En reunión de Sala Plena del 27 de abril de 2022, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que el 26 de abril de 2022, la Asamblea Nacional designó a sus Magistrados y Magistradas. En razón de ello, la Sala Constitucional quedó constituida de la siguiente manera: la Magistrada Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, la Magistrada Dra. Lourdes Benicia Suárez Anderson, en su condición de Vicepresidenta; los Magistrados, en su condición de integrantes de la Sala Dr. Luis Fernando Damiani Bustillos, Dr. Calixto Ortega Ríos, y la Magistrada Dra. Tania D´Amelio Cardiet.

El 02 de mayo de 2022, se asignó la ponencia del presente expediente a la Magistrada Dra. TANIA D´AMELIO CARDIET, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio del expediente, esta Sala decide, previas las siguientes consideraciones:

DE LA DEMANDA DE AMPARO

Alega la accionante Elizabeth Carolina Calderón González, como fundamento de la demanda de amparo constitucional los siguientes argumentos:

Que, “fui a Mérida a ver a mi mamá que estaba muy enferma, (…) mis tres niños, (sic) los cuales uno tiene tres añitos, el cual (sic) luego de haber tenido días de nacido presentó un cuadro de desnutrición severa en el Hospital Victorino Santaella, otro tiene ocho años y el otro once años, los deje (sic) en La Guaira (sic) con una cuñada para ir ayudar a mi mamá, cuando estoy allá me llaman para informarme que me han violado la cerradura de la casa en la cual estoy alquilada y el señor me pide que busque los corotos (sic), me ha llamado varias veces para presionarme para que saque mis cosas y me encuentro actualmente en la calle con mis tres niños, porque no tengo donde estar (sic), ahorita estoy solo (sic) con dos de mis hijos menores, porque mi otro hijo está en La Guaira (sic)”.

Que, “en vista de que no pude desocupar porque no consigo donde ir, sabiendo él mi situación me echó a la calle, con mis tres hijos, tuve que enviar a mí mamá a Mérida y quedarme sola porque mi otro hermano quien era que nos ayudaba falleció, es por todo ello que en virtud de que le ha sido violado el derecho a la vivienda, a un techo digno de mis tres hijos menores de edad, así como el derecho a la educación y a la alimentación [,] toda vez, que la comida y uniformes escolares de los niños quedaron dentro del inmueble, derechos que están consagrado[s] en la Constitución Nacional (sic), así como también se le ha violado (sic) todos y cada uno de los derechos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.

DE LOS JUZGADOS DECLARADOS INCOMPETENTES

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, el 17 de noviembre de 2021, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declara su incompetencia por la materia, para conocer del presente caso, en los siguientes términos:

“(…) III.- MOTIVACIONES PARA DECIDIR.

De la Solicitud de [a]mparo [c]onstitucional Verbal. En su exposición oral, la parte accionante alegó lo siguiente: (...) "Yo fui a Mérida a ver a mi mamá que estaba muy enferma, de lo cual tengo constancia ya que el médico me elaboró una constancia médica en la que se refleja la hospitalización de mi mamá, mis tres niños, los cuales uno tiene tres añitos, el cual luego de haber tenido días de nacido presentó un cuadro de desnutrición severa en el Hospital Victorino Santaella, otro tiene ocho años y el otro once años, los deje (sic) en La Guaira con una cuñada para ir a ayudar a mi mamá, cuando estoy allá me llaman para informarme que me han violado la cerradura de la casa en la cual estoy alquilada y el señor me pide que busque los corotos, me ha llamado varias veces para presionarme para que saque mis cosas y me encuentro actualmente en la calle con mis tres niños, porque no tengo donde estar, ahorita estoy solo con dos de mis hijos menores, porque mi otro hijo está en La Guaría. El dueño me dijo que no le cancelara más pero que le desocupara la casa y ayer me llamó diciéndome que iba a buscar las cosas de él para meterlas en la casa, es por esto mi urgencia y mi preocupación, tengo mucho miedo de que mis hijos queden en la calle sin tener un lugar donde darles el abrigo que necesitan. En vista de que no pude desocupar porque no consigo donde ir, sabiendo él mí situación me echó a la calle, con mis tres hijos, tuve que enviar a mí mamá a Mérida y quedarme sola porque mi otro hermano quien era que nos ayudaba falleció, es por todo ello que en virtud de que le ha sido violado el derecho a la vivienda, a un techo dignó de mis tres hijos menores de edad, así como el derecho a la educación y a la alimentación toda vez que la comida y uniformes escolares de los niños quedaron dentro del inmueble, derechos que están consagrado en la Constitución Nacional, así como también se les ha violado todos y cada uno de los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es por lo que interpongo el presente Amparo Constitucional contra el ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHAVES, quien tiene el número de teléfono 0424.559.55.96.". (...) "

En el Derecho Procesal, es clásica la aplicación de la división tripartita de la competencia, estos es: (1) materia, (2) cuantía y (3) territorio. La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan (Artículo 28 del Código de Procedimiento Civil), Los Tribunales pueden tener competencia en todas las materias o sólo en alguna de ellas, de acuerdo a la Ley (Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). La competencia por el valor de la demanda o la cuantía se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (Artículos 29 a 39) y por la Ley Orgánica del Poder Judicial.-

En este sentido el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, establece: "La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan".

La norma en referencia, consagra dos criterios para la determinación de la competencia por la materia, a saber: a) La naturaleza de la cuestión que se discute, queriendo decir el legislador que para fijar si un Tribunal es o no competente por la materia, lo primero que debe atenderse es a la esencia de la propia controversia, esto es, si ella es de carácter civil o penal, y no sólo lo que al respecto puedan conocer los tribunales ordinarios de una u otra de estas competencias, sino además, las que corresponden a Tribunales especiales, según la diversidad de asuntos dentro de cada tipo de las señaladas competencias, conforme a lo que indique las respectivas leyes especiales; b) Las disposiciones legales que la regulan. Aquí no solo atañe a las normas que regulan la propia materia, como antes se ha explicado, sino también el aspecto del criterio atributivo de competencia, que el ordenamiento jurídico le asigna a cada órgano jurisdiccional en general; y en particular, al que examina su propia competencia o incompetencia. En conclusión la combinación de los dos aspectos antes citados desde el punto de vista del derecho adjetivo, determina la competencia por la materia.

Así las cosas, revisadas las actas que conforman el proceso, especialmente el acta de fecha 16 de noviembre de 2021, contentiva de la solicitud de amparo oral, se evidencia que la ciudadana ELIZABEHT CAROLINA CALDERÓN GONZÁLEZ, actuando en representación de sus tres menores hijo, arguyó en su solicitud que el ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHAVEZ, a su decir, cambió la cerradura del bien inmueble que ocupa en calidad de inquilina, y como consecuencia le han sido violentado los derechos a la vivienda, a tener un techo digno, a la educación y alimentación, de sus tres menores hijos de 03, 08 y 11 años de edad, respectivamente, es decir, que en la presente acción amparo constitucional se encuentran como legitimados activos tres (03) menores de edad.

Ahora bien, este Juzgado a los fines de emitir pronunciamiento sobre el mérito de la causa considera prudente transcribir lo preceptuado en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, el cual dispone:

"Competencia del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes"

El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las siguientes materias:

Parágrafo Primero: Asuntos de familia de naturaleza contenciosa:

....omissis....

m.- Cualquier otro afín de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso.

Estima este Tribunal hacer referencia a la doctrina de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia sentada en la sentencia número 39 del 15 de diciembre de 2009, en la cual se estableció lo siguiente:

"Al respecto, refiere la Sala, que la regulación contenida en el Parágrafo Primero del mencionado artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, concretamente en cuanto a los asuntos de familia de naturaleza contenciosa, atribuye a los Tribunales de esa jurisdicción, competencia en las siguientes materias:

ARTÍCULO 177: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las siguientes materias:

Parágrafo Primero: Asuntos de familia de naturaleza contenciosa:

(...)

m) Cualquier otro afín de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso.

Observa la Sala que el literal l) de la norma citada, atribuye a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el conocimiento y decisión de las demandas incoadas con relación a la liquidación de la comunidad conyugal y partición de los bienes comunes, cuando hayan niños, niñas o adolescentes bajo su responsabilidad, es decir, que será de la competencia de la referida jurisdicción especial toda controversia judicial referida al patrimonio de los concubinos, en la cual estén involucrados niños, niñas o adolescentes. Así mismo, se observa que el literal m) es amplio en cuanto a su ámbito de aplicación, al contemplar que dichos tribunales son competentes para ‘...cualquier otro afín de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente...’, pero deja claro que los niños, niñas y adolescentes deben ser ‘... legitimados activos o pasivos en el proceso...’.

Ahora bien, se observa del escrito de la parte accionante, que la pretensión esgrimida es de contenido declarativo, a los fines de que sea reconocida su condición de concubina, manifestando a su vez, su intención de suceder del ciudadano Néstor Daniel Rosales Rada (fallecido), quien, en opinión de la accionante, conformó una comunidad concubinaria de bienes de los cuales afirma tener derecho (vehículo y póliza de seguros).

Por ello, la Sala de Juicio, Jueza Unipersonal número 11, del Circuito Judicial del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas erró al declarar que en el presente proceso no se encuentran afectados los intereses del niño involucrado, supuestamente por no integrar la relación procesal, ya que al estar fallecido el sujeto pasivo de la pretensión, son llamados al proceso sus herederos, verificándose en este caso, que el niño procreado por ambas partes estaría llamado a suceder al de cujus en la relación procesal instaurada.

En efecto, visto que el sujeto pasivo de la pretensión tiene la condición de fallecido, pasan los herederos a ocupar su lugar en el proceso, de modo tal, que el niño procreado en la supuesta relación concubinaria pasaría a integrar la relación procesal, y por tal motivo, sí se encuentran afectados sus intereses, más si la parte accionante especificó unos bienes a los cuales pretende suceder, respecto a los cuales el niño, por ser hijo del causante, tendría también derecho a heredar de acuerdo a su cuota parte legal.

Adicionalmente, se observa que en el folio seis (06) del expediente cursa copia fotostática del Acta de Nacimiento en la que se desprende que el niño Gabriel Alexander es hijo de ambas partes, de lo cual se puede concluir que tiene derecho a heredar de los bienes pretendidos por la accionante, y en consecuencia, sí tiene interés en la presente causa.

De modo pues, que existe un fuero atrayente de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes, y de conformidad con el literal m) del parágrafo primero del artículo 177 de la Ley que rige la materia, corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el conocimiento en primer grado de jurisdicción de la presente demanda. Tal afirmación, es confirmada mediante decisión de la Sala Plena número 33, del 24 octubre de 2001, ampliada en sentencia número 44 del 2 de agosto de 2006, publicada el 16 de noviembre de ese año, y 46 del 17 de diciembre de 2007, publicada el 8 de marzo del mismo año, en las cuales se determinó que los procesos en los que un menor de edad sea el sujeto activo o pasivo de la pretensión, o parte integrante de la misma, el conocimiento corresponde a los tribunales con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Así se decide Dentro de este mismo orden de idea, tal y como el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, es claro que la competencia atribuida para conocer de la presente causa es a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional resulta incompetente para seguir conociendo de la presente causa por la materia.

Aunado a lo anterior, mediante decisión dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 17 de enero de 2007, con ponencia del Magistrado FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA (expediente № AA10-L-2006-000144) y ratificada por decisión de la misma Sala de fecha 29 de julio de 2009, Magistrado Ponente LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ (expediente № AA10-L-2007-000039), se dejo sentado lo siguiente: ‘…Así las cosas al estar integrado por un menor de edad el sujeto pasivo de la pretensión, existe un fuero atrayente de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes, y de conformidad con el literal ‘c’ del parágrafo segundo, del artículo 177 de la Ley que rige la materia, corresponde a las Salas de juicio con competencia en materia de Protección de Niños y Adolescentes, el conocimiento en primer grado de jurisdicción de las demandas incoadas en contra de niños y adolescentes. Tal afirmación, es confirmada mediante decisión de esta Sala número 33, del 24 de 2001 y ampliada en sentencia número 44 del 16 de noviembre de 2006, en las cuales se determinó que los procesos en los que un menor de edad sea sujeto activo o pasivo de la pretensión, o parte integrante de la misma, el conocimiento corresponde a los Tribunales con competencia en materia de protección de niños y adolescentes..."

Ahora bien, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por los motivos de hecho y de derecho se declara incompetente en razón de la materia, y concluir, que la competencia para conocer de la presente querella de amparo constitucional, interpuesta por la ciudadana ELIZABEHT CAROLINA CALDERÓN GONZÁLEZ, en representación de sus hijos (menores de edad) contra el ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHAVEZ; declinando en consecuencia, la competencia en razón de la materia a un Juzgado de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, que le corresponda conocer la presente causa por distribución. Y así se establece.-

IV. DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por Autoridad de la Ley, conforme a los Artículos 12, 28 y 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia, con lo previsto en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes este Tribunal declara: 1) INCOMPETENTE POR LA MATERIA, para continuar conociendo de la presente acción de AMPARO CONSTITUCIONAL, incoada por la ciudadana ELIZABEHT CAROLINA CALDERÓN GONZÁLEZ, en representación de sus hijos (menores de edad) contra el ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHAVEZ. 2) DECLINA la COMPETENCIA POR LA MATERIA, por ante un Juzgado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, que resulte por distribución; en consecuencia, se ordena remitir inmediatamente el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), de dichos Juzgados de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda; con la finalidad que proceda a la distribución de Ley, y se designe al Tribunal que conocerá de la presente causa, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Líbrese oficio (…)”.

Por su parte, el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial, a su vez se declaró incompetente, y planteó de oficio el conflicto negativo de competencia a esta Sala Constitucional, bajo la siguiente fundamentación:

“(…) I DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONTITUCIONAL

En fecha 16 de noviembre de dos mil 2021, fue interpuesto ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Acción de Amparo Constitucional, por la ciudadana ELIZABETH CAROLINA CALDERÓN GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 5.456.158, en contra del ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHAVEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula identidad Nro. V-5.456.158, fue sustentado en razón de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen:

Alegó lo siguiente: "... Yo fui a Mérida a ver a mi mamá que estaba muy enferma, de lo cual tengo constancia ya que el médico me elaboró una constancia médica en la que se refleja la hospitalización de mi mamá, mis tres niños, los cuales uno tiene tres añitos, el cual luego de haber tenido tres días de nacido presentó un cuadro de desnutrición severa en el Hospital Victorino Santaella, otro tiene ocho y el otro once años, los dejé en La Guaira con una cuñada para ir ayudar a mi mamá, cuando estoy allá me llaman para informarme que me han violentado la cerradura de la casa la cual estoy alquilada y el señor me pide que busque los corotos, me han llamado varias veces para que saque mis cosas y me encuentro actualmente en la calle con mis tres niños, no tengo donde estar, ahorita estoy solo con dos de mis hijos menores, porque mi otro hijo está en La Guaira. El dueño me dijo que no le cancelara más pero que le desocupara la casa. (...) es por esto mi urgencia y preocupación, tengo mucho miedo que mis hijos queden en la calle sin tener un lugar donde darles el abrigo que necesitan..."

Arguyó, además que: "...en virtud que le ha sido violado el derecho a la vivienda, a un techo digno de mis tres hijos menores de edad, así como el derecho a la educación y a la alimentación, toda vez que la comida y uniformes escolares quedaron dentro del inmueble, derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, así como también se le ha violado todos y cada uno de los derechos establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es por lo que interpongo el presente Amparo Constitucional en contra del ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHAVES (sic)..."

II DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

Mediante sentencia proferida en fecha 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, declaró su incompetencia para el conocimiento del presente asunto, declinando la competencia al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescente que corresponda. El mencionado fallo, se fundamentó en las consideraciones que a continuación se explana, a saber:

‘... Así las cosas, revisadas las actas que conforman el proceso, especialmente el acta de fecha 16 de noviembre de 2021, contentiva de la solicitud de amparo oral. Se evidencia que la ciudadana ELIZABETH CAROLINA CALDERÓN GONZÁLEZ, actuando en representación de sus tres menores hijo (sic), arguyo (sic) en su solicitud que el ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHAVEZ, a su decir, cambió la cerradura del bien inmueble, que ocupa en calidad de inquilina, y como consecuencia le han sido violentado los derechos de la vivienda, a tener un techo digno, a la educación y a la alimentación, de sus tres menores hijos, de 03, 08 y 11 años de edad, respectivamente, es decir, que en la presente acción de amparo constitucional, se encuentran como legitimados activos tres (03) menores de edad.

Ahora bien, este Juzgado, a los fines de emitir pronunciamiento sobre el mérito de la causa considera prudente transcribir lo preceptuado en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual dispone: ‘Competencia del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes’ El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en las siguientes materias:

Parágrafo Primero: Asuntos de familia naturaleza contenciosa: ...omissis...

Cualquier otro a fin de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso. (...) Ahora bien este Juzgado Segundo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial, por los motivos de hecho y de derecho se declara incompetente en razón de la materia, y concluir que la competencia para conocer de la presente querella de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana ELIZABETH CAROLINA CALDERÓN GONZÁLEZ, en representación de sus hijos (menores de edad) contra el ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CAHAVEZ; declinado en consecuencia la competencia en razón de la materia a un Juzgado de Protección de Niños, Niñas y Adolescente que le corresponda la presente causa por distribución...".

III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Estima pertinente este Tribunal transcribir lo que establece el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 28.- ‘La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan.’

Ahora bien, el procesalista Arístides Rengel Romberg, define a la competencia, en los siguientes términos:

‘...La competencia es como una medida de la jurisdicción y no como la capacidad del juez para ejercer dicha función, porque la facultad de este funcionario de ejercer válidamente en concreto la función jurisdiccional, depende no de su aptitud personal, sino de la esfera de poderes y atribuciones que objetivamente asigna la ley al tribunal...’

La competencia es la atribución legal conferida a un Juez como árbitro y director del proceso para el conocimiento de un asunto jurídico determinado, en razón de la materia, el valor de la demanda y del territorio. De este mismo modo, se considera como la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada Juez en concreto.

En igual sintonía, el procesalista patrio Humberto Cuenca en su obra de Derecho Procesal Civil Tomo II ‘La Competencia y otros Temas’, establece al respecto, entre otras cosas, lo siguiente:

‘...Todo Juez tiene en abstracto el poder de administrar justicia, es lo cierto, que en cada caso concreto tiene una esfera de actividad delimitada por la ley. Ahora bien, el poder de administrar justicia en cada caso, conforme a la naturaleza, calidad y cuantía de la acción, de acuerdo con los límites territoriales dentro de los cuales se mueven las partes o conforme al lugar donde se encuentran las cosas, objeto de litigio, se llama competencia.’

El artículo 3 del Código de Procedimiento Civil:

‘La Jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efectos respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la Ley disponga otra cosa’.

Esto es, según la doctrina autoral más calificada, que la potestad de juzgamiento y la competencia del órgano jurisdiccional, se determina por la situación fáctica existente para el momento de introducción de la demanda, sin que pueda modificarse esa jurisdicción y competencia, en razón de los cambios que se presenten en el curso del proceso. Ello, en resguardo de la seguridad jurídica (...)’.

De modo que, la competencia es un presupuesto procesal de validez de la relación jurídica procesal. Los jueces de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, tienen la obligación de administrar justicia en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del respectivo asunto. De tal suerte que los límites de la competencia se establecen para prevenir las invasiones de autoridad.

Ahora bien, a los fines del conocimiento de la presente [a]cción de [a]mparo [c]onstitucional, se debe precisar que el criterio rector en cuanto a la competencia llamado también criterio de afinidad, se encuentra plasmado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo [s]obre Derechos y Garantías Constitucionales, del cual se desprende que: ‘... Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de primera instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo...’

A mayor abundamiento, es preciso señalar lo establecido sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, en el expediente 14-0016, la cual dejó sentado lo siguiente:

‘...El transcrito dispositivo legal, como ha sido expresado en múltiples decisiones por esta Sala, es la norma rectora para establecer la competencia, per gradum, ratione materiae y ratione loci, en el conocimiento de las acciones de amparo constitucional, cuando éstas se ejerzan por vía autónoma, por lo que según la disposición antes trascrita, son competentes para conocer de dichas acciones los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente del lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión que motivare la solicitud de amparo.

En atención al referido criterio, observa esta Sala que en el caso sub lite el hecho presuntamente lesivo resulta de la actuación de la ciudadana Aracelis del Valle Guerra, al haber procedido -según lo alegado- a desalojar -de forma violenta- a la ciudadana Evelin Del Valle Romero Alvarado junto a sus hijos (niño y adolescente) del inmueble quien venía ocupando mediante un contrato de arrendamiento suscrito con la referida ciudadana.

Ello así, denota esta Sala que si bien los ciudadanos, Evelin Del Valle Romero Alvarado y Wilmer Rene Manrique, invocaron en su demanda de amparo actuar también como representantes de sus hijos y solicitaron la protección de los derechos de los mismos por las agresiones de la ciudadana Aracelis Del Valle Guerra, para así obtener la tutela y garantías que le asisten a los niños, niñas y adolescentes buscando lograr como vía de consecuencia, repeler las lesiones constitucionales a una vivienda digna, a la inviolabilidad del hogar, la salud física, psicológica y moral, los mismos aclararon al Juez Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ante quien intentaron el amparo constitucional, que la situación que se ventila en este acto, es materia EMINENTEMENTE CIVIL-ARRENDATICIA en donde los contratantes son personas mayores de edad,...’ y que por lo tanto era a ese Juzgado Civil a quien le correspondía conocer su demanda de amparo constitucional, lo cual fundamentaron en varias jurisprudencias de esta Sala Constitucional.

Ahora bien, denota la Sala que a pesar de lo expresado por los quejosos en el escrito de amparo, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Bancario Circunscripción Judicial del Estado Carabobo procedió a declinar la competencia en el Tribunal Segundo de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, haciéndose pertinente insistir que en las causas en las que se persigue resolver conflictos intersubjetivos entre mayores de edad, como en el presente caso, la mención que se haga del posible perjuicio que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes no implica que deba aplicarse el fuero de atracción de la jurisdicción especial, pues el hecho de que el conocimiento le corresponda a un tribunal civil no excluye ni atenta de manera alguna contra el principio del "interés superior del niño" (Vid. sentencia № 108 del 26 de febrero de 2013)...’.

Al hilo de estas consideraciones, observa esta Juzgadora que la ciudadana ELIZABETH CAROLINA CALDERÓN GONZÁLEZ, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.043.918, quien se presenta como legitima activa en la presente [a]cción de [a]mparo, en contra del ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHAVEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5456.158; con ocasión a un presunto desalojo arbitrario del inmueble que venía poseyendo, en calidad de arrendataria; desprendiéndose que la presente situación se encuentra vinculada eminentemente a la materia civil, donde la accionante es mayor de edad, concretamente a un contrato de arrendamiento de un inmueble presuntamente destinado a vivienda familiar, donde se produjo al parecer un desalojo arbitrario por vía de hecho y en el cual habitaban los hijos de la presunta agraviada.

Así las cosas, cabe señalarse que de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 7 de la Ley Orgánica de Amparo [s]obre Derechos y Garantías Constitucionales, la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute afín a la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, y en la situación descrita, al revisar las competencias asignadas a los Tribunales especializados de Protección, establecidas en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, resulta que la situación de hecho planteada por la presunta agraviada, no se subsume en los supuestos de competencia establecidos en la norma antes indicada, lo cual hace improcedente la posibilidad de conocimiento por parte de este Tribunal de la controversia esgrimida, atendiendo al criterio del máximo Tribunal de Justicia ratione materiae, criterio este considerado de orden público que de ser trastocado, afectaría el Derecho Constitucional al Juez Natural y en consecuencia, a la garantía al [d]ebido [p]roceso.

Por todos los razonamientos expuestos, revisada la solicitud de [a]cción de [a]mparo [c]onstitucional que fue interpuesta por ante un Tribunal con competencia en materia civil conforme a lo indicado con anterioridad y visto que el referido Tribunal declinó la competencia en un Tribunal de Protección, siendo distribuido a este Tribunal y habida cuenta que la competencia por la materia, tiene naturaleza de orden público, no susceptible de convalidación, resulta indudable que a este Tribunal no le corresponde la competencia para conocer el presente asunto, por carecer de potestad e juzgamiento para aquellas situaciones relativas a contratos de arrendamiento en donde no se encuentre incurso un niño, niña y adolescente como legitimado activo o pasivo en el procedimiento, lo cual hace, que careciendo de competencia en dicha materia, necesariamente esta decisión sea inhibitoria para el juzgamiento del derecho material a que se contrae la acción, es por lo que, este Tribunal no puede entrar a conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional, en consecuencia, esta situación, produce la declinatoria de competencia de este Tribunal por las razones de hecho y de derecho antes expuesta, resultando necesario plantear el CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, con fundamento en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, solicitando la Regulación de Competencia por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por cuanto no existe Tribunal Superior común entre ambos Tribunales, y así se decide.

DECISIÓN

En fuerza de las referidas consideraciones, por las razones de hecho y de derecho explanadas en la parte motiva del presente fallo este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, actuando en Sede Constitucional declara: PRIMERO: De conformidad con lo previsto en los artículo 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, la incompetencia por la materia, para conocer la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la ciudadana ELIZABETH CAROLINA CALDERÓN GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.043.918, en contra del ciudadano JOSÉ CLEOTILDE CHA VEZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 5.456.158. SEGUNDO: Ante la declaratoria de incompetencia igualmente pronunciada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, se plantea el Conflicto Negativo de Competencia y por cuanto no existe un Tribunal Superior Común a ambos Tribunales, se solicita la Regulación de Competencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en razón de la materia afín que se debate, y así se decide (…)”.

III

COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer el conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda y el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Elizabeth Carolina Calderón González, contra el ciudadano José Cleotilde Chávez, con ocasión del presunto desalojo arbitrario del inmueble que le sirve de vivienda donde se encuentra alquilada con sus tres (3) hijos.

A tal efecto, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo entre Tribunales de Primera Instancia serán decididos por el Superior respectivo; sin embargo, no prevé dicha normativa la competencia del órgano jurisdiccional llamado a conocer cuando se suscite un conflicto de competencia negativo en materia de amparo, en el que no exista un juzgado jerárquicamente superior y común a los juzgados que plantearon el conflicto, como ocurre en el caso de autos.

Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 266, cardinal 7, establece:

“Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal común a ellos en el orden jerárquico”.

Igualmente, el artículo 31, cardinal 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al respecto señala lo siguiente:

“Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

4.- Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico (…)”.

Respecto de los artículos parcialmente transcritos, la Sala en sentencia del 13 de junio de 2001 (caso: Alexander Ulacio Díaz), estableció:

“(...) esta Sala observa que, aunque el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no prevé el supuesto concreto de conflicto de competencia en materia de amparo constitucional que se presente entre Juzgados de Primera Instancia y Superiores, considera que, en aplicación de la regla general contenida en el Código de Procedimiento Civil, y en atención a lo dispuesto en el artículo 266, numeral 7 de la Constitución, debe entenderse que el Tribunal Supremo de Justicia será el competente para conocer de aquellos conflictos de competencia planteados entre los Juzgados de Primera Instancia y Superiores, por lo que esta Sala, en atención a la materia de la cual conoce, resulta competente para decidir el conflicto negativo de competencia planteado, así como otros que eventualmente puedan suscitarse en materia de amparo constitucional(…)”. (vid. sentencias N° 2311 del 29 de septiembre de 2004, N° 350 del 7 de marzo de 2008, N° 1092 del 19 de mayo de 2006, entre otras).

Por tanto, planteado el conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques y el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial, y no existiendo un Tribunal Superior común a ambos, esta Sala, en atención a las disposiciones antes señaladas y congruente con su propia jurisprudencia, se declara competente para conocer y decidir el presente conflicto negativo de competencia. Así se declara.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse en relación al conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques y el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial, interpuesta por la ciudadana Elizabeth Carolina Calderón González, contra el ciudadano José Cleotilde Chávez, con ocasión del presunto desalojo arbitrario del inmueble que le sirve de vivienda donde se encuentra alquilada con sus tres (3) hijos.

Asumida la competencia para conocer del conflicto planteado, esta Sala Constitucional pasa a decidir el fondo del asunto, previas las siguientes consideraciones:

Establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

“Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”.

El dispositivo legal precedentemente transcrito, -como ha sido expresado en múltiples decisiones por esta Sala, es la norma rectora para establecer la competencia, per gradum, ratione materiae y ratione loci, en el conocimiento de las acciones de amparo constitucional, cuando éstas se ejerzan por vía autónoma, por lo que según la disposición antes trascrita, son competentes para conocer de dichas acciones los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente del lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión que motivare la solicitud de amparo.

En atención al referido criterio, observa esta Sala Constitucional que en el caso sub lite, el hecho presuntamente lesivo resulta de la actuación del ciudadano José Cleotilde Chávez, en contra de la ciudadana Elizabeth Carolina Calderón González, al proceder -según lo alegado- a desalojar de forma arbitraria a la referida ciudadana con sus tres (3) hijos (niños), del inmueble quien venía ocupando mediante un contrato de arrendamiento suscrito con la ciudadana Vilma Vásquez de Chávez, tal y como consta en el expediente al folio (31).

Ello así, denota esta Sala Constitucional que si bien la ciudadana Elizabeth Carolina Calderón González, invocó en su demanda de amparo actuar también como representante de sus hijos y solicitó la protección de los derechos de los mismos por las agresiones ejecutadas por el ciudadano José Cleotilde Chávez, para obtener la tutela y garantías que les asisten buscando lograr como vía de consecuencia, repeler las lesiones constitucionales al “derecho a la vivienda, (…), así como el derecho a la educación y a la alimentación, toda vez que la comida y uniformes escolares de los niños quedaron dentro del inmueble”.

Se evidencia claramente que la situación analizada, es materia particularmente CIVIL-ARRENDATICIA en donde los contratantes son personas mayores de edad, máxime cuando del expediente consta no solo el contrato de arrendamiento suscrito entre las referidas ciudadanas señalado anteriormente, sino también, que el 25/3/2022 las ciudadanas Elizabeth Carolina Calderón González y Vilma Vásquez de Chávez, acudieron ante la Superintendencia Nacional de Vivienda, con el objeto de dirimir esa situación, no llegándose a establecer acuerdo alguno entre ellas. (Folio 76).

Ahora bien, denota la Sala que a pesar de lo expresado por la quejosa de forma oral en el escrito de amparo, el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, procedió a declinar la competencia en el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes de esa misma Circunscripción Judicial, aplicando erróneamente criterios de la Sala Plena de este Máximo Tribunal de la República, pues a pesar de estar orientados “(…) a la competencia de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, para conocer cualquier otro a fin de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente donde éstos sean legitimados activos o pasivos…” los casos consultados, referían la legitimidad pasiva de los niños, niñas o adolescentes en esos asuntos. Razón por la cual, resulta pertinente insistir que, en las causas en las que se persigue resolver conflictos intersubjetivos entre mayores de edad, como en el presente caso, la mención que se haga del posible perjuicio que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes no implica que deba aplicarse el fuero de atracción de la jurisdicción especial, pues el hecho de que el conocimiento le corresponda a un tribunal civil no excluye ni atenta de manera alguna contra el principio del “interés superior del niño”(Vid. sentencia N° 108 del 26 de febrero de 2013).

Enfatiza entonces esta Sala Constitucional, que para que el conocimiento le corresponda a un tribunal con la competencia especial de protección de niños, niñas y adolescentes, éstos deben figurar como sujetos activos o pasivos en la causa, tal como lo dispone la letra “m” del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que señala:

“El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es competente en las siguientes materias:

(…)

m) Cualquier otro afín de naturaleza contenciosa que deba resolverse judicialmente en el cual los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el proceso…”.

A mayor abundamiento, esta Sala en sentencia N° 700 del 2 de junio de 2009 (caso: Feyi Ahimonetti Murgas) conociendo de un conflicto de competencia ocurrido por un incumplimiento de un contrato de arrendamiento de un inmueble en el que habitaban menores de edad, señaló lo siguiente:

“…es evidente que en el presente caso independientemente de que en el inmueble habitaran menores de edad, no era necesaria la presencia de un representante de protección del niño y del adolescente, en virtud de que ellos no eran parte interviniente ni involucrada en la litis principal…”.

El criterio jurisprudencial antes trascrito, resulta perfectamente aplicable al caso de autos, dado que se trata de un conflicto intersubjetivo entre mayores de edad, en materia de arrendamiento, en el cual la accionante en amparo denunció como situación lesiva a sus derechos y garantías constitucionales (desalojo arbitrario) ejecutadas en su contra por el ciudadano José Cleoilde Chávez, con ocasión de existir una aparente disputa en relación al contrato de arrendamiento sobre el inmueble que venían ocupando, conflicto intersubjetivo en el que no figuran como sujetos activos o pasivos los niños referidos.

Por último, no puede dejar expresar esta Sala en cuanto a lo debatido, que aún cuando los jueces con competencia civil deben actuar en apego al principio del interés superior de los niños, niñas y adolecentes, en este tipo de causas, “por tratarse de un presunto desalojo arbitrario proveniente de un particular en perjuicio de la accionante en amparo, en una vivienda al parecer habitada por niños, descendientes de ella, donde –según lo alegado- quedaron comidas y uniformes escolares de los mismos en el inmueble”. Se le indica a la parte, que puede acudir ante los órganos de protección, en este caso ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Jurisdicción del lugar de residencia de los niños en cuestión, para que de ser procedente, se tomen las medidas de protección más apropiadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 296, 160 literal “b” y 126 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Con fundamento a las consideraciones antes expuestas, esta Sala Constitucional declara que el tribunal competente para conocer la presente causa es el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, órgano ante el que fue propuesto el amparo dada la afinidad de lo debatido con la materia civil y por cuanto no hay niños, niñas o adolescentes como sujetos activos ni pasivos del proceso. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: COMPETENTE para conocer del conflicto negativo de competencia planteado entre el el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en los Teques y el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial.

SEGUNDO: Que el tribunal competente para el conocimiento en primera instancia de la acción de amparo interpuesta de forma oral por la ciudadana Elizabeth Carolina Calderón González, antes identificada, es el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques. En consecuencia, se ORDENA la remisión del expediente al referido Juzgado para que conozca en primera instancia de la presente acción de amparo constitucional y se pronuncie sobre la admisibilidad de la acción y, de ser el caso, la sustancie.

TERCERO: Remítase copia certificada del presente fallo al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolecentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en el Municipio Guaicaipuro “Los Teques”, por encontrase allí el inmueble, para que, de considerarlo procedente, dicte las medidas que considere pertinentes, por tratarse de un presunto desalojo arbitrario, en perjuicio de la accionante en amparo y de su grupo familiar, en una casa que al parecer aun se encuentran comidas y útiles escolares de los niños, ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 296, 160 literal “b” y 126 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Publíquese, regístrese y cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente al Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esa misma Circunscripción Judicial.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de junio de dos mil veintidós (2022). Años: 212° de la Independencia y 163°de la Federación.

La Presidenta,

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

La Vicepresidenta,

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Los Magistrados,

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

CALIXTO ORTEGA RÍOS

TANIA D’AMELIO CARDIET

Ponente

El Secretario,

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

Exp. N° 22-0283

TDC