Magistrado Ponente: JUAN JOSé MENDOZA JOVER

Exp. 16-0182

 

 

El 24 de febrero de 2016, el abogado JESÚS SALVADOR RENDÓN CARRILLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 19.890, actuando en su propio nombre, presentó solicitud de revisión constitucional de la sentencia n°. 000613 dictada el 15 de octubre de 2015, por la Sala de Casación Civil, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por el demandante contra la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

El 24 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

En fecha 17 de mayo de 2016, se dictó sentencia n°. 384, mediante la cual se ordenó al Juez a cargo del Tribunal Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que remita copia certificadas del expediente N° AN3-V-1999-000007.

El 15 de junio de 2016, se deja constancia de la recepción ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Oficio n. ° 2016-283, mediante el cual el abogado Nelson Gutiérrez Cornejo, Juez Décimo de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite información solicitada por esta Sala.

 

El 08 de julio de 2016, se deja constancia de la recepción ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Oficio n. ° 2016-309, de fecha 01 de julio de 2016, mediante el cual el abogado Nelson Gutiérrez Cornejo, actuando en su carácter de Juez Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite información solicitada vía telefónica por esta Sala.

 

En escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el 27 de julio de 2016, el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, actuando en nombre propio, solicitó se declare con lugar la presente causa.

 

El 11 de agosto de 2016, esta Sala Constitucional dictó sentencia n. ° 712, mediante la cual ordena al Juez del Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remita copia certificada de la totalidad del expediente N°AH1B-V-2008-000230.

 

El 22 de septiembre de 2016, se deja constancia de la recepción ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Oficio n. ° 076-2016, de fecha 21 de septiembre de 2016, mediante el cual el ciudadano Juan Pablo Torres Delgado, en su condición de Juez Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, suministra información solicitada por esta Sala.

 

El 28 de septiembre de 2016, se deja constancia de la recepción ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Oficio n. ° 554-16, de fecha 27 de septiembre de 2016, mediante el cual la abogada Maritza Betancourt, Juez Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, suministra información solicitada por esta Sala.

 

El 19 de octubre de 2016, fue presentado escrito ante la Secretaría de esta Sala, mediante el cual el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, actuando en nombre propio, solicita se requiera la remisión original.

 

El 24 de enero de 2017, fue presentado escrito ante la Secretaría de esta Sala, mediante el cual el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, actuando en su propio nombre, ratifica solicitud de pronunciamiento en la presente causa.

 

El 01 de noviembre de 2017, fue presentado escrito ante la Secretaría de esta Sala, mediante el cual el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, actuando en su propio nombre, ratifica solicitud de pronunciamiento en la presente causa.

Revisados los recaudos que acompañan a la presente solicitud, pasa esta Sala a decidir sobre la base de las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

Del histórico de las actas procesales que dieron origen a la presente solicitud de revisión, es preciso destacar las siguientes:

En el año 1997 ante el entonces Tribunal 1° de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue interpuesta demanda de cobro de bolívares por la sociedad mercantil Administradora Elite, C.A. contra el hoy peticionante, actuando la sociedad mercantil referida previa autorización plasmada en Acta de Reunión de Junta de Condominio del Edificio Sur-2 de fecha 28 de noviembre de 1996. (Folios 33-34 del Anexo 01).

En la oportunidad de dar contestación a la demanda interpuesta por la sociedad mercantil Administradora Elite, C.A, el hoy peticionante consignó las misivas destinadas al Presidente y demás miembros de la Junta de Condominio del Edificio Sur-2 en donde les participa el pago efectuado correspondiente a su alícuota en la cuenta bancaria de la entidad de Ahorros y Préstamo La Vivienda.

En fecha 23 de junio de 1999, la Junta de Condominio del referido Edificio, notifica a la sociedad mercantil Administradora Elite, C.A, su voluntad de prescindir de sus servicios. (Folio 126 del Anexo 1).

En consecuencia, en fecha 21 de septiembre de 2000, la apoderada judicial de la sociedad mercantil Administradora Elite, C.A, renuncia mediante diligencia ente el Juzgado Décimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, del poder que le fuere otorgado.

En fecha 15 de febrero de 2001, previa notificación librada a la Junta de Condominio del Edificio Sur-2, el ciudadano Joao Henriques Da Fonseca, actuando como miembro de la referida Junta de Condominio y previa autorización por la misma, manifiesta su voluntad de continuar con la demanda por cobro de bolívares contra el ciudadano Jesús Salvador Rendón. Asimismo, consignó la solicitud que plantearan ante el Tribunal Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, de facultar expresamente a la Junta de Condominio para que efectúe todas las actividades propias de la administración del edificio establecidas en el artículo 20 de la ley de Propiedad Horizontal, siendo esta acordada por el Tribunal constituyéndose éste en fecha 19 de octubre de 1999, autorizando como Administradores del Edificio Sur-2; a los ciudadanos Jesús Miguel Idrogo, Alexis Garrido Soto, Josefina Valle y Joao Henriques Da Fonseca quedando estos legitimados para la autogestión del inmueble. (Folio 148 – 152 del Anexo 01).

En fecha 21 de julio de 2004, el ciudadano Pedro Ramón Álvarez, en carácter de Secretario de la Junta de Condominio del Edificio Sur-2, autorizado por Acta de Reunión de Junta de Condominio del Edificio Sur-2 celebrada en fecha 17 de mayo de 2004, desiste de la acción y del procedimiento incoado en contra del ciudadano Jesús Salvador Rendón.

En fecha 25 de agosto de 2004, el Tribunal Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, previo consentimiento expreso del ciudadano Jesús Salvador Rendón, impartió homologación del desistimiento de la acción y procedimiento efectuado el 21 de julio de 2004, asimismo, revocó la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar decretada en fecha 03 de noviembre de 1997.

            Precisado lo anterior, el hoy peticionante en fecha 07 de marzo de 2006, demandó por daño moral y patrimonial a los copropietarios a través de la Junta de Condominio, fundándola en el supuesto daño sufrido por más de siete (7) años.

De seguidas informó que tras convocatoria del 26 de abril de 2006, por la Junta Directiva del Condominio, se celebró en fecha 04 de mayo de 2006, una Asamblea Extraordinaria donde se aprobó por todos los asistentes; el pago de una suma de dinero como indemnización y la publicación de una carta de disculpa en donde se solicitaría al hoy peticionante el desistimiento de la demanda, señala el hoy solicitante que visto lo anterior, procediendo de buena fe, desistió del procedimiento reservándose la acción.

Alega que ante el incumplimiento de lo acordado en la referida Asamblea Extraordinaria el 04 de mayo de 2006, es por lo que nuevamente demandó por daños morales y patrimoniales contra los copropietarios del Edificio Sur-2, siendo ésta admitida en fecha 10 de marzo de 2008, asimismo señala que se mantuvo durante todo este tiempo la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre su oficina; siendo este el denunciado por el hoy solicitante como el hecho generador de los daños.

Asimismo, alega que conjuntamente con la demanda solicitó se le acordare una medida cautelar, sin embargo, denuncia que el Tribunal emite un auto condicionándolo, contraviniendo –a su decir- lo normado en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil y la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

Por tal situación, en fecha 08 de agosto de 2008, consigna escrito sobre la solicitud de medida cautelar, donde por auto de fecha 29 de julio de 2010 se incurre –a su decir- en el mismo error que el Juez que lo antecede, ante lo cual consignó nuevo escrito del cual denuncia nunca obtuvo pronunciamiento y en consecuencia alega se incurrió en un silencio procesal.

Señaló que transcurridos (03) años luego de admitida la demanda; se logra la citación de la demandada en fecha 15 de febrero de 2011, quien consignó escrito en fecha 17 de marzo de 2011, oponiendo las excepciones contempladas en el artículo 267 del ordinal 1°, artículo 346 ordinales 4° y 6°, también los ordinales 2° y 3° del artículo 340 todos del Código de Procedimiento Civil; señaló que “la demandada alego (sic) la falta de cualidad, pero nunca la probó y los juzgadores obviaron la doctrina jurisprudencial: ‘quien alega algo debe probarlo’, tristemente, los jueces de instancia y la Sala de Casación Civil, se limitaron a darle valor probatorio a los dichos de la demanda, sin probatoria alguna”. (Subrayado del escrito).

En fecha 12 de agosto de 2013, el Juez de instancia dictó decisión declarando la extinción del proceso, ante la cual se interpuso recurso de apelación en fecha 18 de septiembre de 2013, obteniendo como declaratoria en fecha 29 de enero de 2014 sin lugar la apelación, en consecuencia, fue confirmada la decisión de instancia.

            Alegó el solicitante que ante las presuntas omisiones procesales, documentos públicos y jurisprudenciales del Máximo Tribunal de la República, se anunció recurso de casación en fecha 13 de marzo de 2015, en contra de la sentencia proferida el 29 de enero de 2014 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas.

            Que, en fecha 15 de octubre de 2015, la Sala de Casación Civil dictó sentencia n.° 613, en la cual declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por el hoy solicitante contra la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

II

ALEGATOS DEL SOLICITANTE

 

Alegó el solicitante como fundamento de la revisión extraordinaria que plantea, la supuesta existencia de omisiones procesales que afectaron el orden público y la garantía constitucional del debido proceso y del derecho a la defensa, en las cuales -a su decir- incurrieron los Tribunales de Instancia y la Sala de Casación Civil. 

En este sentido, alega que tras la demandada oponer excepciones fundamentándose en el artículo 267 ordinal 1°, artículo 346, ordinales 4° y 6°, también los ordinales 2° y 3° del artículo 340, todos del Código de Procedimiento Civil, y no probarlas, el juzgador obvió la doctrina jurisprudencial: “quien alega algo debe probarlo”, y se limitó a darle valor probatorio a los dichos de la demandada, sin probatoria alguna.  

Que, la declaratoria de extinción del proceso en el juicio por daños materiales y morales, en fecha 12 de agosto de 2013, desconoce el criterio reiterado de la Sala Constitucional sobre la validez de interponer por anticipado y lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.

            Denunció que al no realizar acto de informes la parte demandada y presentar observaciones al informe de la actora, violenta en consecuencia, el principio establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, y ante la presunta violación la Jueza Superior no se pronunció y en sentencia de la Sala de Casación Civil no se corrigió.

            Asimismo, señaló que los juzgadores contrariaron lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y todo lo relativo a lo consagrado en los artículos 506, 509, y 510 eiusdem, en virtud de que -a su decir- le dieron valor probatorio a los argumentos de la parte demandada en cuanto a no tener cualidad de representación sin que estos últimos lo hayan probado. 

            Que, la Jueza Cuarta Superior -a su decir- no realizó una narrativa como era su deber procesal, ni acto procesal alguno, en la búsqueda de la verdad verdadera de los hechos, omitiendo las impugnaciones y defensas interpuestas; tergiversó la sentencia de la Sala Civil, y no sentenció de forma expresa, positiva y precisa con arreglo a las excepciones y defensas opuestas; infringiendo los artículos 12, 15 y 243 ordinales 3° y 5° del Código de Procedimiento Civil, asimismo, señala que esta situación no fue considerada por la Sala de Casación Civil.

            En definitiva, señaló que a pesar de todo lo alegado y probado -a su decir- en autos, la Sala de Casación Civil emitió decisión a través de la cual considera que la Jueza antes indicada actuó ajustada a derecho y no incumplió su deber procesal, limitándose a repetir lo alegado por la demandada, el Juez de Instancia y la Jueza Superior, en contravención de lo declarado en decisión de la misma Sala de Casación Civil del 23 de marzo de 2004, con ponencia del Dr. Carlos Oberto Vélez, en consecuencia, denuncia que la decisión de la Sala de Casación Civil, de la cual hoy solicita revisión, convalida el desconocimiento de las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, el silencio de los alegatos de la actora y concluye en una omisión agravada del deber procesal de buscar la verdad verdadera de los hechos y aplicar las máximas de experiencias.

 

III

De la Sentencia cuya revisión se solicita

 

El 15 de octubre de 2015, la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal dictó sentencia n°. 613/2015,  fundamentándose en los siguientes argumentos:

 

(…) En la presente denuncia el formalizante plantea que la sentencia impugnada incurrió en el vicio de incongruencia al no emitir pronunciamiento positivo acorde a las impugnaciones que fueron expuestas por éste a través de sus defensas.

En relación con la denuncia, es oportuno señalar que el Juez de Alzada puntualizó lo siguiente:

“…De modo pues, que ha sido criterio imperante tanto en la legislación, como en la doctrina establecida por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, que una vez que sean declaradas con lugar las cuestiones previas a que se contraen los ordinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el curso de un proceso se suspende, hasta que la parte accionante subsane los defectos u omisiones, tal y como se indica en la disposición normativa contenida en el artículo 350 del referido Código, en el término de cinco (05) días, contados a partir de la decisión, sentencia, pronunciamiento, del Juez de la causa; y, que si el demandante no realiza la debida subsanación de dichos defectos u omisiones en plazo correspondiente, acarrea la cuestión jurídica de la extinción del proceso, con la producción del efecto indicado en el artículo 271 del mencionado Código, es decir, que el actor no podrá volver a proponer la demanda, antes de que trascurran noventa (90) días continuos.

(…Omissis…)

En este orden de ideas, se evidencia que en la decisión dictada por el a quo, en fecha treinta (30) de abril de dos mil trece (2013), declaró como no subsanada las cuestiones previas contenidas en los ordinales 4° y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; y, en consecuencia, suspendió el proceso, hasta tanto y en cuanto la parte accionante no subsanara los defectos u omisiones de conformidad a lo estatuido por los artículo 350 y 354 del mismo Código; y, es el día trece (13) de junio de dos mil trece (2013), que la parte demandante, presentó un escrito de subsanación de las cuestiones previas declaradas con lugar por el Juzgado de la causa.

Ahora bien, considera esta Juzgadora que el punto controvertido en la presente incidencia, no versa sobre la extemporaneidad o no del escrito de subsanación presentado por la parte accionante, aun cuando se constate que el mismo fue presentado de manera tempestiva, sino sobre si el escrito consignado por el actor, cumplió con lo ordenado por el Tribunal en la sentencia recurrida y con los parámetros normativos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, específicamente en su artículo 350.

Considera además esta Sentenciadora, que se constata en el escrito de subsanación de cuestiones previas presentado por el demandante, ante el Juzgado de primer conocimiento de la causa, …en el cual se limitó a dar una serie de explanaciones y explicaciones en base a diversas jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, sin la correcta subsanación de las cuestiones previas declaradas con lugar por el Juzgado de la causa, es decir, sin corregir los defectos u omisiones en que había incurrido; por lo que, a criterio de quien aquí decide, el accionante no cumplió con lo ordenado por el Juez en la sentencia recurrida, ni con la correcta subsanación prevista en el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, ya que el actor solo debía limitarse a realizar la subsanación de las cuestiones previas… (Resaltado de la decisión).

Visto lo anterior, la Sala pasa a pronunciarse sobre el vicio de incongruencia del que presuntamente adolece la sentencia recurrida, y al efecto observa:

El denominado vicio de incongruencia surge cuando el juzgador altera o modifica el problema judicial debatido entre las partes, bien porque no resuelve sólo lo alegado por éstas, o bien porque no resuelve sobre todo lo alegado por los sujetos del litigio, en tal razón, el principio de exhaustividad debe entenderse como aquel deber que tiene el Juez de pronunciarse sobre todos los alegatos y peticiones realizadas por las partes, aunque sea para rechazarlas por extemporáneas, infundadas o inadmisibles, ya que de no hacerlo, el fallo que al efecto se pronuncie, adolece del vicio de incongruencia negativa, conocido asimismo, como citrapetita u omisión de pronunciamiento.

De allí que el vicio de incongruencia negativa, constituya una infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, ya sea porque el sentenciador no decide todo lo alegado en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Vid. sentencia N°443del 30 de julio de 2013, Exp. N° 2012-602).

Realizadas estas consideraciones, la Sala observa que en el presente caso el formalizante sostiene que el juez ad quem no emitió pronunciamiento positivo y preciso acorde a las impugnaciones y defensas; no realizó acto procesal alguno, en la búsqueda de la verdad de los hechos, incurriendo en el vicio de incongruencia, evidenciándose adicionalmente que no hay narrativa en la sentencia recurrida; incurriendo en violación de la Ley del artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, negando darle valor por anticipado al escrito mediante el cual se subsanaba las cuestiones previas.

Así las cosas, se aprecia claramente de la transcripción de la recurrida que la parte actora en la oportunidad de subsanar las cuestiones previas ante el tribunal de primera instancia, se limitó a dar una serie de explicaciones con base en diversas jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, sin la correcta subsanación de las cuestiones previas declaradas con lugar por el Juzgado de la causa, es decir, sin corregir los defectos u omisiones en que había incurrido, incumpliendo con lo ordenado por el Juez en la sentencia que ordenó dicha subsanación.

En tal sentido, aprecia esta Sala de Casación Civil que tal alegato fue atendido y resuelto por el juez de alzada, aunque en sentido adverso a la parte actora, pero a fin de cuentas ateniéndose, a lo alegado y probado en autos, al considerar como no cumplida la subsanación de las cuestiones previas de acuerdo con lo previsto en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, que dio como resultado la extinción del proceso.

Por las razones antes expuestas, esta Sala al no observar en el fallo recurrido el vicio de incongruencia delatado por el formalizante, declara improcedente la presente delación, por supuesta infracción de los artículos 243 ordinales 3° y 5°, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

El formalizante a través de su delación pretende demostrar que el Juez de la recurrida incurrió en el vicio de ultrapetita al negarse a emitir pronunciamiento sobre el escrito de subsanación de las cuestiones previas, el cual a su decir no fue considerado suficiente a los efectos de la subsanación, lo que condujo a la Jueza, a una interpretación errada donde negó la cualidad de los miembros de la Junta de Condominio, para declarar la extinción del proceso.

Sobre el vicio de incongruencia positiva, en su modalidad de ultrapetita, esta Sala en sentencia N° 00610, expediente 2004-000833, de fecha 12 de agosto de 2005, en el caso: Rosa Adelaida Peña Paradas contra Terminal Privado Camargüi C.A., citando a su vez decisión del 16 de diciembre de 1964 de la extinta Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo de la Corte Suprema de Justicia, dejó enunciado lo siguiente:

"…Nuestro ordenamiento procesal no define el concepto jurídico de la ultrapetita, pero en su defecto, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado la noción del expresado vicio formal de la sentencia, consistente según ellas en un exceso de jurisdicción del juzgador al decir cuestiones no planteadas en la litis concediendo generalmente; a alguna parte una ventaja no solicitada, o en otros términos, dando más o más allá de lo pedido que es la signación etimológica del vocablo. El deber impuesto a los jueces de evitar la incursión en ultrapetita es consecuencia del principio de congruencia que ha de estar presente en toda sentencia para asegurar la debida correspondencia entre el fallo y el objeto de la litis. A los efectos de la nulidad del fallo, los expositores y la jurisprudencia, han asimilado a la ultrapetita propiamente dicha, el vicio de la extrapetita que se configura cuando el Juez decide sobre materia u objeto extraño al constitutivo de la controversia. Nuestro comentarista Borjas al analizar tal punto expresa que “los jueces no pueden pronunciar sobre cosa no demandada, ni adjudicar mas (sic) de lo pedido; les está prohibido todo cuanto constituya extra o ultrapetita”.

De acuerdo con la doctrina expuesta, se incurre en el vicio de ultrapetita cuando se verifica un exceso de jurisdicción del sentenciador, concediendo a alguna de las partes más de lo peticionado, y aclara que tal exceso se verifica es en el dispositivo del fallo por decidirse en él sobre cosas no demandadas o por haberse otorgado más de lo pedido, excepcionalmente pudiéndose cometer en algunos de los considerandos de la sentencia, cuando ésta contenga una decisión de fondo que apunte a cualquiera de los dos supuestos antes señalados. En conclusión, la ultrapetita se configura cuando el juez decide sobre materia u objeto extraño al constitutivo de la controversia.

De lo supra expuesto, se advierte claramente que los argumentos que sustentan la denuncia transcrita por el formalizante no combate la cuestión de derecho en la cual el Juez de alzada basó su decisión de acuerdo con la cual declara sin lugar la apelación y confirma la sentencia del a quo, corroborando que el recurrente no cumplió con realizar la debida subsanación de las cuestiones previas que trajo como consecuencia la extinción del proceso, invocando en su escrito de subsanación una serie de explicaciones y jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, sin la correcta subsanación de las cuestiones previas declaras con lugar. Frente a este pronunciamiento de la recurrida, el formalizante, sólo se limita a hacer alegatos genéricos que entremezclan diversas delaciones que no permiten a la Sala entender en qué hecho concreto considera que en el dispositivo de la sentencia recurrida se excedió en los términos de la litis.

En consecuencia, se desecha, la presente denuncia, sin pasar a conocer el mérito de la misma por defecto en su fundamentación. Así se decide.

El formalizante realiza un planteamiento que hace imposible a esta Sala sustraer el vicio que pretende delatar, no siendo dable inferir la intención del recurrente expuesta en sus alegatos.

Ante tal desconocimiento de la técnica casacional, esta Sala dejó expuesto en sentencia N° RC.000260 de fecha 13 de mayo del presente año, suscrita por el ponente del presente fallo, lo siguiente:

No le es dable a la Sala inferir la intención del recurrente, que de hacerlo estará supliendo una obligación propia de éste y asumiendo funciones que si bien no le son ajenas, no se corresponden a la inherencia como tribunal de derecho que es; ya que la precisión y claridad son cargas inexcusables del formalizante, que van dirigidos a demostrar a la Sala que de existir la infracción por la recurrida, el mismo fue determinante del dispositivo del fallo, ya que en caso contrario, estaríamos ante una casación inútil.

Todo lo anteriormente expuesto, impide volcar la flexibilidad abanderada por la Sala, de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para determinar el sentido propio de la denuncia. En consecuencia, visto que lo expuesto por el formalizante carece de manera absoluta de la necesaria técnica en su fundamentación, emerge para el caso particular los efectos previstos en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, para declararlo perecido, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.” (Resaltado de la decisión).

En razón a lo supra expuesto, ha evidenciado esta Sala que el recurrente denuncia la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 5°, 401 y 435 del Código de Procedimiento Civil, concatenados con los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, todos bajo el amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, mezclando denuncias de forma y fondo sin indicar -nuevamente- cuál error de juzgamiento le atribuye a las referidas normas, incumpliendo la técnica básica del escrito de formalización, en virtud de las razones ya explicadas en las denuncias que anteceden, las cuales se dan por reproducidas.

Al haber desestimado las denuncias del escrito de formalización, el recurso de casación será declarado sin lugar en el dispositivo del fallo. Así se decide.

 

 

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

En primer lugar, pasa esta Sala a pronunciarse sobre su competencia para conocer de  la presente solicitud de revisión, y al respecto, se observa que el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de:

 

Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por  la ley orgánica respectiva.

 

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes consiste en la intención final de la Sala Constitucional de ejercer su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del texto Fundamental, y a su vez contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,  en su numeral 11, en los siguientes términos: 

 

Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

(…)

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.

 

Ahora, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de sentencia n.° 613/2015 dictada en fecha 15 de octubre de 2015, por la Sala de Casación Civil, esta Sala resulta competente conforme a lo establecido en el numeral 11 del artículo 25 antes citado,  para conocer la misma. Así se declara.

 

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinada como ha sido la competencia para conocer de la presente solicitud de revisión constitucional, esta Sala observa que se ha solicitado la revisión de la sentencia n.° 613/2015 dictada en fecha 15 de octubre de 2015, por la Sala de Casación Civil, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado por el demandante contra la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Se hace notar, además, que la presente solicitud de revisión de decisión firme no se encuentra incursa en las causales de inadmisión previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que se acompañaron los documentos indispensables para verificar la admisión de la misma, en este sentido también se verificó la legitimidad del solicitante para intentar la presente solicitud de revisión constitucional.

Dicho esto, en primer término considera importante esta Sala indicar que la revisión de sentencias ha sido concebida como una vía extraordinaria tendiente a preservar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales y para corregir graves infracciones a sus principios o reglas, estando la Sala en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla, por tratarse de una potestad discrecional, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes. Así quedó sentado en sentencia n.° 93 del 6 de febrero de 2001, que la facultad de revisión es “(…) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)”, por ello “(…) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”, por ello “(…) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión  ‘(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’ (…)”.

Asimismo, se insiste en que “(…) la revisión no constituye una tercera instancia, ni un instrumento ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad no es la resolución de un caso concreto o la enmendadura de ‘injusticias’, sino el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica (…)” (Sentencia de esta Sala Nº 2943/2004 del 14 de diciembre).

A su vez, resulta pertinente advertir que esta Sala, al momento de ejercer su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan el cuestionamiento de actos jurisdiccionales que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala, como ya se señaló, tenga facultad para la desestimación de cualquier solicitud de este tipo, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que la misma, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que la caracteriza.

Ahora bien,  el origen de la solicitud de revisión de la sentencia dictada por la referida Sala de Casación Civil, radica en la supuesta existencia de omisiones procesales que afectaron el orden público, y la garantía constitucional del Debido Proceso y del Derecho a la Defensa, lo cual –a decir del peticionante- se configura en un sacrificio de la justicia por una formalidad técnica que la Ley no prevé, confirmando en definitiva la decisión del referido Juzgado Superior Cuarto, en cuanto a la extinción del proceso por la supuesta falta de subsanación de la cuestión previa establecida en el ordinal 4° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la cual denuncia adolece de vicio de incongruencia y a su vez conculca el principio de exhaustividad.

Este Máximo Tribunal evidencia de las actas procesales que la Sala de Casación Civil, al fundamentar su decisión declaró improcedente la denuncia respecto al vicio de incongruencia con base en que “…se aprecia claramente de la transcripción de la recurrida que la parte actora en la oportunidad de subsanar las cuestiones previas ante el tribunal de primera instancia, se limitó a dar una serie de explicaciones con base en diversas jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, sin la correcta subsanación de las cuestiones previas declaradas con lugar por el Juzgado de la causa, es decir, sin corregir los defectos u omisiones en que había incurrido, incumpliendo con lo ordenado por el Juez en la sentencia que ordenó dicha subsanación. En tal sentido, aprecia esta Sala de Casación Civil que tal alegato fue atendido y resuelto por el juez de alzada, aunque en sentido adverso a la parte actora, pero a fin de cuentas ateniéndose, a lo alegado y probado en autos, al considerar como no cumplida la subsanación de las cuestiones previas de acuerdo con lo previsto en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, que dio como resultado la extinción del proceso”. (Subrayado de esta Sala).

Asimismo, en cuanto a la denuncia del hoy peticionante, respecto al vicio de ultrapetita que –a su decir- adolece el fallo recurrido, al negar la existencia de cualidad de los miembros de la Junta de Condominio, se pronunció la Sala de Casación Civil de la siguiente manera: “…sin la correcta subsanación de las cuestiones previas declaradas con lugar. Frente a este pronunciamiento de la recurrida, el formalizante, sólo se limita a hacer alegatos genéricos que entremezclan diversas delaciones que no permiten a la Sala entender en qué hecho concreto considera que en el dispositivo de la sentencia recurrida se excedió en los términos de la litis. En consecuencia, se desecha, la presente denuncia, sin pasar a conocer el mérito de la misma por defecto en su fundamentación”.

Con base en los argumentos anteriores, la Sala de Casación Civil determinó la imposibilidad de inferir cuál era el vicio que pretendía delatar el ciudadano Jesús Salvador Rendón Carrillo, situación por la cual declara el desconocimiento de técnica casacional básica del escrito de casación, en consecuencia, de ello sin lugar el recurso.

En concatenación con lo anterior, esta Sala ha reiterado de forma pacífica el criterio plasmado en sentencia n.° 708 del 10 de mayo de 2001 (caso: Juan Adolfo Guevara y otros), en relación con la tutela judicial eficaz, siendo el siguiente:

 

(…) El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual si bien no ha sido alegado por los accionantes, puede ser analizado de oficio por el juez constitucional, tal como ya lo ha dicho esta Sala en numerosos fallos. (Subrayado de esta Sala).

 

Asimismo, esta Sala Constitucional, en sentencia n. º 1.340 del 25 de junio de 2002, (caso: Cecilia Pontes Muleiro) señaló que:

 

(...) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado–l (sic) la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley (…).

  

En ese orden, en sentencia n. º 2.036 del 19 de agosto de 2002 (caso: Plaza Suite I C.A.), esta Sala sostuvo que:

  

(...) la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.

 

Conforme a la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal que fueron citadas supra, y que en esta oportunidad se reiteran, la Sala estima que, se denota en confrontación con las actas procesales que el fallo dictado por la Sala de Casación Civil soportó y reiteró un criterio erróneo en cuanto a la ilegitimidad de la Junta de Condominio para comparecer al juicio seguido por daños materiales y morales incoado por el ciudadano Jesús Salvador Rendón Carrillo, siendo que, en la decisión objeto de revisión la referida Sala de Casación Civil determinó en su actividad de juzgamiento que no fue subsanada la cuestión previa alegada y que, en consecuencia, el Juzgado Superior Cuarto no incurrió en los vicios denunciados.

Sobre este punto considera esta Sala necesario referir que la demanda intentada por el peticionante Jesús Salvador Rendón Carrillo por daños materiales y morales, tiene fundamento en el juicio llevado en su contra por la Junta de Condominio del Edificio Sur-2 correspondiente al cobro de bolívares, en el cual se reconoció y autorizó, en sede jurisdiccional, la legitimación de tal Junta de Condominio para efectuar todas las actividades propias de la administración del edificio establecidas en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal, tal como se desprende de la autorización acordada por el Tribunal Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 19 de octubre de 1999. (Folio 148 – 152 del anexo 01).

Presupuesto de hecho el cual observa esta Sala de las actas procesales, fue alegado desde el momento de la subsanación de las cuestiones previas frente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área, quién erró al declarar que tal autorización judicial de autogestión por parte de la Junta de Condominio con las mismas atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal no eran suficientes para la representación de los propietarios en los asuntos concernientes a la administración de las cosas comunes, situación la cual advierte esta Sala se configuró en una lesión a los derechos constitucionales del ciudadano Jesús Salvador Rendón Carrillo, al perpetrarse el vicio de incongruencia al inobservar los alegatos y en definitiva, no resolverlos.

Asimismo, esta Sala Constitucional advierte que lejos de suplir las cargas de las partes los jueces en su actividad jurisdiccional deben estar atentos a los principios que informan el proceso, entre ellos, el principio de exhaustividad mediante el cual tienen el deber de pronunciarse sobre todos los alegatos y peticiones realizadas por las partes, aunque sea para rechazarlas por extemporáneas, infundadas o inadmisibles, en atención a los supuestos de hechos atinentes a cada caso y no darlas por sentado, dado que tal situación implicaría una reducción en la esfera jurídica del justiciable.

En tal sentido, conforme a las consideraciones anteriormente expuestas y por cuanto, en el presente caso se delataron vicios y violaciones constitucionales que tienen origen en la errónea apreciación de los supuestos de hechos señalados ut supra, esta Sala, anula la decisión proferida por la Sala de Casación Civil n.° 613 del 15 de octubre de 2015,  asimismo, para el verdadero restablecimiento del orden procesal general, y buscando salvaguardar el principio de celeridad y economía procesal, consagrado en el artículo 26 de la Constitución, acuerda la nulidad de la decisión del 12 de agosto de 2013 proferida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esa misma Circunscripción Judicial, el 29 de enero de 2014, y se repone al estado en que otro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, le de trámite procesal a la demanda por daños materiales y morales, en los términos expuestos ut supra. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional de la sentencia n.° 613 dictada por la Sala de Casación Civil el 15 de octubre de 2015, intentada por el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, actuando en su propio nombre, en consecuencia, anula el mencionado fallo.

SEGUNDO: SE ANULA la decisión del 12 de agosto de 2013 proferida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, así como, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esa misma Circunscripción Judicial, el 29 de enero de 2014.

TERCERO: SE REPONE la causa al estado en que otro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas le dé trámite procesal a la demanda por daños materiales y morales, atendiendo a lo delatado ut supra.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil y a los Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, así como, al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esa misma Circunscripción Judicial. Cúmplase con lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

El Presidente de la Sala,                                                          

 

 

Juan José Mendoza Jover

                Ponente

 

El Vicepresidente,

 

 

 

                                                                                Arcadio Delgado Rosales

 

Los Magistrados,

 

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

                                                                                                                                                         

Calixto Ortega Ríos

 

 

 

Luis Fernando Damiani Bustillos

 

 

 

 

Lourdes Benicia Suárez Anderson

 

 

 

René Alberto Degraves Almarza

 

 

La  Secretaria,

 

 

 

Mónica Andrea Rodríguez Flores

 

 

Exp. 16-0182

JJMJ