de daños morales o especiales del artículo 1196 del Código Civil, ya
que ellos quedan al arbitrio del Juez dentro de ciertos parámetros, y éste al
establecerlos los determina tomando en cuenta la realidad para el momento de la
decisión…” (Resaltado añadido).
Visto lo
anterior, se evidencia con meridiana claridad una desatención por parte de la
Sala de Casación Civil a criterios sostenidos por esta Sala Constitucionalmente
y así se deja establecido.
Finalmente, no
puede este órgano jurisdiccional pasar por inadvertido que la sentencia objeto
del análisis constitucional aquí desplegado, fue el producto del ejercicio del
recurso de casación anunciado y formalizado por la sociedad de comercio hoy
requirente, contra una decisión de mérito proferida en fecha 18 de febrero de 2013 por
Juzgado Superior Noveno en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal superior de reenvío, en
la que se declaró “PARCIALMENTE CON LUGAR
LA DEMANDA incoada por la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES J.P.K., C.A. (…) contra la SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS
ALTAMIRA, C.A.”, siendo que en el fallo de casación se declaró totalmente
con lugar la demanda, produciéndose una desmejora en la condición de la única
parte que el juicio de cognición formalizó este medio extraordinario de
impugnación.
Precisado
lo anterior, debe resaltarse que el principio de la reformatio in peius o reforma en perjuicio consiste en la
prohibición que tiene el juez superior de empeorar la situación del recurrente,
en los casos en que no ha mediado recurso de su contraparte o como lo expone
Jesús González Pérez, consiste en la “prohibición
de que el órgano ad quem exceda los límites en que está formulado el recurso
acordando una agravación de la sentencia (…) y una proyección de la congruencia en el siguiente o posterior grado
de jurisdicción en vía de recurso”. (vid.
El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, Civitas, 2001, Pág 287).
En efecto, con la reforma de la decisión producto
del ejercicio de un medio impugnativo en beneficio de quien no lo ejerció y en
perjuicio del único que lo hizo, se concede una ventaja indebida a una de las
partes y con ello se rompe el equilibrio procesal, lo cual apareja indefensión
ya que esta no solo se produce cuando el juez priva o limita a alguna de las
partes de los medios o recursos que le concede la ley, sino, también, cuando el
juez altera el equilibrio procesal mediante la concesión de ventajas a una de
las partes, en perjuicio de su contraria, tal y
como sucedió en el caso sub examine, donde la empresa aquí requirente,
como demandada en el juicio principal, ejerció recurso de casación contra la
decisión dictada por un órgano de alzada que había declarado parcialmente con
lugar la demanda incoada en su contra, siendo que la
Sala de Casación Civil a pesar de declarar con lugar
su recurso de casación, declaró con lugar dicha demanda, materializándose con
ello una evidente afectación al principio de prohibición de reforma peyorativa
que configura una violación a la tutela
judicial efectiva y al derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26 y
49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal y
como lo sostuvo esta Sala Constitucional en un caso análogo, según sentencia
n.° 1.569 del 11 de junio de 2003.
En conclusión,
al apreciar esta Sala Constitucional que en el acto de juzgamiento contenido en la sentencia proferida por la Sala de Casación
Civil en fecha 6 de julio de
2021,
identificada con las siglas RC-000199, en el marco del juicio contentivo de la demanda de
cumplimiento de contrato de seguro, incoada por la empresa Inversiones J.P.K.,
C.A., en contra la hoy solicitante,
incurrió en el vicio de inmotivación por contradicción, así como en el vicio de
incongruencia omisiva por las razones anteriormente esbozadas, aunado a que
desatendió el criterio de este órgano respecto a la indexación de la condena
por lucro cesante y además contravino el principio de reformatio in
peius, son razones que permiten corroborar la existencia de sendas
afectaciones a la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido
proceso que asisten a la aquí peticionaria, es por lo que debe declararse HA LUGAR la solicitud de
revisión aquí ejercida y NULA la
sentencia objeto de la misma, resultando por ello inoficioso emitir
pronunciamiento sobre las demás delaciones esgrimidas por la peticionaria, así
como sobre su pedimento cautelar. Así se decide.
Ante
lo decidido y atendiendo lo preceptuado en el artículo 35 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala ordena remitir copia certificada de
la presente decisión a la Sala de Casación Civil, para que esta recabe el
expediente en el que se da trámite al juicio contentivo de la demanda por
cumplimiento de contrato de seguro, incoada por sociedad de comercio INVERSIONES J.P.K., C.A., contra la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA C.A.¸ y emita nuevo pronunciamiento con motivo del
recurso de casación allí propuesto, atendiendo las motivaciones que fueron
explanadas en esta sentencia. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que
anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por
autoridad de la ley, declara:
1.
COMPETENTE para conocer y decidir la
solicitud de revisión aquí intentada.
2. HA LUGAR la
solicitud de revisión constitucional, propuesta por la representación judicial
de la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA C.A.
3. NULA la sentencia identificada
con las siglas RC-000199 del 6 de julio de 2021, dictada por la Sala de Casación Civil de este
Tribunal Supremo de Justicia, en el marco del juicio contentivo de la demanda de
cumplimiento de contrato de seguro, incoada por la empresa Inversiones J.P.K.,
C.A., en contra la hoy solicitante, por
lo que dicha Sala deberá recabar el expediente en el que se da trámite al
referido juicio y emitir nuevo pronunciamiento con motivo del recurso de
casación allí propuesto, atendiendo las motivaciones que fueron explanadas en
esta sentencia.
4. ORDENA a la Secretaría de esta Sala que remita copia
certificada de esta decisión a la Sala de Casación Civil de este Tribunal
Supremo de Justicia y al Juzgado Segundo
de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese
y cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 7
días del mes de julio de dos mil veintidós (2022). Años: 212º de
la Independencia y 163º de la
Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Ponente
Los Magistrados,
LUIS
FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
CALIXTO
ORTEGA RIOS
TANIA D’AMELIO CARDIET
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA
USECHE
21-0477
LBSA
Quien suscribe,
Magistrado LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS, disiente de la mayoría
sentenciadora en los términos que se exponen a continuación:
Si bien se comparte
la declaratoria ha lugar de la revisión constitucional del fallo identificado
con el N° RC-000199 de fecha 6 de julio de 2021, dictada por la Sala de
Casación Civil respecto de la denuncia referida a la indexación en casos de
condena por lucro cesante, quien suscribe, se aparta de la mayoría
sentenciadora al declarar procedente la denuncia de motivación contradictoria y
la denuncia de incongruencia omisiva.
En
la sentencia que precede, se sostiene que la Sala de Casación Civil se
contradijo gravemente al reconocer, por una parte, la parcialidad de los daños
sufridos por el bien asegurado (la pinza hidráulica modelo SW. 1224) y, por la
otra, condenar a la parte demandada (Seguros Altamira, C.A.) al pago total del
monto asegurado. A juicio de quien suscribe, no se verifica tal contradicción,
puesto que en ningún momento la Sala de Casación Civil reconoció la “parcialidad de los daños”; al contrario,
dicho órgano jurisdiccional estableció claramente al momento de pronunciarse
sobre el mérito de la controversia, que la pinza hidráulica “(…) sufrió un siniestro mientras estaba siendo
utilizada por el demandante en sus labores habituales en un pozo subterráneo,
quedando atascada aproximadamente a una profundidad de cincuenta y un metros
(51 mts), sin posibilidad de ser
rescatada a pesar del esfuerzo que hiciera un equipo técnico para ese fin
(…)”. De ello se sigue que todo el bien asegurado sufrió un daño, no una parte.
De
igual forma, se consideró procedente la denuncia de incongruencia omisiva
esgrimida por los apoderados judiciales de Seguros Altamira, C.A., al sostener
que la Sala de Casación Civil, no se pronunció expresamente sobre el alegato de
daño parcial que expuso dicha representación judicial desde la contestación de
la demanda. No obstante, debe tenerse en cuenta que la parte demandada, no
promovió ningún prueba tendente a demostrar la veracidad de tal afirmación,
incumpliendo la carga procesal establecida en el artículo 506 del Código de
Procedimiento Civil, toda vez que de la sentencia objeto de revisión, se
evidencia que la parte demandada únicamente promovió el documento denominado “póliza de equipo contratista” y copia
certificada de la Resolución Administrativa N° 001405, de fecha 13 de diciembre
de 2002. Esto último reviste gran importancia, puesto que la representación
judicial de Seguros Altamira, C.A., hace una serie de consideraciones técnicas
sobre el supuesto daño parcial del bien asegurado (la pinza hidráulica) que no
tienen ningún sustento probatorio. De ello se sigue que, la procedencia de la
denuncia de incongruencia omisiva del alegato referido a la parcialidad de los
daños, no resulta determinante para cambiar el dispositivo del fallo. A juicio
de quien suscribe, solo la omisión de pronunciamiento que resulte trascendental
para la decisión de la controversia, es la que debe prosperar en materia de
revisión constitucional.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente, a la fecha ut
retro.
La
Presidenta de la Sala,
GLADYS
MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Ponente
Los Magistrados,
LUÍS
FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
Disidente
CALIXTO ORTEGA RÍOS
TANIA
D’AMELIO CARDIET
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
21-0477
LFDB
Quien suscribe, MAGISTRADO CALIXTO ORTEGA RÍOS, en atención al contenido y
alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno de este alto
Tribunal, respetuosamente salva su
voto en la presente decisión por las razones que se señalan a
continuación:
La
decisión precedentemente consignada y aprobada por el mayor número de los
Magistrados integrantes de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, declaró HA LUGAR la
solicitud de revisión constitucional, propuesta por la representación judicial
de la sociedad mercantil SEGUROS
ALTAMIRA C.A., de la sentencia identificada con las
siglas RC-000199 del 6 de julio de 2021, dictada por la Sala de Casación Civil del referido
Alto Tribunal, en el marco del juicio contentivo de la demanda de cumplimiento
de contrato de seguro, incoada por la empresa Inversiones J.P.K., C.A., en
contra de la hoy solicitante; por lo que se declaró NULA dicha decisión, ordenándose a la
referida Sala recabar el expediente en el que se da trámite al aludido juicio a
los fines de emitir nuevo pronunciamiento con motivo del recurso de casación
allí propuesto, atendiendo las motivaciones siguientes:
La mayoría
sentenciadora consideró que el acto de juzgamiento objeto de revisión incurrió
en los vicios de inmotivación por contradicción e incongruencia omisiva. El
primero, porque “…a pesar de reconocerse
esa parcialidad de los daños sufridos por el objeto asegurado en el contrato
cuyo cumplimiento se estaba demandando, se condenó el pago total del monto
asegurado en dicho negocio jurídico, materializándose así una palmaria
contradicción en la parte motiva del acto sentencial con su resolución que
afectaría su ejecución, pues al tenerse como cierto la no afectación total del
bien asegurado, no podría estimarse como procedente el monto demandado en su
totalidad por la cantidad dineraria asegurada (…)”. El segundo vicio se
produjo, por cuanto “…la sentencia aquí examinada
carece de un pronunciamiento sobre el argumento de defensa válidamente hecho
valer por la hoy requirente como parte demandada en el juicio principal,
referente a la parcialidad de los daños sufridos por el objeto asegurado en el
contrato cuya ejecución se estaba demandando (…)”.
Al respecto, debe
destacarse que el fallo objeto de control constitucional fue diáfano al indicar
(previo al dictamen del fondo del asunto decidido), que:
“…en
el análisis del fallo recurrido, evidenci[ó] tal como lo delató el recurrente
en su escrito de casación, que el ad quem
efectivamente incurrió en el vicio de inmotivación por contradicción, pues, se
verifica que por un lado señaló que la pinza hidráulica no sufrió pérdida total
sino parcial al ser sólo la punta hidráulica de esa pinza hidráulica la que
quedó atascada en el subsuelo, contradiciéndose con lo que posteriormente
señaló al indicar que la indemnización de la pinza hidráulica se haría con base
al valor que tenía para el momento del siniestro, lo cual resulta palpablemente
contradictorio, pues ya había señalado que había sufrido una pérdida parcial y
no total de esa pinza hidráulica.
Así
pues, el ad quem con su proceder
incumplió con su deber de establecer una motivación acorde y congruente, pues,
su palparía contradicción la dejó sin sustento jurídico al tomar a esa
conclusión, incurriendo efectivamente en la inmotivación por contradicción
delatada por el recurrente en casación, y por ello, la Sala declara la
procedencia de la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil, por lo que esta Sala se abstiene de conocer y decidir las
restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso
extraordinario de casación de conformidad con lo establecido en el artículo 320
eiusdem. Así se decide (…)”.
De la anterior cita, se
desprende que la Máxima Instancia Civil, en la sentencia hoy impugnada, no
reconoció como se señaló en líneas anteriores, parcialidad alguna respecto a los
daños que sufrió el bien asegurado en el asunto en cuestión, simplemente, con
el fin de proteger el la aplicación de la ley, verificó que el fallo recurrido
en casación había incurrido en el vicio de inmotivación por contradicción por
las razones antes explanadas, para luego, ante la detección del aludido
vicio CASAR TOTAL y SIN REENVÍO dicho veredicto, DECRETÓ SU NULIDAD ABSOLUTA y,
pasó a decidir el fondo de la controversia, conforme al nuevo proceso de
casación civil venezolano, detallando los fundamentos de hecho y de derecho que
se señalan a continuación:
I.
Analizó y valoró los instrumentos
probatorios aportados por las partes en el proceso, y concluyó que la
demandante en la oportunidad procesal correspondiente logró demostrar que
celebró junto a la demandada un contrato de seguros en la cual se amparó la
siniestrada pinza hidráulica modelo SW. 1224, año 1994.
II.
Determinó que la demandante logró
demostrar la ocurrencia del siniestro de la referida pinza hidráulica amparada
en el contrato de seguros objeto de juicio, la cual se atascó a una profundidad
aproximadamente a cincuenta y un metros (51 mts), sin que la misma haya sido
posible rescatarla pese a los esfuerzos realizados por los equipos técnicos de
las partes procesales, cumpliéndose lo requerido por el artículo 1.167 del
Código Civil, y por ende, procedente la acción de cumplimiento contractual.
III.
Constató dentro del cúmulo de pruebas
aportadas al proceso, que ambas partes suscribieron dos (2) anexos al contrato
de seguros primigenio que dio nacimiento a la relación contractual que une a
las partes, y en el fragmento pertinente de dicho documento, se señala que:
“[l]a cobertura de la presente póliza
será efectivo únicamente dentro del territorio Nacional exclusivamente,
mientras se trasladen y/o regrese y/o efectué operaciones de trabajo para el
cual este destinado".
IV.
Verificó que la demandante logró
demostrar que la siniestrada pinza hidráulica, sólo era utilizada para realizar
labores en obras subterráneas y que el siniestro ocurrió dentro del territorio
nacional y en el término de vigencia de dicha póliza de seguros y sus anexos.
V.
Corroboró que la demandada se excusó de
cumplir con su obligación de pagar la indemnización por el siniestro ocurrido,
alegando como fundamento la exclusión de partes no asegurables de equipos y
maquinarias o partes utilizadas para obras subterráneas; no obstante, quedó
demostrado por la demandante que el bien asegurado para el momento del
siniestro se encontraba en territorio nacional y estaba siendo empleado para el
fin al cual está destinado, que no es otro, que en labores subterráneas; por
tanto, en atención a lo previsto en el artículo 8 del Decreto N° 1.505 con
Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, prevalecerá lo señalado en el anexo de la
póliza de seguros, el cual en el asunto sub
lite señaló que "[l]a cobertura
de la presente póliza será efectivo únicamente dentro del territorio Nacional
exclusivamente, mientras se trasladen y/o regrese y/o efectué operaciones de
trabajo para el cual este destinado".
VI.
Concluyó que por cuanto se habían
cumplidos todos los requisitos establecidos en el artículo 1167 del Código
Civil, era procedente la indemnización reclamada por la demandante en su libelo
de demanda, y en consecuencia, era procedente la acción por cumplimiento de
contrato de seguros por el siniestro ocurrido a la pinza hidráulica antes
identificada.
VII.
Estimó respecto al reclamo por concepto
de lucro cesante solicitado por la parte demandante, que la demandada ante el
incumplimiento de su deber de pagar la cobertura en el momento oportuno por
dicho siniestro, el mismo resultaba procedente por la cantidad reclamada de
diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) mensuales, contados a partir del
día primer del mes siguiente al 30 de agosto de 2002, vale decir del día 1° de
septiembre de 2002, hasta el mes anterior a que se reciba el expediente en el
tribunal de primera instancia para su ejecución, monto que conforme a la ley de
reconversión monetaria, se contrae a la suma de cien bolívares soberanos (Bs.
100,00) actualmente.
VIII. Finalmente,
en atención a las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, la Sala de
Casación Civil, tanto en la parte motiva como en la dispositiva del fallo
objetado, declaró con lugar la acción por cumplimiento de contrato de seguros,
condenando a la demandada a pagar a la demandante el valor de la pinza
hidráulica siniestrada, modelo SW. 1224, año 1994, por la cantidad de cincuenta
y dos mil quinientos ochenta y seis mil dólares americanos con diez centavos de
dólar (US$ 52.586,10), más lo condenado por concepto de lucro cesante
reclamado.
Denótese así, como este
fallo, aun cuando (en fase preliminar) censuró que la sentencia objeto del
recurso de casación había incurrido en el vicio de inmotivación por
contradicción, lo cual en modo
alguno puede adjudicarse como análisis del fondo de la sentencia que hoy se
impugna, no hubo absoluta contradicción lógica entre la parte motiva y la
dispositiva. De allí que, resulta discordante afirmar en la motiva de la
decisión no acogida, por una parte, que el acto de juzgamiento -cuya
constitucionalidad se cuestiona- reconoció la parcialidad de los daños sufridos
por el bien asegurado; para luego, señalar que dicha decisión omitió
pronunciamiento sobre el argumento de defensa de la empresa demandada en el
juicio principal, referente a la parcialidad de los daños sufridos por el
referido bien.
Respecto a este último argumento, calificado por la
parte solicitante en revisión como “incongruencia omisiva”,
es menester resaltar que, no toda omisión debe entenderse como violatoria del
derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la
pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de
esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un
pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la
controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del
artículo 49 del Texto Constitucional (vid.
sentencia n° 1840 del 28/11/2008).
En
este mismo sentido, la Sala Constitucional ha ratificado su doctrina sobre la
incongruencia negativa, “…partiendo de la
concurrencia de ciertos elementos para determinar su existencia, como son: a)
la formulación del alegato respecto del cual se denuncia falta de
pronunciamiento; b) que era la oportunidad en que el juzgador debía
pronunciarse; c) que el alegato contenía la pretensión de la parte en el
proceso o en la instancia; y d) que el
pronunciamiento no podía deducirse de la motivación del fallo; cuando
concurren todos estos elementos se estaría colocando a la parte en una
situación de indefensión que conllevaría la vulneración de los derechos a la
tutela judicial efectiva, al debido proceso y específicamente a la defensa”.
(Vid. entre otras, sentencia n° 235
del 4/03/2011).
Con
fundamento en los criterios jurisprudenciales antes citados, resulta evidente
que la Sala de Casación Civil al considerar en la motiva del fallo hoy
impugnado, que se habían cumplidos todos los requisitos establecidos en el
artículo 1.167 del Código Civil y; que por tanto, resultaba procedente la
acción por cumplimiento de contrato de seguros por el siniestro ocurrido a la
pinza hidráulica antes identificada, podía deducirse que el alegato denunciado
por la parte demandada como omitido, referente a la parcialidad de los daños
sufridos por el objeto asegurado en el contrato cuya ejecución se estaba
demandando quedaba desestimado. En
tal sentido, no es posible afirmar -como se hizo en la decisión hoy no
acogida-que acto jurisdiccional anulado por la mayoría sentenciadora incurrió
en los vicios de inmotivación por contradicción e
incongruencia omisiva antes relatados.
A
mayor abundamiento es menester destacar que, el contrato de seguro en general,
se encuentra definido en el artículo 5, del Decreto con Fuerza de Ley
del Contrato de Seguro, como: “…[A]quél en virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume
las consecuencias de riesgos ajenos, que no se produzcan por
acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose
a indemnizar, dentro de los límites pactados el daño producido al tomador, al
asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u otras
prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento
denominado siniestro, cubierto por una póliza (…).”. Por su parte, el artículo 46 del citado
decreto-ley, expresamente señala que“…la
empresa de seguros puede asumir todos, algunos o parte de los riesgos a que
esté expuesta la persona o el bien asegurado, según el tipo de contrato. Si
las condiciones generales o particulares de la póliza no limitan el seguro a
determinado riesgo, la empresa de seguros responderá de todos ellos, salvo
disposición contraria de la ley”. Destacado propio.
Por
otra parte, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional (G.O. número 39.447
de 21/12/2010) en su artículo 5 comprende a los (as) asegurados (as) como integrantes del sistema
financiero nacional, lo que al mismo tiempo apareja su especial protección a
los fines de obtener justa indemnización según el contrato, los usos y la
equidad, de modo que las empresas aseguradoras presten un servicio integral y
responsable que preserve y afiance el sistema asegurador nacional, evitando
distorsiones en el mercado asegurador y con ello fortalecer a los usuarios asegurados y a la sociedad frente a las conductas restrictivas de las empresas de
seguro en las oportunidades en que deban
reconocer y honrar indemnizaciones por los siniestros acaecidos en la
ejecución de las pólizas de seguro.
Esta
protección no es una formulación legal teórica, es un mandato de inexcusable
cumplimiento que se ha de concretar conforme al principio constitucional
establecido en el artículo 21.2 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela que dispone que “[l]a ley garantizará las condiciones
jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y
efectiva, adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser
discriminados, marginados o vulnerados; protegerá especialmente a aquellas
personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”,
dispositivo que contiene una especial garantía en materia de seguros, en el
sentido, de que las pólizas deben en todo momento interpretarse en beneficio
del asegurado o asegurada, por ser éste -por lo general- la parte más débil en
el contrato.
Bajo
tales parámetros, no cabe la menor duda que -en el asunto bajo estudio- existe
un contrato de seguro admitido por las partes, en el que se ampararon una serie
de bienes asegurables, entre los cuales destaca: la pinza hidráulica
siniestrada, identificada en la demanda que se inició en primera instancia. Así
pues, la indemnización del monto total de dicho bien, debe tener su fundamento
por lo normado en dicho contrato, incluyendo sus anexos, en los términos
consagrados en el artículo 8 del cuerpo legal antes indicado, por lo que
cualquier reconocimiento de parcialidad que cause igualmente pérdida total del
bien asegurado debe ser cónsono, se insiste, con lo pactado por las partes en
sintonía con las leyes que regulan la materia de seguro. Esta decisión de la
mayoría sentenciadora deja de lado la integración y cabal comprensión e
interpretación del artículo 1.160 del Código Civil según el cual “[l]os contratos deben ejecutarse de buena
fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las
consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso
o la ley”.
En
tal sentido, cuando el bien objeto del contrato de seguro pierde totalmente su
utilidad, a pesar de que el daño sea parcial, para el beneficiario de la póliza
equivale a una pérdida total del interés asegurable y la indemnización debe ser
integral, asumiendo la aseguradora la titularidad de la propiedad de los
componentes y partes que hayan quedado luego de la ocurrencia del siniestro
como resultado del principio indemnizatorio del contrato de seguro. De acuerdo
a ello, la indemnización debe ser total y plena y no una reparación parcial
absolutamente inocua e insatisfactoria que no satisfaga en ningún modo los
fines del contrato según la equidad, los usos ni la Ley.
Finalmente, no puede dejarse pasar inadvertido el
hecho de que en la sentencia objeto del presente voto, se destacó que
el fallo de casación al declarar totalmente con lugar la demanda, produjo una
desmejora en la condición de la única parte que el juicio de cognición
formalizó este medio extraordinario de impugnación. Así las cosas, tal argumentación contradice -sin
lugar a dudas- lo señalado por la sentencia n° 510 de la Sala de Casación Civil
de este Alto Tribunal, dictada el 28 de julio de 2017, según la cual: “…en la casación de instancia, la Sala no
queda limitada o atada al principio de la reforma en perjuicio o reformatio in
peius, ya que, una vez casado en fallo al declararse con lugar una delación o
casar de oficio, el juez de casación decidirá el fondo, pudiendo desmejorar la
situación del formalizante (…)”. Fallo éste que tuvo su conformidad en
derecho, por parte de esta Máxima Instancia Constitucional, a través de la
sentencia n° 362 del 11/05/2018.
(Destacado del fallo citado).
Queda así expresado el fundamento del voto
salvado. En la fecha ut supra.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Ponente
Los Magistrados,
LUIS
FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
CALIXTO ORTEGA RIOS
(Disidente)
TANIA
D´AMELIO CARDIET
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
21-0477
COR.