SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional el
2 de julio de 2004, los abogados LUISA AMELIA CARRIZALEZ, MOISÉS
GUIDON GALLEGO y ALEXIS CALCAÑO LASTRA, inscritos en el Inpreabogado
bajo los números 534, 8579 y 8485, respectivamente, en su carácter de
apoderados judiciales de los ciudadanos HENRY PRADA GÓMEZ y RAFAEL
REYES CUMACHE, venezolanos, mayor de edad, titulares de las cédulas de
identidad números 6.277.286 y 1.154.018, respectivamente, interpusieron
solicitud de revisión de la decisión de la Sala de Casación Penal No. 159 del 14 de mayo de
2004, que anuló de oficio el fallo dictado el 13 de junio de 2003, por la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sólo en lo que
refiere a la comprobación del cuerpo del delito y la culpabilidad de sus
representados y, en consecuencia, los condenó a cumplir la pena de doce años de
presidio por la comisión de delito de homicidio intencional a título de dolo
eventual, tipificado en el artículo 407 en relación con el artículo 74.4, ambos
del Código Penal.
En la
oportunidad de su presentación, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente
al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado
el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Sala a decidir,
previas las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES
El 12 de julio de 1996, el suprimido Juzgado
Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción
Judicial del Estado Aragua, condenó a los ciudadanos HENRY
PRADA GÓMEZ y RAFAEL REYES CUMACHE, por la comisión del delito de producción de
incendio en forma culposa; condenatoria contra la cual los referidos ciudadanos
ejercieron recurso de apelación.
El
11 de marzo de 1997, el Juzgado Superior Segundo en lo Penal y Correccional de
Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (hoy
suprimido), dictó decisión en la que absolvió a los prenombrados recurrentes,
de los cargos formulados por el Ministerio Público por la comisión del delito de
producción de incendio en forma culposa.
Contra la señalada decisión
absolutoria, se interpuso recurso de casación, el cual fue formalizado –en su
oportunidad- por el Fiscal Tercero del Ministerio Público ante las Salas de
Casación de la extinta Corte Suprema de Justicia.
El 13 de junio de 2000, la Sala de Casación Penal de
este Máximo Tribunal, dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar el
recurso de casación por defecto de forma y, en consecuencia, anuló el fallo
recurrido y ordenó remitir el expediente a una de las Salas Accidentales de
Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El 13 de junio de 2002, la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como
tribunal de reenvío, dictó sentencia en la que decretó el sobreseimiento de la
causa seguida –entre otros- a
ciudadanos HENRY PRADA GÓMEZ y RAFAEL REYES CUMACHE, en virtud de haber
operado la prescripción de la acción penal derivada del delito de producción de
incendio en forma culposa.
El 14
de mayo de 2004, la Sala
de Casación Penal de este Máximo Tribunal, conociendo de los recursos de
casación interpuestos por la
Fiscal Primera del Ministerio Público ante los Tribunales de
Reenvío en lo Penal y la defensa de los hoy solicitantes, dictó sentencia en la
que desestimó por manifiestamente infundado dichos recursos de casación y, de oficio, anuló la recurrida
sólo en lo referido al establecimiento del cuerpo del delito y la culpabilidad
de los ciudadanos HENRY PRADA GÓMEZ y REYES RAFAEL CUMACHE, condenándolos a
cumplir la pena de doce años de presidio por la comisión del delito de
homicidio intencional a título de dolo eventual, tipificado en el artículo 407
del Código Penal en relación con el artículo 74.4 eiusdem.
DE LA REVISIÓN SOLICITADA
Alegaron
los apoderados actores para fundamentar su solicitud de revisión, lo siguiente:
Que,
en sentencia número 3242 del 12 de diciembre de 2002 (Caso Gustavo Gómez
López), esta Sala Constitucional estableció los supuestos en los cuales se
puede decretar la nulidad de la sentencia de oficio, sin que el juzgado pueda
incurrir en la violación del debido proceso y del derecho a ser juzgado por el
juez natural consagrados en los artículos 26 y 49.4 de la Constitución. Sin
embargo, en su caso, la Sala
de Casación Penal no sólo ignoró dicha doctrina –en materia de nulidad de
oficio en sede penal-, sino que además anuló el fallo de la alzada que
sobreseía la causa a sus representados, y mediante una decisión propia, los
condenó a una pena de doce años de presidio, de por sí inapelable.
Que,
de la simple lectura del fallo cuya revisión se solicitó, se puede apreciar el
silencio de dicho fallo respecto de los supuestos de violación establecidos en
la referida sentencia del 12 de diciembre de 2002, de manera tal, que la
decisión propia de la Sala
Penal –dictada en virtud de la nulidad de oficio que decretó-
se produjo fuera de los extremos posibles para ello, lo cual vulneró la
garantía del debido proceso.
Que,
la Sala de
Casación Penal, al anular de oficio el fallo dictado por la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y condenar a sus
representados actuó fuera de los límites de su competencia, ya que al declarar “manifiestamente
infundados” los recursos de casación interpuestos, perdió su competencia,
infringiendo en consecuencia el derecho de sus representados a ser juzgados por
sus jueces naturales y la garantía del debido proceso.
Que,
la Sala de
Casación Penal no podía proferir un fallo de nulidad parcial de oficio contra
dos de los acusados, por cuanto la nulidad de oficio no se da contra el reo,
sino siempre a su favor y nunca a favor del Ministerio Público, como se hizo en
el referido fallo.
Que,
a sus representados, el Ministerio Público -en su oportunidad- les formuló
cargos por la comisión del delito de producción de incendio en forma culposa,
razón por la cual bajo dicha imputación se les siguió el proceso y se planteó
toda la estrategia inquisitiva y defensiva de las partes, y bajo dicha premisa
de garantía en lo que fue la materia del litigio, la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como
tribunal de reenvío, les decretó el sobreseimiento de la causa por haber
operado la prescripción de la acción penal y negó la solicitud del Ministerio
Público de cambio de calificación jurídica del delito al tipo de “homicidio
calificado en grado de dolo eventual”. Sin embargo, la Sala de Casación Penal, una
vez desestimados “por manifiestamente infundados”, los recursos de
casación interpuestos, paso a pronunciarse sobre la posibilidad del cambio de
calificación jurídica que puede hacer el juzgador al momento de dictar
sentencia, y bajo un extenso argumento concluyó en que la conducta desplegada
por éstos se subsumía en la norma contenida en el artículo 407 del Código Penal
a título de dolo eventual, pues esa era la calificación que correspondía a los
hechos establecidos por la referida Sala Accidental.
Que
dicho cambio de calificación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal,
infringió el derecho a la defensa de sus representados consagrado en el
artículo 49.1 de la
Constitución, por cuanto en el actual sistema acusatorio que
rige en el proceso penal, conforme la norma contenida en el artículo 363 del
Código Orgánico Procesal Penal, la sentencia que se dicte en el juicio debe ser
congruente con los hechos y las circunstancias descritas en la acusación, de
modo que un posible cambio de calificación jurídica tiene que ser advertido por
el juez al acusado, a fin de que éste pueda ofrecer nuevas pruebas o preparar
su defensa. En su caso, cuando la sentencia cuya revisión se solicitó asimiló
el instituto procesal establecido en el artículo 295 del derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal a los supuestos del señalado artículo 363, violó el
artículo 24 de la
Constitución, toda vez que conforme dicho artículo las leyes
procesales se aplican desde el momento de su entrada en vigencia aun en los
procesos en curso, por lo cual necesariamente la norma aplicable es la del
artículo 363 del Código Orgánico Procesal Penal, no sólo por ser la vigente
sino la más favorable.
Que,
habiéndose desestimados los recursos de casación interpuestos, la nulidad de
oficio y el dispositivo propio de la Sala de Casación Penal, se
apoyó exclusivamente en el dispositivo constitucional contenido en el artículo
257 de la Constitución.
Que
la Sala de
Casación Penal interpretó –a contrario sensu- de manera por demás
contradictoria, el encabezamiento del artículo 442 del Código Orgánico Procesal
Penal referido a la reforma en perjuicio, ya que habiendo declarado desestimado
el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, especialmente en
lo concerniente a su segunda denuncia –falta de aplicación del artículo 408.1
del Código Penal-, señaló inaplicable la limitación de la reforma en perjuicio
contenida en dicho encabezamiento, por cuanto dicha impugnación del Ministerio
Público le permitía el cambio de calificación jurídica, razonamiento por demás
contradictorio y erróneo a la letra del primer aparte del señalado artículo 442
que permite la modificación o reforma de la decisión cuando hayan sido
interpuestos los recursos por cualesquiera de las partes, pero sólo a favor del
imputado.
Que
la sentencia cuya revisión se solicitó incurrió, sin lugar a dudas, en abuso de
poder procesal al haber sido dictada aplicando el ordenamiento jurídico en
interpretación contra legem y para fines distintos a los fijados para el
derecho, toda vez que sobre la base de una doctrina contra legem –la
del dolo eventual-, sin base en el texto legal y aplicado en todo caso con un
asidero de lege ferenda, artículo 52 del proyecto de Código Penal (...)
sentenció a nuestros representados a cumplir la pena mínima del homicidio
intencional que es de 12 años de presidio”.
DEL FALLO CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
La
Sala
de Casación Penal de este Supremo Tribunal, en sentencia del 14 de mayo de
2004, cuya copia certificada consta en autos, desestimó por
manifiestamente infundados, los recursos de casación interpuestos por la Fiscal Primera del
Ministerio Público ante los Tribunales de Reenvío en lo Penal y la defensa de
los hoy solicitantes contra la decisión dictada el 13 de junio de 2002, la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y de oficio, anuló la recurrida
sólo en lo referido al establecimiento del cuerpo del delito y la culpabilidad
de los ciudadanos HENRY PRADA GÓMEZ y REYES RAFAEL CUMACHE, condenándolos a
cumplir la pena de doce años de presidio por la comisión del delito de
homicidio intencional a título de dolo eventual, tipificado en el artículo 407
del Código Penal en relación con el artículo 74.4 eiusdem.
Fundamentó
la Sala de
Casación Penal el referido fallo, en lo siguiente:
“ (...) La representante del Ministerio Público en la
parte introductoria de su escrito, expresó su inconformidad sólo en relación
con la parte de la sentencia recurrida que estableció el sobreseimiento por la
prescripción de la acción penal y sobre la base de los artículos 108 (numeral
4ª) y primer aparte del 110 del Código Penal, dictado a favor de los ciudadanos
acusados REYES RAFAEL CUMACHE y HENRY PRADA GÓMEZ.
Seguidamente,
la impugnante expuso seis denuncias y en los términos siguientes:
En la primera,
con apoyo en el ordinal 4ª del artículo 331 del derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal, denunció error de derecho en la calificación del
delito, porque a su juicio la conducta de los ciudadanos acusados debió
encuadrarse en el tipo que prevé el delito de HOMICIDIO CALIFICADO A TÍTULO DE
DOLO EVENTUAL, en lugar del delito de PRODUCCIÓN DE INCENDIO EN FORMA CULPOSA.
En la segunda
denuncia, con base en el ordinal 11 del artículo 331 del derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal, alegó la falta de aplicación del ordinal 1º del
artículo 408 del Código Penal, al no calificarse los hechos como HOMICIDIO
CALIFICADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL.
En la tercera
denuncia, con fundamento en el ordinal 11 del artículo 331 del derogado Código
de Enjuiciamiento Criminal, la impugnante denunció la indebida aplicación del
artículo 357 del Código Penal, porque los hechos probados no se ajustan al tipo
descrito en la mencionada disposición. Además indicó que la recurrida no señaló
qué parte de dicho artículo aplicó en su decisión.
En la cuarta
denuncia, sobre la base del ordinal 11 del artículo 331 del derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal, la impugnante invocó la falta de aplicación de la parte
“in fine” del artículo 295 del mencionado código y sostuvo que la recurrida
omitió cambiarle la calificación jurídica a los hechos.
En la quinta
denuncia, de acuerdo con el ordinal 2º del artículo 330 del derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal, la
Fiscal denunció la infracción del ordinal 3º del artículo 527
del Código Orgánico Procesal Penal, porque la recurrida incurrió en un vicio de
inmotivación al no resolver la solicitud del Ministerio Público referida al
cambio de la calificación jurídica de los hechos.
Y por último,
en la sexta denuncia según el ordinal 3º del artículo 330 del derogado Código
de Enjuiciamiento Criminal, la recurrente adujo que la sentencia impugnada es
contradictoria, porque valora las pruebas de acuerdo con el derogado código y
después establece que no puede cambiar la calificación jurídica, de conformidad
con lo establecido en el artículo 363 del Código Orgánico Procesal Penal. La
impugnante insistió en que debió aplicarse el artículo 295 del derogado Código
de Enjuiciamiento Criminal y que por ello los jueces debieron cambiar la
calificación jurídica de los hechos.
La Sala, para decidir,
observa:
De lo
anteriormente expuesto se evidencia que la impugnante apoyó sus denuncias en
los artículos 330 y 331 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que contemplaban
los motivos que hacían procedente el recurso de casación.
El 1º de julio
de 1999 el Código Orgánica Procesal Penal entró en vigencia y la decisión
impugnada es del 13 de junio de 2002, es decir, fue dictada bajo la vigencia
del Código Orgánico Procesal Penal.
De acuerdo con
el Régimen Transitorio establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, el
presente recurso debe apoyarse en las disposiciones contenidas en ese código y
no como lo hizo la Fiscal
en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal.
En
consecuencia, la Sala
de Casación Penal desestima por manifiestamente infundado el recurso de
casación propuesto por la representante del Ministerio Público y según lo
establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación
con el artículo 24 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. Así se declara.
(...)
Con fundamento
en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la Defensa denunció la infracción
del ordinal 3° del artículo 527 “eiusdem”, por errónea interpretación, porque
la recurrida erró en la aplicación de las consecuencias jurídicas de la norma
invocada. Después, refirió que la sentencia impugnada es contradictoria, pues
comprobó la responsabilidad de los ciudadanos acusados en los hechos objeto del
proceso y al mismo tiempo declaró la prescripción de la acción penal. Así mismo señaló la violación de los
artículos 49 (ordinal 1°) de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en relación con los artículos 1 y 12 del Código Orgánico Procesal
Penal.
La Sala, para decidir,
observa:
Los impugnantes
señalaron que ‘...la Sala
aplicó erróneamente las consecuencias de la norma invocada ya que existe
contradicción entre los hechos que el tribunal dio por probados en cuanto a la
culpabilidad de nuestros representados y los hechos constitutivos de la
prescripción para concluir en el sobreseimiento...’.
El artículo 527
(numeral 3°) del Código Orgánico Procesal Penal (Vigencia y Régimen Procesal
Transitorio) expresa:
‘Artículo 527.
Contenido de la sentencia. La sentencia que se dicte conforme a lo dispuesto en
los artículos precedentes contendrá:
3° La
exposición concisa de los fundamentos de hecho y derecho con mención de las
normas legales aplicadas...’.
En la
presente denuncia los recurrentes al plantear su alegato no explicaron en qué consisten las
consecuencias jurídicas del numeral 3 del artículo 527 del Código Orgánico
Procesal Penal, el cual denuncian como infringido por errónea interpretación.
Según
la Real Academia
Española, la contradicción es ‘la afirmación y negación que se opone una a otra
y recíprocamente se destruye’. Siendo así y de acuerdo con los requisitos
formales del recurso de casación, los impugnantes debieron señalar en qué
consiste la supuesta contradicción existente entre los pronunciamientos de la
sentencia y destacar la relevancia que el citado vicio tiene en el dispositivo
del fallo.
En
consecuencia, la Sala
desestima esta denuncia por manifiestamente infundada y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
(...)
Con fundamento
en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, los impugnantes
denunciaron la falta de aplicación del numeral 3 del artículo 527 ‘eiusdem’,
porque la recurrida incumplió con lo ordenado por la Sala de Casación Penal del
Tribunal Supremo de Justicia y dejó de analizar en el capítulo relativo a la
culpabilidad de los ciudadanos acusados ‘...pruebas importantes para los procesados,
que fueron evacuadas durante...el juicio y que...hubieran impedido la
declaratoria de culpabilidad de nuestros defendidos, que pretende la recurrida
sirva de base para una reclamación civil...’.
La Sala, para decidir,
observa:
Los recurrentes
señalaron que la segunda instancia no cumplió con lo ordenado por la Sala de Casación Penal en lo
que respecta al análisis y valoración de los elementos probatorios indicados en
el fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
Dichos argumentos se corresponden
con el recurso de nulidad establecido en el artículo 352 del derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal, y no con el escrito contentivo del recurso de casación
que fue consignado.
En
consecuencia, la Sala
de Casación Penal desestima la presente denuncia por manifiestamente infundada
y según lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal
Penal. Así se decide.
(...)
Con fundamento
en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, los impugnantes
denunciaron la indebida aplicación del numeral 3 del artículo 527 “eiusdem” y
señalaron que los juzgadores de la recurrida no indicaron en cuáles de las
conductas contenidas en el artículo 357 del Código Penal encuadraron la de sus
defendidos.
La Sala, para decidir,
observa:
La relevancia
de la denuncia expuesta por los Defensores en su escrito, a juicio de esta Sala
Accidental no altera el resultado del proceso y dado que es inútil casar de
oficio por este motivo, se desestima este alegato por manifiestamente infundado
y según lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal.
El Tribunal
Supremo de Justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 13 del
Código Orgánico Procesal Penal, pese a la desestimación del recurso de
casación, propuesto por la representante del Ministerio Público y la Defensa de los imputados
observa lo siguiente:
En la presente
causa se produjo la muerte de cuarenta y dos personas y catorce heridos, lo
cual constituye un daño social grave ocasionado por un hecho punible que
amerita una respuesta de la Administración de Justicia Penal, pronta y
definitiva, evitando la impunidad que tanto daño ha causado a la Justicia Penal en
nuestro país. Teniendo en consecuencia este Máximo Tribunal que pronunciarse
sobre la calificación definitiva que hay que otorgarle a los hechos punibles a
que se contrae la presente causa.
Hay una
cuestión procesal sobre la cual esta Sala Accidental debe pronunciarse y lo cual
pasa a hacer como punto previo: es lo referente a la posibilidad del cambio de
calificación jurídica que puede hacer el juzgador al momento de dictar la
sentencia. En el caso de autos, la representación del Ministerio Público ante
los Tribunales de Reenvío en lo Penal solicitó que los acusados REYES RAFAEL
CUMACHE y HENRY PRADA GÓMEZ, fuesen condenados por el delito de homicidio
calificado a título de dolo eventual, según el ordinal 1° del artículo 408 del
Código Penal.
El Tribunal de
Reenvío desechó tal pedimento señalando que ‘...a través del proceso
inquisitivo vigente para el momento del suceso en ningún momento se les
advirtió a los acusados...de cambio de calificación jurídica alguna...’.
Quien funge de
ponente en esta causa en anteriores decisiones ha sostenido -y así también con
otros argumentos lo ha sostenido la
Sala de Casación Penal- que las únicas normas vigentes del
Código de Enjuiciamiento Criminal derogado, son las resucitadas por el régimen
procesal transitorio contempladas en el capítulo segundo, del título primero,
Libro Final del Código Orgánico Procesal Penal. Tales disposiciones tienen como
objetivo insertar las causas que estuvieren en curso al momento de la entrada
en vigencia del COPP, dentro de las instituciones del mismo y así se cumple el
mandato del artículo 24 de la Constitución de la República, que
consagra: (...)
En el caso de
autos, se busca la inserción de un instituto procesal como lo es el cambio o la
modificación de la calificación jurídica, por parte del juzgador. Tal como
pudiere suceder con cualquier otra ubicación de un instituto procesal del viejo
al nuevo sistema: auto de detención, escrito de cargos, informes o cualquier
otro instituto procesal similar pero contentivo en el nuevo sistema bajo los
rigores de los principios que lo rigen.
En el derogado
Código de Enjuiciamiento Criminal, artículo 295, se preveía el cambio de
calificación jurídica de los hechos punibles imputados; así mismo en el Código
Orgánico Procesal Penal, artículo 363, segundo aparte, también se contempla
dicho instituto.
En el derogado
Código de Enjuiciamiento Criminal no se requería ninguna exigencia para que el
juez pudiese apartarse de la calificación jurídica dada por el Ministerio
Público en su escrito de cargos. Por el contrario, el Código Orgánico Procesal
Penal exige la advertencia, por parte del juez, del cambio de calificación.
Ahora bien, al
insertar esta causa bajo las normas del derogado Código de Enjuiciamiento
Criminal, resucitadas, como se expresó anteriormente, en el régimen procesal
transitorio del COPP, debe examinarse lo que establecía el derogado código en
el artículo 295, el cual en su primer aparte reza textualmente:
‘Artículo 295.
La sentencia no puede recaer sino sobre el hecho o hechos que se hubieren
imputado al reo en los cargos, sin extenderse a otros distintos, más, en cuanto
a la calificación jurídica de aquellos hechos y su correspondiente penalidad,
el Tribunal puede atribuirle otra distinta de la que en los cargos le hubieran
dado el Representante del Ministerio Público o la acusación, todo según la
naturaleza y carácter del hecho, las circunstancias en que fue ejecutado y las
pruebas que aparezcan del expediente...’.
Tal instituto
tenía como fundamento la posibilidad del cambio de calificación jurídica que
podía hacer el juzgador, pues de lo contrario estaba de más su presencia y sólo
se hubiese limitado a acoger o negar lo solicitado por el Ministerio Público.
El instituto
correspondiente al cambio de calificación jurídica, antes transcrito, sería en
el nuevo sistema el contemplado en el artículo 363 del COPP, titulado
‘congruencia entre sentencia y acusación’ cuya figura contempla igual que en el
viejo sistema, que el juzgador no podrá referirse en su sentencia a hechos y
circunstancias distintas a las señaladas en los momentos procesales de cada
sistema. En el sistema del CEC a los hechos imputados en los cargos; mientras
que en el COPP a los hechos y circunstancias descritos en la acusación y en el
auto de apertura a juicio, y en su caso, también en la ampliación de la
acusación.
Lo
esencial y la naturaleza misma de este instituto procesal es la posibilidad del
cambio de calificación jurídica por parte del juzgador, contemplado en el texto
de ambos artículos, para hacer posible el cumplimiento de la función jurisdiccional
en manos del juez. Es allí donde debe
hacerse la inserción, pues es la única forma de traspolar de un sistema al otro
el instituto procesal necesario en ambos procedimientos, tanto en el
inquisitivo como en el acusatorio. La
modalidad que trae el COPP de exigirle al juez que advierta la posibilidad del
cambio de calificación no puede exigirse en esta causa, pues se realizó antes
de la entrada en vigencia del nuevo procedimiento penal, haciéndose imposible
que para aquel momento pudiera cumplirse con este nuevo requisito adaptado a
los principios del nuevo sistema acusatorio, pero que en ninguna forma
desvirtúan la esencia y naturaleza del instituto procesal contemplado en el
CEC, por lo que una vez hecha la inserción y ubicado el instituto procesal
similar en el nuevo sistema, se mantiene la posibilidad del cambio de
calificación jurídica, siempre bajo el principio esencial contemplado en la
norma vigente, que es el artículo 363 del COPP y así se declara.
Una vez
aclarada la posibilidad de que el juzgador puede apartarse del cambio de
calificación jurídica, corresponde dilucidar el segundo problema referente a la
calificación de los hechos establecidos por la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En efecto, la
recurrida calificó los hechos
como producción de incendio
en forma culposa, tipificado en
el artículo 357 del Código Penal y estableció lo siguiente:
(...)
Del minucioso estudio de las pruebas apreciadas de
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela y los artículos que
regulaban la valoración de las pruebas en el Código de Enjuiciamiento Criminal,
de acuerdo con el sistema legal tarifado, se establecen los siguientes hechos:
Que el día veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos noventa y tres
(1993); siendo aproximadamente las siete y treinta antes merídiem (7:30 a.m.),
momentos en que el ciudadano VICTOR IVAN GARCIA KENEZEVICH, quien se
desempeñaba para esa oportunidad como operador de una máquina zanjadora
propiedad de la empresa ABENGOA C.A., la
cual realizaba trabajos en la Autopista Regional del Centro, en sentido Las
Tejerías-Valencia, a la altura del kilómetro 57, colocando el cableado de fibra
óptica, labor esta que venía efectuando excavando con la referida maquinaria en
el hombrillo de dicha vía, la sierra de la máquina excavadora hizo contacto y
perfora una tubería de gas de veinte (20) pulgadas perteneciente a la empresa
CORPOVEN C.A., la cual se encontraba enterrada, produciéndose una explosión de
gran magnitud arrojando un saldo de treinta y siete (37) personas muertas
(calcinadas), las cuales quedaron identificadas como OSCAR ANTONIO DURAN,
ARTURO AYALA WALDRON, HARRISON MARQUEZ FERREIRA, BRIGITTE JOSEFINA VARGAS
LOPEZ, YOLANDA JOSEFINA MARTINEZ, WILLIE ANTONIO RAMÍREZ RADA, ANA SOLÓRZANO,
OTTO ENCARNACIÓN BOWEN TORREALBA, ELISA MARGARITA GONZALEZ, WILLIAM ANTONIO
CASTRO RUIZ, GONZALO HERRERA CARUTO, DINORAH MARGARITA PEREZ, JOSE ROJAS
SALAZAR, FELIX RAUL PEREZ, PEDRO SANTIAGO REGALADO, PETRA MARCELA DIAZ GARCIA,
JOSE GREGORIO RIVEROL, JAVIER ARTURO AYALA, CARMEN RENATA BOWEN TORREALBA, AURA
MARINA DE REGALADO, JOSE EXPEDITO JIMÉNEZ, RAFAEL RAMON ESPINA GARCIA, DENIS
RAFAEL ACOSTA SALGADO, EMETERIO ALBERTO BAPTISTA QUINTERO, MIGUEL EDUARDO
ESPINA SOMOZA, XIOMARA JIMÉNEZ, JOSE ALBERTO ARELLANO, JESÚS QUINTÍN MELÉNDEZ
GONZALEZ, DILIA MARGARITA TOVAR, DIANORA ELENA GOMEZ ARGÜELLES, JOSE DE LA CRUZ CARTAGENA
SALAS, HOWARD RADA, MARIA GABRIELA FUENTES GONZALEZ, HECTOR ALEXANDER CASTRO
BOWEN, JUAN ALQUIMEDES SIMON LIENDO, CLARIZA ANGELICA ZANELLI CORONEL y MARIO
PEPPER CERVIZ, cinco (5) osamentas correspondientes a restos humanos los cuales
no se logra determinar su identidad, catorce (14) personas heridas
identificadas como LUIS FELIPE MARTINEZ, ANA CELIS COLMENARES, LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ, AMILCAR ALFONZO, FERNANDO DELGADO, VICTOR
IVAN GARCIA KENEZEVICH, ALVARO DOMINGO MARTÍN DELGADO, PEDRO RAFAEL SÁNCHEZ
LARES, LUIS MARTINEZ, ALBERTO GALIANO (HIJO), ALBERTO JOSE GALENO HERNÁNDEZ,
VICENTE ANTONIO PRADO FUENTES, JESÚS RAFAEL HERNÁNDEZ y JESÚS
RAMON JIMÉNEZ, así como también daños materiales a los vehículos (diecinueve)
que para el momento transitaban por el lugar y que según el resultado de los
peritajes a los que fueron sometidos los mismos en su conjunto sufren daños por
una cantidad de SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
73.700.000,oo), aproximadamente.
Con los
elementos de convicción procesal citados, se llega a la certeza que en las
cercanías del lugar en el cual ocurre la rotura del gasoducto por parte de la
sierra de la máquina zanjadora encargada de colocar fibra óptica, existían
avisos que señalaban la existencia del
gasoducto enterrado, que se observaba a simple vista la presencia del gasoducto
y la prohibición de excavar, lo que aunado al Reporte del Siniestro elaborado y
suscrito por los expertos adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial,
WILLIAMS MELEAN PERRY, NESTOR MARTINEZ RODRÍGUEZ, VICTOR LOPEZ HERNÁNDEZ y
MAURY JORDAN JORDAN (folios 124 al 190, P-9), en donde, entre otras cosas,
asentaron: ‛.... de igual forma cada 500 metros se
localizaban los respectivos postes de medición catódica y señalización de
prevención...’; quedó plenamente comprobado que los ciudadanos HENRY PRADA
GOMEZ y REYES RAFAEL CUMACHE, quienes se desempeñaban como Ingenieros al
servicio de la Empresa
Abengoa, dirigían las labores de excavación, actuaron de
forma imprudente, imperita y negligentes al no tomar las debidas precauciones
el momento de ser advertidos de la existencia del gasoducto, produciéndose como
consecuencia de ello, la explosión del gasoducto, lo que causó la muerte y
lesiones a una gran cantidad de personas, así como daños materiales a diversos
vehículos que transitaban por el sector, como al medio ambiente, configurándose
el delito de PRODUCCION DE INCENDIO EN FORMA CULPOSA.
El
Tribunal de Reenvío al referirse a la culpabilidad de los ciudadanos imputados,
estableció lo siguiente:
‘...RESPONSABILIDAD: Con los elementos de prueba
analizados y valorados conforme a Derecho en el contenido del fallo, esta Sala
Accidental observa que quedó demostrado que el día 28/09/93, en horas de la
mañana (aproximadamente a las 7:30 AM), en momentos en que trabajadores de la Empresa ‘Abengoa de
Venezuela, C.A.’, efectuaba labores en la Autopista Regional
del Centro, específicamente a la altura de del Peaje de Las Tejerías, los
cuales consistían en la colocación del cableado de fibra óptica, y que estaban
bajo la supervisión de los Ingenieros
REYES RAFAEL CUMACHE y HENRY PRADA GOMEZ, quienes prestaban sus
servicios a la citada empresa. En momentos en que practicaban la respectiva
excavación, la cual fue autorizada indebidamente por los Ingenieros adscritos
al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ciudadanos LUIS SIMON CESIN y
FERNADO MORA SALAZAR, ello motivado a que existía la prohibición expresa de
realizar labores de excavación en la zona en la cual se llevaba a cabo la obra
en cuestión, por Decretos Presidenciales, normativa jurídica vigente, por
cuanto dicha zona es considerada zona protectora, utilizando para ello una
máquina zanjadora, y no obstante de haber sido advertidos los Ingenieros de la Empresa Abengoa,
de la presencia del Gasoducto correspondiente al tramo Charallave-Las Tejerías;
y haciendo caso omiso a las señalizaciones de dicha tubería de gas, continuaron
con la ejecución de la obra y es allí cuando la rueda de la máquina zanjadora
hace contacto con la tubería de gas, la cual se encontraba enterrada,
ocasionando una explosión de grandes dimensiones, que trajo como consecuencia
la muerte de cuarenta y dos (42) personas, catorce (14) personas lesionadas,
daños a gran cantidad de vehículos que circulaban para el momento del hecho por
la citada arteria vial, los cuales ascienden a la cantidad de SETENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 73.700.000,oo); así como también daños
al medio ambiente y al gasoducto en sí, configurándose en consecuencia el
delito de PRODUCCION DE INCENDIO EN FORMA CULPOSA, el cual se encuentra
previsto y sancionado en el artículo 357 del Código Penal, al igual que la
responsabilidad penal de los citados ciudadanos en el ilícito penal
demostrado...’.
La Sala Accidental observa:
La calificación dada a los hechos por el tribunal de
reenvío sería correcta si la explosión que causó la muerte de los ciudadanos
OSCAR ANTONIO DURÁN, ARTURO AYALA WUALDRON, HARRISON MÁRQUEZ FERREIRA, BRIGITTE
JOSEFINA VARGAS LÓPEZ, YOLANDA JOSEFINA MARTÍNEZ, WILIE ANTONIO RAMÍREZ RADA,
ANA SOLÓRZANO, OTTO ENCARNACIÓN BOWEN TORREALBA, ELISA MARGARITA GONZÁLEZ,
WILLIAM ANTONIO CASTRO RUIZ, GONZALO HERRERA CARUTO, DINORAH MARGARITA PÉREZ,
JOSÉ ROJAS SALAZAR, FÉLIX RAÚL PÉREZ, PEDRO SANTIAGO REGALADO, PETRA MARCELA
DÍAZ GARCÍA, JOSÉ GREGORIO RIVEROL, JAVIER ARTURO AYALA, CARMEN RENATA BOWEN
TORREALBA, AURA MARINA DE REGALADO, JOSÉ EXPEDITO JIMÉNEZ, RAFAEL RAMÓN ESPINA
GARCÍA, DENIS RAFAEL ACOSTA SALGADO, EMETERIO ALBERTO BAPTISTA QUINTERO, MIGUEL
EDUARDO ESPINA SOMOZA, XIOMARA JIMÉNEZ, JOSÉ ALBERTO ARELLANO, JESÚS QUINTÍN
MELÉNDEZ GONZÁLEZ, DILIA MARGARITA TOVAR, DIANORA ELENA GÓMEZ ARGÜELLES, JOSÉ
DE LA CRUZ CARTAGENA
SALAS, HOWARD RADA, MARÍA GABRIELA FUENTES GONZÁLEZ, HÉCTOR ALEXANDER CASTRO
BOWEN, JUAN ARQUÍMIDES SIMÓN LIENDO, CLARIZA ANGÉLICA ZANELLI CORONEL y MARIO
PEPPER CERVIZ “y cinco osamentas
correspondientes a restos humanos los cuales no se logra determinar su
identidad”; y las lesiones de los
ciudadanos LUIS FELIPE MARTÍNEZ, ANA CELIZ COLMENARES, LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ,
AMÍLCAR ALFONSO, FERNANDO DELGADO, VÍCTOR IVÁN GARCÍA KENEZEVICH, ÁLVARO
DOMINGO MARTÍN DELGADO, PEDRO RAFAEL SÁNCHEZ LARES, LUIS MARTÍNEZ, ALBERTO
GALIANO (hijo), ALBERTO JOSÉ GALIANO HERNÁNDEZ, VICENTE ANTONIO PRADO FUENTES,
JESÚS RAFAEL HERNÁNDEZ y JESÚS RAMÓN JIMÉNEZ, no hubiese sido posible su
previsión sino que fue consecuencia de una conducta culposa, bien por
imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, lo cual
según los hechos establecidos por la recurrida, no encuadran en este tipo de
culpabilidad.
Tampoco encuadran los hechos narrados y
valorados en autos en la llamada culpa consciente o culpa con representación,
la cual sería contraria a la anterior donde no se da ni la conciencia ni la
previsión. En este tipo de culpa, la conciente, el agente prevé el resultado
antijurídico no como probable sino como posible, pero se acoge a su buena
suerte, a su pericia o destreza para pensar que tal resultado antijurídico no
se va a producir.
Por lo antes señalado, en
el caso de autos queda descartado que las muertes y lesiones producidas el 28
de septiembre de 1993 en la Autopista Regional del Centro (a la altura del
sector “Las Guayas de las Tejerías” en el Estado Aragua) pueda calificarse en
cualquiera de los tipos de delitos culposos.
¿Qué tipo de delitos fue el
cometido en el caso de autos?
Hay que destacar que los
ciudadanos HENRY PRADA GÓMEZ y REYES RAFAEL CUMACHE no cometieron el delito con
dolo directo, pues ello supondría que se representaron como cierto y como
seguro un resultado típicamente antijurídico y quisieron realizar directamente
ese resultado antijurídico, tal sería el caso que los mencionados ciudadanos
hubiesen producido en forma directa la explosión para asegurarse de la muerte y
lesiones de las víctimas, resultado que ya estaría previsto como seguro por
parte de los acusados.
Los hechos probados
configuran un delito doloso pero no a título de dolo directo, ni tampoco de
dolo de consecuencia necesaria que pudiera acompañar al dolo directo; sino a
título de dolo eventual que se da cuando el agente se representa el resultado,
no como un dolo directo en forma segura y cierta, sino como posible y probable.
Para Bettiol, el dolo
eventual es “la previsión de un evento como consecuencia meramente posible de
la acción, lo cual implica necesariamente la voluntariedad del evento mismo,
pero ello no excluye, que la actitud de la voluntad frente al resultado
previsto, de indiferencia o de ratificación del mismo, sean equivalentes a la
voluntad del resultado”; para Altavilla, se tiene dolo eventual “cuando la
intención se dirige indiferentemente a varios resultados, de modo que es como
una ratificación anticipada que cualquiera de ello se realice”. La doctrina
penal, tal como lo refieren los tratadistas del Derecho Penal, JIMÉNEZ DE ASÚA,
REYES ECHANDIA, MUÑOZ CONDE, BACCIGALUPO; y entre nosotros MENDOZA TROCONIS,
TULIO CHIOSSONE, ARTEAGA SÁNCHEZ y GRISANTI AVELEDO, entre otros, son unánimes
en cuanto a señalar los anteriores elementos que configuran el dolo eventual.
Igualmente
esta Sala de Casación Penal ha acogido el criterio de dolo eventual, en su
decisión de fecha 21 de diciembre de 2000,
con ponencia del Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, quien analiza
en dicha ponencia los elementos configurativos del dolo eventual; llegando, sin
embargo, a establecer un cálculo de pena bajo un criterio técnico acogido en
esa decisión.Hay que citar ya como parte de la doctrina nacional el
anteproyecto del Código Penal, presentado por el Magistrado de ésta Sala Penal
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, donde queda configurado el concepto de dolo
eventual:‘Artículo 52. Dolo. El delito es doloso cuando la gente conoce los
hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Habrá dolo
eventual cuando la gente se representa como probable la consecuencia de su
ejecutoria pero continúa procediendo igual’. Los ciudadanos HENRY PRADA
GÓMEZ y REYES RAFAEL CUMACHE, como se evidencia en la sentencia de reenvío se
representaron como posible y probable, la explosión que produjo las víctimas en
esta causa y más aún, no pensaron en poderlo evitar con su buena suerte o su
pericia, sino que adoptaron una conducta indiferente ante este hecho probable,
importándole únicamente la ejecución del contrato que le estaba encomendado a
la empresa AVENGOA DE VENEZUELA C.A., la cual representaban como ingenieros
supervisores de la obra, y aún no deseando este resultado antijurídico el cual
previeron como probable, continuaron ejecutándola, no obstante las advertencias
que fueron hechas y que constan en autos, tal como lo establecieron las
distintas instancias que conocieron de este juicio.
Cabe advertir
que estos hechos no deben subsumirse en el ordinal 1° del artículo 408 del
Código Penal, como lo solicitó la representación del Ministerio Público, pues
el delito de homicidio calificado por medio de incendio requiere el dolo
directo al utilizar el incendio en forma directa para buscar el resultado
previsto y querido para cometer dicho ilícito y tal circunstancia no está
probada en autos.
En consecuencia, los
ciudadanos imputados deben responder por la comisión del delito de homicidio
intencional previsto en el artículo 407 del Código Penal a título de dolo
eventual, pues esa es la calificación que corresponde a los hechos establecidos
por la recurrida y así se declara.
Es importante dejar establecida en esta decisión que
en la presente causa tanto los imputados, a través de sus defensores, como el
Ministerio Público ejercieron el recurso de casación, en consecuencia al
existir la solicitud del Ministerio Público en dicho recurso de una
calificación distinta a la tomada por la recurrida, con el consecuente aumento
de la penalidad, puede esta Sala Penal al conocer de dicho recurso, aumentar la
pena que la recurrida había impuesto en su decisión; todo esto conforme a que
la reforma en perjuicio impide tal hecho únicamente cuando el recurso es
intentado solamente por el imputado o su defensor, a tenor de lo establecido en
el artículo 442 del COPP. Esta última situación no es la que se presenta en
este hecho; y aún cuando ambos recurso han sido declarados sin lugar, se acude
a la vía de las nulidades, a la cual se llega como consecuencia de los recursos
intentados, para anular la decisión y dictar una sentencia propia, en la cual,
porque existe la petición del Ministerio Público, puede culminar con un aumento
de pena. Distinto sería el caso, si se llegara a la nulidad de la sentencia por
la única vía del recurso intentado únicamente por el imputado o su defensor; en
cuyo caso se violaría el principio establecido en el artículo anteriormente
citado, si la reforma asumida conforme al artículo 257 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela y 13 del Código Orgánico
Procesal Penal, fuese reformada en perjuicio del imputado.
De lo anteriormente expuesto se concluye en que la recurrida violó el
artículo 357 del Código Penal, por indebida aplicación y el artículo 407
‘eiusdem’ por falta de aplicación. Por consiguiente, la Sala Accidental
pasa a establecer la pena que han de cumplir los ciudadanos HENRY PRADA GÓMEZ y
REYES RAFAEL CUMACHE, por la comisión del delito de homicidio intencional a
título de dolo eventual.
El delito de homicidio tipificado en el artículo 407 del Código Penal
tiene prevista la pena de presidio de doce a dieciocho años, esto es, quince
años de presidio según el término medio, a tenor del encabezamiento del
artículo 37 del citado Código.
En virtud de que los ciudadanos imputados gozan de buena conducta
predelictual se acoge la atenuante genérica contenida en el ordinal 4° del
artículo 74 del Código Penal, que permite disminuir la pena hasta el límite
mínimo, esto es, doce años de presidio.
De lo antes expuesto se concluye en que los ciudadanos HENRY PRADA
GÓMEZ y REYES RAFAEL CUMACHE, deben cumplir la pena de doce años de presidio,
más las accesorias de ley que correspondan
por la comisión del delito de homicidio intencional a título de dolo
eventual. Así se decide”.
COMPETENCIA
DE LA SALA
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia
para conocer de la revisión solicitada y, a tal fin, se observa que el artículo
336.10, de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, establece lo siguiente:
“Son
atribuciones de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
Revisar las sentencias definitivamente firmes de
amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas
jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los
términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
En efecto, dentro de las potestades atribuidas en la Constitución
de 1999 en forma exclusiva a la Sala Constitucional, se encuentra la de velar y
garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales, a los fines de garantizar la uniformidad en la interpretación
de los preceptos fundamentales y en resguardo de la seguridad jurídica.
Asimismo el artículo 5.4 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela No. 37.942 del 20 de mayo de 2004, establece:
“Artículo 5. Es de la
competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
(omissis)
4. Revisar las
sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la
violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o
Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que
haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o
prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa
determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios
jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela (...) aun cuando por razón
de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra
Sala”. (resaltado de este fallo).
Visto
que, en el caso de autos, se solicitó la revisión de una sentencia dictada por la Sala de Casación Penal,
actuando como alzada de una Sala integrante de una Corte de Apelaciones en lo
Penal, concretamente la
Sala Accidental Segunda para el Régimen Procesal Transitorio
de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala
Constitucional se considera competente para conocerla, y así se declara.
CONSIDERACIONES
PARA DECIDIR
Fijada
como ha sido la competencia de la
Sala para conocer de la presente solicitud de revisión, pasa la Sala a pronunciarse sobre el
fondo del asunto sometido a su conocimiento y, a tal fin, observa:
El
numeral 4 del artículo 5 de la Ley
que rige las funciones de este Alto Tribunal establece como supuestos de
procedencia de la revisión que se denuncie fundadamente lo siguiente: la
violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o
Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que la sentencia haya sido dictada como
consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.
En
el presente caso, el fundamento de la solicitud radica en que – a juicio de los
apoderados actores-, la Sala
de Casación Penal en el fallo cuya revisión se solicitó, incurrió en abuso de
poder procesal, toda vez que no sólo ignoró la doctrina establecida por esta
Sala Constitucional en materia de nulidad de oficio en sede penal, sino que,
además, anuló el fallo de la alzada que sobreseía la causa a sus representados,
y mediante una decisión propia, los condenó a una pena de doce años de
presidio, todo lo cual vulneró la garantía del debido proceso y el derecho a la
defensa.
Como
se aprecia, los apoderados actores fundan su solicitud en la violación –por
parte de la Sala
de Casación Penal en su fallo No. 159- de principios jurídicos esenciales –la
garantía del debido proceso y el derecho a la defensa- consagrados en la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela.
Interesa
a la Sala el
asunto objeto del presente proceso, a fin de aclarar la naturaleza de los
institutos procesales de la casación de oficio y de las nulidades en el proceso
penal.
Bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento
Criminal, dentro de las normas que regulaban el recurso de casación estuvo la
contenida en el artículo 347, que facultaba a la Casación en lo
Penal, a declarar con lugar el recurso de forma o de fondo, si de la vista de
los autos resultaba comprobada una de las causales legales -inclusive no
alegada por el formalizante-. Sin embargo, dicha casación –llamada en la
doctrina casación de oficio- procedía sólo en interés de la ley y en beneficio
del procesado aprovechando la formalización del Fiscal del Ministerio Público o
del acusador, de ser el caso y siempre que éste o su defensa hubiesen anunciado
recurso de casación; argumento en contrario, no podía la Sala de Casación Penal, casar
de oficio en beneficio del reo aun formalizando el Fiscal o el acusador, si
éste o su defensa no habían anunciado recurso. Tampoco podía la Sala casar de oficio cuando
el procesado anunciaba recurso de casación, pero no formalizaba. En este caso,
declaraba perecido el recurso.
En el
nuevo sistema procesal penal, el texto adjetivo al reglamentar el recurso de
casación no previó la casación de oficio; sin embargo, dicha omisión o falta de
regulación expresa ha conducido a la
Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, a aplicar –fundamentándose, a su
criterio, en el artículo
257 de la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela- el instituto de la nulidad en beneficio del imputado o en
interés de la ley, para distinguir los dos supuestos de violaciones del debido
proceso según se refiera a los principios o garantías a favor del imputado o
según se trate de actos cumplidos en contradicción o inobservancia de las
formas y condiciones previstas en la ley procesal, en la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, demás leyes, tratados,
convenios y acuerdos internacionales, las cuales son garantías aplicables a
cualquiera de las partes que intervengan en el proceso.
A tenor del artículo 190 del
Código Orgánico Procesal Penal los actos cumplidos en contradicción o
inobservancia de las formas y condiciones previstas en la ley procesal, en la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, leyes, tratados,
convenios y acuerdos Internacionales, no podrán ser apreciados para fundar una
decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, salvo que el defecto
haya sido subsanado o convalidado.
Este
principio rige durante todas las etapas del proceso, incluso más allá de la
sentencia definitivamente firme, guarda estrecha relación con el contenido en el artículo 49.8 de la Constitución y
forma parte de las reglas mínimas que sustentan el debido proceso.
Nuestro sistema procesal penal no
acoge la clásica distinción entre nulidades absolutas y relativas; pero sí
parte del concepto de la nulidad absoluta sin entrar a considerar lo referente
a las posibles nulidades relativas. Es
decir, nuestro sistema establece la distinción de nulidades no convalidables
(absolutas) y nulidades saneables, las cuales son aquellas renovables y que
permiten su convalidación, pero no las llega a denominar nulidades relativas, o
anulabilidades.
El Código Orgánico Procesal
Penal si bien habla de las nulidades absolutas, sin embargo, se adhiere al
mundo de las nulidades implícitas, cuya idea se adapta a los lineamientos más
actuales, puesto que difícilmente se pueden acoplar todos los casos como tantas
transgresiones sean imaginables.
Lo que establece nuestro sistema
procesal es que cuando las nulidades sean absolutas: todo aquello que tiene que
ver con la nulidad de la actividad judicial donde esté presente la
intervención, asistencia y representación del imputado, la forma en que se
establezca, la inobservancia y violación de derechos y garantías en general, en
estos casos las nulidades se hacen valer ex officio y de pleno derecho;
mientras que en los otros tipos de nulidades se requieren la instancia de parte
y son normalmente saneables.
En
cuanto a la materia de la nulidad de oficio en sede penal, la Sala se ha pronunciado en
diversos fallos. En tal sentido, reitera la doctrina establecida en la
sentencia número 3242 del 12 de
diciembre de 2002 (Caso: Gustavo Gómez López), donde apuntó:
“ (…) 1.4 Ahora bien, no obstante lo
que ha quedado asentado en el aparte inmediatamente anterior, se observa que en
el fallo que, en la presente causa ha sido sometido a revisión, en sede
constitucional, la Sala
de Casación Penal, con base en las razones que antes han quedado reseñadas,
anuló, de oficio, la precitada decisión de la Corte de Apelaciones y ordenó la reposición de la
causa al estado de que se dicte un nuevo fallo, con estricta sujeción a la
doctrina quedó expresada en la impugnada sentencia. Ahora bien, para la
decisión, en relación con el presente punto, la Sala hace las siguientes consideraciones previas:
1.5 Como lo dejó
claramente expresado esta Sala, en fallo anterior (sentencia de 15 de agosto de
2002, caso directiva del Consejo Nacional Electoral), dentro del sistema
procesal penal vigente en Venezuela, por su naturaleza acusatoria, no se
encuentra preceptuada, sino excepcionalmente, la nulidad de oficio, pues,
conforme se establece en el precitado artículo 433 (hoy, 441) del Código
Orgánico Procesal Penal, al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el
conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión
que hubieren sido impugnados. Esta es una disposición que obliga a todas las
instancias jurisdiccionales que conozcan de los recursos descritos en el Libro
Cuarto del Código, incluso el extraordinario de casación, por cuanto la misma
está contenida dentro de las disposiciones generales aplicables a dichos
recursos;
1.6 Excepcionalmente, los supuestos de nulidad de oficio están
preestablecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, cuyas normas, en esta
materia, son, obviamente, de interpretación restrictiva:
1.6.1 Cuando se trate de alguno de los vicios de nulidad absoluta
descritos, de manera taxativa, en el artículo 208 (ahora, modificado, 191) del
Código Orgánico Procesal Penal;
1.6.2 Cuando se trate de un vicio de inconstitucionalidad que
obligue al juez a hacer valer la preeminencia de la Constitución,
a activar el control difuso que dispuso el artículo 19 del Código Orgánico
Procesal Penal, disposición esta que desarrolla el principio fundamental que
contiene el artículo 7, en concordancia con el 334, de la Constitución;
1.6.3 Cuando la nulidad comporte una modificación o revocación de la
decisión, a favor del imputado o acusado, según lo establece el segundo párrafo
del artículo 434 (ahora, 442) del Código Orgánico Procesal Penal (…)”.
De
la doctrina parcialmente transcrita, aprecia la Sala que, en el presente caso, es evidente que la
declaratoria de nulidad proferida por la Sala de Casación Penal, no se ajusta a derecho.
Ello en virtud de que:
1.- No sólo no se aviene a ninguno de los
supuestos señalados, sino que, además, dicha Sala no declaró fundamentarse en
los mismos, a fin de la decisión en mención; por el contrario, estimó que
“aún cuando ambos recursos han sido declarados sin lugar se acude a la vía de
las nulidades, a la cual se llega como consecuencia de los recursos intentados,
para anular la decisión y dictar una sentencia propia en la cual, porque existe la
petición del Ministerio Público, puede culminar con un aumento de pena.
Distinto sería el caso, si se llegara a la nulidad de la sentencia por la única
vía del recurso intentado únicamente por el imputado o su defensor; en cuyo
caso se violaría el principio establecido en el artículo anteriormente citado,
si la reforma asumida conforme al artículo 257 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela y 13 del Código Orgánico
Procesal Penal, fuese reformada en perjuicio del imputado”.
2.- No señaló los derechos o garantías
constitucionales que se trataron de tutelar mediante la nulidad de oficio
decretada, máxime cuando la misma no
respondía a una solicitud de parte, en razón de lo cual tal pronunciamiento
comportó un vicio de ultrapetita, por no responder a ninguno de los pedimentos contenidos
en los recursos de casación ejercidos tanto por el Ministerio Público como por
la defensa.
3.- Igualmente el
fundamento de la nulidad en mención, no se encuentra entre los que, de manera
restrictiva, dispuso el legislador, como antes se acotó.
Siendo ello así, la Sala reitera “el carácter
taxativo de la enumeración de las nulidades absolutas, que son las únicas
declarables de oficio, y el carácter restrictivo de la interpretación de las
normas que la regulan. El sistema de nulidades, por razones de estricta
justicia y de seguridad jurídica, no es abierto o “virtual”, como lo pretendió
la sentencia que ahora se revisa, si bien resulta abierta el listado de los
derechos o garantías constitucionales y legales cuya violación es susceptible
de nulidad de oficio, de acuerdo con expresa disposición de Ley, por cuanto
éstos, como lo reconoce el artículo 22 de la Constitución,
no están totalmente enunciados en el texto de la misma y corresponderá, entonces,
al intérprete determinar si el derecho que resulta lesionado corresponde a
aquéllos que, por inherentes a la persona humana, deben ser considerados con
rango constitucional y, por consiguiente, tutelables, mediante la nulidad de
oficio, de acuerdo con lo que establece el artículo 191 del Código Orgánico
Procesal Penal”. (Vid. Sentencia número 3242 del 12 de diciembre de 2002).
Por
otra parte, en lo que respecta a la denuncia de la reforma en perjuicio en la
que incurrió la Sala
de Casación Penal al anular el fallo de la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en
consecuencia, condenar a los ciudadanos HENRY PRADA
GÓMEZ y REYES RAFAEL CUMACHE a cumplir la pena de doce años de presidio por la comisión del delito de
homicidio intencional a título de dolo eventual, la Sala estima preciso acotar,
lo siguiente:
La prohibición de la reformatio in peius es una
garantía fundamental que forma parte del derecho al debido proceso y tiene por
finalidad evitar que el imputado sea sorprendido ex officio con una
sanción que no ha tenido oportunidad de rechazar. Por lo que su naturaleza es,
además de limitar al poder punitivo del Estado, la de garantizar la efectividad
del derecho fundamental de defensa y de favorecer al condenado con la revisión
de la sentencia respecto a las pretensiones solicitadas, garantizando así la
operatividad del sistema acusatorio.
La consagración legal de la prohibición de reformatio
in peius nace en razón de la necesidad de preservar el principio acusatorio
para alcanzar la mayor independencia y equilibrio del juez, sin que éste pueda
anular o sustituir las funciones atribuidas a las partes en el proceso. Dicha
prohibición se sostiene sobre tres puntales: la máxima “tantum apellatum,
quanto devolutum”, el principio de impetración y el principio acusatorio.
Los dos primeros son formulaciones diferentes de una misma situación: la
disponibilidad de los derechos o el principio dispositivo; mientras que, el
principio acusatorio comporta el requisito de contradicción en el proceso
penal, referido a su vez a garantizar la posición acusadora, la defensora y la
relación entre ambas.
A juicio de esta Sala, la Sala de Casación Penal de
este Máximo Tribunal, en la sentencia cuya revisión se solicitó incurrió en un
evidente error de interpretación de la norma que consagra la prohibición de
reforma en perjuicio, lo cual atenta contra la tutela judicial efectiva en lo
que respecta al derecho a obtener una resolución de fondo razonable, congruente
y fundada en derecho, con estricto apego a una adecuada interpretación de las
normas legales de conformidad con los preceptos constitucionales y en el
sentido más favorable para el ejercicio del derecho fundamental.
En efecto, la
Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, a pesar de “desestimar
por manifiestamente infundados”, los recursos de casación
interpuestos por el Ministerio Público y por la defensa de los acusados Henry
Prada Gómez y Reyes Rafael Cumache, de oficio anuló el fallo de la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sólo en lo
referido al cuerpo del delito y la culpabilidad de los precitados acusados, en
razón de lo cual los condenó a cumplir la pena de doce años de presidio por la
comisión del delito de homicidio intencional a título de dolo eventual.
Como se aprecia, a la Sala de Casación Penal no le era
dable declarar la nulidad de oficio de la decisión impugnada, menos aún
condenar a los acusados, ya que ello comportó la actuación de dicha Sala fuera
de su competencia, toda vez que “desestimados” los recursos de casación
interpuestos por el Ministerio Público y la defensa de los acusados –hoy
solicitantes-, dicha “desestimación” originó la confirmación de la
decisión impugnada, la cual en consecuencia adquirió el carácter de sentencia
definitivamente firme, tal como lo ha establecido esta Sala en innumerables
decisiones, entre otras, la del 15 de
octubre de 2002 (Caso: Directiva del Consejo Nacional Electoral), donde apuntó:
“(...) la referida inadmisibilidad del recurso de casación, que decretó la Sala de Casación Penal,
produjo, como principal e inmediato efecto procesal, la confirmación de la
decisión que, mediante el mismo, fue impugnada por el Ministerio Público y
la cual, como consecuencia, adquirió la cualidad de sentencia definitivamente
firme. Con tal declaratoria, la
Sala de Casación Penal agotó su competencia dentro del
predicho proceso penal (…)”, y
la del 25 de junio de 2003 (Caso: José
Benigno Rojas y otros) donde igualmente apunto: “(…)Sin embargo, la referida Sala de Apelaciones, a pesar de la
declaratoria de inadmisibilidad del recurso, que le impide a la alzada entrar a
resolver cuestiones inherentes al mérito del mismo, por cuanto dicha
declaratoria de inadmisibilidad conlleva como principal e inmediato efecto
procesal, la confirmación de la decisión que, mediante el recurso, fue
impugnada y, a su vez le agota su competencia dentro del predicho proceso
penal, produjo una decisión que contiene otros dispositivos, como son la
desaplicación por control difuso de la Constitución de los numerales 11 y 12 de la Resolución
Administrativa No. 1429 de la Dirección Ejecutiva
de la Magistratura
y la nulidad absoluta de oficio de todas las actuaciones realizadas por el
Juzgado Quincuagésimo de Control con ocasión a la solicitud del Ministerio Público”. (Resaltado de este
fallo).
Por otra parte, a juicio de la Sala, la referida declaración
de desestimación de los recursos ejercidos, por parte de la Sala de Casación Penal,
estableció derechos subjetivos a favor de los ciudadanos HENRY PRADA GÓMEZ y REYES RAFAEL CUMACHE,
ya que al no encontrarse presente -en el proceso penal que se les siguió-
alguna de las causales taxativas de nulidades absolutas previstas en el
artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la nulidad decretada y, en
consecuencia la condenatoria impuesta –doce años de presidio por la comisión
del delito de homicidio intencional a título de dolo eventual- contrarió la
prohibición legal de la reformatio in peius, según lo que dispone el
artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que, a los
prenombrados ciudadanos se les había sobreseído la causa, en virtud de la
prescripción de la acción penal para perseguir el delito de producción de
incendio en forma culposa.
Por último, encuentra esta Sala, que en la
sentencia objeto de revisión, a la par se obvió la interpretación y aplicación
de la norma contenida en el artículo 24 Constitucional, omisión que
indudablemente produjo un efecto de relevancia constitucional, al ser anulado
de oficio un fallo, cuya nulidad produjo una condena penal por un delito por el
cual no se les había formulado cargos a los acusados.
En el presente caso, los hechos objeto del proceso
se cometieron bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, texto
adjetivo que facultaba al juez en sentencia -sin sujeción al cumplimiento de
algún requisito- a atribuirle a los hechos una calificación distinta de la que
en los cargos le hubiera dado el Fiscal del Ministerio Público –artículo 295-.
Ello era así, en virtud del carácter inquisitivo que regía en el proceso.
En el nuevo sistema penal -de corte
predominantemente acusatorio-, también le está permitido al juez el cambio de
la calificación jurídica, siempre y cuando advierta al acusado de esa
posibilidad, a fin de garantizar el derecho a la defensa.
En el caso de autos, durante el curso del proceso
iniciado y tramitado bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, en
ningún momento se les advirtió a los acusados de la posibilidad de un cambio en
la calificación jurídica que a los hechos dio el Ministerio Público, en su
escrito de formulación de cargos, en razón que dicha advertencia no estaba
contemplada en el referido texto legal. El principio de congruencia entre
sentencia y acusación, es la garantía para el acusado de no ser condenado por
un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida su
ampliación, o en al auto de apertura a juicio, si previamente no fue advertido
por el juez sobre la posible modificación de la calificación jurídica.
Siendo ello así, el cambio de la calificación
jurídica que dio la Sala
de Casación Penal, a los hechos objeto del proceso, obviamente sin advertir
sobre dicha posibilidad a los acusados, pero, sobre la base de la solicitud
formulada por el Ministerio Público en su recurso de casación –desestimado por
manifiestamente infundado-, y la condenatoria impuesta a éstos, no sólo
comportó la aplicación retroactiva de la ley, sino además en su perjuicio.
Por
ello, a criterio de la Sala,
la sentencia No. 159 dictada el 14 de mayo de 2004, por la Sala de Casación Penal de
este Máximo Tribunal, infringió garantías fundamentales consagradas en la Constitución. En
razón de lo cual, la Sala
declara que ha lugar la solicitud de revisión formulada y, en consecuencia,
anula la referida sentencia sólo en lo que respecta a la nulidad de
oficio del fallo dictado el 13 de junio de 2003, por la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto a la
comprobación del cuerpo del delito y la culpabilidad de los ciudadanos Henry
Prada Gómez y Rafael Reyes Cumache, y la
consecuente condena a cumplir la pena de doce años de presidio por la comisión
del delito de homicidio intencional a título de dolo eventual, tipificado en el
artículo 407 en relación con el artículo 74.4, ambos del Código Penal. En
consecuencia, la Sala
declara firme -con autoridad de cosa juzgada- el fallo dictado el 13 de junio
de 2003, por la Sala
Accidental Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la
desestimación por manifiestamente infundado del recurso de casación propuesto
por la representación del Ministerio Público y la defensa, respectivamente, y
así se declara.
Finalmente, causa a la Sala estupor, que en la causa
penal que dio origen a la presente solicitud, de indudable relevancia social
debido al grave daño ocasionado por la comisión de un hecho punible que
ocasionó la muerte a cuarenta y dos personas y lesiones a catorce, la justicia
penal –incluidos todos sus actores- no haya podido emitir un veredicto que
establezca responsabilidades contra los sujetos que –en su oportunidad- fueron considerados
como partícipes del mismo. Casos como éste son los que desdicen del sistema de
justicia y atentan contra el Estado social de Derecho y de Justicia proclamado
en el artículo 2 de la
Constitución, motivo por el cual la Inspectoría General
de Tribunales debe averiguar que ocurrió en el juzgamiento de los supuestos
reos del delito de homicidio, sea culposo o doloso.
Decisión
Por
las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República por
autoridad de la Ley,
dicta los siguientes pronunciamientos:
1.- Declara
QUE HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los abogados LUISA
AMELIA CARRIZALEZ, MOISÉS GUIDON GALLEGO y ALEXIS CALCAÑO LASTRA,
en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos HENRY PRADA GÓMEZ y
RAFAEL REYES CUMACHE, de la decisión de la Sala de Casación Penal No.
159 del 14 de mayo de 2004.
2.- ANULA
la referida sentencia No. 159 del 14 de mayo de 2004, sólo en lo que
respecta a la nulidad de oficio del fallo dictado el 13 de junio de 2003, por la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto a la
comprobación del cuerpo del delito y la culpabilidad de los ciudadanos Henry
Prada Gómez y Rafael Reyes Cumache, y la
consecuente condena a cumplir la pena de doce años de presidio por la comisión
del delito de homicidio intencional a título de dolo eventual, tipificado en el
artículo 407 en relación con el artículo 74.4, ambos del Código Penal.
3.-
Declara DEFINITIVAMENTE FIRME -con
autoridad de cosa juzgada- el fallo dictado el 13 de junio de 2003, por la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la
desestimación por manifiestamente infundado del recurso de casación propuesto
por la representación del Ministerio Público y la defensa, respectivamente.
Publíquese y regístrese.
Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala de Casación Penal de
este Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Accidental
Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas y a la
Inspectoría General de Tribunales.
Archívese el expediente.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de mayo de
dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146°
de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Luisa
Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro
Rafael Rondón Haaz
Luis Velázquez Alvaray
Francisco
Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Arcadio
Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 04-1813
JECR/
