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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado
Ponente: Iván Rincón Urdaneta
Mediante oficio No. 2CO-2252/01 del 24 de septiembre de 2001, el Juzgado Segundo de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Falcón declinó en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el conocimiento de la solicitud de amparo en la modalidad de hábeas corpus interpuesta por la abogada Carmen Josefina Soto Saturno, en su condición de Defensora Pública Segunda de los ciudadanos ALEJANDRO LUIS LUZARDO GONZÁLEZ y LUIS ALBERTO ARIAS COBIS, titulares de las cédulas de identidad Nos. 14.489.413 y 12.179.831, respectivamente, contra la omisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, en el juicio seguido contra éstos por la presunta comisión del delito de aprovechamiento de vehículos provenientes de hurto o robo, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos, en perjuicio del ciudadano Ignacio Jesús Piñero
El 1 de octubre de 2001, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 19 de junio de 2002, la Sala se declaró competente para conocer de la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y dictó auto para mejor proveer con base en el artículo 17 del mismo texto normativo, mediante el cual solicitó a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que informara sobre el estado de las apelaciones interpuestas contra la decisión del 22 de agosto de 2001, dictada por el Juzgado Tercero de Control del mismo Circuito Judicial Penal y la remisión de su decisión del 26 de septiembre de 2001.
El 20 de febrero de 2003, se recibió oficio
N° 118/03 del 12 de febrero del mismo año, mediante el cual la referida Corte
de Apelaciones remitió la información solicitada.
ANTECEDENTES
El 22 de agosto de 2001, el Juzgado Tercero de Control del
Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, decretó la libertad plena de los
ciudadanos Alejandro Luis Luzardo González y Luis Alberto Arias Cobis.
Contra la anterior decisión, la Fiscalía
del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, por lo que se
suspendieron los efectos de la decisión recurrida, quedando detenidos los
imputados.
El 18 de septiembre de 2001, la defensa
de los ciudadanos Alejandro Luis Luzardo González y Luis Alberto Arias Cobis,
ejerció acción de amparo constitucional en la modalidad de hábeas corpus
ante el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado
Falcón, contra la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, por
considerar que ésta había incurrido en retardo procesal injustificado en la
resolución del recurso de apelación, puesto que habían transcurrido más de
dieciséis (16) días desde su interposición.
DE
LA ACCIÓN DE AMPARO
La representación de los
accionantes señala que el 31 de agosto de 2001, fueron remitidas las
actuaciones contentivas del recurso de apelación incoado contra la decisión del
22 de agosto de 2001, dictada por el Juzgado Tercero de Control del Circuito
Judicial Penal del Estado Falcón, y que hasta la fecha de interposición de la
acción (18 de septiembre de 2001) habían transcurrido más de 16 días sin que
ésta se pronunciase.
En este sentido, sostuvo
que el ordinal 3° del artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal establece
que una vez interpuesto el recurso de apelación, las Cortes de Apelaciones
están en la obligación de celebrar una audiencia oral y pública dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de las actuaciones; por lo que, a su
juicio, resulta evidente que sus defendidos se encuentran privados
ilegítimamente de su libertad.
MOTIVACIONES
PARA DECIDIR
De las actas que conforman el
presente expediente, se desprende que la presente acción de amparo
constitucional interpuesta el 18 de septiembre de 2001, fue incoada contra la
presunta omisión de pronunciamiento y el retardo injustificado en que
incurrió la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, a quien correspondía decidir la
apelación formulada por la representación Fiscal contra la decisión del Juzgado
Tercero de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que dejó en libertad
plena a los hoy accionantes, por haber transcurrido un plazo mayor a las
cuarenta y ocho(48) horas consagradas en la ley, sin que fuere decidida dicha
apelación.
No obstante, consta en el expediente
que el 26 de septiembre de 2001, la referida Corte de Apelaciones dictó
decisión mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación
interpuesto, por lo que confirmó el fallo del 22 de agosto de 2001, emanado del
Juzgado Tercero de Control.
A este respecto, la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales contempla en el numeral 1 de
su artículo 6 como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo el hecho
que haya cesado la violación o amenaza de violación de los derechos
presuntamente vulnerados por el acto accionado; en efecto dicha disposición
normativa establece:
“No se admitirá la acción de amparo:
1) Cuando hayan cesado la violación o
amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido
causarla”.
Con base en el citado artículo, es evidente que en el presente caso al dictarse la decisión cuya omisión de pronunciamiento se reclamaba, cesó la presunta lesión y operó la causal de inadmisibilidad a que se hizo referencia. En consecuencia, la presente acción de amparo resulta manifiestamente inadmisible de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la
acción de amparo constitucional en la modalidad de hábeas corpus
interpuesta por la defensa de los ciudadanos ALEJANDRO LUIS LUZARDO GONZÁLEZ
y LUIS ALBERTO ARIAS COBIS, contra la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Falcón.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el
expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de
Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, a los 15 días del mes de mayo de dos mil tres. Años 193° de la Independencia
y 144° de la Federación.
El Presidente
Ponente
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente
Jesús
Eduardo Cabrera Romero
El Secretario,