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MAGISTRADA PONENTE: LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2021,
vía correo electrónico, remitido a la Secretaría de esta Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, la abogada ADRIANA RODRÍGUEZ PIMENTEL, inscrita en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo el n.° 32.732, actuando en su carácter de apoderada
judicial del MINISTERIO DEL PODER
POPULAR DE COMERCIO NACIONAL, interpuso acción de amparo constitucional
contra la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó
como ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal
carácter suscribe el presente fallo.
El 2 de agosto de 2021, la abogada Adriana Rodríguez Pimentel, actuando en su carácter
de apoderada judicial del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional,
consignó personalmente ante la Secretaría de esta Sala escrito contentivo de la
acción de amparo constitucional y copia certificada del poder que acredita su
representación.
El 27 de abril de 2022, se constituyó esta Sala Constitucional en
virtud de la incorporación de los magistrados designados por la Asamblea
Nacional en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022, publicada en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.696, Extraordinario de
fecha 27 de abril de 2022; quedando integrada de la siguiente forma: magistrada
Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta; magistrada Lourdes Benicia Suárez
Anderson, vicepresidenta; y los magistrados y magistradas Luis Fernando Damiani
Bustillos, Calixto Antonio Ortega Ríos y Tania
D’Amelio Cardiet; ratificándose en su
condición de ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez
Anderson, quien
con tal carácter suscribe la presente decisión.
Una
vez realizado el examen pormenorizado del presente expediente, procede esta
Sala a emitir pronunciamiento de acuerdo a las consideraciones siguientes:
ÚNICO
En el presente asunto la parte accionante pretende con la proposición de
la acción de amparo sub examine cuestionar la constitucionalidad de la Sala Político
Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, por lo que este órgano
jurisdiccional, en atención a lo dispuesto en los artículos 266.1 y 335 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asume la competencia para emitir
pronunciamiento en el presente asunto. Así se deja establecido.
La Sala observa, que la parte accionante indicó, que la
abogada Sandra Turupial, inscrita en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el N° 37.687, actuando como apoderada judicial de la sociedad
mercantil Clínica Santiago de León, C.A., interpuso recurso de nulidad contra
el acto administrativo contenido en la Resolución N° 007-2019, dictada el 30 de
enero de 2019 por el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional,
mediante la cual decidió el recurso jerárquico interpuesto contra la
Providencia Administrativa PDCLOPJ-CLÍNICAS-DNAS N° 01-2018-05, dictada el 18
de julio de 2018 por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos y -a decir de
la hoy accionante- la Sala Político Administrativa una vez admitido el recurso de nulidad ordenó
notificar al Fiscal General de la República, al Ministerio del Poder Popular de
Comercio Nacional y a la Procuraduría General de la República, remitiéndole
copia certificada del recurso, de la decisión sobre la admisión y demás
documentos.
Asimismo, señaló que en fecha 7 de julio de 2021, presentó ante la Sala
Político Administrativa poder ad effectum
vindedi que acredita su
representación, solicitó que se difiriera la celebración de la audiencia de
juicio pautada para el 8 de julio de 2021 y que se le expidiera copia simple de
toda la causa.
Ante lo establecido, esta Sala observa que la parte accionante
identificó en su pretensión de tutela que la Sala Político Administrativa no
les notificó de la celebración de la audiencia fijada para el 8 de julio de
2021, motivo por el cual no pudo ejercer su derecho a la defensa en
representación del Ministerio del
Poder Popular de Comercio Nacional, lo que vulnera los derechos a la defensa y
al debido proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, solicitó que se declare con lugar
la presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, se ordene la
nulidad de todo lo actuado después de haber realizado la audiencia y se reponga
la causa al estado de fijar una nueva audiencia con las garantías
constitucionales y las efectivas notificaciones a las partes
intervinientes.
Así
las cosas, conviene acotar que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales en su artículo 6, ordinal 6, establece:
“Artículo 6.- No se admitirá la acción
de amparo:
(…omissis…)
6) Cuando se trate de decisiones
emanadas de la Corte Suprema de Justicia”.
Asimismo,
el artículo 3 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia dispone que: “[e]l Tribunal Supremo de Justicia es el más alto Tribunal de la
República, contra sus decisiones, en
cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción o recurso alguno, salvo
lo que se dispone en la presente Ley”.
Denótese
como los preceptos normativos supra
invocados son expresados con meridiana claridad y permiten inferir que no se admitirá
el ejercicio de la acción de amparo contra de las decisiones que sean dictadas
por el hoy Tribunal Supremo de Justicia, tal y como ya lo sostuvo esta Sala
Constitucional en la sentencia n.° 395 del 14
de mayo de 2014, en la que se dejó asentado que:
“El artículo 6, numeral 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales establece que: “No se admitirá la acción de amparo:
(…) 6. Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia.
Ello es así, por cuanto, dentro de la configuración de los tribunales de
la República, el Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia)
es el máximo órgano rector del Poder Judicial y goza de autonomía funcional,
financiera y administrativa (Cfr. artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia), y, por tanto, sus decisiones no están sujetas a control
de ningún otro órgano, por estar el mismo en la cúspide del Poder Judicial.
En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia funciona, tal y como
lo dispone el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en Sala Plena y en las Salas: Constitucional, Político
Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación
Social; razón por la cual, dentro de la estructura de este Máximo Tribunal, no
se encuentra una Sala que tenga preeminencia sobre el resto de las mismas, ya
que, tal como quedó expuesto, todas las Salas conservan el mismo grado de
jerarquía dentro de dicho órgano, atendiendo a las materias que le competen a
cada una de ellas.
Adicionalmente, cabe acotar que dentro de las atribuciones conferidas a
la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia contenidas en los artículos 266
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 24 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no se encuentra facultad alguna de
dicha Sala para controlar las decisiones del resto de las Salas que integran el
Tribunal Supremo de Justicia.
Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia dispone que: ‘El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto Tribunal
de la República, contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá,
ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en la presente
Ley´.
De esta manera, esta Sala reitera el criterio referido a la causal de
inadmisibilidad en cuestión contenido, entre otras, en la sentencia n.° 356, de
fecha 23 de marzo de 2001, caso: Isabel Valdivia Rivera, en la cual se
estableció lo siguiente:
De la anterior disposición, emerge claramente que durante la existencia
de la Corte Suprema de Justicia, no resultaba posible la interposición de
acciones de amparo en contra de las decisiones proferidas por sus distintas
Salas. En el mismo sentido, si bien es cierto que a partir de la entrada en
vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
estructura del Poder Judicial fue modificada sustancialmente respecto del
régimen constitucional anterior, no encuentra esta Sala motivo alguno para suponer
que la norma parcialmente transcrita contravenga las disposiciones contenidas
en la novísima Carta Magna; por lo que de conformidad con la disposición
derogatoria única (…) aquella conserva su plena vigencia.
En tal sentido, resulta
innegable que no es posible el ejercicio de la acción de amparo constitucional
contra sentencias dictadas por este Máximo Tribunal en cualquiera de sus Salas, salvo la competencia que esta Sala Constitucional tiene, en ejercicio
de la potestad prevista en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 25, numeral 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
de revisar las sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal,
mediante la interposición de una solicitud de revisión en los términos
establecidos por esta Sala en la sentencia n.° 93, del 06 de febrero de 2001,
caso: Corpoturismo, y de las sentencias definitivamente firme en las que se
haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad (Cfr. artículo 25,
numeral 12, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
Así, en atención a las disposiciones normativas señaladas, y a la
jurisprudencia reiterada de esta Sala, la acción de amparo interpuesta es
inadmisible, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 6,
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 3 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.” (Destacado de este fallo).
Cónsono
con lo hasta ahora expuesto, al pretenderse el cuestionamiento de la actuación
desplegada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
y al existir la prohibición legal expresa de admitir este tipo de pretensiones,
resulta forzoso decretar la inadmisibilidad de la acción de amparo aquí
propuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 6 cardinal 6 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
DECISIÓN
Por
las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela por autoridad de la ley, declara: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional intentada por la abogada ADRIANA
RODRÍGUEZ PIMENTEL, actuando en su carácter de apoderada judicial del MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO
NACIONAL, contra la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia.
Publíquese,
regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29
días del mes de junio de dos mil veintidós (2022). Años: 212º de
la Independencia y 163º de la
Federación.
La
Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidenta,
LOURDES
BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Ponente
Los Magistrados,
LUIS FERNANDO
DAMIANI BUSTILLOS
CALIXTO ORTEGA RIOS
TANIA D’AMELIO CARDIET
El
Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
21-0377
LBSA