SALA
CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: JOSE M. DELGADO OCANDO
Mediante oficio nº 0224-99 de fecha 11
de agosto de 1999, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores
de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió a la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, el expediente nº 7129 de la nomenclatura
de dicho Juzgado, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta
por el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE
QUERALES CASTAÑEDA, titular de la Cédula de Identidad nº 5.254.916,
asistido por el abogado JULIO FERNÁNDEZ
REMIS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº
34.651.
Tal remisión se efectuó en virtud de
haber el referido tribunal ordenado la consulta de la sentencia de fecha 4 de
agosto de 1999, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En fecha 18 de agosto de 1999, la Sala
de Casación Civil dio por recibido el presente expediente. En esa misma fecha,
se dio cuenta en Sala, y se designó ponente al Magistrado Alirio Abreu Burelli.
En fecha 13 de enero de 2000, la Sala
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declinó el conocimiento de
la presente causa a esta Sala Constitucional, en donde se dio por recibido el
día 26 de enero de 2000.
El 26 de enero de 2000, se dio cuenta
en Sala y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el
presente fallo.
Cumplida la tramitación legal del
expediente, pasa esta la Sala a dictar sentencia, previas las siguientes
consideraciones:
I
DE LA ACCION DE
AMPARO
El ciudadano GUSTAVO ENRIQUE CASTAÑEDA, asistido por el abogado JULIO FERNÁNDEZ REMIS, al fundamentar la acción de amparo, expuso lo
siguiente:
1.- En fecha 2 de julio de 1998, el Juzgado Primero de Primera
Instancia de Menores del Estado Lara, declaró con lugar la solicitud de
protección de Amparo Constitucional, en beneficio de los menores Identidad Omitida en Cumplimiento del art. 65 de la
LOPNA, y en
consecuencia, ordenó al ciudadano Gustavo Enrique Querales, cesar en la
violación física que venía ejerciendo en perjuicio de sus menores hijos y de la
progenitora de éstos, ciudadana Deysy del Carmen Castillo, y dispuso que los
menores Querales Castillo permanecieran en la casa de habitación, propiedad de
su abuelo paterno, hasta tanto su progenitor los provea de vivienda propia en
la cual puedan crecer hasta su completo desarrollo.
2.- Posteriormente, la anterior
decisión fue apelada por ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil,
Mercantil y de Menores del Estado Lara, quien en fecha 12 de agosto de 1998
declaró sin lugar dicha apelación, confirmando, en consecuencia, la sentencia
dictada por el Juzgado Primero de Menores del Estado Lara.
3.- En virtud de la anterior
decisión, el ciudadano Gustavo Querales Castañeda adquirió una vivienda en nombre
de sus menores hijos el día 19 de febrero de 1999, consignando en el respectivo
Tribunal copia certificada del documento de adquisición de propiedad, con la
finalidad de que se ordenare lo conducente, a los fines de dar cumplimiento a
la sentencia antes aludida.
4.- Por su parte, el tribunal de la causa -afirma el accionante-, “de
una forma antijurídica ‘sea’(sic) negado en reiteradas oportunidades, en
concreto, en seis (6) oportunidades a realizar la ejecución de la sentencia
recaída en mi contra y ejecutada por mi persona, como lo es la adquisición de
una vivienda a nombre de mis menores hijos (...)”.
5.- Por lo expuesto anteriormente,
el accionante solicita amparo constitucional “a favor de mi derecho a
administración de justicia, ya que el mencionado Juzgado de Menores se niega a
oír mis ruegos en cuanto al derecho que me asiste a cumplir fiel y cabalmente
con la responsabilidad encomendada en sentencia firme de que se comprare una
vivienda a mis menores hijos (...)”, razón por la cual acudió, en fecha 27 de
mayo de 1999, al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de
la Región Centro-Occidental, para solicitar el restablecimiento del orden
jurídico infringido y “ordene al Juzgado Primero de Menores del Estado Lara,
cumpla con la ejecución de la sentencia, es decir, notificar y ordenar a la
progenitora de mis menores hijos, se mude a la nueva vivienda que les compré y
así devolver la vivienda en la cual habitan en estos momentos a su propietario,
ya que éste la está solicitando (...)”. Dicho Tribunal se declaró incompetente
para conocer de la presente acción de amparo, y declinó la competencia en el
Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y Menores de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara.
II
DEL INFORME DEL JUEZ A QUIEN SE LE
IMPUTA LA INEJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
La ciudadana ROSA ELENA PEÑALOSA, actuando con el carácter de Juez Primero de
Primera Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, al
presentar el escrito de informes al que alude el artículo 23 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señaló lo siguiente:
1.- En primer lugar, expone, que la
ciudadana Daysy del Carmen Castillo, progenitora de los menores beneficiarios
del Amparo Constitucional, manifestó que su menor hijo Identidad Omitida
en Cumplimiento del art. 65 de la LOPNA,
padece de múltiples afecciones de salud
entre las cuales está la de presentar “Ano Imperforado variedad alta”,
requiriendo dicha enfermedad de tratamientos médicos delicados, por lo cual los
médicos tratantes le advirtieron que debía cumplir estrictamente con lo
indicado por ellos, sobre todo el lugar donde habitara el niño debía ser
adecuado, es decir, que debe haber disposición de excretas y disponibilidad de
agua potable.
2.- En virtud de ello, el Tribunal a
su cargo, en fecha 13 de abril de 1999, acordó inspeccionar ambas viviendas, es
decir, la que ocupaban para esa fecha los menores, y la que fue adquirida a
nombre de ellos, llegando a la conclusión de que “le ha sido imposible a este
Tribunal ejecutar la sentencia definitivamente firme que se produjo en fecha
12-8-98; por cuanto no están dadas las condiciones para hacerlo por dos razones
a saber: PRIMERO: El inmueble que adquirió el agraviante se encuentra
ocupado por otro grupo familiar lo cual lo constató el Tribunal en Inspección
Judicial realizada en fecha 18-4-99 (...). SEGUNDO: El Interés Superior
del Menor demanda que a los menores no se les puede desmejorar en sus
condiciones de vida (...). En el caso que nos ocupa existe un niño con una
patología congénita al cual hay que prodigarle cuidados especiales y la casa
que adquirió su progenitor para sus hermanitos y para él; no llena ni siquiera
los requisitos más elementales de salubridad para garantizarle al pequeño su
tratamiento, pues carece de agua potable por tuberías, que sería lo que pudiera
garantizar a ellos la higiene a la que están acostumbrados desde el momento de
Nacimiento (...)”.
III
DE LA SENTENCIA CONSULTADA
El Juzgado Superior Segundo en lo Civil,
Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró
inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, con base en las
consideraciones siguientes:
1.- Que el amparo constitucional tiene
carácter de restablecedor de situaciones jurídicas infringidas, más no de
constitución de los mismos.
2.- Que “en el presente caso se
pretende a través del ejercicio de este medio extraordinario, el cumplimiento
de otro fallo judicial de amparo, SIN QUE SE CUMPLAN LOS EXTREMOS LEGALES
ESTABLECIDOS EN LA PROPIA SENTENCIA DE AMPARO. Sería como subvertir los efectos
de un amparo a través de otro amparo constitucional, situación especialísima
que nuestra Corte Suprema de Justicia sólo admite CUANDO EN LA SENTENCIA DE
AMPARO SE VIOLA OTRO DERECHO CONSTITUCIONAL DISTINTO AL OBJETO DEL PROCESO”.
3.- Que igualmente “la Corte ha
indicado en numerosos fallos, que el amparo tiene CARÁCTER RESIDUAL (..)”
4.- Que “luego de observado la
solicitud de amparo constitucional, conjuntamente con los recaudos anexados a
la misma, este sentenciador no detecta la infracción de algún otro derecho
constitucional a través de la negativa del Tribunal de Menores de dar
cumplimiento a la ejecución del fallo dictado PUES NO HAN CUMPLIDO LOS EXTREMOS
DICTADOS EN DICHO FALLO, tal y como se desprende de las actas procesales
anexadas con el informe por parte del Juez Primero de Menores, por lo que es
evidente la improcedencia de esta acción pues ello equivaldría a la anulación
de una sentencia de amparo constitucional judicial a través de otro amparo cuyo
objeto no ha sido ese supuesto de hecho sino otro, como el supuesto
incumplimiento a la ejecución de una sentencia, circunstancia que determina que
la acción ejercida a través del amparo constitucional resulta INADMISIBLE
(...)”.
IV
MOTIVACIÓN
PARA DECIDIR
Realizadas las anteriores
consideraciones, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta de Ley
planteada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de
la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sobre la sentencia dictada por
dicho órgano jurisdiccional en fecha 4 de agosto de 1999 y, a tal efecto,
observa:
Como punto previo, pasa esta Sala a dilucidar lo relativo a la
competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocer de la presente acción
de amparo constitucional, y al respecto, observa:
Esta Sala Constitucional ha señalado en anterior oportunidad, que la
Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial el día 30 de diciembre de
1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de
los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el
contenido del artículo 27, norma que en primer término precisa el derecho de
toda persona a ser amparada por los tribunales en su goce y ejercicio, aun de
aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en la Carta
Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello
establece el procedimiento de la acción de amparo que “(…) será oral, público,
breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial
competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica
infringida o la situación que más se asemeje
ella.
Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de
las competencias entre los tribunales de la República, deja dicha función al
legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las
respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera
que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento
jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta
Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los
diferentes tribunales en esta materia.
En el presente caso, la acción de amparo fue planteada
contra la omisión de la Juez Primero de Primera Instancia de Menores de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara. Ahora bien, establece el artículo 4
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo
siguiente:
“Igualmente
procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de
su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione
un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un
Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve,
sumaria y efectiva”.
Al considerar este supuesto, es
menester añadir que si bien se menciona en la norma el amparo contra “una
resolución, sentencia o acto” del tribunal, debe entenderse comprendida además
en la misma disposición, la posibilidad de accionar en amparo contra un
tribunal por su falta de pronunciamiento;
situaciones que constituyen
una omisión que podría también ser susceptible de configurar un
caso de violación de derechos de rango constitucional y, por tanto, equiparable
a un vicio de incompetencia del tribunal “latu sensu” -en sentido material y no sólo formal- que, como ha interpretado
la Corte Suprema de Justicia, es el que debe atribuírsele al término “incompetencia” a que se refiere
la referida norma. (Vid. sentencia de la Sala Político-Administrativa de la
Corte Suprema de Justicia, N° 621 de fecha 22 de noviembre de 1993).
Igual conclusión
asumía la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, aun
cuando sobre la base de argumentos diferentes, como puede apreciarse de la
lectura de la sentencia N° 34 de fecha
04 de febrero de 1998, en la cual se señaló:
“… en
el referido artículo 2 el legislador del amparo silencia el organismo
competente que debe tramitar y decidir esta modalidad de la acción constitucional
como sí lo hace expresamente en el artículo 4, en el cual atribuye la
competencia al juez superior de aquel que dictó la sentencia recurrida en
amparo.
Una
primera posibilidad sería recurrir al principio general de competencia
constitucional, recogido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo, faculta
(sic) a los tribunales de primera instancia en materia afín con la naturaleza
de los derechos o garantías violados o amenazados de violación.
No
obstante, ello es contrario a los principios generales del derecho procesal, en
aplicación de los cuales sólo los jueces de superior jerarquía pueden revisar
actuaciones y conductas de sus inferiores, en consecuencia de lo cual, esta
Sala considera que ante el silencio del legislador debe aplicarse de manera
extensiva y analógica la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley
Orgánica de Amparo, quedando facultado para conocer de las solicitudes
constitucionales propuestas contra omisiones de pronunciamiento judiciales
alegadas, el juez superior en jerarquía de aquel al que se le imputa la
omisión, y así se establece”.
Por tanto en el caso
de autos, dada la materia u objeto de la acción de amparo incoada, la cual
-como se indicó- es la presunta omisión de la Juez Primero de Primera Instancia
de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en proveer lo
conducente para dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia de fecha 2 de
julio de 1998, debe tomarse en consideración la hipótesis que contempla el
artículo 2 de la referida Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con el
artículo 4 ejusdem, razón por la cual resultaba en efecto competente para
conocer de la acción de amparo constitucional el Juzgado Superior Segundo en lo
Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y
así se declara.
Habiendo sido decidida la acción de
amparo interpuesta, el artículo 35 de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales prescribe la obligatoriedad de consultar
lo acordado con la instancia superior respectiva, de manera de preservar el
principio de la doble instancia. Por
tanto, como viene señalando esta Sala, ciertamente corresponde la revisión de
esta específica actuación jurisdiccional -dictada por un Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, y de
Menores- a este Tribunal Supremo de Justicia.
El Texto Fundamental asigna dentro de la competencia
de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, la revisión de las sentencias de
amparo constitucional dictadas por los tribunales de la República, en los
términos establecidos por la ley orgánica respectiva. Ahora bien, como señalara
esta Sala Constitucional en sentencias de fecha 20 de enero de 2000,
corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las
sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, de la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo
Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia. (Vid. Caso:
Emery Mata Millán vs. los ciudadanos Ministro y Vice-Ministro del Interior y
Justicia, y caso: Domingo Gustavo
Ramírez Monja vs. los Ministerios de Justicia, Relaciones Interiores, Defensa,
Relaciones Exteriores, de la Secretaría de la Presidencia, la Procuraduría
General de la República y el Ministerio Público).
De esta manera, dilucidado el aspecto
de competencia procesal a favor de esta Sala, entra a conocer del presente
caso, y a tal efecto observa:
La acción de amparo
constitucional planteada en esos términos no escapa a la verificación de los
requisitos de admisibilidad que establece el ordenamiento jurídico aplicable.
En el presente caso, no obstante la declaratoria de inadmisibilidad acordada
por el tribunal “a quo”, la Sala observa que no existe ninguna circunstancia
que hubiese motivado el rechazo prima facie de la misma, razón por la cual,
conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley especial, resultaba
ciertamente admisible la acción propuesta, y así igualmente se declara.
Ahora bien, esta
Sala considera necesario precisar una vez más que el amparo constitucional es
una acción de carácter extraordinario, por lo que su procedencia está limitada
sólo a casos en los que sean violados a los solicitantes de manera directa,
inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango constitucional o previstos
en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo
restablecimiento no existan vías procesales ordinarias, eficaces, idóneas y
operantes.
En el presente caso
se observa, que el accionante señala que el Juzgado Primero de Primera
Instancia de Menores del Estado Lara, a cargo de la Juez ROSA ELENA PEÑALOSA, no ha realizado las actuaciones necesarias
para dar cumplimiento a la ejecución del fallo dictado por dicho Tribunal el
día 2 de julio de 1998, el cual declaró con lugar la solicitud de protección de
amparo constitucional, en beneficio de sus menores hijos, Identidad Omitida en Cumplimiento del
art. 65 de la LOPNA, y en consecuencia, le ordenó cesar en la violación
física que venía ejerciendo en perjuicio de sus menores hijos y de la
progenitora de éstos, ciudadana Daysy del Carmen Castillo, y dispuso que los
menores Querales Castillo permanecieran en la casa de habitación, propiedad de
su abuelo paterno, hasta tanto los proveyera de vivienda propia en la cual
pudieran crecer hasta su completo desarrollo.
Igualmente se observa que el
accionante en amparo, en fecha 9 de marzo de 1999, con la finalidad de cumplir
con lo ordenado en el fallo antes referido, consignó por ante el Tribunal
Primero de Primera Instancia de Menores de la Circunscripción Judicial del
Estado Lara, documento de propiedad de un inmueble a nombre de sus menores
hijos, el cual cursa al folio 15 del expediente.
En este sentido, habiendo cumplido el
accionante con su obligación de conseguir una vivienda para sus menores hijos,
esta Sala no aprecia que la conducta omisiva de la Juez del Tribunal a quo
comporte la violación o amenaza de violación de algún derecho constitucional
del accionante, dado que la obligación de éste, en el sentido de proveer de
vivienda que permitiera el completo desarrollo de sus hijos, no fue cumplido a
cabalidad, puesto que de la inspección judicial practicada, se pudo constatar
que el inmueble en cuestión no cubría las condiciones mínimas requeridas para
el cumplimiento del fin propuesto, razón por la cual, no existe ninguna
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, requisito sine
qua non para la procedencia de la acción de amparo constitucional, esta Sala
concluye declarando la improcedencia de la presente acción de amparo, y así se
decide.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente
expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil,
Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fecha 04
de agosto de 1999, y en consecuencia declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano GUSTAVO ENRIQUE
QUERALES CASTAÑEDA, asistido
por el abogado JULIO FERNÁNDEZ REMIS, contra la omisión de la Juez del
Juzgado Primero de Primera de Instancia de Menores de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al
referido Juzgado a los fines legales consiguientes.
Publíquese,
regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y
sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, a los nueve (9) días del
mes de marzo de año
dos mil. Años: 189º de la
Independencia y 141º de la
Federación.
.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente
JESÚS EDUARDO CABRERA
Los Magistrados,
HÉCTOR
PEÑA TORRELLES JOSÉ M.
DELGADO OCANDO
Ponente
MOISÉS
TROCONIS
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
JMDO/ns.-
Exp. Nº 00-0092
Quien
suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su
voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede que, decidió la consulta de la sentencia de amparo constitucional
dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y de Menores de
la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 4 de agosto de 1999.
Las razones por las cuales me aparto de la sentencia
aprobada por la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde
las decisiones dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y
Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999
ninguna disposición que atribuya a esta Sala Constitucional competencia para
conocer de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de
amparo por los Tribunales de la República. En esa oportunidad también disentí
del argumento de la mayoría según el cual el numeral 10 del artículo 336 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuía a esta Sala
competencia para conocer como segunda instancia en acciones de amparo. Por el
contrario, desde un primer momento sostuve que en el referido numeral 10 se
consagró un mecanismo extraordinario de revisión, cuya finalidad es que esta
Sala establezca criterios para lograr uniformidad en la interpretación de la
Constitución. A tal efecto, indiqué:
“(…) quien suscribe considera que la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 336 no es asimilable a la consulta o apelación prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por cuanto esta Sala no es un tribunal de alzada ni superior materialmente de ningún tribunal de la República. La aludida competencia de revisión, debe interpretarse como una potestad extraordinaria de revisión de sentencias dictadas por el resto de los tribunales cuando éstos conozcan como jueces constitucionales de amparo o cuando ejerzan el control difuso de la constitucionalidad de las normas, para verificar cuestiones de derecho relativas a la interpretación de las normas y principios constitucionales, a los fines de lograr una uniformidad de criterios”.
En mi criterio, una correcta interpretación en
materia de competencias para conocer del amparo debió dejar incólumes las
normas atributivas de competencia previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, de acuerdo con la evolución
jurisprudencial que hasta entonces habían mantenido de forma reiterada tanto la
Corte Suprema de Justicia como el resto de los tribunales de la República. La
Sala Constitucional solamente debió asumir la competencia prevista en el
artículo 3 eiusdem, y en el caso del artículo 8 del mismo texto legal, cuando
los actos lesivos fuesen de ejecución directa de la Constitución o tuviesen
rango de ley.
En el caso concreto de las apelaciones o consultas, la norma contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo, es precisa al indicar que el conocimiento de las mismas corresponden al Tribunal Superior respectivo atendiendo a la materia del caso concreto. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendieron tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas de la forma siguiente: para precisar la afinidad de una Sala con un caso concreto debe establecerse el ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).
De lo anterior se desprende que, la competencia para
conocer de las consultas o apelaciones de las decisiones de amparo dictadas por
los Juzgados Superiores, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y
Cortes de Apelaciones en lo Penal, debe distribuirse, según la materia entre las
distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia. No existe, -como señalara- en
el texto constitucional ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para
conocer en segunda instancia de las acciones de amparo, por lo que, hasta tanto
no hubiese una modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales o la existencia de otra disposición que
atribuyese tal competencia a la Sala Constitucional, ésta no debió asumir tal
conocimiento. Por el contrario, debió permanecer inalterado el régimen
competencial que se ha seguido en esta materia, el cual es similar al previsto
en el resto del ordenamiento jurídico venezolano, en virtud de que, dicho
régimen permanece vigente por no contradecir ninguna norma constitucional, tal
como lo establece la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de 1999.
La modificación de las competencias realizada por la
mayoría sentenciadora, constituye –a juicio de quien disiente- una alteración
del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta
(legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida
al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo
156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por las
razones anteriores, estima el disidente que, esta Sala Constitucional no debió conocer en consulta la decisión de
amparo que cursa en autos, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala
correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.
Queda así expresado el criterio del Magistrado
disidente.
En Caracas,
fecha ut-supra.
El Presidente,
Iván Rincón Urdaneta
El
Vice-Presidente,
Jesús Eduardo Cabrera
Magistrados,
Héctor Peña Torrelles José
M. Delgado Ocando
Disidente
Moisés Troconis
El
Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
HPT/jlv
Exp.
N°: 00-0092, SENTENCIA 80 DE 9-3-2000