MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

El 19 de noviembre de 2020, se recibió en esta Sala Constitucional el Oficio N° 73/2020 del 4 de septiembre de 2020, mediante el cual el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar, ejercida el 16 de marzo de 2020, por la ciudadana KEIDER ZULEIMER MARTÍNEZ MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 16.415.600, debidamente asistida por el abogado Carlos Andrés Hernández Arias, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 136.194, contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa del 3 de febrero de 2020 que ordenó la ejecución forzosa del acto de remate celebrado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito arriba mencionado, el 8 de enero de 2020.

Dicha remisión se efectuó en virtud de los recursos de apelación ejercidos el 1 y el 2 de septiembre de 2020, por la abogada Lisbeth Carolina Vargas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 90.108, actuando en su carácter de apoderada de la ciudadana Roxana Audelina Espinoza Aguilar, titular de la cédula de identidad N° 10.642.346, tercera interviniente y por la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, ya identificada, respectivamente, contra el fallo dictado el 31 de agosto de 2020, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró entre otras cosas, parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional ejercida.

El 19 de noviembre de 2020, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos.

El 27 de abril de 2022, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.696 Extraordinario del 27 de abril de 2022, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; y los Magistrados Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Ríos y Tania D’Amelio Cardiet.

El 27 de septiembre de 2022, vista la licencia autorizada por la Sala Plena de este Alto Tribunal al Magistrado Calixto Ortega Ríos y la incorporación de la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; y los Magistrados Luis Fernando Damiani Bustillos, Tania D’Amelio Cardiet y Michel Adriana Velásquez Grillet, ratificándose la ponencia al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

La parte accionante, en su escrito consignado el 16 de marzo de 2020, fundamentó su pretensión en los siguientes términos:

En el título identificado como “DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE AMPARO CONTRA SENTENCIA” señaló como antecedentes que: “[el] 08 de marzo de 2018 se [interpuso] demanda de partición en [su] contra por motivo de partición de la comunidad hereditaria, la cual fue admitida y se ordenó [su] emplazamiento como parte demandada, siendo que, [se] enter[ó] de la (…omissis…) demanda en [su] contra en fecha 30 de abril de 2018 (…omissis…) cuando el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medida de los Municipios Páez y Araure del Estado Portuguesa, se constituyó como Tribunal comisionado a ejecutar medida cautelar de secuestro, ordenado por el Juzgado Agraviante, el cual se convirtió tal como se evidencia de acta levantada en una medida de Desalojo (sic), la cual hi[zo] caso omiso por cuanto se [le] vulner[ó] [su] derecho de poseedora legítima como coheredera y posterior a la medida se [le] ordena dar cumplimiento de forma inmediata a la medida de Secuestro (sic) (Desalojo) (…)” Mayúsculas del escrito y corchetes de la Sala).

Que “(…) [en] dicha ejecución (…omissis…) inclusive se deja constancia que resid[e] allí en el inmueble vivienda [de la] cual [fue] desalojada preventivamente (…)” (Corchetes de la Sala).

Que “[d]icha medida fue revocada por [Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa], ordenando [su] restitución al inmueble” (Corchetes de la Sala).

Que “(…) no [se] opus[ó] al procedimiento de partición, por entender que es un bien que no es solamente [suyo], pero que es una vivienda en la que [ella] resid[e] con [su] familia, no [se] opus[o] por cuanto [sabe] que se debe partir, y en virtud de esto el Juzgado Agraviante ordeno (sic) librar notificación a las partes para que comparecieran a nombrar partidor, el cual fue nombrado dándole un irrisorio valor al inmueble de SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 70.000.000,00), aunque por ser una mujer soltera sin trabajo no [pudo] pagar el valor para los otros herederos y cuando lo ofrec[ió] el juzgado [le] negó la solicitud”.

Que “[l]uego de esto al nadie ofrecer dicho valor, se paso (sic) el inmueble a subasta pública, que luego de varios pasos procedimentales se remat[ó] el inmueble en fecha 08 de enero de 2020, el cual fue adquirido por la ciudadana ROXANA AUDELINA ESPINOZA AGUILAR, identificada en el expediente donde cursa el acto lesivo” (Mayúsculas del escrito, corchetes de la Sala).

Que “(…) [el] 03 de febrero del [2020], el JUZGADO AGRAVIANTE, dicto (sic) auto oficiando al Juzgado Ejecutor a los fines de que procediera con la ejecución forzosa sobre el inmueble vivienda constituido por una casa, ubicada en la Urbanización Banco Obrero, calle 22 entre avenidas 33 y 34, identificada con el N° 33-60 en la ciudad de Acarigua Municipio Páez del Estado Portuguesa (…)” Mayúsculas del escrito, corchetes del fallo).

Que en virtud de ello “(…) acud[ió] ante el Juzgado Agraviante y le solicit[ó] mediante escrito que suspend[iera] el desalojo por cuanto no se ha oficiado a SUNAVl en virtud de cumplimiento del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, por cuanto tal desocupación implicaría desposeer[la] de la vivienda de la cual no [tiene] a donde más ir, y que con lo que se [le] pretende dar por el remate es un precio irrisorio no ajustado a la realidad del país, más aun cuando [tiene] hijos menores de edad, que efectivamente deben ser protegidos por el Estado, por cuanto un desalojo o desocupación seria la franca violación al Decreto-ley antes mencionado” (Mayúsculas del escrito, corchetes de la Sala).

Indicó que “[si se hace] un estudio de la jurisprudencia patria referente a este tema en cuanto si no (sic) es o no es aplicable el Decreto contra el Desalojo Arbitrario (sic), [se puede] observar que claramente no es aplicable el Decreto contra el Desalojo o (sic) Desocupación Arbitraria de Vivienda en juicios de partición solo en cuanto al agotamiento de la vía administrativa para acudir a la vía judicial, en otras palabras , no hay necesidad de agotar la vía administrativa para intentar demandas de particiones, sin embargo, se puede inferir claramente que esto tiene un límite, solo hasta la sentencia declarativa de la existencia de la comunidad, los bienes a partir y la porcentajes correspondientes, lo cual conforma la primera etapa del juicio de partición” (Corchetes de la Sala).

Que “(…) se entiende de lo antes citado que para el inicio de la segunda etapa de la partición si existe un inmueble destinado a vivienda el cual está siendo ocupado por uno de los comuneros utilizándolo como vivienda principal familiar, entonces se tendrá que suspender el procedimiento en cuanto a dicho inmueble hasta tanto no se notifique al Ministerio de Vivienda y Habitat (sic), a los efectos de proveer un refugio temporal, por lo que no se podrá rematar el inmueble por cuanto hacerlo implica una desposesión del inmueble objeto de partición”.

Que “(…) en el expediente C-2018-001446, que cursa por ante el Juzgado Agraviante, se evidencia que se tramito (sic) la primera etapa del juicio de partición de la comunidad hereditaria, y se pasó a la segunda etapa inclusive rematando el inmueble que [está] actualmente habitando con [su] familia, y se dictó orden desalojo oficiando al Juzgado Ejecutor de Medidas, de esta forma violentando[se] flagrantemente el Debido (sic) Proceso (sic), y el Derecho (sic) a la Vivienda (sic) establecido ambos en la carta magna (sic)” (Corchetes de la Sala).

En el título identificado como “SOBRE EL ACTO JURISDICCIONAL OBJETO DE AMPARO” indicó que “[e]l acto jurisdicción lesivo es el auto de fecha 03 de febrero del [2020], que orden[ó] el desalojo de la vivienda el cual lesión[ó] [su] derecho constitucional al debido proceso y el derecho a la vivienda” (Mayúsculas del escrito, Corchetes de la Sala].

Finalmente, en el título denominado “DEL PETITORIO” solicitó “(…) SE ANULEN TODOS LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE LA PARTICIÓN, LO CUAL ES EL ACTO DE REMATE Y LOS ACTOS SUBSIGUIENTES [y] (…) [s]e ordene la Suspensión (sic) del Desalojo (sic) y/o Desocupación (sic) Arbitraria (sic) del inmueble vivienda objeto de la partición, mediante el auto de fecha 03 de febrero de 2020 dictado por el Juzgado Agraviante (…)” (Mayúsculas del escrito, corchetes de la Sala).

Posteriormente, en el escrito consignado el 22 de mayo del 2020, como consecuencia del mandato del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa el 16 de marzo de 2020 (folio 38 de la pieza 1) de subsanar los defectos del escrito de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la parte accionante anteriormente identificada señaló:

Que “[e]n cuanto al señalamiento del Derecho (sic) o de las garantías Constitucionales Violadas (sic): En fecha 13 de marzo del 2020, interpus[o] Acción (sic) de Amparo (sic) Constitucional (sic) ya que [le] fueron violados los Derechos (sic) Constitucionales (sic) establecidos en los artículos 2, 26, 27, 49, 51, 75, 78 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por la cual intent[ó] Acción (sic) de Amparo (sic) Constitucional (sic), de conformidad con los artículos: 1, 2, 21, 22, 27 y 30 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra las DECISIONES de fecha: 12/06/2019 (sic), motivo: Partición (sic) De (sic) La (sic) Comunidad (sic) Hereditaria (sic), Sentencia (sic): Definitiva (sic) (Concluida (sic) Partición [sic]) dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA (EN ADELANTE JUZGADO AGRAVIANTE),A CARGO DE LA ABOGADA MIRIAM SOFÍA DURAND SÁNCHEZ, y en (sic) contra de (sic) la decisión de fecha 08/01/2020 (sic); Motivo (sic): Acto (sic) de Remate (sic) y el Auto (sic) de EJECUCIÓN FORZOSA de fecha 03/02/2020 (sic) dictadas por el referido JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN A CARGO DE LA ABOGADA LILIBETH ZIOMARA TORREALBA RAMÍREZ, por cuanto no se cumplió a cabalidad las publicaciones de los respectivos carteles para el remate en la cartelera del Tribunal, según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, y en cuanto a la Ejecución (sic) forzosa de la sentencia, [le] vulner[ó] el derecho que [le] brinda el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS, que el Estado es el principal garante del disfrute pleno de todos los derechos fundamentales inherentes a la existencia humana, entre ellos el derecho a una vivienda digna, el cual implica un enorme esfuerzo de todos los órganos y entes del Estado, en función de la complejidad social y económica de la solución de los problemas habitacionales y que a la vez constituye un derecho de relevancia suprema ya que mediante la satisfacción del mismo, se hace posible la realización de otros derechos sociales esenciales a la dignidad humana y al desarrollo integral de las personas” (Mayúsculas del escrito, corchetes de la Sala).

Que “(…) por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos solicit[ó] [al] honorable Juzgado Superior se sirva de decretar CON LUGAR el presente AMPARO CONSTITUCIONAL con todos los pronunciamientos de ley y en consecuencia restablezca la situación jurídica infringida ordenando: (…omissis…) SE ANULEN TODOS LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE LA PARTICIÓN, LO CUAL ES EL ACTO DE REMATE Y LA EJECUCIÓN FORZOSA DE LA SENTENCIA, como es la Desocupación (sic) Arbitraria (sic) del inmueble vivienda familiar objeto de esta pretensión, de fecha 03 de febrero de 2020 por el Juzgado Agraviante” (Mayúsculas del escrito, corchetes de la Sala).

DE LA DECISIÓN APELADA

El 31 de agosto de 2020, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró entre otras cosas, parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, asistida por el abogado Carlos Andrés Hernández Arias, ya identificados, en los siguientes términos:

“En virtud de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta necesario señalar que le corresponde a este Tribunal Superior, en Sede Constitucional, conocer de las apelaciones ejercidas contra las sentencias definitivas derivadas de acciones de amparo, emitidas en Primera Instancia por Tribunales Civiles, Mercantiles y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, así como conocer en primera instancia constitucional, de los amparos intentados contra las actuaciones judiciales de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civiles, Mercantiles y del Tránsito, así como de las actuaciones de los realizadas por los Juzgados de Municipios, todos del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la competencia, mediante sentencia de fecha 20/01/2000, estableció claramente la competencia para conocer de este tipo de amparo señalando que esta dependerá del tipo de acto denunciado como lesivo, si este es una decisión judicial, habrá que aplicar el régimen de competencia previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, en cambio, si la lesión es causada por un tercero distinto la competencia le pertenecerá a ese mismo juez que viene conociendo el asunto.

En el presente caso, se trata de una acción de amparo, incoado en contra de actuaciones emanadas del Juzgado Segundo de Primera Instancia n lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción judicial del estado Portuguesa, surgidas en un proceso de partición de un ¡en inmueble hereditario, motivo por el cual este Juzgado Superior se declara competente, en Sede Constitucional, para conocer de la presente acción de amparo. ASÍ SE DECIDE

En consecuencia, esta Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, declara conforme a derecho, su competencia.

Determinada nuestra competencia, procedemos a verificar si la pretensión deducida por la recurrente cumple con los parámetros de admisibilidad previstos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y de ser admisible, determinar su procedencia.

Al respecto el citado artículo 6, dispone:

‘Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:

1. Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;

2. Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado;

3. Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;

4. Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de, violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de ¡a violación o la amenaza al derecho protegido. El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.

5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;

6. Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia;

7. En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 da la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos;

8. Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta.’

Encontramos entonces que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece los presupuestos Procesales que deben ser cumplidos por el accionante en amparo, a los ¡efectos de que su acción sea admitida.

Entre ellas, encontramos la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 eiusdem, refiere a ‘(…) cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (...)’; siendo que, dado el carácter especial y residual e la acción de amparo, debe entenderse que la referida causal de admisibilidad está dirigida a señalar que el amparo mal puede proponerse usando en la legislación existan medios legales ordinarios que logren satisfacer la pretensión cuya tutela judicial se procura obtener con la acción amparo.

Es doctrina reiterada de esta Sala, en relación con la norma arriba señalada, que la admisibilidad de la demanda de amparo está sujeta a que el interesado no cuente con vías judiciales ordinarias o medios judiciales preexistentes, o bien que, ante la existencia de éstos, los mismos no permitan la reparación apropiada del perjuicio a los derechos o garantías constitucionales que se denuncian vulnerados. De modo que el amparo será procedente cuando se desprenda, de las circunstancias de hecho y derecho del caso, que el ejercicio de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue lesionado.

Resulta pertinente pues, citar el alcance atribuido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a la causal de inadmisibilidad ut supra citada, y que se encuentra expresado en la sentencia N° 2369 del 23 de noviembre de 2001, Caso: Mario Téllez García, y reiterado en posteriores decisiones:

‘Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales. No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la L ey Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)’. Resaltado de la Alzada.

Tal como ha quedado establecido, uno de los requisitos fundamentales para la admisión de la acción de amparo constitucional es, en principio, que no existan medios idóneos para restablecer la situación jurídica infringida o que existiendo se hubieren agotado y los mismos lesionaran, por distintos motivos a los alegados, derechos o garantías constitucionales, pues lo contrario, implicaría subvertir dichos mecanismos ordinarios creados por el legislador, lo que alteraría y desnaturalizaría su verdadera esencia.

Otro requisito de admisibilidad es que el presunto agraviante sea el juez, las partes, terceros o algún órgano auxiliar de justicia.

La Sala Constitucional en Sentencia Nro 515, del 12/03/2003, preciso que ‘El amparo sobrevenido no procederá en todo supuesto de irregularidades o alteraciones del orden procesal que impliquen lesiones o menoscabo de los derechos constitucionales de las partes en el proceso, sino solamente en aquellos casos en los que concurran los siguientes supuestos:

a) Que dichas situaciones ex novo, esto es, en forma sobrevenida, con posterioridad a la interposición del recurso ordinario, por ejemplo, a la apelación ante el juzgado superior a quien compete conocer en primera instancia.

b) Que tales situaciones (actos u omisiones), una vez constatada su fragancia, justifiquen la adopción inmediata de una tutela constitucional cautelar que impida la irreparabilidad de la situación infringida.

c) Que la vía ordinaria activada por la parte presuntamente agraviada (verbigracia, la apelación) no sea idónea para restablecer oportunamente la injuria constitucional invocada.’

Ahora bien, es doctrina reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con la norma antes transcrita, que la admisibilidad de la acción de amparo está sujeta a que el interesado no cuente con vías judiciales ordinarias o medios judiciales preexistentes, o bien que, ante la existencia de éstos, los mismos no permitan la reparación apropiada del perjuicio a los derechos o garantías constitucionales que se denuncian como presuntamente vulnerados. De modo que el amparo será procedente cuando se desprenda, de las circunstancias de hecho y derecho del caso, que el ejercicio de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue lesionado.

Según se desprende de la sentencia supra citada, a criterio de quien aquí juzga, se destaca que en los procesos de partición de bienes comunes, si bien entre comuneros no se debe exigir el haberse agotado el procedimiento previo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, para proceder a su admisión, también se destaca que, se requerirá que se cumpla con la solicitud de vivienda temporal, prevista en el mencionado decreto, si una vez concluida el procedimiento, este conlleve al desalojo del inmueble, objeto de partición.

Ahora bien, como quiera que la presente acción, deviene de un proceso judicial de partición de un bien inmueble, proveniente de una herencia, es necesario precisar que este procedimiento lo encontramos en nuestro código adjetivo, en el Libro Cuarto de los Procedimientos Especiales, concretamente en los artículos comprendidos desde 777 al 788, y así tenemos que;

El artículo 777, dispone[:]

‘La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario en ella se expresara especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes’.

Establece este artículo el procedimiento a seguir en caso de particiones judiciales, y la manera en que se debe presentar. El artículo 778, establece [:]

‘En el caso de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazara a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el juez convocara nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el juez hará el nombramiento’.

Dispone esta norma, entre otras cosas que, para el caso de que la parte demandada no se oponga a la partición, se emplazara a las partes para el nombramiento del partidor, fijándose al efecto el día y hora para su designación, la caula se hará por mayoría absoluta, o en su defecto será designado por el juez de la causa.

El artículo 780, ordena[:]

‘La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciara y decidirá por los trámite del procedimiento ordinario en cuadernos separados, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

Si hubiere discusión sobre el carácter u cuota de los interesados se sustanciara y decidirá por los tramites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embrace la partición se emplazara a las partes para el nombramiento del partidor’.

Esta norma prevé la manera de ventilar el procedimiento de partición para los casos en que se plantee oposición a la partición, como lo es, el procedimiento ordinario.

En el artículo 783, se regula la forma en que el partidor debe presentar la partición.

El artículo 785, establece la facultad de que disponen los interesados de realizar la revisión a la partición que presentare el partidor, y para el caso, de que no se formularen objeción alguna, la partición quedara concluida, y así lo declarara el tribunal.

Y el artículo 1071 del Código Civil, señala:

‘Si los inmuebles no pueden dividirse cómodamente, se hará también por subasta pública’.

En el (sic) se prevé que, para el caso de que los comuneros o coherederos no logran ponerse de acuerdo para dividir amistosamente el inmueble, y este no puede dividirse cómodamente, la división se hará por subasta pública

Es así que, con fundamento en las consideraciones constitucionales y legales citadas, en consonancia con las exposiciones jurisprudenciales y doctrinarias expuestas y del resultado de lo (sic) alegatos de las partes, aparejadas a las pruebas cursantes en autos, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, actuando en Primera Instancia Constitucional, debe establecer lo siguiente:

En primer lugar, se observa que el proceso de partición que da origen a la presente acción de amparo, fue conducido conforme a los parámetros establecidos en el código adjetivo que rige dicho procedimiento, por lo que se observa que la querellante, estando a derecho y como ella misma la admite no realizó oposición a la partición planteada, ni realizó reparos a la partición presentada por el partidor designado, concluyendo la misma en la venta por subasta pública, conforme lo permite el artículo 1071 del Código Civil, para los casos de partición de bienes inmuebles, por lo que hasta aquí no se constata violación de ninguno de sus derechos, y en consecuencia, es inadmisible la solicitud de nulidad de todas las actuaciones concernientes a la ejecución de la sentencia. ASÍ SE DECIDE.

De otro lado, se debe precisar que como quiera que la querellante se hizo parte del referido juicio de partición, debió en todo caso, haber acudido a la vía ordinaria prevista en el ordenamiento jurídico, para atacar dichas actuaciones, como lo es, la apelación o por la vía de la Impugnación por nulidad, lo cual no hizo. ASÍ SE DECIDE

De allí que, disponiendo la querellante de vías ordinarias para atacar la sentencia que ordenó la partición del inmueble, así como de los demás actos subsiguientes de ejecución de la sentencia, excluyendo el auto de fecha 03 de febrero de 2020, que ordena la ejecución de la sentencia, y por ende el desalojo del inmueble, no puede la querellante pretender sustituirlos con la acción de amparo, por lo que en consecuencia, debe aplicarse en este caso, la inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para las solicitudes de Nulidad de la sentencia y nulidad del acto de remate. ASÍ SE DECIDE

Siendo entonces que, el acto de remate mediante la cual la tercera interesada adquiera la propiedad del inmueble objeto de partición, no debe ser anulado, la solicitud de decretar medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el mismo es inadmisible, pues no está en discusión la propiedad del mismo. ASI SE DECIDE.

Ahora bien, con relación a la solicitud de nulidad de las actuaciones realizadas por la juez a quo, en fecha 03 de febrero de 2020. relativas al desalojo forzoso del inmueble, se debe precisar que si bien, la ciudadana Roxana Audelina Espinoza Aguilar (tercera en el juicio de partición), adquirió la propiedad del inmueble objeto del proceso de partición, que dio origen a la presente acción de amparo, y lo cual le da derecho a ocuparlo, esta ocupación no procede de inmediato por el solo hecho de haberlo adquirido; por lo que, si dicho inmueble está ocupado, en este caso, se requiere que se cumpla con el procedimiento administrativo previo de solicitar por ante el órgano competente, el refugio temporal para la ocupante, en este caso, para la aquí querellante y para su cuadro familiar, conforme lo ordena el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y de Desocupación Arbitraria de viviendas. ASÍ SE DECIDE.

Es así que, a criterio de quien juzga, al haberse ordenado el desalojo del mencionado inmueble, en los términos expresados, no hay dudas que, la Juez de la causa, vulneró normas de orden público, que no deben ser relajadas por las partes, ni por los jueces, en este caso, como lo son, las contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y de Desocupación Arbitraria de Viviendas, el cual debe ser subsanado. ASI SE DECIDE.

En atención a lo anterior, este juzgador actuando en Sede Constitucional, debe declarar que la acción de nulidad de las actuaciones de fechas 03 de febrero de 2020, es admisible, y además procedente, por lo que en consecuencia, se establece la nulidad de dichas actuaciones, por que (sic), para proceder al desalojo de dicho inmueble se debe agotar el procedimiento administrativo, de solicitar refugio temporal para la querellante y su grupo familiar. ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia de lo anterior, se debe declarar parcialmente con lugar la presente acción de amparo. ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en Sede Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara;

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana KEIDER ZULEIMER MARTÍNEZ MÁRQUEZ, asistida de abogado, contra las decisiones de fechas 12/06/2019, 08/01/2020 y 03/02/2020, dictadas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, a cargo de la Juez, Abogada Lilibeth Ziomara Torrealba Ramírez.

SEGUNDO: INADMISIBLE, la solicitud de nulidad de la sentencia definitiva dictada en fecha 12 de junio de 2019, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.

TERCERO: INADMISIBLE la solicitud de nulidad del acto de remate celebrado en fecha 08 de enero de 2020, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la causa Nro. C-2018-1446.

CUARTO: INADMISIBLE la solicitud de nulidad de todas los actos de ejecución de la partición que dio origen a la presente acción de amparo.

QUINTO: PROCEDENTE la nulidad del auto de fecha 03/02/2020, donde se acuerda la ejecución forzosa de la sentencia que conlleva al desalojo del inmueble objeto de la partición, y en consecuencia se declara nulo el despacho de ejecución de sentencia librada en esa misma fecha, es decir, el 03/02/2020.

SEXTO: INADMISIBLE la solicitud de prohibición de enajenar y gravar solicitada en esta audiencia.

SÉPTIMO: INADMISIBLE la solicitud de incompetencia del tribunal solicitada en esta audiencia.

Se acuerda librar oficio a la Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, abogada Lilibeth Ziomara Torrealba, a los fines de que tenga conocimiento del presente fallo”. (Mayúsculas y destacado del fallo, corchetes de la Sala).

III

DE LA COMPETENCIA

En primer lugar debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo en apelación, y a tal efecto observa:

De conformidad con el criterio de competencia establecido en esta materia en la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000, a esta Sala le corresponde conocer de las acciones de amparo que se intenten contra decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República.

Por su parte, el numeral 19 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que esta Sala Constitucional es competente para “[c]onocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo”.

Siendo que en el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, la apelación interpuesta contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa el 31 de agosto de 2020, esta Sala declara su competencia para resolver el presente recurso. Así se decide.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida, en los siguientes términos:

La decisión recurrida fue dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa el 31 de agosto de 2020, contra la cual la ciudadana Roxana Audelina Espinoza Aguilar, tercera interviniente y la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, parte accionante en amparo, ambas identificadas, apelaron los días 1 y 2 de septiembre de 2020, respectivamente. Por su parte, el referido Juzgado Superior por auto del 4 de septiembre de 2020, señaló que “(…) de conformidad con lo establecido en el Artículo (sic) 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la oye [las apelaciones ejercidas] en un solo efecto y ordena remitir el expediente al Tribunal Supremo de Justicia” (Folio 127, pieza 2).

En atención a lo señalado anteriormente, es oportuno mencionar el criterio establecido por la Sala en la sentencia N° 501/2000 (caso: “Seguros Los Andes C.A.”), en la que estableció lo siguiente:

“(…) considera esta Sala que el lapso de tres (3) días para interponer el recurso de apelación en amparo, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe ser computado por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, y así se declara, reiterando con carácter vinculante lo ya expresado en el fallo del 1º de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía)”.

Sobre este particular también se pronunció esta Sala en el fallo N° 3.027 del 14 de octubre de 2005 (caso: “César Armando Caldera Oropeza”), criterio que posteriormente fue ratificado en el fallo N° 927 del 9 de noviembre de 2021 (caso: “Edgar Edecio González Sánchez”) cuando expresó:

“Como se deduce de la previsión normativa inserta en el artículo citado, dentro de los tres (3) días de dictado el fallo, las partes están facultadas para interponer el recurso de apelación contra el mismo, tal y como quedó establecido y aclarado por esta Sala en la decisión número 501, del 31 de mayo de 2000, caso: Seguros Los Andes, C.A., la cual establece, entre otras cosas, lo siguiente:

‘Bajo este orden de ideas, considera esta Sala que el lapso de tres (3) días para interponer el recurso de apelación en amparo, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe ser computado por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, y así se declara, reiterando con carácter vinculante lo ya expresado en el fallo del 1º de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía)’.

Pues bien, en criterio de la Sala, el lapso de tres (3) días para interponer el recurso de apelación en amparo, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe ser computado por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes; lo cual no desdice de la previsión normativa establecida en el artículo 13 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según la cual, ‘Todo el tiempo será hábil y el juez dará preferencia al trámite de amparo sobre cualquier otro asunto’ (negrillas de la Sala), mensaje prescriptivo que debe interpretarse, esencialmente, con relación a la norma contenida con ese artículo y a la estructura de la ley que la contiene.

En efecto, la antedicha disposición se refiere –parcialmente- al legitimado para decidir la solicitud de amparo constitucional (‘La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el Juez competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público, y de los Procuradores de Menores, Agrarios y del Trabajo, si fuere el caso’)–de allí que se encuentre dentro del título relativo a la competencia-, y, fundamentalmente, a tal efecto, en su único aparte señala que ‘Todo el tiempo será hábil y el Tribunal dará preferencia al trámite de amparo sobre cualquier otro asunto’, por supuesto, básicamente, como se desprende del tenor literal del precepto, y de una interpretación sistemática, teleológica y racional, con relación a la oportunidad para interponer la acción de amparo constitucional, lo cual, no necesariamente, aunque la naturaleza jurídica de la materia de amparo nos advierte que la misma ha de ser expedita (principio de sumariedad y brevedad del amparo y, en general, principio de celeridad procesal), es extensible a todas las demás previsiones contenidas en ese cuerpo normativo.

Así, con relación a la oportunidad legal para interponer el mencionado recurso de apelación contra la decisión sobre la acción de amparo constitucional, prevista en el artículo 35 de la Ley que regula la materia, no aplica la aludida previsión normativa, razón por la cual, como vimos, la Sala ha señalado que el lapso de tres (3) días para interponer el recurso de apelación en amparo, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe ser computado por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes; todo ello con la finalidad de hacer amplio y sustancialmente viable, en todo caso, el ejercicio del derecho a ejercer ese medio de impugnación –y de ulteriores derechos vinculados al mismo- que, a partir de la decisión N° 1307, de fecha 22 de junio de 2005, caso: ‘Ana Mercedes Bermúdez’, mediante la cual este Sala declaró que la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988) fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente, es el único medio que permite examinar la decisión que resuelve, en primera instancia, la acción de amparo constitucional. Y así se declara”. (Destacado y negrillas del fallo).

En tal sentido, la Sala advierte que conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y los criterios jurisprudenciales supra citado, el lapso para interponer el recurso de apelación inició a partir del día martes 1 de septiembre (inclusive), miércoles 2 y jueves 3 de septiembre de 2020, (inclusive), fecha en la que precluía el lapso para interponer la apelación. Ello así, se evidencia que los recursos de apelación se intentaron los días 1 y 2 de septiembre de 2020, es decir, dentro del lapso establecido en el artículo 35 eiusdem, en consecuencia, resulta tempestiva la interposición de ambos recursos de apelación por parte de la accionante y la tercera interviniente, y así se declara.

Asimismo, resulta pertinente precisar que en materia de amparo constitucional no se exige la formalización de la apelación de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en caso de presentarse, la misma debe hacerse dentro del lapso de treinta días, contados a partir del auto que da cuenta del expediente, lo cual ha sido objeto de estudio por esta Sala (Vid. sentencia N° 3.084 del 14 de octubre de 2005).

Así, la abogada Lisbeth Carolina Vargas, ya identificada, en su carácter de apoderada judicial de la tercera interviniente en su diligencia presentada el día 1 de septiembre de 2020, señaló que “(…) Apel[ó] a la decisión o sentencia de fecha 31 de Agosto (sic) del año 2020, que riela del folio 88 al 117 de la causa 3749 (sic), a los fines legales consiguientes (…)” (Folio 121, pieza 2). Por su parte el apoderado judicial de la accionante en amparo, en su diligencia del 2 de septiembre de 2020, indicó que “(…) Apeló a la Decisión (sic) o Sentencia (sic) de fecha 31 de Agosto (sic) del 2020, que riela en los folios 88 al 117 del expediente 3749-2020 (sic). A (sic) los fines legales consiguientes (…)”, sin que posteriormente ninguna de las partes, dentro del lapso establecido en el fallo N° 3.084/2005, arriba mencionado, hayan consignado algún escrito de fundamentación de sus respectivas apelaciones, por lo que esta Sala decidirá dichos recursos en base a los elementos que cursan en autos. Así se decide.

Ahora bien, la accionante ejerció acción de amparo “contra las DECISIONES de fecha: 12/06/2019 (sic), motivo: Partición (sic) De (sic) La (sic) Comunidad (sic) Hereditaria (sic), Sentencia (sic): Definitiva (sic) (Concluida (sic) Partición [sic]) dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA (EN ADELANTE JUZGADO AGRAVIANTE),A CARGO DE LA ABOGADA MIRIAM SOFÍA DURAND SÁNCHEZ, y en (sic) contra de (sic) la decisión de fecha 08/01/2020 (sic); Motivo (sic): Acto (sic) de Remate (sic) y el Auto (sic) de EJECUCIÓN FORZOSA de fecha 03/02/2020 (sic) dictadas por el referido JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN A CARGO DE LA ABOGADA LILIBETH ZIOMARA TORREALBA RAMÍREZ, por cuanto no se cumplió a cabalidad las publicaciones de los respectivos carteles para el remate en la cartelera del Tribunal, según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, y en cuanto a la Ejecución (sic) forzosa de la sentencia, [le] vulner[ó] el derecho que [le] brinda el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY CONTRA EL DESALOJO Y DESOCUPACIÓN ARBITRARIA DE VIVIENDAS”. (Mayúsculas del escrito, corchetes de la Sala).

Asimismo, la Sala advierte que la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, ya identificada, se sustentó sobre una presunta omisión por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, “al no suspender el procedimiento [de ejecución] en cuanto a dicho inmueble hasta tanto no se notifique al Ministerio de Vivienda y Hábitat (sic). A los efectos de proveer un refugio temporal, por lo que no se podrá rematar el inmueble por cuanto hacerlo implica una desposesión del inmueble objeto de partición” denunciando que el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa “dictó una orden de desalojo oficiando al Juzgado Ejecutor de Medidas (sic), de esta forma violenhtándo[le] flagrantemente el Debido (sic) Proceso (sic), y el Derecho (sic) a la Vivienda (sic) establecido ambos (sic) en la carta (sic) magna (sic)”.

Por su parte, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en su fallo del 31 de agosto de 2020, declaró: “(…) PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana KEIDER ZULEIMER MARTÍNEZ MÁRQUEZ, asistida de abogado, contra las decisiones de fechas 12/06/2019, 08/01/2020 y 03/02/2020, dictadas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa (…) [;] SEGUNDO: INADMISIBLE, la solicitud de nulidad de la sentencia definitiva dictada en fecha 12 de junio de 2019, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa [;] TERCERO: INADMISIBLE la solicitud de nulidad del acto de remate celebrado en fecha 08 de enero de 2020, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la causa Nro. C-2018-1446 [;] CUARTO: INADMISIBLE la solicitud de nulidad de todas los actos de ejecución de la partición que dio origen a la presente acción de amparo [;] QUINTO: PROCEDENTE la nulidad del auto de fecha 03/02/2020, donde se acuerda la ejecución forzosa de la sentencia que conlleva al desalojo del inmueble objeto de la partición, y en consecuencia se declara nulo el despacho de ejecución de sentencia librada en esa misma fecha, es decir, el 03/02/2020 [;] SEXTO: INADMISIBLE la solicitud de prohibición de enajenar y gravar solicitada en [la] audiencia [;] SÉPTIMO: INADMISIBLE la solicitud de incompetencia del tribunal solicitada en [la] audiencia” (Mayúsculas del fallo, corchetes de la Sala).

Ahora bien, la Sala advierte respecto de las actuaciones que se denuncian como causantes de la vulneración de los derechos y garantías constitucionales de la accionante, lo siguiente:

1.- Respecto del fallo del 12 de junio de 2019, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que se pronunció sobre la partición de comunidad hereditaria que dio origen al juicio primigenio, la Sala advierte que se trata de una sentencia definitiva que declaró concluida la partición incoada, contra la cual no se ejerció recurso alguno dentro de los lapsos legales correspondientes.

Así el artículo 6.4 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

(…Omisiis…)

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido”.

En tal sentido, se observa que la acción de amparo se ejerció el 16 de marzo de 2020, es decir, nueve (9) meses desde que se dictó dicha sentencia, teniendo en cuenta que en el dispositivo del mismo fallo se señaló que no era necesaria la notificación de las partes por cuanto se encontraban a derecho (folio 29), por lo que respecto de la misma resulta inadmisible la tutela constitucional invocada de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

2.- Respecto del acto de remate del 8 de enero de 2020, la Sala advierte que si la hoy accionante en amparo no hubiese estado de acuerdo con la partición, por considerarla violatoria de sus derechos constitucionales, se podía haber opuesto a la partición de conformidad con lo establecido en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no hizo, por el contrario se advierte del propio escrito de amparo consignado ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa por la parte accionante, que “no [se opuso] al procedimiento de partición, por entender que es un bien que no es solamente [de ella], pero que es una vivienda en la que [ella] resid[e] con [su] familia, no [se opuso] por cuanto [sabe] que se debe partir, y en virtud de esto el Juzgado Agraviante ordenó librar notificación a las partes para que comparecieran a nombrar partidor, el cual fue nombrado dándole un irrisorio valor al inmueble de SETENTA MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 70.000.000,00), aunque por ser una mujer soltera sin trabajo no [pudo] pagar el valor para los otros herederos (…)”, es decir, que lo que existe es una disconformidad con el precio establecido por los peritos valuadores, no expresado en la oportunidad legal correspondiente, toda vez que no se desprende de las actas del expediente que durante la tramitación del juicio de partición se le hayan vulnerado a la hoy accionante en amparo derechos y garantías constitucionales.

En este sentido, la Sala ha señalado que la acción de amparo resulta inadmisible a tenor del contenido del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando se demuestre que el accionante en amparo pudo disponer de medios idóneos de impugnación contra el acto que considera lesivo a sus derechos y que no ejerció previamente.

En relación a esta causal, la Sala en sentencia N° 2.369 del 23 de noviembre de 2001, (caso: “Parabólicas Service´s Maracay, C.A.”), estableció lo siguiente:

“(…) La Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente (…)” (Subrayado del fallo).

Asimismo, la Sala ha destacado anteriormente que no debe entenderse que la acción de amparo constitucional constituye el medio procesal idóneo para restituir las situaciones jurídicas infringidas, sino que en ciertos casos los mecanismos procesales preestablecidos por el legislador pueden resultar idóneos a fin de restablecer la situación que se denuncia como lesionada, caso en el cual el amparo debe ceder ante la vía elegida; y si la misma ha sido agotada o existe y el juez constata que resulta capaz de garantizar la protección de los derechos fundamentales infringidos (Cfr. Sentencias de la Sala Nros. 1.032 del 12 de mayo de 2006, caso: “Guido José González Torres” y 690 del 12 de junio de 2014, caso: “Juan Andrés González”).

Así las cosas, se advierte que contra la partición dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el 8 de enero de 2020, hoy objeto de amparo constitucional, existía una vía ordinaria que le permitía al accionante la reparación de los agravios presuntamente ocasionados por la referida sentencia, como lo es −se repite–la oposición a la partición, contemplada en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, cuyo agotamiento es obligatorio antes de acceder al amparo constitucional y la cual no ejerció, sin perjuicio de que la accionante en amparo hoy apelante pudiera intentar la nulidad de la partición de conformidad con lo establecido en el artículo 1.077 del Código Civil, por lo que respecto de esta denuncia, resulta inadmisible la tutela constitucional invocada, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

3.- Respecto del Auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa el 3 de febrero de 2020, que ordenó la ejecución forzosa, del remate efectuado el 8 de enero de 2020, por cuanto –a decir de la accionante– “no se cumplió a cabalidad las publicaciones de los respectivos carteles para el remate en la cartelera del Tribunal”.

En tal sentido, el artículo 551 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Artículo 551: El remate de los bienes muebles se anunciará, en tres distintas ocasiones, de tres en tres días, mediante carteles que se publicarán en un periódico del lugar donde tenga su sede el Tribunal y, además, en uno del lugar donde estén situados los bienes, si tal fuere el caso. Si no hubiere periódico en la localidad la publicación se hará en un periódico de la capital del Estado y en otro de la capital de la República que tenga circulación en el lugar donde se efectuará el remate” (Destacado de la Sala).

Del contenido del artículo precedentemente transcrito, no se advierte la pretendida obligatoriedad de publicar los carteles para el remate en la cartelera del Tribunal, sino en “un periódico del lugar donde tenga su sede el Tribunal”, señalando además el referido artículo que “[s]i no hubiere periódico en la localidad la publicación se hará en un periódico de la capital del Estado y en otro de la capital de la República que tenga circulación en el lugar donde se efectuará el remate”. Ello así, se desprende de las actas del expediente a los folios 225, 232 y 243 de la pieza 1, los tres (3) carteles de remate a que hace referencia el artículo 551 del Código de Procedimiento Civil, con expresa mención de “ser publicado en cualquiera de los diarios ‘ÚLTIMA HORA’, ‘EL REGIONAL’, ‘EL OCCIDENTE’, ‘EL NACIONAL’, ‘ÚLTIMAS NOTICIAS’, ‘EL IMPULSO’, y ‘EL INFORMADOR U OTRO DIARIO’ (…)”, con lo cual conforme al artículo 551 eiusdem, resulta improcedente la tutela constitucional invocada respecto a la denuncia formulada. Así se decide.

4.- Respecto de la denuncia realizada por la accionante en amparo en su escrito de amparo consignado ante el Juzgado presuntamente agraviante el 16 de marzo del 2020 (folio 8), según la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa presuntamente le violentó “flagrantemente el Debido (sic) Proceso (sic), y el Derecho (sic) a la Vivienda (sic) establecidos ambos en la carta (sic) magna (sic)” por cuanto a su decir “si existe un inmueble destinado a vivienda el cual está siendo ocupado por uno de los comuneros utilizándolo como vivienda principal familiar, entonces se tendrá que suspender el procedimiento en cuanto a dicho inmueble hasta tanto no se notifique al Ministerio de vivienda y Hábitat (sic), a los efectos de proveer un refugio temporal, por lo que no se podrá rematar el inmueble por cuanto hacerlo implica una desposesión del inmueble objeto de partición”, esta Sala debe reiterar el criterio sostenido en el fallo Nro. 0261 del 16 de diciembre de 2020 (caso: “Teresita de Jesús Achique Chique”) emanado de esta Sala Constitucional, que niega la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas “dada la condición de propietarios de la demandada hoy solicitante, quien no puede resultar amparada por un procedimiento de protección que está especialmente diseñado para tutelar a los arrendatarios u ocupantes legítimos (...omissis…) [p]or ello resulta desacertad[o] (...omissis…) que en casos como este, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas esté obligada a emitir un pronunciamiento y realizar gestiones de reubicación o asignación de refugios a los propietarios que decidan vender sus bienes inmuebles” y siendo que el presente caso la accionante en amparo es propietaria (comunera) del inmueble objeto de remate en el juicio principal, resulta plenamente aplicable el precedente arriba citado.

Ciertamente, esta Sala en casos análogos ha señalado que la normativa contenida en el referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, no tiene aplicación posible en los juicios de partición de comunidad ordinaria ⎼incluida la comunidad conyugal o de gananciales⎼ porque en estos procesos las partes intervinientes están en igualdad de derechos, pues todos tendrían un derecho de propiedad sobre los bienes objetos de partición (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 0398 del 2 de agosto de 2022,caso: “Tom Raúl Sánchez Ayala”; asimismo sentencia de la Sala de Casación Civil N° RC.000688 del 3 de noviembre de 2016, caso: “Miguel Oswaldo Fonseca Rodríguez”), por lo tanto, respecto de esta denuncia la acción de amparo resulta igualmente improcedente. Así se declara.

Por ello, y en virtud de las consideraciones precedentemente expuestas esta Sala estima que el recurso de apelación ejercido el 1° de septiembre de 2020, por la ciudadana Roxana Audelina Espinoza Aguilar, tercera interviniente, debe ser declarado con lugar; y el recurso de apelación ejercido el 2 de septiembre de 2020, por la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, parte accionante en amparo, ambas identificadas, debe ser declarado sin lugar, en consecuencia se anula el fallo proferido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa el 31 de agosto de 2020, que declaró: “ PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana KEIDER ZULEIMER MARTÍNEZ MÁRQUEZ, asistida de abogado, contra las decisiones de fechas 12/06/2019, 08/01/2020 y 03/02/2020, dictadas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, a cargo de la Juez, Abogada Lilibeth Ziomara Torrealba Ramírez. SEGUNDO: INADMISIBLE, la solicitud de nulidad de la sentencia definitiva dictada en fecha 12 de junio de 2019, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. TERCERO: INADMISIBLE la solicitud de nulidad del acto de remate celebrado en fecha 08 de enero de 2020, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la causa Nro. C-2018-1446. CUARTO: INADMISIBLE la solicitud de nulidad de todas los actos de ejecución de la partición que dio origen a la presente acción de amparo. QUINTO: PROCEDENTE la nulidad del auto de fecha 03/02/2020, donde se acuerda la ejecución forzosa de la sentencia que conlleva al desalojo del inmueble objeto de la partición, y en consecuencia se declara nulo el despacho de ejecución de sentencia librada en esa misma fecha, es decir, el 03/02/2020. SEXTO: INADMISIBLE la solicitud de prohibición de enajenar y gravar solicitada en esta audiencia. SÉPTIMO: INADMISIBLE la solicitud de incompetencia del tribunal solicitada en esta audiencia”, en consecuencia, se declara inadmisible la acción de amparo constitucional, respecto del fallo del 12 de junio de 2019, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; respecto del acto de remate del 8 de enero de 2020, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; e improcedente la acción de amparo constitucional ejercida el 16 de marzo de 2020, por la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, ya identificada, respecto del Auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa el 3 de febrero de 2020, que ordenó la ejecución forzosa, del remate efectuado el 8 de enero de 2020 y respecto de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

1. Que es COMPETENTE para conocer de los recursos de apelación ejercidos el 1 y 2 de septiembre de 2020, por la abogada Lisbeth Carolina Vargas, actuando en su carácter de apoderada de la ciudadana Roxana Audelina Espinoza Aguilar, tercera interviniente y la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, accionante en amparo, ambas identificada, respectivamente.

2. CON LUGAR el recurso de apelación ejercido el 1° de septiembre de 2020, por la ciudadana Roxana Audelina Espinoza Aguilar, tercera interviniente, ya identificada.

3.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido el 2 de septiembre de 2020, por la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, parte accionante en amparo, ya identificada.

3. ANULA el fallo proferido por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa el 31 de agosto de 2020.

4. INADMISIBLE la acción de amparo constitucional:

4.1. Respecto del fallo del 12 de junio de 2019, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

4.2. Respecto del acto de remate del 8 de enero de 2020, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

5. IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional ejercida el 16 de marzo de 2020, por la ciudadana Keider Zuleimer Martínez Márquez, ya identificada:

5.1. Respecto del Auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa el 3 de febrero de 2020, que ordenó la ejecución forzosa, del remate efectuado el 8 de enero de 2020.

5.2. Respecto de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

La Vicepresidenta,

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Los Magistrados,

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

Ponente

TANIA D’AMELIO CARDIET

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

El Secretario,

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

20-0454

LFDB.-