SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Héctor Peña Torrelles
En
fecha 15 de febrero de 2000, la Sala Plena de este Tribunal Supremo de
Justicia, remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la
acción de nulidad por inconstitucionalidad ejercida por los abogados Enrique Agüero Gorrin y Yuruany Villarroel Núñez, titulares de
las cédulas de identidad Nros: 272.386 y 3.442.687, e inscritos en el
Inpreabogado bajo los Nros. 4.134 y 7.585, respectivamente, apoderados
judiciales de la Federación Médica
Venezolana, en contra de los puntos UNO y TRES del artículo Único de la
Ley que AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA DICTAR MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS EN MATERIA ECONÓMICA Y
FINANCIERA, de fecha 2 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial de
la República de Venezuela No. 36.531, del 3 de septiembre del mismo año.
En
fecha 3 de marzo de 2000, se dio cuenta en esta Sala Constitucional, del
escrito y sus anexos, y se designó Ponente al Magistrado que con tal carácter
suscribe el presente fallo.
Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen
las siguientes consideraciones.
Antecedentes
En
fecha 6 de octubre de 1998, se interpuso el recurso de nulidad antes indicado
por ante la entonces Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, y en la misma
fecha se dio cuenta ante la Corte en Pleno del escrito antes aludido junto con
los anexos, y se ordenó pasarlos al Juzgado de Sustanciación.
En fecha 7 de octubre de 1998, el Juzgado de
Sustanciación admitió la acción de nulidad en cuanto ha lugar en derecho y
ordenó las notificaciones del Presidente del entonces Congreso de la República,
del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República, y
del Presidente de la República; asimismo, se ordenó el emplazamiento de los
interesados mediante cartel. Finalmente, por
cuanto los recurrentes solicitaron medida cautelar innominada de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil y
para que el asunto fuera tramitado como de mero derecho, se ordenó que, una vez
efectuadas las notificaciones se remitieran las actuaciones a la Corte en
Pleno, a los fines de la correspondiente decisión previa.
En fecha 12 de noviembre de 1998, la abogada Yuruany Villarroel Núñez, apoderada de
la Federación Médica Venezolana
desistió de la solicitud de medida cautelar y ratificó el pedimento de que el
caso fuese tramitado como de mero derecho.
Una vez efectuadas las notificaciones, el 24 de
noviembre de 1998, se dio cuenta ante la Corte en Pleno y se designó Ponente al
Magistrado Ángel Edecio Cárdenas, a los fines de decidir lo conducente.
En fecha 20 de julio de 1999, la Sala Plena de la entonces Corte
Suprema de Justicia declaró desistida la medida cautelar solicitada y consideró
procedente la declaratoria de mero derecho, y se suprimió el lapso probatorio.
El 27 de julio de 1999, se designó ponente al Magistrado Angel Edecio
Cárdenas para decidir el fondo del asunto, y se fijó el quinto (5to) día de
Despacho para el comienzo de la relación.
El 21 de septiembre de 1999,
fecha fijada para que tuviese lugar el acto de informes, no comparecieron las
partes y se dejó constancia de la presentación del correspondiente informe por
la representante de la República.
En fecha 15 de febrero de
2000 se remitieron los autos a esta Sala Constitucional.
Fundamentos de la Solicitud
Los apoderados de la Federación Médica Venezolana,
interpusieron por ante la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia,
recurso de nulidad por inconstitucionalidad de los puntos 1 y 3 del artículo
Único de la Ley que Autoriza al Presidente de la Republica para dictar Medidas
Extraordinarias en Materia Económica y Financiera de fecha 2 de septiembre de
1998, publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº 36.531 del 3 de septiembre
del mismo año, por considerar que infringió los artículos 117, 118, 136, 138,
139 162 y 190 todos ellos de la Constitución de 1961 y que están previstos en
los artículos 137, 136 segundo aparte, 156 numeral 32, 187 numeral 1, 186, 202
y 236 numeral 8, de la vigente Constitución de 1999.
Alegaron los apoderados de la recurrente que se violan los artículos
117 y 118 de la Constitución de 1961, por cuanto no existe ninguna disposición
que autorice al Poder Legislativo a delegar en el Poder Ejecutivo la facultad
de dictar leyes sociales de las contenidas en el punto 1 del Artículo Único de
la Ley cuya nulidad se demanda y que mediante dicha ley, el Poder Legislativo
prescindió de la norma constitucional sobre la separación de poderes
establecida en el artículo 118 de la Carta Magna, por lo que actuó fuera de sus
atribuciones constituyendo ello una usurpación de autoridad, lo cual hace
procedente la declaratoria de nulidad.
Por otro lado, señalaron que las facultades contempladas en los
artículos 138, 139 y 162 de la Constitución de 1961, corresponden única y
exclusivamente al Poder Legislativo y por lo tanto éste no puede delegar esas
facultades en el Poder Ejecutivo.
Finalmente, indicaron como lesionado el dispositivo previsto en el
artículo 190 ordinal 8º de la Carta Magna de 1961, en el sentido de que en
dicha norma se consagra como una atribución del Presidente de la República
dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera, cuando así lo
requiera el interés público y haya sido autorizado por una ley emanada del
Congreso de la República, mas no faculta al Congreso para delegar en el
Presidente de la República la atribución de decretar leyes sobre las materias
establecidas en el numeral 1 del artículo Único de dicha Ley, es decir, en el
ámbito del Sistema de Seguridad Integral, correspondiente a las materias
relacionadas con el Subsistema de Pensiones, el Subsistema de Paro Forzoso y
Capacitación Profesional, el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional,
dentro de un marco de salvaguarda de las condiciones del actual deudor
hipotecario y del régimen que regule el proceso de liquidación del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) y la transición al nuevo Sistema
de Seguridad Social Integral.
Opinión de la Procuraduría
General de la República
La representante de la Procuraduría General de
la República, para fundamentar su escrito de informes, expuso que la Ley cuya
nulidad se solicita no está vigente, en virtud de que su propio texto así lo
establece, ya que la propia Ley fijó sus límites en el tiempo (45 días hábiles
siguientes a la publicación de la Ley), a las materias y a la finalidad de las
mismas, plazo éste dentro del cual el Presidente de la República dictó las
medidas para las cuales fue autorizado por el entonces Congreso Nacional.
Expuso la representación de la República que “los Decretos Leyes fueron
dictados durante la vigencia de la Ley de Autorización, es decir, dentro del
período fijado en la propia Ley Habilitante y en relación a aquellas materias
económicas y financieras para las cuales había sido autorizado expresamente”,
por lo que considera la representante de la República que se acataron los
límites fijados por la propia Ley Autorizatoria.
Por otro lado, alegó que es excepcional que las leyes posean sólo una
vigencia temporal, por cuanto éstas se promulgan con la intención de permanecer
en el tiempo, con la pretensión de valer “in
aeternum”; el concepto de vigencia se identifica por lo tanto, con el
concepto de validez. Sin embargo, en casos como el de autos, en el que ha
decaído por cualquier causa la vigencia del acto impugnado resulta cuestionable
si la continuación del juicio tiene una utilidad práctica; de allí que haya
venido considerando la jurisprudencia patria que el decaimiento del acto
impugnado deja un vacío de contenido, esto es, carente de objeto el juicio de
nulidad, encontrándose el Juez ante la imposibilidad de anular un acto
inexistente y en consecuencia, no exista materia sobre la cual decidir.
Finalmente agregó, que demostrada y evidenciada
en autos, que el acto cuya nulidad se solicita perdió su vigencia, quedando
claramente establecido que no existe ningún acto que anular, y en consecuencia,
a la luz de las consideraciones anteriores estima que no procede la demanda de
nulidad incoada por la Federación Médica Venezolana en contra de la Ley que
Autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en
Materia Económica y Financiera en virtud de que si el acto impugnado perdió su
vigencia, no existe, por lo tanto, no hay materia sobre la cual decidir.
De la competencia
En el presente caso, se ha ejercido acción de
nulidad por razones de inconstitucionalidad, contra la Ley que Autoriza al
Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en Materia
Económica y Financiera, en su artículo Único, puntos 1 y 3, publicada en Gaceta
Oficial Nº 36.531, de fecha 3 de septiembre de 1998.
Observa esta Sala que, durante la vigencia de la Constitución de 1961,
correspondía al Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia, de conformidad
con lo establecido en los artículos 215, ordinal 3º de la Constitución de 1961,
en concordancia con lo previsto en los artículos 42 ordinal 1º, 43 y 112 de la
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para declarar la
nulidad total o parcial de las leyes y demás actos generales de los cuerpos
legislativos nacionales, que colidieren con la Constitución.
Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución 1999,
se observa que tal competencia atribuida anteriormente a la Sala Plena, se
encuentra actualmente asignada a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 336 de la Carta
Magna, el cual dispone que, es atribución de la Sala Constitucional, “Declarar la nulidad total o parcial de las
leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que
colidan con esta Constitución.”
En razón de lo anterior, esta Sala observa que en el caso planteado, los
abogados de la accionante interpusieron recurso de nulidad por razones de
inconstitucionalidad de la Ley que autoriza al Presidente de la República para
dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera. En
consecuencia, esta Sala resulta competente para conocer del caso de autos. Así
se decide.
Motivación para Decidir
El texto de la Ley cuya nulidad se solicita es el siguiente:
Artículo Único:
“Se autoriza al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para que decrete de conformidad con el ordinal 8º del artículo 190 de la Constitución, con fuerza y rango de ley, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles a la publicación de esta ley, las siguientes medidas:
1. En el ámbito del sistema de seguridad social integral y conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica que regula la materia, se le autoriza, dentro de los términos propuestos en el informe presentado por la Cámara de Diputados, para segunda discusión por la Comisión Especial para la Reforma Laboral y Seguridad Social, para que dicte la normativa que regirá: El subsistema de salud, el subsistema de pensiones, el subsistema de paro forzoso y capacitación profesional, el subsistema de vivienda y política habitacional dentro de un marco de salvaguarda de las condiciones del actual deudor hipotecario; y el régimen que regule el proceso de liquidación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la transición al nuevo sistema de seguridad social integral.
2. En el ámbito de la economía, se le autoriza para que dicte la normativa que regule: el Fondo de Estabilización Macroeconómica, el Régimen de aduanas, en los términos aprobados en la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, en ocasión de considerar las modificaciones presentadas por la Cámara del Senado a dicho Proyecto de Ley, el refinanciamiento de la Deuda Pública en los términos a que se refiere el Proyecto de Ley que autoriza al Ejecutivo Nacional para Realizar Operaciones de Crédito Público destinadas al Refinanciamiento de la Deuda Pública, de los Estados y Municipios y la Reposición del Patrimonio del Banco Central de Venezuela en los términos y montos establecidos en el Proyecto de Ley.
3. El Ejecutivo Nacional, por órgano del los ministerios respectivos, dará cuenta especial y suficientemente detallada al Congreso de la República, o a la Comisión Delegada, dentro de los diez (10) días antes de su promulgación, sobre la adopción de cada una de las medidas extraordinarias autorizadas en los puntos 1 y 2.”
En el caso bajo examen, se
trata de la nulidad de una “Ley Habilitante”, también llamada “Ley
Autorizatoria”, la cual estaba prevista en el artículo 190, ordinal 8º de la
derogada Constitución de 1961. Dicha ley autorizatoria o habilitante también se
encuentra inserta en la vigente Constitución de 1999 en su artículo 203 último
aparte, donde se le da definitivamente la denominación de “habilitante” sin
precisar el alcance en cuanto al contenido de dicha ley. La razón de esta
tipología de leyes consiste en la coparticipación del Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo en una técnica legislativa de carácter excepcional para
otorgarle al Presidente de la República la potestad de legislar en torno a una
materia o materias específicas las cuales estarán delimitadas por el Decreto
Ley, y dicha habilitación tiene carácter esencialmente temporal. En este
sentido, se encuentra la Sala ante la nulidad de una ley que tiene entre sus
características esenciales la temporalidad de la misma, es decir, que la
delegación se agota bien sea por el uso que de ella haga el Presidente mediante
la publicación de la norma para la cual fue habilitado o por el transcurso del
tiempo establecido en la misma Ley Habilitante para que sea dictada la norma.
Por esta razón, se puede decir que la norma impugnada en autos es una ley cuya
vigencia es de carácter temporal, ya que cuando la Ley Habilitante cumple la
finalidad para la cual fue promulgada o transcurre el plazo de su ejercicio
pierde su vigencia, es decir, no existe y por tal razón, en principio,
carecería de sentido práctico proceder al análisis y posterior pronunciamiento
acerca de los presuntos vicios del cual pudiera ser objeto dicha ley. Este ha
sido el criterio asumido por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, otrora
Corte Suprema de Justicia. Criterio, asumido desde el año 1949 en sentencia de
la Corte Federal y de Casación (en Corte Plena) de 21-3-49 cuando (la Corte)
sostuvo que “Las facultades constitucionales de control de la Constitución de
este Alto Tribunal sólo se refieren a leyes vigentes”, por lo que al
solicitarse la nulidad por inconstitucionalidad de una ley derogada “La Corte
carece de materia sobre qué decidir”. Posteriormente, en Sentencia dictada en
fecha 20 de enero de 1966 la Corte Suprema de Justicia en Sala Político
Administrativa sostuvo el mismo criterio, al precisar que entre las
circunstancias determinantes de la relación procesal en el recurso de
inconstitucionalidad, “tiene especial relieve la existencia misma del acto
impugnado por inconstitucionalidad, cuya validez o nulidad viene a constituirse
precisamente, en la materia u objeto del proceso”, por lo que al solicitarse la
nulidad de un acto que ya ha cesado en su vigencia, el recurso carece de
objeto.
Por otra parte, mediante sentencia de fecha 6 de diciembre de 1973, con
motivo de la impugnación de un Acuerdo del Concejo Municipal del Distrito
Federal, derogado posteriormente por una Ordenanza, la Corte Suprema de
Justicia ratificó el criterio señalado en los siguientes términos:
“Ahora
bien, por efecto de la promulgación de la citada Ordenanza, el recurso
interpuesto en este procedimiento carece, para el momento, de toda finalidad y
objeto, en virtud de que el Acuerdo impugnado de nulidad fue derogado y
sustituido por la Ordenanza en vigor. En este mismo orden de razones, cualquier
vicio o defecto que pudiera haber padecido el mencionado Acuerdo, habría
quedado remediado por el nuevo estatuto, sancionado y promulgado conforme a la
ley y el cual vendría a ser el instrumento cuestionable, si se objetara
nuevamente la personalidad jurídica de la “Fundación Caracas” . En
consecuencia, el presente recurso de nulidad carece de objeto, y por tal
motivo, resulta inútil la decisión que se pronuncie sobre sus
planteamientos”.
Como se puede apreciar, éste ha sido el criterio asumido por la
entonces Corte Suprema de Justicia en Sala Plena respecto de las leyes no
vigentes en cuanto a su impugnabilidad por la vía del recurso de
inconstitucionalidad, aplicado también a la leyes de carácter temporal.
Así, en sentencia de fecha 25 de noviembre de 1995 en Sala Plena,
razonó la Corte Suprema de la siguiente manera:
“..., que no tiene materia sobre la cual decidir en el presente caso por cuanto ambos Decretos (241 y 285) han dejado de surtir sus efectos; el primero por haber sido revocado por el Congreso de la República en ejercicio de sus facultades de control y, el segundo por haber sido revocado por el propio Presidente de la República al considerar cesadas las causas que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales.
En tal virtud, y siguiendo jurisprudencia reiterada de esta Corte, en el sentido de que no es posible conocer acciones de nulidad contra actos que no se encuentren vigentes, por no haber nada que anular, se declara la terminación de este juicio.”
Así las cosas, considera esta Sala Constitucional, que las leyes de la
naturaleza como la impugnada pierden su vigencia al cumplir la finalidad para
la cual fueron promulgadas, por lo que agotada como ha sido, la misma no puede
ser objeto de un juicio de constitucionalidad respecto a la Constitución
vigente para emitir pronunciamiento acerca de los presuntos vicios denunciados.
Razón por la que esta Sala Constitucional considera que no habiendo actualmente
acto susceptible de ser anulado declara que es inadmisible sobrevenidamente la
acción de nulidad interpuesta contra los puntos 1 y 3 del artículo Único de la
Ley que Autoriza al Presidente para dictar Medidas Extraordinarias en Materia
Económica y Financiera, de 1998 y en
consecuencia se da por terminado este juicio. Así se decide.
Decisión
En
virtud de las consideraciones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley
declara Inadmisible la acción de nulidad por inconstitucionalidad
interpuesta por los abogados Enrique
Agüero Gorrin y Yunuary
Villarroel Núñez apoderados de la Federación Médica Venezolana, contra
la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas
Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, en su artículo Único, puntos
1 y 3, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.531, de fecha 3 de septiembre de
1998.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 8 días del mes de JUNIO del año 2000. Años: 190° de la Independencia y 141° de la
Federación.
El Presidente,
Iván Rincón Urdaneta
El
Vice-Presidente,
Jesús Eduardo Cabrera
Romero
Magistrados,
Héctor Peña Torrelles
Ponente
José M. Delgado Ocando
Moisés A.
Troconis Villarreal
El
Secretario,
José
Leonardo Requena Cabello
HPT/ep
Exp. N°: 00-834,
SENTENCIA 524 DE 8-6-00